Expertos ven que la Gestora quedará “colgando” cuando BBVA traspase sus acciones

Fallo del Ciadi fija plazo de un año para que la AFP Previsión pase al Estado

El laudo ordena a BBVA “poner a disposición de la demandada (Estado) sus acciones en Previsión. La demandada tiene un año a partir de la fecha de este laudo para aceptar la transferencia de las acciones”.

Economía
La Paz - jueves, 21 de julio de 2022 - 0:00

El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) fija un año de plazo para que la AFP Previsión pase a manos del Estado.

El artículo V del capítulo VII laudo señala: “Ordenar a la demandante (BBVA) poner a disposición de la demandada (Estado boliviano) sus acciones en Previsión. La demandada tendrá un año a partir de la fecha de este laudo para aceptar la transferencia de las acciones”.

El pasado fin de semana se conoció el laudo arbitral dictado por el Ciadi que obliga a Bolivia a indemnizar a BBVA con 105 millones de dólares (unos 104 millones de euros) por el “retraso injustificado” del proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

El abogado especializado en arbitraje Alejandro Peláez explicó a Página Siete que el laudo determina que Bolivia debe pagar los 105 millones de dólares por el paquete accionario. ¿Qué implica esto? Que Bolivia se convierte en dueña de la AFP Previsión”, precisó.

De esa manera, el experto considera que ya no es necesario el vaciado de información al nuevo software de la Gestora Pública de la seguridad social que se está realizando.

Esta tarea es justamente lo que ha retrasado el funcionamiento de la entidad estatal y el arranque de su software.

Se retorna al punto inicial en el que el Estado asume la propiedad de la AFP y de sus activos que en el caso de estas empresas no es la infraestructura física, sino la información que maneja.

“Quizá se tenga que hacer algunos ajustes normativos, pero volvemos a lo que se debía hacer desde el principio, asumir la empresa en funcionamiento en lugar de crear una empresa paralela como es la Gestora para vaciar la información de la AFP que estaba en funcionamiento”, subrayó el especialista.

Peláez insistió que con el Estado como accionista y dueño de la AFP Previsión, la Gestora queda “colgando” y el gasto que se asumió en su creación va al “agua”, ya que se asumirá la propiedad de la administradora privada y sólo cambiará el logo.

El analista en pensiones Pablo Pinell sostuvo que la composición accionaria de la AFP Previsión es variada y BBVA es quien interpuso el arbitraje.

“Cuando el Gobierno pague a BBVA le transferirá sus acciones y el Gobierno será dueño mayoritario de la AFP. Lo que se paga es el lucro cesante porque no se dejó salir del país a la AFP y se determinó crear la Gestora. Por un lado finalizan contrato, pero por otro obligaron a la AFP a seguir trabajando”, indicó.

La pregunta de fondo, en criterio de Pinell, es si el Estado tenía en el país a dos AFP funcionando, cada una con su software operativo, ¿cuál era el sentido de crear una Gestora Pública que a su vez contrató otro sistema informático?

Aclaró que los sistemas de las AFP Futuro y Previsión no se pueden fusionar, están construidos en plataformas y sistemas diferentes. “ Son softwares complejos, con diferentes módulos de afiliación, recaudación, acreditación e inversiones. Son sistemas que generan millones de datos que se desarrollaron los últimos 20 años”, remarcó.

Un experto en valores opinó que el Estado será accionista de Previsión y se deberá evaluar qué hace, porque no queda claro si mantendrá a la AFP privada o la liquidará porque ya organizó a una Gestora Pública.

Peláez complementó que la AFP Previsión en el inicio de las negociaciones pidió 15 millones de dólares para transferir el paquete accionario y salir del país, pero el Gobierno por ahorrar esa plata decidió no tomar la oferta.

En 2010 la AFP Previsión generaba 11 millones de dólares anuales y ahora 30 millones de dólares, y en el arbitraje pidió la indemnización a valor actual y el Ciadi le dio la razón. “Triplicaron ingresos y reclamaron en función a ese valor. El laudo es excesivo, el tribunal debía tomar otros parámetros, pero es el riesgo que asumió Bolivia al no pagar 15 millones”, dijo Peláez.

El Gobierno adelantó que pedirá la nulidad del dictamen del Ciadi que le obliga a pagar 105 millones de dólares.

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