Desde ayer se realiza el X Seminario de Arbitraje de Inversión en la ciudad de Santa Cruz

San Miguel: Gobierno decretó pago de indemnizaciones para nacionalizaciones

El presidente del Instituto Boliviano de Arbitraje, Walker San Miguel, señaló que en muchos casos estas indemnizaciones no se pagaron o las empresas expropiadas no estuvieron de acuerdo con los términos propuestos.

Economía
viernes, 23 de septiembre de 2022 - 5:00

El exministro de Defensa y presidente del Instituto Boliviano de Arbitraje y Conciliación (IBAC), Walker San Miguel, afirmó que el Gobierno boliviano decretó el pago de indemnizaciones para cada una de las nacionalizaciones y expropiaciones que realizó.

“Bolivia, como muchos Estados cuando ha realizado actos expropiatorios, ha previsto una indemnización para los inversores internacionales. Estas nacionalizaciones no eran confiscaciones”, explicó la exautoridad y árbitro internacional.

San Miguel agregó que todos los decretos de nacionalización que promulgó el gobierno de Evo Morales contienen la previsión del pago de una indemnización a los inversores internacionales.

Sin embargo, estas indemnizaciones no se pagaron en algunos casos y en otros las empresas expropiadas no estuvieron de acuerdo con los términos propuestos.

“Todos los decretos de nacionalización incorporan la indemnización, lo que pasa es que no se ha indemnizado o los privados no han estado de acuerdo con los montos, así que los privados han acudido a un tribunal arbitral para que se pague la indemnización”.

San Miguel agregó que por ese motivo Bolivia ha sido llevada a tribunales internacionales de arbitraje.

“Lo correcto habría sido que concluidos los procesos de nacionalización o de expropiación, se hubiera terminado bien con la indemnización. Por ejemplo, en la mayoría de las nacionalizaciones o expropiaciones en el sector hidrocarburífero se resolvieron por la vía de acuerdos directos con los inversionistas”, explicó.

Hasta la fecha, Bolivia ha sido derrotada en al menos 12 arbitrajes internacionales por la nacionalización y otros litigios, lo que ha costado a las arcas del Estado 714 millones de dólares.

El último de estos arbitrajes fue impulsado por el Banco Bilbao Viscaya (BBVA) por la salida de la AFP Previsión y significó al Estado una indemnización de 105 millones de dólares.

Encuentro de árbitros

Ayer dio inicio el X Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión, organizado por el IBAC y el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), en la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de profundizar en la investigación, así como en la capacitación académica y la difusión del arbitraje como medio alternativo a la solución de controversias.

En el evento participan más de 50 expositores de España, Francia, EEUU, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia.

“El seminario nos permite tener experiencias de otras latitudes y también presentar las nuestras. Nuestros países vamos a requerir más inversión extranjera que requiere de un marco protectivo, de una seguridad jurídica para grandes proyectos de energía, minería, hidrocarburos, infraestructura e incluso turísticos”, señaló San Miguel.

Asimismo, el experto resaltó que el seminario, que hoy tendrá su cierre, servirá para que los juristas nacionales puedan conocer de casos y estrategias llevadas a cabo con éxito en otros países.

“Hay distintas visiones, posturas y orientaciones, lo que podemos aprender son casos que se han producido en otras latitudes y la jurisprudencia arbitral también le otorga al jurista boliviano una vertiente nueva que no hay en nuestro país, ya que aquí estamos en una etapa primigenia”, agregó.

Tratados bilaterales

Convenios En las décadas de los 80 y 90, el país suscribió hasta 21 tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones, los cuales fueron denunciados en su totalidad hasta 2013, es a raíz de estos tratados que Bolivia puede ser llevada a cortes internacionales de arbitraje.

Protección A pesar de haber sido denunciados, esto no implica que estos TBI pierdan su vigencia inmediatamente, sino que la protección a las inversiones se prolonga por un plazo. “El propio convenio dice que si una parte renuncia, todavía gozarán sus connacionales de protección por un periodo de tiempo, es a lo que se llama ultractividad”, señaló el experto Walker San Miguel.

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