Un juzgado de Cochabamba aceptó la demanda de quiebra. El proceso está en marcha

LAB se apropia de 26 aeropuertos, una jueza los encamina a su remate

La Ley de Capitalización nunca transfirió los aeropuertos del LAB a la empresa capitalizada en 1995 por la VASP. El Estado transfirió mucho antes esos bienes a Aasana, la que no pagó y ahora desapareció.

Economía
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Cochabamba - lunes, 25 de julio de 2022 - 5:00

Un exempleado ha demandado la quiebra del LAB S.A. en un juzgado de Cochabamba para cobrar lo que la empresa le debe por beneficios sociales. La jueza aceptó esa demanda y el LAB no puso objeción alguna. Ahora el proceso está en marcha con la mira puesta en el remate de esos bienes. La jueza dice que ese es el objetivo y el gerente del LAB afirma que no es necesario el remate de todos los aeropuertos para pagar lo que se debe a los trabajadores.

“La jueza está en libertad de rematar el aeropuerto de Santa Cruz (El Trompillo), de Oruro o Cochabamba. Dependerá de ella. Pero queda el resto (de los aeropuertos). Si usted tiene un patrimonio que vale 100.000 y debe 10.000, vende una parte y paga los 10.000. No es necesario rematar todo”, grafica Orlando Nogales, gerente del LAB S.A.

El proceso de quiebra ingresó al Juzgado Público Civil y Comercial Nº1 de Cochabamba a finales de noviembre de 2021 y fue admitido en diciembre de ese año, antes de la vacación judicial. El procedimiento de la quiebra está enmarcado en el Código de Comercio. Una vez que la demanda fue admitida, la empresa en quiebra -el LAB- se ha sometido a la tramitación del proceso, lo que allanó la demanda de quiebra, es decir le dio la razón al demandante.

“Con ello, se emitió el auto declarativo de quiebra, se designó al síndico y en esta fase, una vez que se cumplieron los pasos procesales, se convocó a la primera junta de acreedores, quienes han hecho conocer su preocupación, y su mayor preocupación es cobrar sus beneficios sociales a raíz de los muchos procesos laborales que se han ido tramitando en juzgados de Cochabamba y de otras regiones del país”, dijo a Página Siete Maricel Violeta Guzmán Camacho, jueza Público Civil y Comercial Nº1 de la capital valluna.

“El compromiso ha sido que efectivamente se van a encaminar todas las acciones y procedimientos para poder consolidar el pago de esos beneficios sociales y eso tiene que ser mediante un remate, de una venta judicial, de una subasta de los bienes que pudiera tener el LAB S.A.”, agrega la jueza Guzmán.

“Estamos empezando a recabar documentación de los terrenos, bienes e inmuebles del LAB de todo Bolivia. Todavía no hemos cuantificado. Una empresa auditora está haciendo la cuantificación de los bienes”, informó a este periódico el síndico del LAB, Álvaro Bustamente, quien realiza su trabajo bajo la tuición de la jueza Guzmán.

De acuerdo con Bustamente, entre 24 y 26 aeropuertos están registrados a nombre del LAB en provincias y en las capitales de departamento. “Según el cómputo que tenemos y que hemos encontrado papeles, el patrimonio del LAB es de 26 aeropuertos a nivel nacional”, agrega.

“En caso de que el juicio prosiga, ¿tendría que darse un remate?”, le preguntamos. “De hecho, la quiebra es para eso, para poder pagar sobre todo a los acreedores, en primer lugar a los extrabajadores del LAB S.A.”, responde Bustamente.

¿Los aeropuertos son del LAB?

Sí, hasta antes de la capitalización. Ese año, el 98% de la aerolínea estaba en manos del Estado y el 2% en manos de American Airlines, y para hacer la capitalización el gobierno del MNR nacionalizó el 2% restante. Es decir, el Estado era dueño del 100% del LAB cuando se dio ese proceso, lo que incluía aeropuertos y terrenos, y todos los bienes de la aerolínea.

La empresa capitalizadora, la VASP, en teoría dio 40 millones de dólares, de los cuales cinco millones eran en efectivo y 35 millones en un avión: el Paitití. Sin embargo, según Mario Borda -que investiga este caso desde hace 30 años-, la VASP nunca dio los cinco millones de dólares de su bolsillo. “Dio los cinco millones, pero vendiendo dos motores Airbus del LAB. Puso los cinco millones vendiendo los activos del LAB. Y puso el avión Paitití, que después se lo llevó. En teoría, puso 40 millones, pero se llevó más de 100 millones de dólares. Jamás hubo la capitalización del LAB. La capitalización fue fraudulenta”, lamenta.

De hecho, la VASP saqueó el LAB hasta hundirla. La capitalización fue el principio del fin de la línea aérea nacional.

Luego el LAB pasó a manos de Ernesto Asbún, quien, según Borda, “no puso ni un centavo”. Agobiado por la crisis de la aerolínea y con una millonaria deuda a los trabajadores, antes de huir del país en 2006 Asbún entregó el 50% de sus acciones a los trabajadores. Ahora, ese 50% de las acciones están en manos de Miguel Ángel Barragán Ibargüen, “que es el palo blanco de Asbún”, asegura Borda.

“¿Por qué Barragán aparece como dueño del 50% de las acciones?”, le pregunta Página Siete al gerente del LAB.

“Porque él ha comprado”, responde escuetamente.

“¿Él solo ha comprado las acciones de los trabajadores?”, le insiste este periódico.

“Eso es otro asunto que se tiene que interpretar cómo viene desde la capitalización (Sic). Ese es otro asunto que mucha gente habla sin conocer”, responde Nogales sin dar más explicación.

Aeropuertos y terrenos

En 1995, cuando fue capitalizada, el LAB era del Estado en un 100%, y la Ley de Capitalización nunca transfirió los aeropuertos y terrenos a la aerolínea cuando pasó a manos de la VASP. Y pese a que la Ley de Capitalización no transfirió los aeropuertos y terrenos, y pese a que la capitalización fue “fraudulenta”, según lo reconoce el mismo gerente del LAB, ahora la aerolínea se apropió de 27 aeropuertos del país, entre ellos el de El Trompillo de Santa Cruz (28 hectáreas) y el de Oruro (247 hectáreas). Y ahora cualquiera de estos aeropuertos puede ser rematado.

“Cuando el Estado crea el LAB SAM (LAB Sociedad Anónima Mixta), pone los aeropuertos y terrenos. Gonzalo Sánchez de Lozada la capitalizó, pero no se atrevió a transferir los aeropuertos al LAB S.A., porque el LAB cedió esos bienes a Aasana, y como ésta no pagó y estaba pendiente, no fueron tocados esos bienes”, afirma el abogado Mario Borda, expiloto del LAB, a quien la aerolínea también le debe beneficios sociales.

“27 aeropuertos del país son del LAB”, afirma con total certeza Orlando Nogales, aunque el síndico del LAB, Álvaro Bustamente, afirma que son 26.

¿Qué aeropuertos considera el LAB que son suyos? El de El Trompillo, de Oruro, de Cochabamba y los de Apolo, Asunción de Guarayos, Concepción, Guayaramerín, Magdalena, Puerto Suárez, Riberalta, San Ignacio de Moxos, San Javier, Sucre, Tarija, la terminal aérea antigua de El Alto, entre otros.

El LAB en conflicto es el LAB que fue capitalizado. Los capitalizadores (VASP y luego Asbún) nunca pusieron dinero a la aerolínea, según todas las fuentes consultadas por este medio. Entonces, ¿cómo es posible que ahora el LAB capitalizado diga que es dueño de 26 aeropuertos?

Para Borda, eso no tiene sentido. El mismo síndico del LAB dice que hay muchas interrogantes al respecto, porque la Ley de Capitalización nunca transfirió esos bienes al LAB cuando la empresa fue capitalizada.

Sólo Nogales defiende que esos bienes son del LAB. “En 1995, cuando nace el LAB S.A., la Ley de Capitalización no transfirió ni aeropuertos ni terrenos a la empresa capitalizada, sólo hangares, aviones, oficinas y bienes”, le decimos a Nogales.

“Usted tiene cinco casas, si usted se olvida de tres, y sólo vive en una, ¿eso no quiere decir que no sea dueño de las demás?”, replica.

“Pero la Ley de Capitalización no establece la transferencia de aeropuertos...”, insistimos.

“No, no, no. Han transferido la empresa, no han transferido aeropuertos... No había necesidad...”, responde.

“¿No ve usted además absurdo que se haya capitalizado aeropuertos y terrenos con tan sólo cinco millones de dólares que la VASP debió pagar? ¿Cuánto dio la VASP por el LAB?”, preguntamos otra vez a Nogales. “Que yo se sepa, la VASP no ha puesto nada. Esa empresa ha venido sólo a saquear el LAB”, afirma.

“La Ley de Capitalización no transfirió aeropuertos ni terrenos”, volvemos a afirmar ya de manera machacona.

“Lo que pasa es que cuando usted compra algo, un pedazo de terreno, supongamos 10 hectáreas, y resulta que al medir y poner todo en orden resulta que son 15 hectáreas, eso no quiere decir que no sea suyo, por eso viene el famoso plano georreferenciado que se hace de cada uno de los terrenos”, responde.

Las AFP, otra incógnita

Cuando el LAB fue capitalizado, el Estado hizo que las dos AFP sean dueñas de más de 48% de sus acciones. El Gobierno de entonces puso el dinero de las acciones de las AFP, como accionistas del LAB S.A., es un banco fiduciario en las Bahamas, según explica Borda, quien ahora se pregunta: “¿Dónde está ese dinero? Todos los bolivianos se han olvidado de ese dinero. Es tan viejo esto, que se han olvidado y los que sabían se han ido muriendo”, afirma.

Pese a que las dos AFP son dueñas de la mitad del LAB S.A., fueron los trabajadores los que han ido usufructuando de los bienes del LAB, como los hangares y oficinas en Cochabamba. Nada de ese dinero fue a las AFP, como corresponde.

Es más, los trabajadores han creado SAE, que se hizo cargo de los hangares del LAB y los alquila y subalquila a empresas que hacen mantenimiento. “Con ese usufructo, los trabajadores en 14 años ya han recuperado lo que se les debe”, afirma Borda.

Y siendo las AFP dueñas de casi la mitad del LAB, ¿por qué no reclaman el 50% de las ganancias de estos alquileres? Las fuentes consultadas por Página Siete coinciden en que el Gobierno no hace nada por regularizar esta situación.

Asimismo, parte de los terrenos que son del Estado y que el LAB dice que son suyos, han sido avasallados por loteadores en Oruro y Cochabamba.

La gerencia del LAB lo sabe, y el Gobierno también. Mientras, silenciosamente el proceso avanza hacia el remate.

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