MacLean: Dinero del FMI no era crédito y no requería aval

La exautoridad dice que se incurrió en daño económico al país al pagar $us 24,3 millones adicionales a la devolución. Los recursos podían invertirse en salud.
sábado, 27 de febrero de 2021 · 05:04

Página Siete / La Paz

Los 327 millones de dólares que autorizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a favor del   país en abril fue una operación SWAP que no requería autorización de la Asamblea Legislativa porque no fue un préstamo,  sino un acuerdo de compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a cambio de moneda nacional, opinó el exministro de Economía Ronald MacLean.


El directorio ejecutivo del FMI aprobó en abril la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente 327 millones de dólares (DEG 240,1 millones, 100% de la cuota) en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR).   “En este caso es un swap o un intercambio. Como accionistas en el FMI  tenemos derecho a  estos recursos que están en garantía en DEG y ellos nos entregan en forma de divisas”, dijo.

A diferencia  de las operaciones de préstamo en las que el flujo de recursos es unilateral (entre el acreedor y el deudor), esto implica un intercambio de activos de reserva (DEG) por moneda nacional al inicio de la operación con pacto de rescate al final del plazo. La asistencia financiera en el marco del IFR está a disposición de los países miembros en forma de compra directa sujeta a una obligación de recompra en el periodo convenido.

En fecha 10 de abril de 2020, conforme al Convenio Constitutivo del FMI  el Gobierno de Bolivia ejerció su derecho como país miembro para acceder  a una asistencia financiera por 240,1 millones de DEG, que representa el 100% de la cuota del país en el marco del  IFR. 

“Es plata nuestra, porque todos, los países del mundo excepto Cuba y Corea del Norte, somos  parte del Banco Mundial  y el FMI y como socio tenemos  acceso a estos fondos en caso de emergencia como es el caso de la  pandemia”, subrayó MacLean.

Además señaló que esos recursos no tenían ninguna condicionalidad, la tasa de interés era mínima. “No es un crédito, no tiene condicionalidad, no es caro, oneroso,  ni es ilegal”, remarcó.

El costo financiero del IFR con el FMI es de 1.066% anual, con una comisión de financiamiento por una sola vez de 0,50%, un plazo de cinco años y un periodo de gracia 3 ¼ años.

La exautoridad además sostuvo que al devolver los recursos, el Gobierno provocó un daño económico al país, porque se tuvo que pagar 24,3 millones de dólares adicionales.

“Es un daño económico al país y se devuelve la plata por demagogia. Esos 24 millones de dólares que se devolvieron con los recursos  los necesitamos para vacunas,  equipar hospitales, contratar médicos, enfermeras,  Y ni que decir los 327 millones de dólares que se podrían usar en otras inversiones”, remarcó.


MacLean considera que ante el daño económico provocado con devolución del dinero con penalidad, la Asamblea Legislativa debería convocar al presidente del Estado, Luis Arce, a su ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a una interpelación.

El expresidente del BCB Juan Antonio Morales explicó que la operación fue  estructurada como un swap (intercambio de divisas) por el que el país vendía su cuota en el FMI a cambio de dólares, pero con la obligación de recomprarla al vencimiento.

“La aprobación del crédito por la Asamblea Legislativa (ALP)  por las condiciones que tenía y dadas las penurias causadas por la pandemia parecía que era cuestión de mero trámite. Desafortunadamente para el país no fue así. Se interfirió con motivaciones políticas. La ALP, dominada por el MAS,  bloqueó la aprobación con el argumento de que el FMI imponía condiciones muy duras, lo que no era cierto”, apuntó.

Para la exautoridad monetaria  hubiese sido más ventajoso para el país utilizar esos recursos  que “imprimir dinero”, en sentido figurativo y también literal. 

Es lo que se ha estado haciendo con los créditos del BCB al Sector Público No Financiero (SPNF), dijo en un artículo de opinión.

  El mecanismo de acceso a los recursos

La  solicitud de asistencia financiera por parte de Bolivia  y aprobación por el directorio ejecutivo del FMI  se ajustaron estrictamente al Convenio Constitutivo del FMI del que Bolivia es miembro desde 1945, Convenio Internacional vigente que forma parte del ordenamiento jurídico nacional. 

La resolución de directorio ejecutivo del FMI que aprueba la operación de compra directa de DEG por parte del país solicitante, a cambio de la entrega de la moneda local, con el compromiso de  recompra  y proceder con la devolución de los DEG al final de periodo convenido, no imponía condición alguna al país, indicó el exministro de Hacienda Ronald MacLean.

El BCB al proceder con la devolución de los recursos al FMI argumentó que los mismos se registraron como pasivo y la Asamblea Legislativa  no aprobó. Señaló que exautoridades son responsables del daño por este crédito.

 

 

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