ANUARIO 2016 DE PÁGINA SIETE

El conflicto cooperativista que puso en jaque a Evo

Los enfrentamientos de agosto dejaron seis muertos: cinco mineros y el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. Los cooperativistas fueron aliados del Gobierno desde 2006.
miércoles, 21 de diciembre de 2016 · 00:00
Juan Carlos Véliz Morejón Periodista
 
Seis muertos. Ése fue el saldo del mayor conflicto que enfrentó el Gobierno con uno de sus aliados desde 2006. Los mineros cooperativistas fueron socios estratégicos del "proceso de cambio” y al amparo de esa alianza lograron beneficios para su sector y también cupos de poder.

El romance encalló después de que el Órgano Ejecutivo determinó que los trabajadores de las cooperativas mineras pueden constituir sindicatos, un concepto que no cayó bien a los obreros por cuenta propia, porque, según ellos, echaba por tierra el concepto y origen del cooperativismo.

Después de una década de romance, el Gobierno tenía sus razones para romper. Una buena parte de las cooperativas mineras se habían transformado en empresas mineras que contrataban jornaleros para la explotación minera sin pagarles ningún beneficio social, sin seguro de salud y sin seguro de vida.

Los mineros cooperativistas iniciaron el bloqueo de las carreteras principales el 10 de agosto como demanda para la modificación de la Ley 149 que establece la sindicalización de las cooperativas mineras.

La mencionada norma en su disposición final única estipula: "En resguardo de los derechos constitucionales en vigencia, se respetan en las cooperativas  los derechos sindicales, laborales y de asociados de los sindicatos que incluyan asociadas y asociados pre-existentes a la promulgación de la presente ley, así como de los que fueren a constituirse a futuro en los sectores de Servicios y Servicios Públicos”.

El entonces presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Albino García, dijo que ese artículo colisiona con el artículo 37 de la Ley General de Cooperativas. "En nuestro modesto entender las dos colisionan y no pueden convivir ambas; en ese sentido, el Gobierno está obligado a abrogar o derogar la misma disposición por cuanto existen resoluciones constitucionales y no sólo una, sino dos, una de 2013 y la de 2014”, explicó.

El artículo 37 de la Ley de Cooperativas, promulgada en 2013, en su parágrafo IV, numeral 2, señalaba textualmente que "ninguna asociada o ningún asociado de una Cooperativa de Producción, Servicios y Servicios Públicos, podrá pertenecer a un sindicato laboral de la misma”.
El 10 de agosto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la vía Cochabamba-Oruro se encontraba cerrada al tráfico vehicular porque los mineros habrían dinamitado un cerro en el sector de Sayari y cubrieron la carretera con piedras.

También reportó que decenas de policías fueron tomados como rehenes por los bloqueadores. El conflicto iba escalando, aunque también se hicieron anuncios de que el 12 de agosto podría comenzar el diálogo entre autoridades del Órgano Ejecutivo y dirigentes del sector movilizado, pero esta posibilidad fue descartada.

El 13 de agosto, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), en un ampliado de emergencia, determinó no asistir al diálogo con el Gobierno mientras no fueran liberados sus 10 afiliados que fueron detenidos y enviados a la cárcel de San Pedro de La Paz tras ser acusados de secuestro, lesiones graves y gravísimas a policías durante los enfrentamientos en el sector de Mantecani, en la carretera Oruro-La Paz.

El 24 de agosto, después de una breve tregua, los trabajadores del subsuelo retomaron el cierre de rutas con una elevada violencia contra fuerzas del orden y población civil que se encontraba en los lugares de bloqueo. Desde entonces se registraron más enfrentamientos.

Ese día, 17 policías y 12 mineros cooperativistas resultaron heridos producto de los enfrentamientos. Hubo una decena de detenidos por la Policía y un efectivo del orden fue tomado como rehén.

Las movilizaciones de los mineros cooperativistas se caracterizaron por el excesivo uso de explosivos como dinamita y autoridades de Gobierno denunciaron el uso de armas de fuego. El informe del Defensor del Pueblo sobre este conflicto reporta  que efectivos policiales utilizaron armas letales para levantar los bloqueos en la carretera.

Los trabajadores de la prensa también fueron víctimas de la violencia cooperativista. Marco Ayllón, camarógrafo de Red Uno, y José Lavayén, fotoperiodista de La Razón, fueron retenidos y golpeados por los cooperativistas cuando cubrían los enfrentamientos con funcionarios policiales.
 
Lavayén sufrió el robo de su máscara antigás e intentaron quitarle su cámara fotográfica.

En jornadas anteriores también fue agredido el camarógrafo de Cadena A, Roger Salazar, y la periodista Carmen Tórrez. Los gremios de periodistas y de medios de comunicación demandaron garantías para realizar su  trabajo.

La violencia escalaba y el diálogo se alejaba más. El 24 de agosto, dos mineros fueron muertos por bala en el sector de Sayari, situado en la carretera La Paz-Cochabamba. Fermín Mamani, de 19 años, y Severino Ichota, de 45, las primeras bajas.

El Gobierno tardó en confirmar la existencia de las dos personas fallecidas pese a que los cuerpos fueron velados sobre la misma carretera.

El Ministerio de Gobierno admitió la muerte de Mamani por disparos de arma de fuego, pero deslindó responsabilidad de la Policía porque los efectivos del orden no portaban armas letales; sin embargo, los trabajadores del subsuelo responsabilizaron de las muertes a los uniformados.

En un comunicado dijo que los mineros en Sayari estaban armados con 10 fusiles Máuser y tenían la intención de provocar "una baja” con el propósito de complicar más el conflicto con el Gobierno.

Los posteriores días se convirtieron en una pesadilla. En los enfrentamientos con la Policía fallecieron otros dos mineros: uno por impacto de bala y  otro por una explosión de dinamita, lo que aumentó la tensión en el conflicto.

El 25 de agosto, los mineros tomaron de rehén al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, quien horas más tarde de ese día fue "brutalmente asesinado” por los cooperativistas. Ése fue el pico más alto de este conflicto y marcó el epílogo de la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), otrora aliada del Gobierno.

El Defensor del Pueblo en su informe defensorial sobre el conflicto cooperativista concluyó que algunos efectivos de la Policía utilizaron armas letales para el desbloqueo, versión que fue rechazada por la institución del verde olivo.

 Hasta el cierre de este anuario, la Fiscalía concentró su investigación en el asesinato del viceministro Illanes en Panduro, pero no registra avances en la indagación de la muerte de los mineros cooperativistas supuestamente por falta de pruebas.

 
 La "inmolación” de Illanes

"Nosotros tenemos mártires, los opositores tienen prófugos; nosotros tenemos héroes, defensores de los recursos naturales; ellos tienen delincuentes y privatizadores de los recursos naturales”. La frase corresponde al vicepresidente Álvaro García Linera en referencia al asesinato del viceministro Illanes.

Para el Gobierno, la autoridad    fue secuestrada, torturada y asesinada brutalmente,  se inmoló por el "proceso de cambio” y en defensa de los recursos naturales del país, por un grupo de mineros que pretendían hacerse con la riqueza minera en desmedro del Estado; aunque el poder económico y político que alcanzaron las cooperativas fue gracias a la alianza con el Ejecutivo. 

En lo que parecía  un obituario, el Ministerio de Trabajo escribió el siguiente mensaje: "Su inmolación (de Rodolfo Illanes) es el ejemplo de trabajo que debemos seguir. De pie, nunca de rodillas. Contra los enemigos de la amada patria, contra el odiado imperialismo”.

El 25 de agosto, Illanes se trasladó hasta Panduro con el objetivo de dialogar con los mineros que bloqueaban en ese sector desde  el 23, pero fue tomado como rehén para que la justicia libere a los trabajadores detenidos, es decir se pretenía "un canje”.

Aún se investiga por qué el Gobierno no actuó de inmediato para liberar al viceministro o entablar una negociación, aunque la versión inicial es que se había diseñado un operativo policial de rescate que hubiera dejado más de 50 fallecidos por lo que ese plan habría sido abortado.

La jornada del 25 de agosto se tiñó de sangre cuando cerca de  las 20 horas se confirmó que el Viceministro fue asesinado por la turba de mineros cooperativistas.

La muerte de Illanes marcó el pico más alto de la violencia generada por un conflicto entre aliados desde 2006 cuando el sector ocupó espacios de poder en el Ejecutivo. 

Wálter Villarroel, minero cooperativista, fue el primer ministro de Minería del presidente Evo Morales hasta que se suscitó el enfrentamiento en Huanuni entre mineros cooperativistas y sindicalizados.

     En 10 años recibieron maquinaria  para la explotación minera, volquetas, áreas de trabajo y créditos en cantidades indeterminadas.

Este sector logró ventajas como ninguno de los sectores que se dedican a la minería en Bolivia.

 Dionisio Garzón, experto y exministro de Minería,  en una entrevista con Página Siete dijo que las ventajas por el Gobierno a las cooperativas  serían el pago del 60% de las regalías mineras.
 
 Gobierno revisa  contratos que firmaron las cooperativas con empresas privadas

 Después del conflicto, el Gobierno decidió revisar los contratos que suscribieron  las cooperativas mineras con empresas privadas.

 En un intento por reparar daños al Estado y después del conflicto con los mineros cooperativistas que dejaron cinco muertos, las autoridades  fijaron su mirada en los acuerdos que sellaron sus aliados con empresas como Manquiri, que explota plata en San Bartolomé, Potosí.

"Las cooperativas mineras se han convertido en empresas capitalistas (...). En Potosí varias cooperativas han suscrito contratos con la empresa Manquiri, (que)  es el nombre boliviano de una transnacional que controla el segundo yacimiento de plata más grande del país”, denunció  el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada.

Después del conflicto, sectores sociales afines al MAS pidieron la reversión de las concesiones mineras a las cooperativas. No obstante, la suscripción de contratos entre cooperativas mineras y empresas privadas es añeja como la  alianza del Gobierno con los cooperativistas.

En abril de 2014, el ministro de Minería, César Navarro, identificó al menos 100 "cooperativas mineras de élite” que firmaron contratos "millonarios” con empresas  bolivianas y extranjeras, y  que se beneficiaban con el 70% y hasta el 85% de las ganancias netas.

 
 
 
 
 

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