Anteproyecto de ley busca que empresas de telecomunicaciones den 10% de ingresos

Catelbo advierte quiebra si prospera aporte a Fondo de la Renta Dignidad

La Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia señala que cualquier aporte adicional del sector será confiscatorio. El Ministerio de Economía dice que fuentes de financiamiento del FRUV garantizan pago de renta.

Economía
Redacción Diario Página Siete
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La Paz - viernes, 13 de mayo de 2022 - 5:00

La Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo) advirtió que el aporte de 10% de los ingresos de las empresas telefónicas para el Fondo de la Renta Dignidad, que prevé un anteproyecto de ley, puede llevar a la quiebra a los operadores si es que prospera su tratamiento y aprobación.

El documento, que lleva el rotulo del Ministerio de Economía, prevé descuentos de 0,3% hasta 3% a quienes ganen o tengan ingresos a partir de 2.164 bolivianos para sostener el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV).

El gerente de Catelbo, Eduardo Trigo, señaló que el sector se encuentra sorprendido y alarmado con este anteproyecto, porque pretendería “confiscar ingresos de operadores”, afectando la viabilidad económica y los planes, proyectos y servicios que prestan las empresas.

“Si este anteproyecto pasa a consideración de la Asamblea, su aplicación generaría la quiebra de operadores del sector, es un aporte de 10% de ingresos percibidos por la venta de servicios de telefonía móvil e internet”, advirtió Trigo.

En la disposición adicional única el anteproyecto dispone la incorporación de los parágrafos IV, V y VI al artículo 65 de la Ley General de Telecomunicaciones de un nuevo texto: “Los operadores de telecomunicaciones que tengan un patrimonio igual o superior a Bs 1.000.000.000 y tengan cobertura nacional, deben transferir mensualmente como aporte solidario al FRUV al menos el 10% de los recursos percibidos por la venta de servicios de telefonía móvil e internet del período anterior”.

Según Trigo, de prosperar este anteproyecto pondrá en serio riesgo la continuidad de las operaciones y prestación del servicio de los operadores que desde 2018 han sufrido una caída sostenida de sus ingresos.

Esto ocurre por la reducción en el tráfico de llamadas, mayor preferencia de la gente por el WhasApp y la disminución de las tarifas, entre otros factores.

También dijo que la medida generará inseguridad jurídica y una señal negativa para la atracción de inversión privada o nuevas inversiones externas.

Catelbo considera que el anteproyecto no responde a la realidad del sector en Bolivia.

Los aportes que realiza el sector telecomunicaciones al Estado por concepto de pago de impuestos, por derechos de uso de frecuencias, tasas regulatorias y otros conceptos está entre el más alto de la región.

“La creación de cualquier aporte adicional tendría un carácter confiscatorio y pondría en riesgo toda oportunidad de inversión en el desarrollo de las inversiones que el país necesita para el desarrollo tecnológico, ampliación de la red de telecomunicaciones para toda la población y su entrada a la era de la digitalización”, remarcó.

En ese sentido, Trigo indicó que el sector de telecomunicaciones solicita con carácter de urgencia una reunión con el Ministerio de Economía, como responsable de este antroyecto de ley, para informar acerca de la situación del sector y las consecuencias de esta iniciativa.

Página Siete le consultó al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, qué se busca con los aportes solidarios que propone este anteproyecto de ley, pero la autoridad simplemente respondió: “Lo desconocemos”.

El Gobierno aprobó ayer el Decreto Supremo 4716 que estipula que las utilidades que genere la Gestora Pública de Pensiones por las actividades de administración podrá ser transferidas al Fondo Solidario y/o al Fondo de la Renta Universal de Vejez /FRUV). El Ministerio de Economía informó que las fuentes de financiamiento están establecidas en la Ley 3791, Decreto Supremo 28400 y los recursos garantizan el pago del beneficio.

Por su lado, diputados de la oposición criticaron el anteproyecto de ley.

El diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca opinó que si se llega a aprobar este anteproyecto será la constatación de que este fondo era insostenible, ya que las empresas públicas en su mayoría son “deficitarias” y el Gobierno en los úlimos años malgastó los ingresos en regalos de sedes sindicales y hoteles. “Ahora que no hay plata, se genera una forma de impuesto a los trabajadores. Mintieron que por la nacionalización y las empresas estatales hay la Renta Dignidad”, precisó.

El diputado de Creemos José Carlos Gutierrez señaló que es una propuesta demagógica y desatinada, porque luego de la crisis de la pandemia, los bolivianos están en situación vulerable y no hay empleo.

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