Educación y Salud rechazan la jubilación forzosa; COB evaluará
En un documento de 23 puntos, con varias demandas, trabajadores en Salud y Educación cuestionan el anuncio de Evo. Denuncian que la renta de vejez es baja.
Página Siete / La Paz
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia, además de otros sectores sociales, rechazaron ayer el anuncio de la jubilación obligatoria. La COB afirmó que evaluará el tema.
Varias organizaciones sociales, entre ellas cocaleros de los Yungas y gremiales de El Alto, firmaron un documento de 23 puntos en alianza con los profesionales en salud denominado “Por la Salud y la Democracia”.
Por ejemplo, en el punto 11 los sectores expresan: “rechazo a la jubilación obligatoria”.
Quienes suscriben el documento dan siete días a las autoridades de Gobierno para que atienda las demandas, de lo contrario asumirán medidas.
Entre otros puntos también se pide respeto a resultados del referéndum del 21 de febrero; abrogación de la Ley de la Coca; rechazo al incremento de impuestos; renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la libertad de presos políticos.
El martes 22, el presidente Evo Morales, durante su discurso por los 13 años de gestión ante la Asamblea Legislativa, anunció la jubilación obligatoria para reducir el desempleo.
Para el exejecutivo de la CTEUB Wilfredo Siñani el anuncio sólo es una propaganda para prometer empleo a los jóvenes.
“Tal como anticipamos en diferentes eventos orgánicos (congresos, conferencias y ampliados del magisterio urbano nacional), Evo Morales y su camarilla gobernante sacrificarán a miles de trabajadores, obreros, maestros y profesionales, echándolos a las calles con rentas miserables que no les alcanza para satisfacer sus necesidades”, deploró.
En su criterio, se debería generar empleo con recursos del Estado, no a costa de los maestros.
Por ejemplo, mencionó que un profesor con 35 años de servicio, categoría mérito, percibe un salario aproximado de 5.000 bolivianos, que permite generar dos empleos. “Durante estos 13 años despilfarraron millones de dólares en palacios, museos, aviones, corrupción y viajes; por lo tanto, rechazamos la jubilación obligatoria y exigimos una renta con el 100% de salario, como el que percibe un trabajador activo. No permitiremos este atropello, los trabajadores derrotaremos en la calles la jubilación obligatoria”, advirtió.
Para el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, se trata de un “simple” anuncio y que se debe respetar la ley.
“La Ley de Pensiones dice hasta los 58 años. Entonces se aplica la norma y se tiene que respetar. Nos vamos a reunir a discutir este tema y a partir de ahí vamos a pedir que se reactive la comisión de pensiones. Puede ser un anuncio y las normas están ahí y se respetan”, remarcó.
El exsecretario de finanzas de la COB Óscar Tapia afirmó que ante la incapacidad de generar nuevas fuentes de empleo digno, se plantea jubilación obligatoria. “Los trabajadores rechazamos la propuesta porque la consideramos anticonstitucional. La Constitución Política del Estado garantiza el derecho al trabajo y su estabilidad laboral prohíbe los despidos injustificados”, cuestionó.
Además, dijo que la jubilación significa una renta miserable, entre un 20% y 30% del salario referencial, por lo que un trabajador preferirá seguir aportando con el salario que gana.
El nuevo ministro de Trabajo, Milton Gómez, admitió que hay varios factores que no permiten a los trabajadores jubilarse y que se evaluarán junto al Gabinete.
El ministro de Economía, Luis Arce, manifestó que este tema no es nuevo y fue planteado por la propia COB en su momento.
Sobre las rentas bajas que cuestionan algunos sectores como óbice para pasar al sector pasivo, manifestó que este es un aspecto que tiene que ver con la falta de aprobación del reglamento de inversiones de la Ley 065.
A la COB se le envió hace algunos años un borrador del proyecto, pero hasta la fecha no dio su visto bueno y por eso la Ley de Pensiones está incompleta.
“Queda claro que para mejorar rentas debemos poner en vigencia el reglamento de inversiones y otros que faltan, debemos resolver esto”, puntualizó.
En 2017 el Gobierno remitió un proyecto de ley
A fines de noviembre de 2017, el Gobierno remitió el proyecto de Ley Ejercicio del Derecho a las Prestaciones de Vejez y Solidaria de Vejez para Asegurados Dependientes no Mineros de 65 años o más y para asegurados dependientes del sector minero de 58 años y más.
Tras el rechazo de diferentes sectores laborales, la propuesta ya no fue considerada durante la legislatura de 2018. Mientras que el Ministerio de Economía dijo que socializaría la norma.
El proyecto de ley buscaba la jubilación “obligatoria” de 152.120 trabajadores mayores de 65 años de edad, porque supuestamente ya no cumplen de manera satisfactoria y eficiente con las tareas asignadas en sus puestos laborales.
“Se observa que el trabajador, por el proceso natural del envejecimiento ya no cumple de manera satisfactoria y eficiente con las tareas y funciones asignadas por el empleador poniendo en riesgo inclusive (...) su propia seguridad y la de su entorno”, se justificaba en la exposición de motivos de la propuesta normativa.
De los 152.253 trabajadores que ya superaron la edad de jubilación, en el proyecto de ley se mencionaba que unos 15.253 empleados estaban en el sector de educación y en la administración pública.
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