Gestora pagó $us 3 MM por un software que nunca se entregó

El Viceministerio de Pensiones determinó que la empresa informática panameña ofreció un producto del cual no poseía propiedad ni las licencias para su uso.

Economía
Redacción Diario Página Siete
Por 
La Paz - viernes, 20 de diciembre de 2019 - 1:58

Manuel Filomeno /  La Paz

El Estado pagó tres millones de dólares de un total de 5,1 millones a la empresa panameña Sysde International INC, encargada de la provisión del software de la Gestora Pública, que nunca entregó, de acuerdo con un informe del viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui.

“Este contrato fue suscrito por las autoridades de ese momento (2017) por 5,1 millones de dólares con la empresa Sysde International, de los que tres millones fueron pagados sin que se haya entregado el software”, dijo.

La autoridad recordó que la Gestora suscribió hasta el momento dos contratos para la provisión de software para la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP), uno en 2017, con Sysde, y otro en octubre de este año con la colombiana Heinsohn Business Technology.

Asimismo, indicó que el contrato con la primera empresa fue cancelado y en la actualidad se encuentra en un proceso de arbitraje, mientras que el segundo contrato fue suspendido de forma temporal, en tanto se analizan los términos del acuerdo.

“Estamos tratando de recuperar los tres millones de dólares que se desembolsaron a Sysde, porque hubo muchísimas dificultades”, manifestó Jáuregui.

El viceministro remarcó que la empresa Sysde decía haber diseñado y tener derechos sobre el software que utilizaba la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia, sin embargo, esto no era cierto.

“El contrato señalaba que el software que iba a ser entregado a la Gestora sería el mismo que usaba la AFP Futuro de Bolivia, lo cual era falso. En los siguientes meses se introdujeron adendas al contrato, porque en realidad Sysde no tenía la licencia ni derechos sobre el programa, por lo que estaba imposibilitado de cumplir con el contrato”.

 De acuerdo con datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la Gestora firmó dos contratos modificatorios con la empresa panameña, en enero y abril de la gestión pasada.

En estos contratos modificatorios, se cambió el acuerdo y la empresa ofreció un software diferente al pactado en un principio, que tampoco entregó.

Producto del incumplimiento del contrato, en marzo de 2019 se amplió por 30 meses el plazo para el inicio de operaciones de la gestora, es decir que la estatal de pensiones debe comenzar a funcionar en septiembre de 2021.

Al respecto el viceministro de Pensiones explicó que la Gestora Pública tenía todas las condiciones para operar, sin embargo, en 10 años el anterior Gobierno no pudo iniciar sus actividades.

“Se compró hardware, máquinas de última generación que están en resguardo con la seguridad correspondiente, pero es como tener una auto de lujo sin motor, porque el motor era el software que se debía haber provisto para que nos presten el servicio de administración del pago de pensiones”, manifestó la autoridad encargada del tema.

Auditoría al nuevo contrato

Jáuregui  señaló que ante el fracaso del primer contrato, el exministro de Economía, Luis Arce, decidió hacer una nueva licitación para la provisión de software, que fue ganada el 23 de octubre pasado por la colombiana Heinsohn Business Technology por 10 millones de dólares. Sin embargo, las nuevas autoridades de esa cartera decidieron suspender el contrato al detectar nuevas irregularidades.

“El contrato con Heinsohn Business se firmó por 10 millones de dólares. Este proceso de contratación ha tenido muchísimas observaciones, que nos llevan a pensar que en el momento (de hacer la contratación), el monto pactado y el detalle de los requerimientos de la Gestora frente al proveedor todavía no estaban muy claros”, informó Jáuregui.

El contrato con  Heinsohn  fue suscrito durante los días de los conflictos sociales por el fraude en las elecciones. Luego de la firma, su entrada en vigencia se postergó por 15 días y, por último, se amplió por un mes. En virtud de la prórroga de los plazos, la suspensión del acuerdo vencerá el viernes 27 de diciembre.

“Este contrato, en este momento, se encuentra en situación de suspenso, en una interrupción de los plazos, esa interrupción concluye el 27 de diciembre; hasta esa fecha tenemos plazo para sentarnos a dialogar con la empresa. Después de los resultados hallados en la auditoría vamos a tener algunas novedades respecto a las acciones que vamos a tomar para administrar esta controversia”, anticipó el viceministro de Pensiones.

La firma colombiana alega transparencia
 
Heinsohn Business Technology aseguró que el proceso para su contratación, durante el gobierno de Evo Morales  fue “transparente”.

La aclaración la hizo el representante legal de la compañía, Luis Fernando Jaramillo Ceballos, quien recordó que hasta la fecha el contrato se encuentra suspendido de forma temporal y el proceso de contratación en auditoría por parte del nuevo directorio de la Ge                       stora, formado después del cambio de Gobierno, señala un boletín informativo emitido por la empresa colombiana.

“La auditoría nos da tranquilidad, dada la transparencia con que se desarrolló el proceso de contratación. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la misma y brindar toda la información a detalle que se considere necesaria, a fin de esclarecer cualquier duda y garantizar que el procedimiento fue claro y limpio”, manifestó el representante legal.

 

 

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