La firma CAMC se adjudicó una obra ejecutada por personal no calificado

El Estado resolvió el contrato con el Consorcio porque “incumplió con la incorporación de personal clave”. Se desconoce la calidad de las obras ejecutadas entre 2009 y 2011, pues se carece de auditoría técnica.
jueves, 26 de mayo de 2016 · 00:00
Carla Hannover   /  La Paz
 
La falta de liquidez y de personal calificado fueron las causas  por las que la Empresa Estatal Misicuni resolvió el contrato con el Consorcio Hidroeléctrico que  se adjudicó, en 2009, la segunda fase del proyecto. Debido a estas irregularidades, la obra que   debía ser entregada a finales de 2012, quedó inconclusa y de esta forma  se dio paso a la contratación de la  china CAMC.  
 
"Si los trabajos  no se concluyeron,  ¿en qué estado se encontraban el momento en que  CAMC se adjudicó el proyecto?”, consulta el exasambleísta por Cochabamba Henry Paredes, quien los últimos seis años ha realizado un exhaustivo seguimiento al tema.  
   
En respuesta, el gerente de la Empresa Misicuni,  Leonardo Anaya, explicó que    la china CAMC recibió una obra con "un  avance físico  del 53,11%” y una ejecución  financiera del 62,5%, que equivale a  56,7  millones de dólares. El   contrato suscrito entre la Empresa Misicuni y el Consorcio inicialmente   ascendía a cerca de     80 millones de dólares, que el gobierno de Evo Morales gestionó a través de   un crédito  con el Gobierno italiano. 
 
Este monto más adelante sería incrementado a   90,7 millones  de dólares y financiado en su totalidad por el Estado, ya que el Gobierno italiano suspendió  el crédito meses después del inicio de los trabajos. 
 
Hasta 2011, año en que se suspendió la ejecución de las obras   por problemas al interior del  Consorcio, se había trabajado en la "construcción del túnel de desvío y galería de acceso que dejó en estado parcial;   los rellenos del cuerpo de la presa (parcial);  la construcción Pozo de Compuertas (parcial); la excavación del Vertedero (en fase inicial) y la construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable (parcial)”, indicó Anaya.
 
La información  no deja  de ser ambigua.  "Son datos que los cochabambinos merecemos saber con exactitud”, sostuvo  Paredes, quien denunció que "nunca se conoció  el estado real en el que quedaron las obras  que ejecutó   el  Consorcio Hidroeléctrico”.   
 
Es importante conocer estos datos,  pues "si  se resolvió  el contrato con el Consorcio  fue por la falta de personal capacitado. No sabemos cómo se ha ejecutado cada ítem de la obra”, dijo Paredes.
 
En las causales de resolución del contrato, publicadas en el sitio web de la Empresa Misicuni se lee, entre otros puntos, que el Consorcio Hidroeléctrico incumplió "con la obligación contractual de incorporar equipo y personal clave de profesionales, a cargo de la obra, repercutiendo esto en la falta de planificación, coordinación, toma de decisiones en la obra y en el cronograma”.    
 
El Consorcio Hidroeléctrico Misicuni estaba representado legalmente por Martín Rovira  y conformado por seis empresas: la  italiana Grandi Lavori  Fincosit (representada por Franceso Sennis); la boliviana Construcciones, Comercio e Industria SRL  (representada por  Raúl Nemtala); la venezolana Vialpa;  y  las colombianas Gerencia de Contratos y Concesiones SA y  Change Consulting  Group (representadas por Eduardo Gómez); y la venezolana  Obresca (representada por Julio Hernán Espinel).   
 
El trabajo de este grupo  de empresas en el Proyecto Múltiple Misicuni terminó con una auditoría, seis procesos penales  por delitos como uso de instrumento falsificado, incumplimiento de contrato, asociaciones ficticias, asociación delictuosa y falsedad ideológica. 
 
Producto de esta contratación  se estimó un  daño económico que oscila entre los 23 millones de dólares (cifra que dio la  Contraloría)  y los 90, este último dato fue  estimado por expertos y publicado en  medios de prensa. "El total del daño   se determinará una vez que concluyan las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público”, dijo Edino Clavijo, subcontralor de  Servicios Legales. Ya pasó  más de un año desde que se iniciaron las investigaciones.
    
El fraude del consorcio 
 
El Consorcio Hidroeléctrico se adjudicó  la construcción de la Presa, Obras Anexas y Complementarias del Proyecto Múltiple Misicuni (PMM). Se hizo de la adjudicación ya que el Gobierno italiano, que inicialmente iba a otorgar el crédito para  la obra, condicionó la contratación. "Italia pedía que se adjudique a una empresa de su país y el Consorcio había declarado la participación mayoritaria de la italiana Grandi Lavori Fincosit”, explicó Clavijo. 
 
En 2010,  Paredes identificó  aspectos del Consorcio  que preocupaban. "Por ejemplo, Construcciones, Comercio e Industria SRL (CCI) declaró  un capital  de  10.000 bolivianos. Cómo se le  entregó  una obra de 80 millones de dólares”. 
 
En la declaración jurada de la constitución del Consorcio Hidroeléctrico, que presentó a la licitación,  se establece el porcentaje de participación de cada empresa:  Grandi Lavori Fincosit aparecía con una participación del 51%; CCI con 14,70%; Vialpa con 8%; Change Consulting Group con 4%; la Gerencia de Contratos y Concesiones con 14,30% y Obresca con 8%.  
 
Sin embargo,  los representantes legales  de estas empresas  firmaron  un contradocumento privado en el que la participación y las obligaciones cambiaban radicalmente. En ese contradocumento, al que tuvo acceso Página Siete, se lee que Grandi Lavori recibiría  únicamente el 4,5% del monto total del contrato y esto por prestar su nombre y "otorgar toda la documentación requerida en el pliego de especificaciones de la licitación...”. Además, se la "deslinda de toda responsabilidad legal y económica por la ejecución del proyecto”.  De esta forma, la participación de las empresas, declarada en ese contradocumento se presenta de la siguiente forma: "Grandi Lavori Fincosit  con un 0%, CCI con un 30%, Vialpa con un 20%, Change Consulting Group con un 10%, Gerencia de Contratos y Concesiones con un 20% y Obresca un 20%”.
 
"Grandi Lavori Fincosit  acreditó la experiencia en este tipo de  obras para que el proyecto  sea adjudicado al Consorcio. Sin embargo, en los hechos  la empresa italiana   no iba a participar en esta obra de gran envergadura”, explicó Clavijo y agregó: "Las adjudicaciones se dan por la experiencia que llega a tener una empresa constructora en determinado rubro y a partir de la experiencia del personal”. 
 
No se evaluó la parte técnica
 
Sobre la calidad y seguridad en la ejecución de la obra poco se  sabe, dado que la Contraloría   realizó únicamente una auditoría a la parte legal. "Para realizar la parte técnica hubiéramos requerido el apoyo de la
Subcontraloría de  Auditoría Técnica. Esto implica un mayor tiempo pues se requiere personal  especializado”, afirmó Clavijo. Por esta razón tampoco se realizó una  auditoría al trabajo Consorcio Engevix – Caem, que fue el que realizó la supervisión de la ejecución de la obra cuando estaba a cargo del Consorcio y    que en la actualidad supervisa los trabajos de la china CAMC. 
 
Según Leonardo Anaya, gerente de Misicuni, Engevix-Caem habría alertado a tiempo y  en reiteradas veces de los problemas técnicos que presentaba el Consorcio. "Producto de ello es que se suspendieron las obras”.
Denuncias entre 2010 y 2011
 
El 24 de marzo de 2011, el gerente a.i. de la Empresa Misicuni, Carlos Reyes Blanco, informó al directorio,  conformado por representantes de más de 30 organizaciones cochabambinas, que "la situación de la obra es de total iliquidez”.
 
En la carta   (EM GG 0111/2011),  a la que accedió Página Siete, Reyes Blanco explica que por instrucciones del Directorio de Misicuni  se firmó la orden  de ampliación de  plazo en la ejecución de uno de los hitos de la obra, fijado para el 5 de noviembre de 2010, por 157 días más. Se dejaron, así, sin efecto  las consecuentes multas que debían aplicarse al Consorcio Misicuni por su incumplimiento.
 
Reyes Blanco dice  en la misiva que  transcurridos esos tres meses de la reconducción del contrato, "la situación en la obra es de total iliquidez del contratista”, lo que derivó en el  incumplimiento en la provisión de materiales e insumos y la baja productividad. "...cuando se debía estar facturando  más de dos millones de dólares, sus planillas no pasan  de los  700 mil dólares”. 
 
También denuncia el incumplimiento del hito del 15 de marzo de 2011. Éste consistía en  la conclusión de la perforación del Túnel de Desvío; también se alertó del incumplimiento de la entrega del campamento definitivo del contratante y del contratista, del incumplimiento en la conclusión del camino Cochamayu-Cresta, la demora del inicio de la construcción de la planta de tratamiento y de la Ataguía.
 
El mismo día en que Reyes Blanco envió la carta, el ingeniero Israel Camacho B., de Engevix-Caem, envió otra al gerente del Consorcio Hidroeléctrico, Hugo Velásquez, en la que le informa de la suspensión temporal de una parte de la obra.  En la carta explica: "... se ha verificado que la sobresaturación de los estratos arcillosos presentes entre la estructura rocosa, son la razón primaria de los deslizamientos presentados particularmente en la zona contigua al portal de salida, por lo que sería recomendable la suspensión temporal de las actividades en dicho sector”. 
 
Según la documentación del proceso, los trabajos se paralizaron en 2011 y en 2013 se procedió a la resolución del contrato con el Consorcio Hidroeléctrico.
   
Pese a los problemas técnicos y de liquidez, registrados en ese periodo,   en agosto de  2011 (cinco meses después del envío de las cartas), el vicepresidente Álvaro García Linera, tras realizar una visita a Misicuni, manifestó su satisfacción con el avance de la obra. 
 
En una nota de la agencia ANF, del 2 de agosto de 2011, se lee que García Linera expresó que si bien existe un 10% de retraso desde  2010, el Consorcio asumió el compromiso de apresurar su trabajo para compensar el tiempo perdido sin dejar de lado la calidad técnica. García Linera dijo que en el recorrido que realizó por el lugar "quedó satisfecho con el movimiento de maquinaria, equipo y personal en distintos frentes, especialmente en la preparación de la instalación de las fundaciones de la presa”.

Y si de malversaciones se trata...
 
Hasta donde se sabe, el Consorcio Hidroeléctrico también incurrió en una  malversación de cerca de  60 millones de bolivianos (8,6 millones de dólares),  según Clavijo. "Hubo un incumplimiento del contrato normativo. Éste establecía que el anticipo iba a ir destinado a la compra de ciertos ítems relativos a la obra. Sin embargo, cuando el Consorcio  presentó sus descargos    se advirtió que se había hecho el uso de estos recursos en gastos que no tenían que ver con la obra”, explicó. 
 
Había facturas de restaurantes que sumadas se hacían poco más de  un millón de bolivianos. "Pero, el monto más fuerte fue de  más de   57 millones de bolivianos,  por la compra de maquinaria pesada  mediante subasta en el extranjero. Maquinaria que al momento de adjudicarse la obra el Consorcio  declaró que tenía en su poder toda la maquinaria”, dijo el subcontralor.
 
Martín Rovira y los demás implicados del Consorcio Hidroeléctrico  están prófugos 
 
En la actualidad, Martín Rovira y Raúl Nemtala, principales acusados en el caso de malversación de fondos  e incumplimiento de contrato en la fase dos del proyecto  Misicuni, están prófugos. Por ello, el proceso penal en su contra se  encuentra paralizado.
 
"Son cuatro meses que esperamos la decisión de la jueza anticorrupción de Cochabamba, pero ésta parece no estar interesada en iniciar el juicio oral”, sentenció el gerente de la Empresa Misicuni, Leonardo Anaya.
 
En 2014, la Contraloría General del Estado denunció a Rovira, a Nemtala, a Eduardo Gómez Vásquez, a Julio Hernán Espinel Martínez (venezolano), Francesco Senis y Raúl Maggioni (italiano), ejecutivos  del Consocio Hidroeléctrico Misicuni por conformación de sociedades ficticias, falsedad ideológica e incumplimiento de contrato, entre otros cargos.
 
El proceso luego pasó a la Fiscalía de distrito de Cochabamba. Sin embargo, los implicados no fueron encontrados en sus oficinas porque fueron cerradas. De acuerdo con los ejecutivos de la Empresa Misicuni, se ha realizado la anotación preventiva de los bienes de Rovira,  Nemtala y Vásquez.
 
Según Anaya, los problemas con el Consorcio Hidroeléctrico comenzaron cuando la empresa italiana que mantenía el 51% de las acciones, se retiró del mismo a los meses de ser firmado el contrato por la obra.
 
"El consorcio malgastó el adelanto (del 20%, equivalente a casi 16 millones de dólares) en la compra de maquinaria que supuestamente ya tenía, pero en realidad ellos no contaban ni siquiera con una carretilla”, relató Anaya.

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