Amplían investigación a miembros del proceso de contratación de la doble vía Sucre-Yamparáez
La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción informó que se solicitó se levante la reserva del caso ABC.
El Ministerio de Justicia informó este martes que la investigación por el caso coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se amplió contra las personas que fueron parte del proceso de contratación de la doble vía Sucre-Yamparáez.
“(La investigación) se ha ampliado contra todas las personas que han sido parte de proceso de contratación, de la comisión, que han sido ya identificadas, pero cuyas declaraciones aún no se han recabado”, explicó en conferencia de prensa la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos.
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La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el proceso de contratación que hizo la ABC a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.
La autoridad indicó que en este proceso se requiere identificar el hecho concreto, a los partícipes y, de acuerdo a los resultados de la investigación, aplicar las sanciones. En este sentido, Ríos informó que se solicitó se levante la reserva del caso.
Sobre el proceso de contratación en la ABC, dijo que existe una normativa interna en la estatal y de acuerdo a ésta se tendrá que justificar si las personas involucradas han cumplido o no las normas.
Consultada sobre si hallaron indicios contra el presidente de la ABC, Henry Nina y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, la viceministra Ríos señaló que “no en este momento”.
Respecto al papel del presidente de la ABC en el proceso de contratación la autoridad mencionó que “la máxima autoridad ejecutiva, aun cuando delegue ciertas operaciones, sigue siendo responsable. Entonces puede haberse delegado a x, y, z persona y eso está dentro de sus facultades, la normativa interna de la entidad es la que debe determinar si esta posibilidad es o no es”.
Precisó que la normativa se vulnera cuando hay una prohibición expresa, y cuando “habiendo una prohibición expresa toma una decisión, y eso tiene que estar claramente establecido”.
Aunque recalcó que las autoridades son las responsables de lo que ocurre dentro de una entidad, “es responsabilidad administrativa” y se debe probar “con pruebas objetivas” que hubo o no la participación en un delito.
Este caso se remonta al 1 de septiembre, cuando el diputado masista Héctor Arce presentó una denuncia contra el presidente de la ABC, Henry Nina, y otros funcionarios por presuntamente haber pactado una coima de 18 millones de bolivianos con el representante de la constructora, el chino Jim Zhejiang.