Bolivia pagó casi $us 1.000 MM por laudos, hay seis casos en curso

Entre los pagos más altos están la indemnización por nacionalización de Chaco $us 357 millones, por Transredes $us 241 millones y por Entel $us 100 millones.

Economía
Redacción Diario Página Siete
Por 
La Paz - viernes, 28 de mayo de 2021 - 11:40

Página Siete / La Paz 

Desde 2006 el Estado enfrentó  más de 15 demandas  y tuvo que pagar cerca  de 1.000 millones de dólares como  compensación a las empresas  extranjeras demandantes por la  nacionalización. Están en curso  aún seis arbitrajes. 

A principios de 2017, la Procuraduría  General del Estado  (PGE) informó que Bolivia pagó  828,3 millones de dólares por la  nacionalización de 12 firmas. 

A esos casos resueltos se sumaron  el laudo de la española Abertis  con un acuerdo transaccional  de 23 millones de dólares, que se  alcanzó en mayo del mismo año,  por la estatización de Servicios  de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa)  en 2013, y el de Quiborax en  2018 con una obligación del Estado  de 57 millones de dólares. 

El 29 de agosto de 2019 culminó  el conflicto de arbitraje interpuesto  por la canadiense South  American Silver contra el Estado  por la nacionalización y reversión  de la mina Mallku Khota. 

Ese año se firmó un acuerdo  transaccional mediante el cual el  país pagó 25,5 millones de dólares  como compensación. 

Con esos fallos, la indemnización  que tuvo que cancelar el Estado,  por los procesos de nacionalización  y reversión de propiedades  concedidas a empresas  privadas, sumó hasta 2019 un total  de 933,8 millones de dólares. 

Los mayores pagos fueron realizados  a Pan American Energy  (PAE) con 357 millones de dólares  por la nacionalización de la petrolera  Chaco, Ashmore-Shell con  241 millones de dólares por Transredes,  ETI Eurotelecom Internacional  con 100 millones de dólares  por Entel y Quiborax de 57 millones  de dólares (ver gráfica). 

En junio de 2018 el entonces  procurador Pablo Menacho informó  que se cerraron 14 laudos y  producto de la defensa y negociación  se logró un ahorro de 2.300  millones de dólares al reducirse la  pretensión de las firmas. 

Demandas pendientes 

El Estado aún enfrenta seis demandas  de arbitraje internacional  por la nacionalización de minas  y afectación de los contratos  de las Administradoras de Fondos  de Pensiones (AFP), entre  otros, según la información difundida  por la Procuraduría. 

Glencore 

El 19 de julio de 2016, Glencore  Finance (Bermudas) presentó su  notificación de arbitraje alegando  la violación del Convenio entre  Bolivia y el Reino Unido de  Gran Bretaña e Irlanda del Norte  sobre el Fomento y la Protección  de Inversiones de Capital por la  reversión de las plantas fundidoras  de Vinto Estaño, Vinto Antimonio  y el Centro Minero de  Colquiri. La empresa exige un  pago de 675,7 millones de dólares  como compensación. 

Soboce 

En el marco del Decreto Supremo  616 del 1 septiembre de 2010,  los principales accionistas de  Soboce iniciaron un procedimiento  arbitral ante la Comisión  Interamericana de Arbitraje Comercial  (CIAC). 

El decreto dispuso la recuperación  del 33,34% de las acciones  de Fancesa a favor de la Gobernación  de Chuquisaca que correspondían  a la ex-Prefectura y que  fueron transferidas a Soboce por  la ley de privatización. 

Procesos de las AFP 

El 2 de agosto de 2018, la Secretaría  del CIADI notificó al Estado  boliviano sobre una demanda  del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  (BBVA) contra el Estado boliviano  por su salida de la administración  de la AFP Previsión  BBV. Se invocó el acuerdo a las  previsiones del Acuerdo de Inversiones  entre el Reino de España  y Bolivia. 

El 1 de abril de 2019, los accionistas  de la AFP Futuro de Bolivia  notificaron a Bolivia sobre la  existencia de una controversia  en el marco de los acuerdos de  inversión que el Estado suscribió  con la Confederación Suiza y  con el Reino de Suecia. 

El 17 de agosto de 2020, las partes  en el procedimiento suscribieron  un acuerdo procesal que  determina claramente los pasos  por seguir para la conformación  del tribunal arbitral. 

Orlandini 

En 2018, Julio Miguel Orlandini  Ágreda y Compañía Minera  Orlandini Ltda. presentaron su  notificación de arbitraje contra  el Estado por la expropiación de  las concesiones en Oruro. 

Jindal 

La empresa india Jindal demandó  a la Empresa Siderúrgica  del Mutún (ESM) por la ejecución  de una tercera boleta de garantía  por 18 millones de dólares  y es el proceso por el cual se contrató  al bufete del que son socios  los exprocuradores Héctor Arce  y Pablo Menacho. 

Menacho explicó a Página Siete  que en noviembre de 2018 salió  el laudo de jurisdicción en la demanda  que presentó Jindal en la  Corte de Arbitraje de Cámara de  Comercio Internacional y excluyó  del proceso al Estado y a la  Corporación Minera de Bolivia  (Comibol). 

La demanda se inició en 2014 y  la intención de Jindal era recibir  86 millones de dólares por la ejecución  que hizo el Estado de sus  boletas de garantía por el proyecto  Mutún. 

El arbitraje continuó entre Jindal  y la ESM, en el que la empresa  india tiene varios reclamos, entre  ellos la ejecución de una tercera  boleta de garantía por un valor  de 18 millones de dólares. 

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