ANUARIO 2016 DE PÁGINA SIETE

Corrupción en el Fondioc cobró factura al Gobierno

Dos exministras Julia Ramos y Nemesia Achacollo y más de 20 dirigentes están con detención preventiva en la cárcel por el desfalco millonario en el Fondo Indígena.
martes, 20 de diciembre de 2016 · 02:00
Beatriz Layme Periodista
 
El caso del Fondo Indígena se convirtió en uno de los casos de corrupción más grandes desde que el presidente Evo Morales tomó posesión en   2006. Sacudió de tal forma   al partido oficialista MAS, que algunos analistas opinan que  le pasó factura en el referendo del 21 de febrero.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, admitió el caso del Fondo Indígena como el hecho de corrupción que más golpeó al Ejecutivo y al partido oficialista MAS. Pidió a la Fiscalía dar con los responsables.

A casi tres años de que se destapó el millonario desfalco, la Fiscalía no recuperó el dinero ni dio con los responsables. Al contrario, el caso quedó congelado desde la aprehensión y detención preventiva de Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y expresidenta del  Directorio del Fondo Indígena.

El caso fue denunciado por Página Siete  el 11 de noviembre de 2013, con tres reportajes. El primer reportaje titulaba "Denuncian supuestos proyectos fantasmas en el Fondo Indígena”. Por esa denuncia un dirigente de los Ponchos Rojos amenazó al diario con ocupar sus instalaciones. 

El 9 de diciembre del mismo año, Página Siete publicó el segundo reportaje  bajo el título: "Sólo uno de los 894 proyectos del Fondo Indígena concluyó”. Dos días después, otra publicación decía: "Se desconoce el destino de 503 millones de bolivianos para proyectos” (dinero transferido entre 2010 y 2013 para ejecutar 894 emprendimientos).

Después de más de un año, el 12 de febrero de 2015, el entonces contralor Gabriel Herbas, exdiputado del MAS, confirmó un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y fantasmas. Trece días después, el 25 de febrero de 2015, fue designada Lariza Fuentes como Interventora del también conocido como Fondioc.
 
Paralelamente, el caso fue derivado a la Fiscalía para que se dé con los responsables. 

Seis meses después, el 25 de agosto de 2015, Fuentes informó un daño económico de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos "fantasma” y 713 inconclusos que recibieron al menos un desembolso en cuentas particulares.  En total, el daño económico -que identificaron- fue de 173 millones de bolivianos.  

Luego de cuatro días, Achacollo renunció a su cargo de ministra.

En esa coyuntura, la ministra de Transparencia, Leny Valdivia, aseguró que las transferencias bancarias a cuentas particulares fueron producto de una mala gestión en el Fondo Indígena, creado en 2005 para financiar proyectos de desarrollo en áreas campesinas y territorios indígenas. 

El Gobierno se vio en una situación muy incómoda. Hasta entonces, el presidente Morales acostumbraba decir que los pueblos indígenas eran "la reserva moral de la humanidad” y aseguraba que sus dirigentes eran "incorruptibles”.

Para revertir la mala situación el Gobierno, mediante Decreto Supremo 2493, del 26 de agosto de 2015, creó el Fondo de Desarrollo Indígena como institución descentralizada. Paralelamente a Fuentes la designaron como Liquidadora del Fondioc, con una nueva misión: dirigir el proceso de liquidación de esa entidad por el lapso de un año. 

Sin informe  

Pasó más de un  año y hasta la fecha se desconocen las conclusiones del proceso de liquidación que dirigió Lariza Fuentes. 

Se creó  la Unidad de Liquidación del Fondo Indígena para que realice un inventario de los proyectos, documentos, activos y pasivos de la entidad; una auditoría especial para el cierre del  Fondo después del desfalco millonario. Además, para que haga el seguimiento a los procesos contra los dirigentes o responsables por no ejecutar o no presentar sus pruebas de descargo de los proyectos en los plazos establecidos.

El director del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, Eugenio Rojas, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, deslindaron responsabilidades y sostienen  -cada uno-  que no recibieron el informe. 

"La liquidación presentó su informe al Ministro de Desarrollo Rural (César Cocarico) bajo tuición”, dijo el director del nuevo Fondo, Eugenio Rojas, en noviembre pasado cuando brindó un informe ante la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas que preside el senador Óscar Ortiz (UD). 

En tanto, Cocarico manifestó a Página Siete que la Liquidadora dejó su informe al Fondo de Desarrollo Indígena. "Entonces es esta dirección la que tiene el informe. Qué raro (que diga que no tiene el informe) las transferencias de activos y de pasivos se pasan directamente al nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, no tiene por qué pasar por el Ministerio”, aseguró el ministro Cocarico.

Explicó que su ministerio es un ente fiscalizador para que los proyectos se ejecuten como señala la ley. 

"No tiene por qué retener informe y si eso está pasando se tiene que regular, la Liquidadora tenía que haber pasado toda la información a la liquidadora de Fondo de Desarrollo Indígena”, reclamó Cocarico. 

Sólo se conoce que el Fondo Indígena desembolsó recursos para 1.099 proyectos y no así para 1.100 proyectos como  inicialmente comunicó Lariza Fuentes. 

Además, se sabe que dirigentes entregaron descargos de 389 proyectos y que el nuevo Fondo Indígena  aún revisa la documentación de 213 proyectos, mientras procesa 128  debido a que hasta el 15 de agosto los dirigentes seguían entregando sus respaldos.

Los detenidos 

Por ese caso se iniciaron 86 procesos penales, de los cuales 74 son contra los directores ejecutivos del ex-Fondo Indígena, dirigentes y representantes legales de cada proyecto. Otros 12 son procesos contra exfuncionarios.

Por el caso Fondioc 10 personas están con  detención domiciliaria, 37 con detención preventiva, 22 con medidas sustitutivas, 18 fueron declaradas rebeldes, 20 están con medidas cautelares; en total,  105 imputados. 

Entre los acusados, salieron del país Daniel Zapata, exdirector del Fondioc; Rosendo Alpire Nominé, exembajador de Bolivia en Paraguay,   representante legal de un proyecto observado. A ellos se suma el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, quien se refugia en la selva de Ecuador.

En una primera etapa (2015) se detuvo a ocho personas, dos son exdirectores ejecutivos del Fondioc: 

Marco Antonio Aramayo y Elvira Parra, que se encuentran en centros penitenciarios de La Paz. A esas detenciones se sumó la del Jili Apu Mallku del Conamaq, Félix Becerra, crítico del MAS.
En una segunda etapa, a dos meses del referendo constitucional del 21 de febrero, se produjo una ola de aprehensiones. En cuatro días detuvieron a siete personas. 

Sorpresivamente detuvieron a Julia Ramos Sánchez, la exministra de Desarrollo Rural, expresidenta del directorio de Fondioc, representante legal de proyectos del Fondo y por último, ejecutiva nacional de las Bartolinas. Ella fue enviada a la cárcel de Obrajes por 28 proyectos observados que contaban con un financiamiento de 19.500.855   bolivianos. 

Luego fue enviada al penal de Miraflores  Melva Hurtado Áñez, dirigente de la CIDOB. Fue acusada de 13 proyectos observados por un monto de 20.942,02 bolivianos.

 En diciembre, también fue aprehendido y remitido a la cárcel de San Pedro, Damián Condori, exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, crítico del partido de Gobierno.  

También fueron aprehendidos Jorge Choque Salomé y Felipa Merina, ambos senadores del MAS y representantes legales de proyectos financiados por el Fondo Indígena. Por ser legisladores no fueron enviados a un centro penitenciario, se beneficiaron con medidas sustitutivas.

La oposición exigía detener a los "verdaderos” responsables. El diputado de oposición, Rafael Quispe, querellante en el caso Fondo Indígena, demandó la aprehensión de Nemesia Achacollo, pues ella firmó las resoluciones ministeriales que autorizaban los desembolsos a cuentas particulares.

Solicitó también al Ministerio Público, mediante memorial, la captura de los dirigentes Hilarión Mamani, dirigente del Conamaq; Juanita Ancieta, ejecutiva nacional de las Bartolinas; Rodolfo Machaca dirigente de los campesinos; Ever Choquehuanca, de los interculturales; Felipa Huanca, por recibir en sus cuentas recursos del Fondioc.

Tuvieron que pasar seis meses para que la justicia aprehenda y envíe a Nemesia Achacollo al penal de mujeres de Miraflores, donde también está Melva Hurtado. 

 Nemesia Achacollo  

"… ‘la plata es nuestra, nosotros hemos defendido con marchas, esos recursos del IDH son para proyectos productivos; por último, pues, nos la comeremos, es plata nuestra’, así me decían los dirigentes”. Con esa frase reivindicó su inocencia Nemesia Achacollo, en los estrados judiciales el 5 de agosto de 2016, cuando fue remitida a la cárcel, con detención preventiva, acusada de corrupción en el Fondo Indígena.

Achacollo, quien juró el 23 de enero de 2010 como la tercera ministra de Desarrollo Rural y Tierras de Evo Morales y presidió por casi seis años el Directorio del Fondo Indígena, tenía la obligación de aprobar o rechazar el financiamiento de proyectos, mediante resoluciones ministeriales expresas.

En ese marco, la justicia estableció que Achacollo aprobó -entre   2010  y  2015- el desembolso de proyectos, sin observar el procedimiento y exigir requisitos de fondo y de forma; además, autorizó  el desembolso de recursos económicos del Estado, que fueron a parar a manos de particulares.

No obstante, Achacollo insiste en su inocencia. Asegura que el Fondo Indígena tenía trato especial, pues desde su creación dependía de un directorio, en el que  la mayoría eran las organizaciones sociales, que aprobaban los proyectos, la distribución de los fondos y fiscalización.  En ese sentido, indica que las organizaciones son las que debían hacer el seguimiento.

Nunca imaginó que iría a la cárcel; sin embargo, ya son cinco meses que Achacollo está en el penal de mujeres de Miraflores. 

Achacollo Tola segunda hija de Manuel Achacollo y Paulina Tola. nació el 18 de julio de 1967 en Villa Yapacaní provincia Ichilo de Santa Cruz. Fue a la escuela y aprendió lo necesario: leer y escribir. Dejó la escuela en cuarto básico. Años después aprendió corte y confección y se dedicó a ese oficio.

A sus 21 años conoció a Adalberto Mendoza, un chofer, con el que tiene cuatro hijos. Por problemas, se vio obligada a emigrar al pueblo de San Luis, ahí dejó su máquina de coser. Como nadie la conocía como costurera, Achacollo comenzó a ganarse la vida vendiendo refrescos y empanadas en reuniones del sindicato.

Se hizo conocida y fue elegida  presidenta del Comité de Agua. Achacollo logró conseguir agua para San Luis; los comunarios, contentos, la postularon para concejala suplente de Santa Rosa y tras invitar a Evo Morales a dar una charla en San Luis, se declaró militante del MAS.

Años después, en 2001,  se convirtió en líder departamental de la Federación Bartolina Sisa de Santa Cruz, luego -el 1 de mayo de 2003- dirigente departamental del MAS, y en 2004 fue  secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Con ese cargo llegó a ser diputada del MAS por Santa Cruz y posteriormente ministra de Desarrollo Rural.

Antes de estar presa, el nombre de Achacollo incluso sonaba para ser candidata a vicepresidenta.

Sin embargo, hoy está en la cárcel, además de autorizar los desembolsos para proyectos sin observar el procedimiento y exigir requisitos de fondo, por entregar -según el fiscal- en un año electoral (2014) 600 mil bolivianos a cada organización nacional y 300 mil  bolivianos a las organizaciones regionales para que supuestamente fiscalicen los proyectos del Fondioc.

En total, entregó a ocho organizaciones, miembros del Fondo Indígena, 2,9 millones de bolivianos. La oposición sospecha  que el dinero fue para reforzar la campaña de la segunda reelección de Morales, del 21 de febrero.

 

 Piden abrir el caso Fondo Indígena II para investigar exclusivamente a  ministerios  

El diputado de oposición Rafael Quispe, querellante, planteó  a la Fiscalía abrir el caso Fondo Indígena II en el que sean investigados exclusivamente los ministros que eran parte del directorio de la entidad indígena.

 Formaron parte del Directorio, con representantes,  los ministerios de la Presidencia, de Desarrollo Productivo, Economía, Planificación y Desarrollo Rural.  

Quispe presentó en febrero la ampliación de la denuncia contra el ministro de Economía Luis Arce. Hasta la fecha no se convocó a la autoridad para que preste su declaración.

El abogado de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, Ángel Mercado, manifestó que los 12 representantes de organizaciones sociales y cinco de ministerios también eran miembros de esta entidad y "todos tienen corresponsabilidad compartida”.

En ese marco, Óscar Campero, uno de los fiscales que investiga el caso del exFondo Indígena (Fondioc), informó que el Ministerio Público evaluará  si es pertinente convocar a declarar a otras autoridades. "Puede mencionar cualquier cosa. Lo que tenemos que hacer es compulsar si es pertinente o no convocar a esas autoridades”, dijo el fiscal.

 Dirigentes indígenas también demandan  "que todos los ministros y exministros sean investigados” y se pidió a Morales no protegerlos. 

 
 
 
 
 
 

 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

80
3