Interculturales piden investigar a quienes intentaron dar «coima»

El exministro de Desarrollo Rural Erwin Characayo es procesado por recibir dinero a cambio de ayudar a sanear el predio fiscal El Triunfo II donde hay intereses.
jueves, 22 de abril de 2021 · 05:04

Página Siete  / La Paz

La organización  de los interculturales pide que la Fiscalía   investigue  a quienes también intentaron pagar  “coima”  para el saneamiento del predio El Triunfo II , caso que terminó con la destitución y envío a la cárcel del exministro Edwin Characayo. Un abogado señala que este hecho se tipifica como cohecho activo propio.

El ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales de San Julián Norte, Isidro Pacsi, afirmó que con este tipo de hechos no puede ser que sólo se haga quedar “mal a una organización”, sino que también se tiene que sancionar a los cómplices que intentaron hacer el pago.

  “Eso hace dar cuenta que siempre han estado ofreciendo pagos por un predio que no tenía papeles. La investigación dirá en qué momento sucedió la trampa y no sólo se puede apuntar a un solo acusado, sino  a ambos lados”, consideró Pacsi.

Entretanto, la ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, demandó que se haga una “investigación profunda”, porque de lo contrario quedará la duda si a  Edwin Characayo, se le tendió una “trampa”.

El abogado de Characayo, César Rojas, afirmó que todo este  hecho fue “armado por Dareen Schmidt Flores, representante legal del predio denominado El Triunfo II, ubicado en San Julián, y su abogado Óscar Salvatierra, quienes son los que hacen la denuncia”.

“Schmidt y el abogado Salvatierra son los que arman todo esto. La responsabilidad también debe caer sobre ellos, porque ambos trajeron el soborno hasta La Paz y si no lo hacían, no pasaba nada. Sin embargo, hemos visto que desde la Fiscalía no hay ninguna actuación, y eso hace pensar  que el objetivo era sacar del cargo al señor Characayo. No les interesa demostrar si hubo o no corrupción”, cuestionó Rojas.


El abogado penalista Jerjes  Justiniano explicó que el Código Penal, en su artículo 158, menciona que “si una persona o un particular da o promete a un funcionario público o autoridad dar o generar una ventaja (...), será sancionado por el delito de cohecho activo propio”.

No obstante, aclaró que   el  mismo artículo 158  señala una salvedad: “Quedará exento de la pena por este delito el particular que hubiese accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o ventaja requerida por la autoridad, si denuncia el hecho antes de la apertura del proceso penal”.

En su criterio, la Fiscalía determinará si fue ocasional. “Pero si se evidencia que la actuación (ofrecimiento de pagos) es recurrente, eso ya no  es ocasional, sino que se actuó como ‘instigador del delito’”, aclaró.

“Si hay una instigación hay que investigar todo, la Fiscalía  no debería descartar la participación de nadie y debe investigar tanto a los que han recibido el dinero, como a los que instigaron al ofrecimiento del dinero. Incluso tiene que indagar a los funcionarios del INRA Santa Cruz y de La Paz, porque por ese conducto se iba a hacer uso de la influencia”, detalló Justiniano.

Hiper García, exdirector general de Desarrollo Rural,  manifestó a la Fiscalía que ya conocía hace varios meses a Schmidt, porque la madre de ésta lo contactó para ver si conocía a alguien que la pudiera  ayudar con un predio que tenía problemas para regularizar. Incluso ésta le  facilitó documentación del predio y de manera insistente le llamaba para preguntar   si se  tenía respuestas a la solicitud.

 La demanda contra Characayo fue interpuesta por Dareen Schmidt y su abogado, y el Ministerio de Justicia se adhirió a la querella. 
 

 

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