Aniversario 7 años

Cuando los datos revelan lo que no se dice

La investigación sobre los contratos entre el Estado boliviano y la empresa china CAMC se desarrolló usando la técnica del periodismo de datos.
domingo, 23 de abril de 2017 · 02:00
Carla Hannover  / La Paz

El 3 de febrero de 2016,  el periodista Carlos Valverde denunció en su programa  un supuesto tráfico de influencias en beneficio  de la empresa china CAMC. En esa compañía  ejercía el cargo de gerente comercial la expareja y  madre de un supuesto hijo del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. 

Desde entonces la opinión pública pudo conocer diversos datos de al menos siete contratos  que el Estado había firmado con esa empresa. Los datos salían desde diversas instancias y al estar dispersos era difícil tener una lectura apropiada del problema. 
 
En ese afán Página Siete decidió conformar un equipo de investigación para analizar los contratos, pues habían versiones contradictorias y no así información clara.
    
Por ejemplo,  días después de conocido el problema, el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que no había tráfico de influencias y que una prueba de ello era la ejecución de dos boletas de garantía por el retraso de las obras que CAMC realizaba en el tramo I de la vía férrea Montero-Bulo Bulo.

CAMC se adjudicó   contratos  con YPFB  por la compra de tres perforadoras;  con EASBA por la puesta en marcha de un ingenio azucarero;  con el Ministerio de Obras Públicas   por la vía férrea Montero-Bulo Bulo; con la empresa Misicuni, por la Fase 2 de la represa;  y con la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos para el montaje y puesta en marcha de la planta de sales de potasio.

A los pocos días de conocido el problema y después de las declaraciones de Quintana, el 10 de febrero, desde el Ministerio de Obras Públicas se informó   que las boletas no habían  sido ejecutadas, dado que la empresa china ganó un amparo y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz frenó  dicho pago.

Horas más tarde,  en una entrevista con la red Uno,  Zapata manifestó que trabajó para CAMC desde 2013. Sin embargo, el vicepresidente Álvaro García Linera, en ese mismo medio,  sostuvo que la expareja del Presidente fue contratada por CAMC en 2015. 

Con varias de  las versiones en contradicción se decidió sistematizar todo el material con el que se disponía y se comenzó a investigar a partir del mismo.  

¿Qué se destapó?

Durante la investigación se descubrieron diversos problemas y se aclararon algunos temas. Por ejemplo, se aclaró que  de los siete contratos firmados entre CAMC y el Gobierno, sólo uno tenía financiamiento chino. Hasta la salida del primero, de siete dossiers que publicó este medio, el Gobierno mantuvo el discurso de que todos los contratos con CAMC eran financiados por el Gobierno chino y  que por ello estaban en la obligación de contratar una empresa china.  

Sumado a ello, se indagó en cada caso y  se evidenció faltas y contravenciones a las normas  de contratación, además de la falta de rigurosidad en los procesos de contratación  que el Estado boliviano llevó adelante con CAMC. 

Por ejemplo, se identificó que en el  contrato por la compra de tres perforadoras  había un posible sobreprecio y que el contrato arrastraba siete años de irregularidades. En el caso del contrato por la ejecución del Tramo I de la carretera Montero-Bulo Bulo se desveló la falta de papeles de CAMC durante la adjudicación del contrato y la  publicación de un Documento Base de Contratación errado, entre otros.

En el caso de EASBA se obviaron pasos para llegar a  la contratación directa. Si bien los responsables de la empresa tenían vía libre desde un principio para adjudicar el proyecto de forma directa, optaron por la licitación y al no lograr la adjudicación, obviaron algunos pasos establecidos en sus RE-SABS y el DS 0181  para dar  la obra a CAMC.

En el caso de Misicuni, se observó que en el proceso de adjudicación CAMC presentó documentos incompletos o con errores,  "detalles” que  fueron pasados por alto, cuando se supone que estas adjudicaciones  deberían  encararse  con  rigurosidad y transparencia.

 

CASO 6 

 

La investigación sobre los contratos suscritos entre el gobierno boliviano y la empresa china CAMC, entre 2009 y 2015, se la abordó usando la técnica del periodismo de datos, tan de moda en el periodismo digital.

Se partió  de la recolección de los contratos,  los Decretos Supremos y normas que habilitaban desembolsos para estas contrataciones. Se sistematizó la información en principio  por ejes  generales como  la fecha de firma de contrato, modalidad de contratación, plazo de ejecución, si fue financiamiento del TGN o préstamo y cuál el estado de ejecución del contrato, entre otros.
 
Esa sistematización  no sólo lanzó el dato de que  seis de los siete contratos eran financiados por el Banco Central de Bolivia y otras instancias. Sino,  definió el rumbo que tomarían el resto de las investigaciones  de cada uno de los proyectos adjudicados a CAMC.

En una segunda fase, para  indagar en cada caso, se elaboraron sistematizaciones más especificas y se complementó con información de los informes que elaboraron  los legisladores encargados de investigar el caso CAMC. Se  accedió a  documentación e informes complementarios inmersos en las carpetas de investigación.

Luego, se intentó traducir lo que esos datos a simple vista lanzaban por ello se organizaron, en algunos casos, viajes hasta los sitios donde se ejecutaban las obras como fue en el caso de la vía férrea Montero- Bulo Bulo y el Ingenio Azucarero San Buenaventura. 

La investigación fue posible en tanto los legisladores compartieron  los documentos de las carpetas. Sin embargo,  casi al finalizar el proceso desde Palacio se lanzó la orden de no prestar las carpetas y mucho menos copiar los documentos, pese a que éstos son públicos.

 

 

Reacciones 

La investigación de los contratos entre el Estado boliviano  y la empresa china CAMC despertó diversas reacciones. Se tuvo desde  la solicitud de una autoridad de comparar documentos hasta la orden de no prestar papeles, pese a que se trata  de documentos públicos.

Tras la publicación del dossier dedicado al contrato entre YPFB y CAMC, el diputado Víctor Borda, que entonces formaba parte de la comisión de investigación de los contratos, solicitó comparar documentos a los que había accedido Página Siete.   

Asimismo, desde la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos se instauró un proceso en el Tribunal de Ética, proceso que falló a favor  de Página Siete, dado que este medio había cumplido  con la solicitud oportuna de contrapartes. Es importante mencionar  que en casi ninguna de las oficinas estatales  atendieron al periódico ni entregaron  las debidas contrapartes. 

Por este trabajo, el equipo del periódico obtuvo en 2016 el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Prensa.  


 

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