Las revueltas que cambiaron el rumbo de Bolivia

Los levantamientos tuvieron como caldo de cultivo un sistema político que estaba marcado por hechos de corrupción, prebendalismo y cuoteos.
sábado, 06 de agosto de 2016 · 00:00
Alcides Flores Moncada
Página Siete / La Paz

 

"Evo dejame trabajar, deja ya de bloquear”. El empresario bananero Miguel Zambrana aprovechó una conferencia de prensa de  Evo Morales en abril de 2001 en Cochabamba para enfrentarse al líder cocalero, y "regalarle”  cajas de plátano. Pero antes –furioso– hizo retumbar la sala con esa frase.

En ese instante, Morales estaba rodeado de periodistas, a los que había convocado para informarles que otro bloqueo de carreteras estaba en marcha, otro bloqueo de defensa de la coca, otro bloqueo que pondría al borde de la quiebra a la empresa Chapare Exporta –empresa creada por Zambrana en 1995–, que el año anterior (2000) había reportado millonarias pérdidas porque las medidas de presión lideradas por Morales frenaron una vez más la exportación de sus productos a Argentina.

El incidente de la caja de plátanos se dio en un momento en que Cochabamba estaba asfixiada por  bloqueos que causaban millonarias pérdidas no sólo a ese departamento, sino al oriente y occidente. La carretera era cerrada periódicamente –muchas veces al año– en defensa de la coca, de la coca excedentaria, de la coca que –en su mayoría– no tenía como destino los mercados primarios de Sacaba y Villa Fátima.

Los bloqueos constantes año tras año en ese departamento, la bronca de la gente –no sólo de Zambrana– con esas medidas de presión marcadas por la violencia, secuestros y asesinatos por parte de los cocaleros y la impunidad de éstos ante tantos excesos, eran parte de otros conflictos en el país –cuyas demandas, sin embargo, no se parecían a las de los productores de coca–, que dos años después confluirían en un hecho histórico: la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003.

Un año antes del grito de desesperación de Zambrana ante Evo, en 2000, los bloqueos ya eran pan de cada día en el trópico. Y ese mismo año gestó otro conflicto en Cochabamba por una causa mayor –no sectorial– en el que participó la sociedad civil, que se volcó a las calles hasta hacer retroceder al gobierno de entonces. Hugo Banzer Suárez,  en 1999, había adjudicado el servicio de agua potable a la empresa Aguas del Tunari, subsidiaria de la transnacional norteamericana Bechtel, que en enero subió las tarifas hasta en un 200%.

Pero los brazos de Aguas del Tunari también llegaron hasta el área rural, donde la empresa tenía previsto instalar medidores para el cobro por el uso del agua y controlar los pozos y los sistemas de riego de las comunidades.
Estas medidas dieron nacimiento inmediato a la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, que no demoró en robustecerse con obreros, chóferes, profesionales, maestros, regantes, estudiantes y otras organizaciones. Los cocaleros también se sumaron. 

Fue un abril que, tras expulsar a Aguas del Tunari, sirvió para darle una señal fuerte al Gobierno: no se puede tomar decisiones a espaldas de la población.

Fue un año en el que los movimientos sociales mostraron de qué estaban hechos. Óscar Olivera –líder de la Coordinadora del Agua– se hizo conocido incluso internacionalmente. La Guerra del Agua se convirtió en un paradigma, en un tema de debate en el Banco Mundial y otros foros, en una luz, un camino a seguir.

Para los dirigentes, para los líderes de las organizaciones sociales, la victoria de abril de 2000 en las calles vallunas fue un impulso. Sirvió para levantar la cabeza. Para seguir.

Los cocaleros, tras la revuelta de abril, volvieron a las carreteras, volvieron a sus demandas sectoriales, volvieron a sofocar al país. Ese mismo año, en octubre, cometerían los crímenes más atroces –según testimonios– contra policías. El movimiento cocalero mostró el lado dócil del gobierno, que no tenía más argumento que la promesa de los bloqueadores de dejar la carretera expedita para soltar a detenidos, sin importar lo que  hubieran hecho.

Llegó 2002 y en agosto Gonzalo Sánchez de Lozada comenzaba su segundo mandato. Hasta entonces, el
sistema político estaba corroído por la corrupción, el nepotismo (Banzer tenía en puestos de poder a  miembros de su familia), el prebendalismo y el cuoteo. 

Goni, consciente de que la población estaba hastiada con el poder político, incluyó a Carlos Mesa  en su fórmula presidencial  como a una figura con credibilidad. Le dio una tarea fundamental: luchar contra la corrupción. Era una buena señal. 

Pero al mes siguiente, el Gobierno de Goni dio la primera muestra de que no aprendió la lección de la Guerra del agua:  oír las señales de la opinión pública. Así, se negó a reelegir a Ana María Campero  como Defensora del Pueblo. Carlos Mesa intentó hacer razonar a Goni, pero no lo logró.

Los meses siguientes, fueron los meses de la repartija de las instituciones públicas entre el MIR y NFR. Los mismos actores con los mismos hábitos mostraban los mismos vicios. Febrero negro los encontró como niños repartiéndose juguetes nuevos.

El 9 de febrero de 2003, Goni informó de la puesta en vigencia del proyecto de ley de impuesto a los salarios. Un sector de la policía se amotinó en rechazo a esa medida. El centro de operaciones fue el cuartel del Grupo Especial de Seguridad, cerca de la Plaza Murillo.

Al día siguiente  estudiantes del colegio Ayacucho lanzaron piedras al Palacio de Gobierno. Los guardias respondieron con gases lacrimógenos. Los policías amotinados estaban del bando de los manifestantes.
 
Entonces, entraron en acción la guardia presidencial y la Policía Militar. El Gobierno perdió el control de este conflicto, que se extendió hasta la ciudad de El Alto. Los enfrentamientos terminaron con una treintena de fallecidos, entre policías, militares y civiles.

Febrero negro avizoraba el final del Gobierno de Goni, porque las señales de alarma que dieron la Guerra del gas y Febrero negro no fueron entendidas por su Gobierno.

A Octubre negro le precedieron las movilizaciones de campesinos en Caracollo, que rechazaban la venta de gas a EEUU a través de Chile. Ese mes, otra marcha partía de Huarina (La Paz) a la cabeza de Felipe Quispe (El Mallku). El Gobierno no dio señales de abortar el plan de exportar gas por Chile desde mediados de 2004. Al contrario, puso en marcha una masiva campaña propagandística.

La Guerra del gas tomó fuerza con los bloqueos de caminos en los Yungas y un paro cívico indefinido en El Alto. A estas alturas, Evo Morales y su organización ya se sumaron a la cruzada.

Se multiplicaron las medidas de presión en el país con bloqueos   en otros departamentos y huelgas de hambre en La Paz. El "operativo rescate” liderado por Carlos Sánchez Berzaín en Sorata, que dejó seis muertos, fue la mecha que encendió  el fuego que no se apagaría hasta la caída de Goni.

La Guerra del gas alcanzó su clímax entre el 10 y 17 de octubre. Hasta entonces, decenas de bolivianos habían perdido la vida.  Octubre negro marcó la ruptura de un sistema político y el inicio de nuevos tiempos. Octubre negro abrió paso a un nuevo liderazgo, que emergió de una organización que se caracterizó por asfixiar al país con incontables bloqueos de carreteras.

"Déjenme trabajar”, dijo recientemente el Presidente a los opositores, con contundencia, pero no  con la bronca de Zambrana. 

 

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