El Gobierno demoró más de un año en resolver el contrato con CAMC

Hasta junio de 2014, CAMC había recibido cuatro llamadas de atención de la supervisora que justificaban la resolución del acuerdo. Sin embargo, ésta se hizo efectiva recién en noviembre 2015.
jueves, 30 de junio de 2016 · 00:00
Carla Hannover  / La Paz 

En el caso Bulo Bulo, el Gobierno  demoró más de un año en la resolución del contrato con la china  CAMC Engineering Co. Ltd. Hasta agosto de 2014, la firma  había recibido cuatro llamadas de atención, que -según el informe de minoría- "justificaban  la resolución del contrato”. 

  La empresa firmó el contrato por las obras del  Tramo I  de la vía férrea  Bulo Bulo-Montero  en octubre de 2013. Debía entregarlas a fines de 2015.  Sin embargo, el Gobierno resolvió   el acuerdo el 3 de noviembre  de ese año, luego de que se registraran más de seis  llamadas de atención serias por parte de la Empresa Supervisora Acciona  Ingeniería - CPM y  más de 20 notas en las que  observaba el trabajo de la firma. Entonces,  ¿por qué el Gobierno tuvo tanta flexibilidad con la firma china?  

En  los informes de mayoría y de minoría del Legislativo,  la resolución del contrato se dio  porque  CAMC incumplió con el cronograma de trabajo comprometido y porque no logró completar la elaboración del estudio TESA de la vía. Como consecuencia  de la resolución del contrato, la empresa china quedó inhabilitada por tres años para adjudicarse obras en el país. Además,  los trabajos que inició quedaron varados por más de siete meses, lo que causó su deterioro.

La firma supervisora entró a la obra 4 meses después de CAMC

Si bien el contrato con CAMC entró en vigencia el 13 de diciembre, el de la empresa supervisora comenzó a regir recién el 9 de mayo de 2014, se lee en el informe de minoría y se constató en el Sicoes. Lo que lleva a consultar: ¿qué hizo CAMC en  esos  cuatro meses?  

La primera llamada de atención a CAMC llegó a los seis meses de haber iniciado obras, dos meses después del ingreso de la empresa supervisora Acciona  Ingeniería  -CPM , que  envió    el 10 de junio de 2014 una nota "por el incumplimiento de entrega de cronograma” y la   "primera llamada de atención”  debido a "que no se contaba con el especialista ambiental”. 

Por la misma causa, seis días después, "el 16 de junio de 2014, emitió la  segunda llamada de atención”, se lee en el informe de minoría. El 25 de junio de 2014, la supervisora emitió una nueva llamada de atención, la tercera, "debido a que (CAMC)  no presentó estudios TESA”. La cuarta llamada de atención llegó el 12 de agosto de 2014, "por ausencia injustificada del gerente del proyecto y emitió la instrucción de efectuar la sanción correspondiente”. Ese mismo día llegó la quinta  llamada de atención "ante la falta de cumplimiento a las instrucciones para la presentación de planes de manejo y licencia de actividades de sustancias peligrosas y PRP”.

Por los antecedentes hasta esa fecha, en el informe de minoría se lee que   tanto la empresa supervisora como  el fiscal de obra "fueron demasiado permisivos con la china CAMC Engineering Co. Ltd.”,   por lo  que habrían incurrido en el delito de   incumplimiento de deberes.  "Se benefició a la china CAMC  al no rescindir contrato a la tercera llamada de atención..., en conformidad a lo establecido en el contrato”.

En el  de mayoría no se da cuenta de estos detalles, pues  sólo se informa  que, tras las entrevistas a las autoridades y al Fiscal de Obras del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, "todos argumentaron” que  la primera intención de resolución de contrato se "debió a demoras en el cronograma y la no presentación del TESA completo”.

Primera intención de resolución 

La primera intención de resolución del contrato llegó el  11 de mayo de 2015. Sin embargo, "y ante el compromiso de subsanar las  fallas, a través del Plan  de Contingencia, q   ue  -según el informe de mayoría- fue   aprobado por la supervisión y el fiscal,  en conformidad a las reglas del contrato (cláusula 22.4), tal intención fue levantada considerando, además, que la demora en la presentación del TESA no fue atribuible ni a la empresa  contratista ni al Ministerio, sino a la resistencia social de las comunidades, al trazo del proyecto”, se lee.

 En cambio, en el informe de minoría se detalla que el 4 de julio de 2015 el Ministerio de Obras Públicas   retiró  la carta de intención de resolución de contrato.  Esto "dan a conocer a la supervisión de manera oficial  el 14 de agosto de 2015, vía correo electrónico y al no realizarse ninguna acción para la aplicación del plan de recuperación, en el informe jurídico dan a conocer que la empresa fiscalizadora envió seis notas a la CAMC en relación a su incumplimiento del plan de recuperación de julio a septiembre 2015, las últimas dos de fechas 10 agosto de 2015 y 21 de septiembre de 2015 ”.

 El plan de contingencia debía  ser evaluado hasta  agosto. Entonces, la empresa supervisora emitió un informe "recomendando la intención de rescindir contrato y estableciendo que CAMC no podrá  cumplir con el plazo  contractual, ni con el que surja con la aprobación de la compensación de plazo, según comunicación verbal, que fijaba como fecha de terminación de la obra el 5 de mayo 2016”.

Segunda intención de resolución 

Debido a estas irregularidades se envió una segunda intención para  rescindir contrato el 30 septiembre 2015.  "Al no implementarse este plan de contingencia (después de más de dos meses, cuatro notas de incumplimiento y dos llamadas de atención) se envió la segunda intención de resolución de contrato”, detalla el informe de minoría.

  Sobre este tema, en el informe de mayoría se indica que "ante el nuevo incumplimiento” de la empresa contratada, se procedió a la resolución de contrato . "El procedimiento inició el 30 de septiembre e implicó acciones técnicas   (informes de supervisión y fiscalización) y administrativas-jurídicas (defensa de recursos constitucionales y acción penal por incumplimiento de contrato)”.

Complementa estos datos el informe de minoría: "transcurridos los 20 días hábiles que se les concede, por contrato, para enmendar las observaciones y al no tener ninguna respuesta de la china CAMC  se resuelve el contrato en fecha 4 noviembre de 2015, faltando un solo mes para que se cumpla el plazo de entrega que hubiera habilitado el pago de las penalidades por retraso en el plazo de ejecución, tomando en cuenta que el contrato establece una penalidad por morosidad de 0,3 por mil por día calendario de retraso”, se lee.

¿Y el daño económico?

Según el informe de minoría, el Gobierno no proporcionó el cronograma de ejecución de cada ítem "por lo que no se puede  cuantificar el daño al Estado causado por la morosidad. Además del daño  que se causará cuando la Planta de Urea entre en funcionamiento y no exista el transporte necesario para sacar el producto”.

En el informe de mayoría, se lee que  CAMC recibió un anticipo del 20% del monto del contrato, es decir, de   144.434.116,57 bolivianos. Además de un 25% por el pago de tres planillas, es decir, de Bs    180.614.862,80 . En total se desembolsaron   Bs 325.084.979,38.   

El informe, a su vez, tiene  contradicciones. Explica que "el anticipo del 20% (Bs 144.434.116,57) fue recuperado totalmente”, pero "descontando un porcentaje al momento de pago de planillas de avance de obra”. No se sabe con precisión cuánto se descontó. También detalla que se ejecutaron  las boletas de garantía en aplicación al artículo 19 del decreto  0181 (ver infografía). 

En el documento, se lee que del total -es decir, de  325,08  millones de  bolivianos- "la empresa china CAMC reconoció  la devolución de Bs 68.208.619,56 por concepto de obras a la fecha deterioradas y no útiles para dar continuidad al proyecto, además por  penalidades por las llamadas  de atención”. 

Esa transacción  se confirmó  el 27 de abril de 2016, "con la certificación del Banco de Crédito BCP de la transferencia electrónica al Ministerio de Obras Públicas”.  Con esta devolución,  el proyecto quedó cerrado financieramente "manteniéndose la acción penal por incumplimiento de contrato”.

 Para a oposición el no rescindir contrato oportunamente, posibilitó a la empresa china adjudicarse el paquete 4 de Misicuni y la puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales de Potasio.
 
Gobierno firmó con CAMC Engineering Co. Ltd., pero fue Bolivia Branch la que gestionó pagos

   Otro problema que se advierte en el informe de minoría es  "la dualidad en los procedimientos  de CAMC” y la falta de poderes legalizados para uno de  sus representantes, quien firmó contratos modificatorios.  

El representante legal de la china CAMC, Li Sihai, firmó el contrato modificatorio dos  el 31 de octubre de 2013. Se cree que presentó el poder  (No. 1033/2013) después de la firma, pues fue emitido el   19 de noviembre. "El Poder de Sihai  no es válido pues es de fecha posterior a la firma del contrato. Esto permite constatar  que existen indicios de Contratos Lesivos al Estado”. 

Por otro lado se dio cuenta de la  dualidad dentro de las actuaciones de la china CAMC Engineering Co. Ltd. y la Bolivia Branch. "Se puede observar que el registro del sistema contable tiene como beneficiario a la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch y la facturación también se realizaba por esta empresa; sin embargo, las transferencias son realizadas a la Empresa china CAMC Enginering Co. Ltd”. 

También advierten que las transferencias del anticipo se realizaron en porcentajes diferentes de lo solicitado por Sihai. "Al respecto vemos que los traspasos de los pagos son realizados al Banco de Crédito de Bolivia BCP en la cuenta de la  china  CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch, siendo que el contrato fue adjudicado a la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. Existe irregularidad en estos actuados puesto que todo documento debió realizarse a nombre de la empresa adjudicataria”.
 
 
 Amparo retrasó el cobro de boletas

 Gabriela Zapata habría sido contratada por CAMC   para que intercediera ante el Gobierno para que  no se ejecuten las boletas de garantía del  proyecto  Bulo Bulo, según  reveló el empresario Dennis Grundy, en su declaración al Ministerio Público.

    En efecto y según el fallo de Tribunal Departamental, el 27 de noviembre de 2015, CAMC  ganó una acción de amparo constitucional que evitó que se ejecutaran boletas  por un valor de  158,8 millones de bolivianos.
 Sin embargo, luego de que estallara la polémica por el presunto tráfico de influencias en febrero de este año, el Tribunal revocó el fallo y dispuso el cobro de dos boletas.

En el informe de minoría se lee  que "se  ejecutó la boleta de garantía de cumplimiento de contrato correspondiente al 7%”. En tanto que la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo, equivalente al 20% del total de la obra, sólo fue  ejecutada en un 15%.  "El faltante 5% de ese anticipo fue restituido en los tres certificados de pagos descontándose el monto correspondiente de cada planilla de pago”. 

Sin embargo, para la oposición, "no existió tal correcta inversión, por lo cual debió ejecutarse la garantía en su totalidad (20%) habiendo un daño económico de  36.122.972,56 de bolivianos”.


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