Por Quiborax y BBVA, Bolivia pagará $us 129 millones más de lo que exigieron ambas empresas

Las derrotas en los arbitrajes son atribuidas a la ineficiente defensa de los intereses del Estado por parte del Gobierno del MAS.

Economía
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La Paz - miércoles, 20 de julio de 2022 - 11:58

Debido a la ineficiencia en la defensa de los intereses del Estado por parte de autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), en los casos Quiborax y BBVA el país pagará 129,6 millones de dólares más de lo que esas dos empresas exigieron en principio para cerrar ambos procesos.

El reciente laudo establecido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) referido al banco español BBVA, el Estado boliviano deberá pagar 105 millones de dólares por la nacionalización de la AFP Previsión. El primer decreto supremo para la creación de la Gestora Pública, que reemplazará a las AFP, fue firmado en 2010 y hasta la fecha el proceso no concluye.

El laudo del Ciadi revela que BBVA ofreció 15 millones de dólares por la venta de sus acciones en 2010, pero el Gobierno demoró dos años en responder a esa oferta y le propuso a cambio la irrisoria suma de 500.000 dólares, que fue obviamente rechazada, explicó el economista José Gabriel Espinoza.

Por último, con el laudo conocido la semana pasada, que es inapelable, Bolivia debe pagar 105 millones de dólares, es decir 90 millones más de lo que BBVA demandó al principio.

La demora en la aplicación de la nacionalización de las AFP es atribuible al entonces ministro de Economía, Luis Arce, y al viceministro de Pensiones, Mario Guillén. El encargado de la defensa del Estado era por esos días el procurador Pablo Menacho y el ministro de Justicia, Héctor Arce, resumió Brújula Digital.

Otro caso similar, en el que la deficiente defensa del Estado terminó por confirmar pagos superiores a los originalmente demandados es el de Quiborax, una empresa minera que operaba en el Salar de Uyuni y que con una mínima inversión se embolsó una millonaria indemnización luego re recurrir al arbitraje internacional.

Al disolverse su contrato, esa empresa primero pidió tres millones de dólares, pero el Estado boliviano rechazó la cifra. Luego Quiborax demandó una indemnización de 27 millones de dólares y la Procuraduría tampoco aceptó, hasta que el fallo final estableció una indemnización de 42,6 millones de dólares.

Durante todo ese proceso, Héctor Arce supervisó esas negociaciones desde su rol como procurador del Estado o ministro de Justicia. En la parte final de la negociación actuó el exprocurador Menacho.

“Estos casos pueden ser perfectamente tipificados como daño económico al Estado, pero evidentemente, con el sistema judicial en manos del Gobierno, ello no va a ocurrir”, agregó Espinoza.

El Estado boliviano sufrió hasta ahora al menos 12 derrotas en arbitrajes internacionales que enfrentó por las llamadas “nacionalizaciones” y otras controversias planteadas por compañías internacionales.

En suma, las indemnizaciones por esos procesos hasta ahora llegan a los 714 millones de dólares.

Al respecto, el jefe del MAS Evo Morales, quien era jefe de Estado en las gestiones a las que se remontan las “nacionalizaciones” y los inicios de arbitrajes, declaró la anterior semana en Argentina que sus colaboradores le advirtieron de los procesos internacionales que iniciarían las empresas afectadas, pero reveló que con asesoramiento de “argentinos, venezolanos, españoles y cubanos” encontró los mecanismos para nacionalizar las compañías extranjeras.

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