Aniversario 7 años

El caso Fondioc sacudió los cimientos del MAS

En noviembre de 2013, Página Siete destapó uno de los mayores escándalos de corrupción, con un trabajo de investigación que constató obras “fantasma”.
domingo, 23 de abril de 2017 · 04:00
 Alcides Flores M. / La Paz

Hay quien afirma que el caso Zapata fue usado por el Gobierno para calmar la  tormenta política causada por uno de los mayores escándalos de corrupción que marcaron los últimos años del Gobierno de Evo Morales. Y así ocurrió, al menos por un tiempo. 

El caso de la expareja del presidente Evo Morales se hizo público en febrero del pasado año, e inmediatamente empujó las aguas del Fondo Indígena por otro cauce.
Si bien por un buen tiempo esas aguas parecían calmadas, el río nunca dejó de ser caudaloso y turbio.

En noviembre de 2013, Página Siete destapó el mayor escándalo de corrupción en el país, que involucró no sólo a dirigentes de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), sino a  altas autoridades del Órgano Ejecutivo.

Este diario visitó cinco poblaciones rurales de los departamentos de La Paz y Santa Cruz, donde  comprobó irregularidades  en proyectos de desarrollo.

Previamente, tuvimos acceso a un listado de cientos de proyectos que el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) tenía en sus registros como aprobados y ejecutados. Pero que -en los hechos- no había  nada: eran obras "fantasma”.
 
La investigación reveló también que, en muchos casos,  los supuestos beneficiarios de obras ya "ejecutadas” ni siquiera tenían información de que había algún proyecto en su comunidad.

Según la investigación, entre 2010 y 2013 el Fondo Indígena aprobó 3.462 proyectos  mediante resolución y orden notariada. De ese total, 1.340 se encontraban en proceso de financiamiento; 592, en proceso de cambio de nombres, y 894 supuestamente estaban ya en ejecución.

En ese momento, el entonces director del Fondioc, Marco Antonio Aramayo -que había asumido el cargo menos de tres meses antes de conocido el caso-, admitió los hechos de corrupción  y anunció auditorías.  Ahora él está preso con 243 procesos judiciales encima.

 En el momento que se hizo pública la información, el presupuesto  anual del Fondo Indígena rondaba los 240 millones de bolivianos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  
Los montos asignados a  los proyectos aprobados por el Fondo Indígena eran avalados por las organizaciones sociales, todas afines al Gobierno.

Forman parte del directorio de la organización la CSUTCB,  el Conamaq, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la   Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, Asamblea del Pueblo Guaraní, Federación de Mujeres Campesinas  Bolivia Bartolina Sisa, Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y Central de Pueblos  Mojeños de Beni. 

Los cuestionamientos también llegaron a los ministerios de Desarrollo Rural, de Planificación, de Producción, de Economía y de la Presidencia, porque formaban parte del directorio.
 
CASO 1

La investigación del caso Fondo Indígena comenzó en septiembre de 2013, dos meses antes de su publicación en este diario.

Ese mes, una persona anónima hizo llegar a esta redacción unas fotocopias de proyectos de desarrollo aprobados para poblaciones rurales del país. 

La periodista Claudia Soruco se hizo cargo del caso. Ese mismo mes -septiembre- frecuentó las oficinas del Fondo Indígena por varios días. Constató un gran movimiento de dirigentes de organizaciones sociales que llegaban al lugar con proyectos bajo el brazo.

"Logré conseguir más copias de proyectos aprobados y que no se conocían. Había antecedentes de denuncias de irregularidades, pero no pasaba nada”, afirmó Soruco.

Después de recopilar evidencias de irregularidades, el director de entonces de Página Siete, Juan Carlos Salazar, autorizó el viaje de Soruco inicialmente a comunidades del departamento de Santa Cruz, donde la investigación duró unos seis días.

Una vez de regreso a La Paz  se planificó el viaje a provincias de este departamento  donde también había obras "fantasma”.  El reportaje en las comunidades paceñas duró  tres días. Era octubre de ese año, y el 11 de noviembre se hizo la primera publicación.

"Para mí es el mejor trabajo de investigación que he hecho, porque realmente era algo fuerte”, recuerda Claudia, que ahora trabaja en una ONG. 

Apenas este diario lanzó la noticia, los Ponchos Rojos amenazaron con "chicotear” a la periodista y con tomar las instalaciones de Página Siete.

Estas amenazas terminaron cuando el presidente Evo Morales admitió irregularidades y pidió una investigación.
 
Consecuencias

Una treintena de personas involucradas en el millonario desfalco al Fondo Indígena han sido detenidas desde 2015 hasta la fecha. 

Cuando las denuncias de irregularidades en esta organización se multiplicaron, el presidente Evo Morales pidió la intervención de la Contraloría General del Estado. En 2015, esta entidad estatal detectó un daño económico de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos irregulares y fantasmas. 

Al margen del trabajo de la Contraloría, el Ejecutivo también nombró a una interventora de la organización indígena, que fue  Lariza Fuentes, quien después de meses de investigación informó de la inexistencia de 30 proyectos y de 713 proyectos inconclusos. También identificó un daño económico al Estado de 102 millones de bolivianos. 

Una vez conocidos estos dos informes fueron detenidos los exdirectores  del Fondioc Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, así como dirigentes que aprobaron los  proyectos y desembolsos de dinero a cuentas privadas. El exdirector del Fondioc Daniel Zapata está prófugo, sobre quien pesa una orden de detención.

Aramayo declaró en 2015 que sólo fueron detenidas 29 personas, cuando hay más de 4.300 responsables de proyectos financiados por la entidad indígena.

En agosto del pasado año fue detenida Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural. Desde entonces, la investigación no avanza.



67
85