ANUARIO 2016 DE PÁGINA SIETE

Las FFAA , envueltas en corrupción y bajo la sombra

La compra irregular de motores en dos años fue uno de los escándalos en la fuerza aérea. Asimismo, en el Ejército se desvió dinero por puestos militares que nunca se construyeron.
martes, 20 de diciembre de 2016 · 02:00
Daniela Romero Linares Periodista
 

Cinco meses de hermetismo total. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y el actual comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Juan Gonzalo Durán, guardan silencio sobre las compras irregulares de motores y repuestos que se hicieron en por lo menos dos gestiones (2014-2015).
 
Este año fue uno de los más incómodos para la institución castrense por recurrentes denuncias de corrupción; sin embargo,  en su afán de no generar más polémica, creó más dudas.

El caso de las barcazas chinas (compra irregular en 2009 de 16 embarcaciones y remolcadores) hizo tambalear la transparencia de las Fuerzas Armadas. No obstante, después de este hecho salieron a   luz otros casos de presunta corrupción.

 Uno de éstos  es la compra de  motores para aviones de Transporte Aéreos Militares (TAM) que hizo la FAB mediante contrataciones por excepción, una modalidad que no va acorde a lo que señalan las normas. Asimismo, los artefactos llegaron con fallas y sin documentos respectivos.
   Pero hay más. Al menos cuatro aparatos llegaron a Bolivia meses antes   que se hicieran los contratos de compra y venta con la empresa privada SAE, también cuestionada.

 En el caso de los primeros dos motores, la resolución administrativa  384/15 de la FAB, emitida el 3 de septiembre de 2015, autoriza la compra de dos motores  para el avión BAe 146-200, con matrícula FAB-105, bajo la modalidad por excepción. El documento está firmado por Durán.

Un informe técnico elevado un día antes, el 2 de septiembre, que recomienda la adquisición de dos motores básicos para el avión. Sin embargo, ambos artefactos  operaban desde   junio y julio de ese año, respectivamente; es decir, tres y dos meses antes de hacer la compra formal.

 Un reporte de ingreso de material de uso aeronáutico del 19 de junio de 2015 informa la recepción de un motor, sus características y el monto éste: 330 mil dólares. Se observa el sello  de la FAB en el documento.

El segundo se instaló el 27 de julio de 2015, según un informe de mantenimiento. Pero el acta oficial de entrega y recepción de ambos motores está fechado el 21 de septiembre del año pasado.

  El tercer motor fue  entregado oficialmente por SAE a la FAB el 14 de diciembre de 2015, según el acta respectiva. "Será utilizado en la aeronave BAe 146-200, matrícula FAB-105”, indica y luego están las firmas de los encargados de la recepción del motor.  No obstante, un mes antes Durán autorizó el proceso por excepción.

La resolución administrativa 522/15, del 19 de noviembre de ese año, inicia el proceso de contratación por excepción para la compra del aparato. El procedimiento lo autoriza también Durán.

La factura de envío     que hace la empresa para la FAB es del 8 de septiembre. En ésta se señala el número de serie que coincide con el motor. Con este documento se establece que la compra del motor  fue al menos dos meses antes de  que se hiciera el contrato con la empresa  y antes del proceso de adquisición, incluidos los informes que sugieren que se adquiera el motor.

Lo mismo ocurrió con la llegada del cuarto motor. En este caso el reporte de ingreso a Bolivia está registrado el 9 de noviembre de 2015. En éste se señala las características del aparato, como el peso, las partes, el precio, el código de la mercancía, el estado en el que se encuentra (usado), entre otros datos. Pero, paradójicamente,  el 30 de ese mes recién se emitió un informe técnico a través del cual se efectúa  el requerimiento del motor para el avión  Boeing 737-200, con matrícula FAB-117.

Otros  motores, e incluso los anteriores,  llegaron a Bolivia con fallas técnicas y sin documentos de fabricación ni especificaciones. Aún así, la FAB los aceptó e instaló en las aeronaves del TAM.  
El proceso por excepción

  Otro hecho irregular fue el procedimiento que utilizó la FAB para la adquisición de los aparatos.
 
La  figura de  excepción debe cumplir causales, como cuando haya un único proveedor para la compra.  

La FAB compró los cuatro motores bajo esta modalidad. Para tal efecto  se amparó en los incisos i) y j) del artículo 65  del Decreto Supremo 181 (SABS), pero a la vez no los cumplió.

Éste señala que un contrato por excepción procederá única y exclusivamente en casos específicos. El inciso i) señala por "contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de comando, control y comunicaciones por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, por razones de seguridad y defensa del Estado”. En este apunte  no se menciona a la FAB.

Asimismo, el inciso j) establece que "el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas y el Comando de Ingeniería del Ejército podrá  efectuar la contratación de maquinaria y equipo reacondicionado (...)”. Este punto tampoco habilita a la FAB.

Eso no es todo, el artículo 64 de la norma indica que la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) es la responsable de las contrataciones por excepción, sin embargo, en este caso el Ministerio de Defensa (la MAE) no estuvo a cargo de ninguna compra.

Pero la FAB se basa también en una resolución ministerial, en la que el Ministerio de Defensa  señala que es procedente    que el comandante de la FAB y el director general de asuntos administrativos "dispongan la suscripción de un contrato  por excepción”. Sin embargo, la Contraloría General del Estado (CGE) observó la resolución ministerial después de hacer una evaluación  desde agosto de 2014 sobre los procesos de contratación por excepción de la FAB.

Al menos tres advertencias de la  Contraloría General

"Ésta no delega ni designa la responsabilidad a funcionario alguno para los procesos de contratación por excepción, por lo tanto no procede    que el comandante de la Fuerza Aérea autorice el inicio de los procesos de contratación por excepción”, indica una carta enviada el 21 de septiembre de 2015 al entonces comandante de la FAB: Juan Gonzalo Durán.

Como ésta hubo al menos dos documentos más que envió el ente regulador a la FAB para que frene las compras mediante esa modalidad, pero la fuerza castrense siguió con las adquisiciones durante los meses siguientes. En noviembre del año pasado, Durán suscribió al menos seis contratos por excepción.

Pero un año antes, en agosto de 2014, la Contraloría ya había advertido a la FAB sobre los procesos de contratación por excepción después  de una evaluación que se realizó.

En marzo de 2015, la fuerza castrense envió a la Contraloría información complementaria sobre el procedimiento de las contrataciones por excepción. Aún con esos datos, el ente de control asegura a la FAB que la resolución ministerial enviada no cambia lo esencial de los procesos de contratación.

Después de que salieran   a luz pública los documentos y la denuncia sobre irregularidades en las compras de motores, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, trató de argumentar un presunto choque de normas que no especifican las atribuciones de su cartera y de las Fuerzas Armadas.

 Se refirió a la Ley Orgánica de la institución castrense que, según él, otorga  facultades a las fuerzas para realizar adquisiciones. No obstante, en esta normativa no hay un artículo que detalle esa especificación.

En septiembre de este año, Ferreira afirmó que había más de 100 contratos por excepción que efectuó la FAB en la gestión 2015, los cuales eran  sometidos a una auditoría interna.  "Está marchando, es una de las medidas que hemos tomado, eso no es algo que se pueda (resolver rápido) son ciento y algo contratos, se imaginará que no es fácil hacer uno por día”, respondió aquella vez.

Hasta la fecha sólo se conoció algunas responsabilidades administrativas de la gestión 2014 que revelaron las auditorías. Víctor Hugo Meneses, excomandante de la FAB (2014) fue procesado incluso penalmente.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa no dio a conocer hasta ahora sobre el resultado  de la auditoría realizada a las contrataciones de la FAB de 2015. En todas las compras, el actual comandante de la Fuerzas Armadas, Juan Gonzalo Durán, firmó los contratos.

Las irregularidades traen pérdidas económicas. Con sólo cuatro motores comprados con fallas técnicas y que funcionaron sólo un año, la fuerza aérea perdió alrededor de 500 mil dólares. Los aparatos fueron removidos para siempre. 

Escueta respuesta de la FAB

Ante las recurrentes solicitudes de entrevista con Durán, desde la FAB respondieron: "Respecto a las consultas de su periódico, hacerles conocer que de manera institucional respondimos formalmente a los requerimientos de peticiones de informe debidos. Si este caso ya se encuentra en la jurisdicción ordinaria, serán las autoridades competentes quienes realicen los requerimientos debidos”.

Compra de dos aviones chinos

Una de las compras que hizo la FAB, y que fue cuestionada, fue la de aviones chinos por los cuales desembolsó  40 millones de dólares, en 2008, cuando estas aeronaves  valían 26 millones. El paquete presentado por la fuerza castrense incluía insumos, capacitación de pilotos y otros ítems.

 El Ministro de Defensa fue interpelado el 7 de octubre. Ante los legisladores reconoció que los documentos de la compra de los dos aviones "desaparecieron” y que se inició acciones legales en busca de los responsables.

 

Un excomandante de la entidad castrense cayó por el caso de los puestos militares

El excomandante de las Fuerza Armadas Omar Salinas cumple arresto domiciliario. A finales de octubre, el entonces fiscal Ánghelo Saravia ordenó la aprehensión del exjefe militar después de acusarlo de ejecutar irregularmente la construcción de nueve puestos militares y ocasionar un millonario daño económico al Estado.

Se le atribuyó además  el no haber ejecutado de las pólizas de garantía para recuperar los recursos que fueron adelantados a la Empresa Integración del Chaco.

El dinero utilizado para estas construcciones eran del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.

Asimismo, el coronel  Winston Celis  fungía en 2014 como director administrativo financiero del Ejército y, según revela un audio,  gestionó para que los militares y representantes de la empresa devolvieran el dinero del anticipo que se habrían repartido ilegalmente.

Por este caso están con detención preventiva el excomandante del Ejército (2013), Fernando Zeballos, y uno de los representantes de la empresa Integración del Chaco, Néstor Terán Zumaran.

En diciembre de 2013 Zeballos firmó nueve contratos con la empresa accidental Integración del Chaco para la construcción de los puestos militares ubicados en diferentes puntos fronterizos.
 
Los puestos militares nunca fueron construidos.  
 
 
 
 
 
 


 

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