Expertos ven que Gobierno extiende la cartografía con fines políticos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó la actualización cartográfica en septiembre de 2021 y tiene previsto terminarla en noviembre de 2023; dos años y tres meses después. Expertos advierten que este trabajo podía ser hecho en un año sin uso de tabletas, smartphones o la tecnología que hace 10 años no existía. Advierten un manejo político para prolongar este proceso.

“Están trabajando, hasta donde tenemos referencia, con 580 actualizadores y con la posibilidad de contratar a otros 290 y seguir contratando hasta 1.044, según las notas de prensa del INE. Eso significa que están haciendo un trabajo con grupos muy pequeños y un rendimiento muy bajo”, declaró la exdirectora del INE de Santa Cruz Melvy Vargas.

La profesional agregó que en la última reunión por el censo en Cochabamba “demostraron” a los funcionarios de Gobierno que con la misma cantidad de personal que tienen “el trabajo de campo se puede concluir en cinco meses y medio”. De esta forma se podría realizar el censo en 2023.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, aseguró el fin de semana que no es posible llevar adelante el censo el siguiente año. “No se puede realizar el censo en 2023 porque no se llegaría a todos los hogares, familias, comunidades y pueblos indígenas y eso pondría en riesgos todo el trabajo de actualización cartográfica estadística”.

El pasado 11 de octubre la coordinadora general del Programa Censo de Población y Vivienda, Martha Oviedo, presentó el cronograma de la actualización cartográfica compuesta por tres etapas. La primera, de preparación, concluyó en mayo de 2022 y ese mismo mes se inició la segunda fase, que consiste en el operativo de campo y se prevé finalizar en agosto de 2023.

La segmentación e impresión de la cartografía, tercera etapa, debió comenzar de forma paralela en septiembre pasado y acabar en noviembre de 2023. De esta forma, este proceso comenzó en septiembre de 2021 y concluirá en noviembre de 2024, lo que sumaría 27 meses.

Melvy Vargas junto con el Comité Pro Censo de Santa Cruz realizó un cálculo de rendimiento de cada encuestador. Explicó que una persona podría llegar a 65 viviendas, promedio, en ciudades capitales de departamento y en urbes con más de 100 mil habitantes. En municipios pequeños pueden alcanzar a 45 viviendas y en zonas rurales hasta 18 viviendas diarias. “Con esos cálculos y con 1.044 actualizadores se puede concluir el trabajo en cinco meses”, afirmó.

La experta advirtió que el “objetivo” del Gobierno “es dilatar” el proceso, “mostrar que están trabajando”. “Están contratando personal de a poco, no hacen el uso óptimo de las tabletas que según dijeron ya las tienen contratadas y son 1.500. Creo que no quieren apresurarse, quieren seguir dilatando para justificar el tiempo que tiene programado”, afirmó.

Vargas concluyó que el propio Gobierno demostró que el proceso lo manejan como una “situación política”. “Quienes salieron a defender, a justificar, a explicar y ningunear las propuestas fueron políticos sin ninguna base técnica. Ellos no sustentaron, hasta el momento, por qué postergaron el censo hasta el año 2024 y por qué no pueden adelantar la fecha”.

Un docente universitario, que prefirió guardar su nombre en reserva por temor a procesos judiciales, explicó que “por lo general” la actualización cartográfica dura, como máximo, un año, “pero dependerá de la tecnología que pueda usarse y la planificación a determinarse”.

Además, advirtió que el INE no debía comenzar desde cero en este proceso. “No sólo se hace la actualización cartográfica para el censo, sino que se lo realiza durante todos los años para su trabajo. Como la encuesta trimestral de empleo, de hogares, a la construcción, a la industria manufacturera. En todas ellas, el INE realiza una cartografía estadística del censo anterior”.

Incluso, dijo que se conforman Unidades Primarias de Muestreo (UPM) que son zonas o manzanos visitados por los encuestadores y donde también hacen una actualización cartográfica. “Este trabajo es continuo (...) y también sirve para cuando se debe realizar el censo”, afirmó. Para el especialista citado, el manejo que hace el Gobierno del censo es político.