P7 Plus Investiga: Avasalladores “casi profesionales” operan con redes de corrupción

Actúan con grupos de choque armados, construyen casas tiempo récord y sacan papeles duplicados con aval oficial. Página Siete presenta una serie de cuatro reportajes sobre el tema. Hoy va el primero.

Economía
La Paz - domingo, 02 de octubre de 2022 - 0:00

Lenny Chuquimia y María Mena / La Paz y Cochabamba

Los avasalladores se han “profesionalizado” en la toma ilegal de tierras. Actúan con grupos de choque, incluso armados, que se asientan en predios privados o fiscales y en tiempo récord construyen casas y logran servicios; también obtienen papeles duplicados que en muchos casos tienen aval oficial y para ello se articulan en redes que, según las denuncias, incluyen funcionarios de entidades encargadas del control.

En las ciudades, los loteadores apuntan a predios limítrofes entre municipios e incluso presentan títulos avalados por Derechos Reales o por alcaldías. En el área rural, su objetivo son las tierras fiscales y para obtenerlas “inventan” comunidades fantasmas. En todos los casos, la violencia es el denominador común.

El Tribunal Agroambiental, a mayo de este año, atendía 1.435 casos de avasallamientos en el país: 716 casos corresponden a Cochabamba, 243 a Santa Cruz; 241 a Tarija; 218 a La Paz; 216 a Chuquisaca; 139 a Potosí; 119 a Beni; 112 a Oruro y 15 a Pando.

Sin embargo, las denuncias que no llegan a esta instancia son muchas más. Algunos casos barriales se quedan en las alcaldías, que no hacen públicos sus registros de loteamientos.

“Los loteadores ya actúan de forma profesional. Tienen grupos de choque, contactos en la Alcaldía de La Paz, en las de los municipios vecinos y en Derechos Reales. Sino ¿cómo consiguen los papeles?”, cuestionó Víctor Cabrera, vicepresidente de la junta de vecinos de Irpavi, una de las zonas más avasalladas de la sede de gobierno.

En esta situación, los propietarios legítimos están desprotegidos. No hallan respuestas en los gobiernos municipales ni en Derechos Reales ni en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y tampoco en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Redes de corrupción

En mayo pasado, decenas de autodenominadas víctimas de avasallamientos realizaron marchas y protestas en Cochabamba, Arbieto y en Sacaba. “Exigimos que se detengan los loteamientos y asentamientos ilegales, parecen que están protegidos por funcionarios”, reclamaba uno de los movilizados.

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cochabamba denunció ante la Fiscalía departamental a una red de funcionarios del INRA e identificó 55 loteadores que trafican con tierras productivas, predios fiscales y áreas verdes. El titular departamental de la entidad, Armando Mita, negó las acusaciones y pidió pruebas.

Las sindicaciones contra el INRA se extienden hasta el oriente y también salpican a la ABT. Además de corrupción, se apunta a la protección política.

“El tráfico de tierras se intensificó desde 2011. El consorcio llamado ‘INRA paralelo’, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y ‘blanquear’ antecedentes jurídicos para entregar tierras fiscales al mejor postor. En lugar de encarcelar a este grupo delincuencial, los denunciantes, entre ellos Juan Carlos Rojas y Alejandro Almaraz, fueron alejados de sus cargos públicos”, se lee en un informe de Fundación Tierra.

“Hemos notado cierta pasividad tanto en la autoridad departamental del INRA como también de la ABT de Santa Cruz. Las denuncias por avasallamiento y el aprovechamiento ilegal de madera no es atendido oportunamente. Las autoridades deben tomar muy en serio esta situación”, advirtieron desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz).

El director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, informó que el 96% de tierras fiscales en el oriente fue entregado a aliados del MAS como Bartolinas o interculturales. “El objetivo es tener control político del espacio territorial”, apuntó.

Títulos duplicados o falsos

Tanto en el área urbana como en la rural, los loteadores identifican terrenos vulnerables por vacíos legales, producto de los precarios registros oficiales.

“Pasa mucho, no solo en avasallamientos, sino en urbanizaciones. Venden los terrenos, pero no entregan los papeles. Cuando uno ya está construyendo aparece otra persona con folio. Ahí empieza el conflicto por el mejor derecho propietario”, dijo el viceministro de Defensa al Consumidor Jorge Silva.

“Derechos Reales está implicado en el circuito de tráfico de tierras urbanas. Es parte de esa organización en la que están las Alcaldías, que aprueban planos y dejan construir sin ningún tipo de fiscalización. La víctima es el ciudadano, el usuario”, recalcó.

En Santa Cruz, por ejemplo, una urbanización tiene 19 dueños y los 19 tienen folio real. “Es estructural”, sostuvo Silva y recalcó la necesidad de transformar Derechos Reales.

Piedras, palos y armas

Otra de las características de los avasallamientos es la extrema violencia con la que se realizan las tomas. En la región cruceña de Guarayos, casos como Las Londras evidencian que los grupos están armados.

“Muchos avasallamientos encubren otras actividades ilícitas como ser explotación de madera ilegal o el narcotráfico”, alertan desde Fegasacruz. Pese a las evidencias, la mayoría de las tomas ilegales siguen impunes.

Está es la primera de cuatro entregas del trabajo de investigación de P7 Plus Investiga. Vea la versión multimedia al seguir este link.

Cuatro aspectos para prevenir riesgos en la compra de bienes

Los avasalladores se valen también de la inseguridad jurídica en la compra venta de terrenos y aprovechan los problemas sobre la titularidad. A continuación le presentamos los documentos y aspectos que debe revisar antes de hacer una inversión patrimonial.

1. Verifique el vendedor

Asegúrese que la persona o inmobiliaria que vende la propiedad sea confiable y no tenga antecedentes por estelionato, loteamiento o avasallamiento. En caso de acudir a una empresa, lo básico que deben tener es un Número de Identificación Tributaria (NIT) de Impuestos Nacionales, Licencia de Funcionamiento Municipal y matrícula de comercio emitida por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec). Verifique los documentos en los portales de cada institución.

2. Revise los documentos

Para toda transacción, ya sea de proyectos a futuro, compras de casa o terrenos, siempre se debe pedir el folio real. En el documento está el número de registro con el que se puede solicitar una copia en Derechos Reales, por cuenta propia.

Esto le ayudará a verificar que el documento no esté adulterado, falsificado o desactualizado. Ahí podrá revisar el historial del inmueble, los dueños originales y los compradores, si es que hubiera, y si éstos corresponden a los actuales propietarios.

“Con el documento se debe revisar si el inmueble tiene algún gravamen, no sólo económico, sino judicial o por impuestos. El comprador, por su cuenta, debe sacar este folio y revisarlo con un abogado para asegurar el tema legal”, declaró Alarcón.

3. Agencias y financiamiento

Tenga cuidado con las promesas de financiamiento. No es normal que una urbanización ofrezca este servicio si no es en una entidad financiera, porque se daría lugar a actividades que deben ser reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Ninguna institución inmobiliaria puede realizar préstamos, créditos o prometer el pago de intereses a cambio de inversiones, sin tener una licencia financiera.

La ASFI advierte a la ciudadanía no dejarse sorprender por este tipo de anuncios, en los que se ofrecen condiciones financieras aparentemente favorables. Señala que al estar al margen de la regulación de esta entidad podrían ser un engaño o estafa.

En estos casos se recomienda acudir sólo a las entidades autorizadas para realizar actividades financieras. La lista está publicada en la página web de la ASFI o puede llamar a la línea gratuita de la institución: 800-103-103.

4. Los contratos de preventa

En el caso de compras en proyectos de preventa, muy común en terrenos y urbanizaciones, pida la ayuda de un abogado, de alguna de las cámaras inmobiliarias legalmente establecidas o de Defensa al Consumidor. Así podrá verificar que el contrato que le den a firmar no contenga cláusulas abusivas y se enmarque en la ley.

El Decreto Supremo 4732 dispone que estos contratos deben tener claras las condiciones de pagos, la entrega inmediata del título de propiedad una vez pagado el bien y que no habrá modificaciones unilaterales en el acuerdo.

“Este DS señala 17 parámetros que deben cumplir estos contratos para evitar las cláusulas abusivas, como que deben estar identificados el propietario, el promotor, intermediario o constructor, además de la identificación de los documentos”, señaló el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva.


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