Jorge Silva afirmó que las alcaldías y Derechos Reales no controlan

La ASFI alerta de estafas de Akros y otras tres empresas

Defensa del Consumidor dice que no hay una norma que regule el funcionamiento de las empresas inmobiliarias y casas de empeño. Prepara un proyecto de ley.

Economía
Redacción Diario Página Siete
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La Paz - martes, 10 de mayo de 2022 - 1:33

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante un comunicado, informó ayer que la empresa Grupo Akros 7 SRL y otras tres, a las cuales citó sólo con sus iniciales, no tienen autorización para operar como entes financiadores.

“Grupo Akros 7 SRL., PHV, ZHV y VHHV y otras que estarían estafando con préstamos otorgados a personas (la ASFI) comunica a la población en general que las mismas no están autorizadas ni reguladas por ASFI para realizar actividades propias de las entidades financieras en el marco de la Ley 393 de Servicios Financieros”, dice el comunicado.

La entidad emitió el aviso después que Página Siete publicara una nota en la que más de 100 personas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz denunciaron ser víctimas de estafa por parte de la empresa Grupo Akros 7 SRL, inmobiliaria que también operaba como financiadora directa para la compra de bienes, a bajos intereses y con varias ventajas.

Según el abogado de los denunciantes, Jaime Soliz, los afectados entregaron a la empresa desde 20.000 hasta 200 mil dólares, ya sea para comprar un departamento o para ser prestamistas o inversionistas.

En ese marco, la ASFI pidió a la población no dejarse sorprender por anuncios y negocios mercantiles que brindan información falsa y ofrecen condiciones financieras aparentemente “favorables”, porque al estar operando al margen de las normas establecidas y control de la entidad estatal, las personas “pueden ser objeto de engaño y víctimas de estafa”.

Defensa del Consumidor

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo al respecto que Bolivia no cuenta con una normativa específica que regule el negocio de las empresas inmobiliarias, que en muchos casos, como el de la empresa Akros 7 SRL son denunciadas por cometer estafas millonarias a personas que sueñan con una casa propia.

“Éste es un problema estructural que lamentablemente se está realizando en nuestro país y donde las autoridades encargadas de controlar esta actividad no han hecho bien su trabajo (...) En varias urbanizaciones tenemos quejas o (tenemos a) gente así como ha denunciado a Akros 7 (...) Hay una absoluta irregularidad en el funcionamiento de estas inmobiliarias”, dijo Silva a Página Siete.

La autoridad identificó a tres entidades como las que permiten las irregularidades en las inmobiliarias: los gobiernos municipales que “aprueban planos de construcción a cambio de coimas”, la ex-Fundempresa que daba licencia de funcionamiento de estas empresas “a cualquier persona” y Derechos Reales “que se encarga de legalizar la falsificación de estos planos otorgándoles los folios reales”.

“Es una articulación en la que están involucrados inmobiliarias, funcionarios de las alcaldías, de Derechos Reales y otros operadores que se prestan a este juego ilegal”, sostuvo.

Proyecto de ley

Ante la ausencia de una norma que regule estas empresas, el viceministro Silva informó a este impreso que se prepara un anteproyecto de ley que regule el funcionamiento de las inmobiliarias y también de las casas de empeño.

“Se está trabajando este proyecto de ley que va a regular y normar el funcionamiento de las inmobiliarias como también de las casas de empeño que es otra actividad que no está regulada por la ASFI y que también da lugar a un sinfín de abusos y arbitrariedades que cometen los prestamistas”, manifestó Silva.

Entre los puntos que se tomarán en cuenta en el proyecto de ley está que las empresas que se dedican a la compra y venta de casas tienen que tener un registro autorizado por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec).

Además se establecerá que a las inmobiliarias se les debe exigir una boleta de garantía de cumplimiento en las transacciones.

“También deberían presentar los dueños o socios de la empresa la solvencia fiscal de la inmobiliaria porque no sabemos si el capital viene del lavado de dinero o de otro tipo de ganancias ilícitas”, afirmó Silva.

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