Perciben falta de ética en la contratación de bufete de Arce

Un abogado y la oposición ven conflicto de intereses en que exprocuradores defiendan al Estado en un arbitraje con la india Jindal, que debía explotar el Mutún.
martes, 25 de mayo de 2021 · 05:22

Página Siete /  La Paz

 Un abogado y la oposición  ven como una falta ética y conflicto de intereses  que el estudio jurídico de los exprocuradores Héctor Arce y Pablo Menacho asuman defensa de una empresa estatal en un arbitraje internacional. Menacho aseguró que se los eligió por la experiencia que tienen en este caso que involucra a la empresa india Jindal.

  “Como profesional me parece nomás poco ético que funcionarios que estuvieron atendiendo cuestiones del Estado, además directamente relacionados  con un caso X como en esta oportunidad   esté tomando la defensa”, opinó el abogado Jorge Valle.

Según el experto,  para esto hay cualquier cantidad de estudios jurídicos con mayor formación y capacidad en arbitrajes.  “No sé qué especialidad tienen estos señores, pero creo que Arce se presentaba como constitucionalista. Qué puede hacer un constitucionalista en un arbitraje”, observó.

  Añadió que por los menos debería haber cinco años de alejamiento de la función pública para que un exfuncionario vuelva  a trabajar en un caso similar.  

El diputado opositor Erwin Bazán sostuvo que con esta contratación de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM)  existe un conflicto de intereses y un presunto contubernio para  favorecerse del Estado de quienes fueron funcionarios del Estado.

“No sólo existe una falta ética, sino una asociación ilícita para favorecerse del Estado”, dijo.

El diputado opositor Beto Astorga calificó la contratación del estudio jurídico de los exfuncionarios del Estado como un “tráfico de influencias”. “Héctor Arce no es el más calificado, vamos a ejercer la fiscalización y peticiones de informes”, subrayó.  


El senador del MAS  Luis Adolfo Flores  señaló que Arce en caso de ser designado embajador ante la OEA debe decidir entre su estudio jurídico y la representación diplomática.

 Página Siete conoció que a la convocatoria de la ESM se presentó el estudio jurídico Rigoberto Paredes y asociados. El bufete tiene como profesionales  a Marco Lazo de la Vega con maestría en arbitraje en la Universidad de  Harvard, Víctor Martín con experiencia en la materia y Paredes con maestría en la Universidad de Nueva York, pero quedaron excluidos.

Convocatoria

 El exprocurador general del Estado Pablo Menacho aseguró a Página Siete que el estudio jurídico al que pertenece se presentó a una convocatoria de la ESM  y negó que hubiese existido una contratación directa o favoritismo en la selección.

“Dicen que fue contratación directa, en la página de la ESM está la publicación la convocatoria se hizo el  19 de marzo y  se amplio del 29 al 5 de abril, había términos de referencia y  justamente nosotros con el conocimiento que tenemos del caso nos presentamos a la convocatoria”, puntualizó.

Aseguró que  él y Arce están más de un año y medio fuera de la función pública y  están dedicados a la profesión libre de abogados. “Hay la  limitante de un año. Cuando eres funcionario del Estado con ítem  no pueden adjudicarte (contrato) en la misma institución  como consultor. Ha pasado año y medio y  ni yo ni Héctor  somos funcionarios, estamos en profesión libre. Sería anti-ético si fueramos abogados de la  contraparte Jindal, pero defendemos a la empresa pública”, aclaró.

Remarcó que cuando estuvo en la función pública le tocó atender la demanda de Jindal y se logró anular el laudo para definir la jurisdicción del proceso. También dijo que se asumió una exitosa defensa del Estado contras las demandas de Mallku Khota y Sergas. “El caso de Quiborax fue un arbitraje que lo llevo el exprocurador Hugo Montero entre 2010 y 2013. No estabamos en funciones aún en la Procuraduría”, subrayó.   
 

 

Alliance Abogados explica contratación

  • Posición La firma Alliance Abogados y Asociados, mediante un comunicado, señaló que la adjudicación de la defensa de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) se hizo conforme a los procedimientos establecidos por ley. Además, por la experiencia que cuentan los abogados que integran el consorcio.
  •  Investigación Página Siete dio a conocer  que el bufete, del cual es socio el exministro Héctor Arce, es responsable de defender el Mutún en el arbitraje internacional contra la transnacional Jindal Steel. El monto que se le pagará para el servicio es de  360 mil dólares, al cual accedió por la modalidad “contrato por excepción”.
  •  Socio Con referencia a Héctor Arce, el estudio jurídico explicó que éste pidió licencia conforme establece el acta de constitución del bufete porque fue invitado por el presidente Luis Arce a ejercer el cargo de embajador ante  la OEA. Esta solicitud sería aprobada en caso de que el Senado dé vía libre a la designación.
  •  Defensa La contratación se dio en el marco de una convocatoria pública, publicada el 19 de marzo de 2021, en la página web de la ESM.

Jindal reclama la ejecución de una tercera  garantía


La empresa india Jindal demandó a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por la ejecución de una tercera boleta de garantía por 18 millones de dólares y es el proceso por el cual se contrató al bufete del que son socios los exprocuradores Héctor Arce y Pablo Menacho.

 Menacho explicó a Página Siete que en noviembre de 2018 salió el  laudo de jurisdicción  en la demanda que presentó Jindal en la Corte de Arbitraje de Cámara de Comercio Internacional  y excluyó del proceso  al Estado y a la Comibol. La demanda se inició en 2014 y la intención de Jindal era recibir 86 millones de dólares por la ejecución que hizo el Estado de sus boletas de garantía por el proyecto Mutún.

Añadió que, sin embargo, el arbitraje continuó entre Jindal y la ESM y donde la empresa india tiene varios reclamos, entre ellos la ejecución de una tercera boleta de garantía por un valor de 18 millones de dólares. “Las dos primeras boletas de garantía por una valor similar  se anularon  en el primer arbitraje”, aclaró.

Menacho sostuvo que lo más probable es que la empresa Jindal vuelva a reclamar en el actual proceso las primeras garantías ejecutadas con el laudo que se anuló.  “Cuando se anula un laudo, no se anula sobre los temas de  fondo, sino aspectos  procesales y no se pierde el derecho  de reclamo”, subrayó la exautoridad.

Agregó que ya se estableció el calendario procesal y se debe esperar los argumentos de Jindal para conocer con claridad cuál es  su demanda y las acciones que se asumirán como defensa legal.

 

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