Grupos armados amenazan a Guarayos, piden desarticularlos

Los habitantes de esa provincia cruceña están en vilo por la presencia de grupos que buscan asentarse en tierras comunitarias y productivas ya tituladas.
domingo, 26 de septiembre de 2021 · 13:17

Leny Chuquimia / La Paz

Los habitantes de la provincia Guarayos, en Santa Cruz, se encuentran en vilo por la presencia de grupos  armados que pretenden asentarse en tierras comunitarias y productivas ya tituladas. Un cabildo, en el que participaron varios sectores,  determinó dar al Gobierno 10 días para la desarticulación de estos movimientos de avasalladores, que en las anteriores semanas dejaron varios heridos por bala y machetes.

“Estamos en una situación muy grave, hay mucha tensión. Los avasallamientos se están dando en varios puntos, no son solo los que se ven en las noticias. Nos afecta porque atenta contra nuestra casa grande y los que habitamos en ella. Estamos en la búsqueda de pruebas para identificar quiénes son los que forman parte de estos grupos violentos”, señala la presidenta de la Central de Mujeres Indígenas Guarayas Regional (Cemig-R), Marcelina Arinonga Guipi.   

El sábado 11 de septiembre, un contingente de 150 efectivos policiales fueron emboscados mientras realizaban el desalojo de un asentamiento ilegal en la propiedad El Encanto. Hubo tres heridos de balines y machetes. Se quemó una casa y  vehículos.

Menos de una semana después, este grupo irrumpió nuevamente en los predios y con armas de fuego amenazaron a los propietarios y trabajadores para que abandonen el lugar.

Apenas se denunciaba este hecho, cuando el 18 de septiembre se produjo un  nuevo  enfrentamiento en predios ya titulados, ubicados en  San Julián, en el límite  con el municipio El Puente de la provincia  Guarayos. Según el reporte policial, el dueño  (Juan Montaño) -junto a   trabajadores y comunarios del lugar-  fueron atacados con machetes y  armas de fuego. Montaño recibió tres impactos de bala.

Pero como dice Arinonga, estos dos casos son solo dos de los tantos que no se denuncian.

“Ya no se trata solo de asentamientos, sino de milicias armadas que deben ser desarticuladas y sancionadas. Estas personas  que con balaceras  pretenden tomar tierras   por la fuerza no son del lugar. En 200 años de existencia no  vivimos actos de violencia de esta magnitud”, dice el presidente del Comité Cívico de Guarayos, Salvador Vaca.

Ante los recientes hechos, la Defensoría del Pueblo reprochó la portación de armas de fuego por parte de civiles e instó al Ministerio Público a investigar, identificar y sancionar a los agresores que también tenían  machetes y palos. Pidió al Estado  intervenir en la prevención de estos conflictos y resguardar la propiedad privada y pública.

¿Quiénes forman estos grupos? 

“Son una organización criminal. Utilizan entidades del Estado para legalizar avasallamientos en  áreas protegidas, propiedades privadas  y tierras fiscales con un fin netamente político. Se acarrea indígenas de tierras altas con  fines geopolíticos, para tener  presencia electoral afín al MAS”, manifiesta  la diputada de Creemos María René Álvarez.

El 13 de septiembre, la legisladora  envió una petición de informe escrito al ministro de Gobierno  para que esclarezca lo ocurrido en Guarayos; hechos  en los que -a su parecer, el de las víctimas y de los comunarios-  los grupos armados son parte de los   Interculturales, o por lo menos, así se identifican.

“Ya en 2017, identificamos que el problema se da por traficantes de tierras que se incrustan  en supuestas  organizaciones sociales. No podemos asegurar que son o no  masistas, pero ellos lo manifiestan así en  sus bloqueos y tomas. Dicen que están con el proceso de cambio,  que son parte de sus organizaciones (Interculturales y la Central de Campesinos) y que están apoyados por el Gobierno. No sabemos si realmente son del MAS y si es una orden del Gobierno para que  ataquen a los indígenas  y se apoderen de la tierra”, sostiene Vaca.

“No somos nosotros”, responde el máximo  dirigente de los Interculturales, Esteban Alavi. Dice que son acusaciones que  deben investigarse.

“No tenemos afiliados en las zonas de conflictos en Guarayos. Tenemos algunos en el municipio El Puente, estamos lejos,  no somos  parte de estos grupos violentos y armados. Las autoridades deben investigar para saber quiénes son”, enfatiza.    

Preocupados por su seguridad, los indígenas señalan que tampoco tienen  pruebas de quiénes son los que realizan estos avasallamientos en los diferentes puntos de la TCO (Tierras Comunitarias de Origen), algo que consideran primordial para ponerle un alto. “Estamos en ese trabajo, pero tampoco tenemos mucha ayuda. Además,   en el caso de las sobreposiciones el INRA no quiere transparentar, ni decirnos   a quiénes se les dio los permisos o títulos”, dice Arinonga.

La senadora de Creemos Centa Reck afirma que es el INRA el que está protegiendo a los avasalladores,  dejando en la desprotección a los nativos. “Los avasalladores vienen armados, cercan los predios, espían    a los propietarios y disparan a matar”.

Años a merced de  traficantes

 Arinonga sostiene que el problema es antiguo y no hay avances en su solución, al contrario, este crece. Las primeras denuncias que llegaron a la prensa datan de 2005 y se van haciendo más frecuentes entre 2013 y  2017, cuando se destapó varios casos de   tráfico de tierras que involucraban a los dirigentes.

“El problema partió de los dirigentes  de la Copnag (Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos encargada de administrar la TCO) de entonces. Ellos no han luchado porque las titulaciones sean primero para los indígenas de estas tierras. Lamentablemente, fueron quienes   desde 2013 han  avasallado y negociado nuestras tierras y ahora tenemos peleas en estos puntos”, afirma.

Ante el problema, en 2017 se realizó una asamblea extraordinaria en defensa del territorio  de la TCO Guarayos. Identificaron varios asentamientos irregulares dentro su territorio, estaban  conformados por terceros que no eran nativos del lugar. El aval les fue dado  por el entonces dirigente Eladio Uraeza, sin consultar a los pueblos guarayos y amparado en un convenio firmado con la regional de la  Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutc-RG).    

Los asentamientos estaban dentro de la TCO, en tierras fiscales aledañas al territorio, dentro de la superficie contemplada para el manejo forestal, la reserva Guarayos y un área protegida con humedales.

Con todos los antecedentes y tras elegir un nuevo presidente para la Copnag, se decidió emitir un voto resolutivo. Este  ordenaba anular todas las resoluciones de asentamientos ilegales   anteriores a la nueva gestión que se realizaron sin previa consulta, ni aprobación de la Gran Asamblea del Pueblo Guarayo. Se autorizó a la nueva Copnag a emprender las gestiones necesarias para  desalojar, anular todo acuerdo  con la Fsutc-RG y exigir al INRA la paralización de todo trámite de titulación, además de la devolución de los predios ya titulados con aval del Uraeza.

Sin embargo, desde entonces muy poco se ha avanzado, los problemas por la dotación ilegal  continúan y se hacen mayores.

“Hay casos que se denuncian y otros que no, así es difícil saber cuántos son. La provincia Guarayos es bastante grande y los problemas son recurrentes en las zonas dispersas. Muchas  veces los comunarios no tienen recursos para acudir  a la capital de  la provincia y empezar el proceso penal que  corresponde. Los casos que suenan a nivel nacional son  aquellos que ya es imposible taparlos. Pero la verdad es que son innumerables”, afirma Vaca.

Sostiene que ahora estos grupos quieren  tomar por asalto las tierras productivas,  ya  sembradas  y a puertas de la cosecha.

10 días para dar una solución

Preocupados por su seguridad, el pasado 19 de septiembre, los habitantes de Guarayos realizaron una “Junta Magna”. Allí tomaron  decisiones sobre el problema que atraviesan.    Participaron, indígenas, cívicos, madereros y ganaderos.

“Lo único que pedimos es respeto a la ley. En el cabildo se ha dado 10 días al Gobierno para que haga algo y desarticule a estos grupos armados. Si la Policía no hace algo, vamos a pedir la  intervención del Ejército porque no podemos permitir que hayan milicias. Si no nos defienden ¿qué nos queda?, ¿entregarnos para que nos maten a balazos? El pueblo tendrá que salir   a defenderse como pueda, porque las circunstancias nos obligan, pero es algo a lo que nunca quisiéramos llegar”, comenta Vaca.  

El INRA se ha declarado al margen del problema por indicar que su jurisdicción termina con la titulación. Para la senadora Rek la   confrontación  es ya  una guerra anunciada.

 

Las cifras sobre tierras en Bolivia
El país tiene una superficie total de 109,8 millones de hectáreas.  6,7 millones  de hectáreas son de manchas urbanas y cuerpos de agua, mientras  que 103,9 millones son  objeto de saneamiento.
Según  la Rendición Pública  Inicial de 2021 del INRA, hasta el 31 de diciembre de 2020 en el país  se saneó y tituló 90,7 millones de hectáreas, es decir que un 88%  de la superficie que puede ser saneada ya tiene un derecho propietario.
El  12%  restante  de la superficie  se encuentra pendiente de titulación: 4%  porque esta en proceso, 6%   porque está paralizada por conflictos de tierras y 2%   es superficie por mensurar.
La tenencia de la tierra  entre 1996 y 2021 sigue la siguiente estructura: tierra fiscal, 30%; campesinos e interculturales, 28%; TCO/ TIOC, 27%, y  empresarios medianos, 15%.
Entre 2015 y 2019  se registró más de un centenar de procesos penales por tráfico de tierras, corrupción, incumplimiento de deberes y nepotismo contra funcionarios del INRA.

 

El INRA dice que ya  se saneó  el 90% de tierras en Santa Cruz

  • Departamento  Santa cruz tiene una superficie de 37,06 millones de hectáreas. De esta extensión,  35,7 millones hectáreas  son objeto de saneamiento.
  • Restricción  Además hay 21 millones de hectáreas     en tierras fiscales no disponibles que corresponden a parques nacionales, reservas forestales, áreas  protegidas y proyectos estratégicos estatales.
  • Saneamiento  Según un informe del INRA, el 90% (31,5 millones de hectáreas) de las tierras de Santa Cruz ya están saneadas y tienen derecho propietario.
  • Distribución  El 19% de estos predios está en manos de los grandes y medianos empresarios.   Los datos oficiales indican que los  pueblos indígenas de Santa Cruz (Guaranís, Ayoreos, Chuquitanos, Yuracarés-Mojeños y  Guarayos) tiene 5,3 millones de hectáreas, lo que significan el  16% .
  • Organizaciones  Asimismo, los campesinos, los interculturales y pequeños agricultores tienen -también- un 16% de la tierra.
  • Transparencia  Autoridades y dirigentes piden que  el INRA transparente a quiénes se entregó las titulaciones.

 

El conflicto por la dirigencia indígena
La sede  de Copnag, en una de las disputas.
Foto: El Deber
La tensión en Guarayos crece no solo por los avasallamientos. Entre julio y agosto, la región se vio envuelta en una serie de enfrentamientos  entre dos bandos que se disputaban   la dirigencia de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag).
“Los indígenas se enfrentan entre ellos y eso genera mucha inseguridad y riesgo para toda la población. Varias veces se han hecho corretear con petardos y palos”, contó uno de los vecinos del barrio en el que está la sede de la Copnag.
 En 2020, tras  un proceso de unificación del pueblo guarayo -promovido por los fundadores y las autoridades de las diferentes centrales comunales- Cirila Tapendaba fue electa como presidenta de la Copnag hasta 2025. Entonces, su postulación fue apoyada por el dirigente Julio Salvatierra.
Sin embargo, meses después, Salvatierra -apoyado por un grupo de interculturales- reclamó al dirigencia para sí mismo, indicando tener  la venia de  la ABT, el INRA y  la Cidob.
Tras varias escaramuzas, la sede terminó en manos de Yony Rojas, hasta el 8 de julio de 2021. Esa tarde el grupo de Tapendaba recuperó por la fuerza las oficinas y resistió el contraataque de Rojas que llegó a la medianoche.
Aunque la sede de la Copnag retornó a manos de  la electa en 2020, paralelamente otro dirigente se presentaba como ejecutivo de la organización. Esta vez se trataba de  Urbano Vaca, quien en sus redes  tiene decenas de fotos con el vicepresidente David Choquehuanca y de  sus participaciones en los congresos del MAS. 
El 12 de agosto, un nuevo  enfrentamiento dejó al  asambleísta  departamental en representación del pueblo guarayo, Roberto Urañavi,  con una costilla rota y varios golpes. La autoridad denunció que las agresiones y amenazas llegaron  de  sectores afines al MAS.
“Solo pedimos que respeten  nuestras normas y procedimientos propios. Si quieren apoyar al desarrolló, cualquier entidad está bienvenida, pero que no nos utilicen y nos hagan pelear ente nosotros”, indicó.
“Todo mundo quiere ocupar este cargo y sabemos que es por  intereses personales. Pero la Copnag debe velar por todos.  Yo fui electa como presidenta con el respaldo  de nuestros caciques, fundadores, centrales comunales”, dijo Tapendaba.

 

“Ya no se trata solo de asentamientos ilegales, sino de milicias armadas que deben ser identificadas, desarticuladas y sancionadas”.

Salvador Vaca, Comité Cívico

 

1,5  millones

de hectáreas es la extensión que tiene la TCO de los pueblos guarayos. Los avasallamientos se dan en áreas dispersas.

 

“Estamos en una situación muy grave, los avasallamientos se están dando en varios puntos. No son solo los que se ven en las noticias”. 

Marcelina Yaguarú, indígenas

 

7 centrales

comunales forman parte de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos, además de varias comunidades.

 

8 años

de conflictos por tierras ponen en vilo a los habitantes de la provincia, donde los pueblos indígenas  son los más afectados.

 

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