ENCUESTA

Latinobarómetro: corrupción, el principal problema del país

El Latinobarómetro 2016 señala que la mayoría de los encuestados en el país no está de acuerdo con la tolerancia a la corrupción.
domingo, 18 de septiembre de 2016 · 00:00
Página Siete  / La Paz

El Latinobarómetro 2016 identifica a la corrupción como el problema principal de Bolivia.

El informe presentado recientemente indica que  hay cuatro países donde la corrupción está en primer o segundo lugar con porcentajes iguales o superiores a nueve puntos porcentuales: Brasil, Bolivia, Chile y Perú. En el caso de Bolivia, la corrupción ocupa el primer lugar de la agenda.

El dato coincide también con los resultados de la encuesta que fue realizada por Mercados y Muestras. El Latinobarómetro también preguntó si era posible erradicar la corrupción de la política. En el caso de Bolivia, un 46% dijo que es posible.

En el estudio de 2016 se planteó la pregunta si acaso vale la pena tolerar la corrupción a cambio de que los gobiernos logren solucionar los problemas del país. La respuesta mayoritaria fue: 29% está de acuerdo y el resto está en desacuerdo. También se consultó si el encuestado  o algún pariente conoció  algún acto de corrupción en los últimos doce meses, en el caso de Bolivia un 16% dijo que sí.

Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes, según su portal digital. Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro.

 

 

El  armazón legal
  • Normas Bolivia es uno de los países que tiene un armazón legal muy fuerte para luchar contra la corrupción. 
  •  Constitución  La Carta Magna establece que el ciudadano boliviano tiene obligación de denunciar y combatir todos los actos de corrupción, además establece que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. La norma también indica que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.
  •  Ley 004 Es la Ley de Lucha contra la Corrupción y  tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil, y se aplica a los servidores y exservidores públicos de todos los órganos del Estado, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas.
  • Control Social Esta ley establece la organización de la Participación y Control Social como elementos transversales y continuos de la gestión pública; y en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas públicas y las acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles territoriales. 
Punto de vista
Alejandro almaraz Exviceministro de Tierras

"Ahora las autoridades deben responder sobre la corrupción”

La encuesta realizada por Página Siete, revela claramente que el conjunto de la ciudadanía percibe prácticas de corrupción en la gestión del gobierno central, y que las rechaza ampliamente al ser consideradas, por una holgada mayoría de los encuestados,  como el principal problema del gobierno del presidente Evo Morales. 

Esto significa que el gobierno fracasó en su pretensión de mostrar que el malestar ciudadano expresado en la victoria del No en el referendo constitucional, del pasado 21 de febrero, fue provocado por las mentiras que la oposición habría divulgado como sería el caso Gabriela Zapata (expareja del presidente Evo Morales y exgerente comercial de la firma china CAMC que se adjudicó millonarios contratos con el Estado).

Al contrario los resultados de la encuesta ratifican que la ciudadanía boliviana sigue repudiando,  probablemente cada vez más,  la falta de transparencia y honestidad gubernamental en los casos que involucran a la empresa china CAMC y el Fondo Indígena, entre la interminable lista de casos de corrupción no resueltos que comprometen al gobierno. 

Ojalá las recientes publicaciones anunciadas por algunos ministros expliquen de modo fehaciente y satisfactorio por qué la señora Zapata, joven de 24 años sin profesión ni experiencia alguna en la administración de empresas internacionales, es contratada como gerente comercial de una empresa china aparentemente muy importante.

Además, las autoridades deben  explicar por qué, sin licitación esta empresa china obtiene del Estado boliviano contratos por cerca de 600 millones de dólares en rubros tan disímiles como la producción de azúcar y la construcción  de represas, y que, como es lógico, para ejecutarlos debe subcontratar a otras empresas.

¿Por qué el Estado boliviano no contrató directamente a esas otras empresas, ahorrándose las obvias ganancias de la intermediación y recibiendo garantías más confiables?. 

Ahondando en la decreciente confiabilidad del gobierno, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, a dicho recientemente que la CAMC nunca contrató a Gabriela Zapata, expareja del presidente Morales. 

Todos recordamos y está registrado por todos los medios de comunicación que a poco de estallar el escándalo fue la misma empresa la que ratificó por escrito el alto cargo que Zapata ocupaba en su estructura ejecutiva.

 Por otra parte, está  el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien  ha denunciado a Gabriela Zapata por varios y graves casos de tráficos de influencias cometidos desde una "red” utilizando los ambientes de la Unidad de Gestión Social, que dependen también del Ministerio de la Presidencia.

 Es extraño que esa red que según Quintana logró extorsionar o estafar a varias empresas importantes estuviera compuesta sólo por Zapata y un par de funcionarios públicos de muy bajo nivel. 

Para contribuir siquiera un poco, y con lo que sería éticamente la más ineludible opción para disipar la corrupción e intransparencia que cubre la imagen del Gobierno, el ministro Ferreira debe demostrar que es un Ministro de Defensa que hizo el servicio militar. 

Por otro lado, el ministro Quitana debe explicar si considera que el Viceministro Felipe Cáceres (zar antidroga) es efectivamente un volteador de narcotraficantes, como lo indica el cable de los Wiquileaks publicado en su libro.

 

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