La falta de una norma deja a la gente en situación de calle sin derechos

Existen voces que consideran más que necesaria la integración del Estado al tratamiento de esta temática para trabajar en políticas y “dar línea” sobre acciones para avanzar en el problema.
jueves, 09 de agosto de 2018 · 00:00

Gabriel Díez Lacunza / La Paz

Desamparados e invisibles. Esa es la realidad de la gente que vive en situación de calle en el país. Pese a que los legisladores buscan promover una norma hace cinco años, no hay indicios de que vaya a aprobarse. De hecho, ahora trabajan en un texto nuevo pero no saben cuándo estará listo, ni qué directrices debe seguir. Mientras tanto, quienes son parte de esta población han perdido sus derechos fundamentales.

Esta falta de normativa específica obliga a los miembros de instituciones -privadas más que todo- que trabajan con esta población a intervenir con lo que consideran que es mejor.

¿Qué pasa con el Estado? Es el gran ausente. Para los investigadores, el Ministerio de Justicia debería liderar la búsqueda de soluciones para esta problemática. Su participación es indispensable para que se generen políticas en favor de esta población.

En la actualidad, Bolivia avanzó en el tema, pero lo que tiene no es suficiente. Cuenta con un Censo de Personas en Situación de Calle (2015), elaborado por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, el Instituto Nacional de Estadística y la Red Nacional por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Situación de Calle. Además, tiene el Modelo Integral de Prevención y Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle, así como el Protocolo para la Prevención y Atención de esta población de menores de edad.

Pese a esto, los profesionales que han trabajado durante varias décadas en este tema coinciden en que aún falta mucho por avanzar. Al no contar con instrumentos de trabajo para la gente adulta y adulta mayor en esa condición, lo único que queda es adaptar el modelo y protocolo para ayudar a este sector.

Cinco años tras una ley

En octubre de 2013 salieron las primeras noticias de un proyecto de ley para niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Uno de los asambleístas que presentó el proyecto fue el diputado oficialista Saúl Garabito. Sin embargo, las novedades de esta futura norma se fueron perdiendo en el tiempo y se entrepapelaron en los escritorios del Legislativo.

En la actualidad, el senador Efraín Chambi tomó la posta de su colega de partido -el Movimiento Al Socialismo- y trabaja con las distintas instituciones en pos de tener una norma amplia para este sector. Después de un par de reuniones que se dieron entre marzo y abril de este año, trascendió que el nombre del proyecto a discutirse sería la ley de prevención, atención y protección integral para niñas, niños y adolescentes y familias en situación de calle.

Sin embargo, hoy en día no se tiene el panorama 100% claro respecto a qué es lo que se debe incluir, qué es lo que se debe eliminar, ni cómo armar el documento para que sea consistente. Es una disyuntiva constante en la que están las instituciones que la trabajan junto a Chambi.

Pese a ello, el legislador es optimista respecto a que pronto se tendrá un texto sólido y coherente para pasarlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Chambi explica que está en una etapa de elaboración colectiva, de consensos y que más adelante, aunque no sabe cuándo con exactitud, se podrá hablar con más certezas. “Con esta norma (se busca) comprometer al Estado para que tenga cierta corresponsabilidad (…). No podemos permitir que los niños estén en la calle”, afirma.

El director de la ONG Munasim Kullakita, Ariel Ramírez, considera que es un tema que siempre se va relegando, pese a los avances de las reuniones de este año. “Llega una nueva ley y la van relegando. Hasta la fecha deberíamos haber tenido más reuniones, pero lastimosamente no (se dio)”.

Sin normas no se garantizan los derechos

Cuando se habla de gente en situación de calle es preciso enfatizar que se trata de personas que van perdiendo sistemáticamente sus derechos constitucionales dictados en diferentes leyes y normas. Entre los principales están el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación y a la integridad física, psicológica y sexual.

Ese último es quizá uno de los puntos más delicados cuando se habla de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, pues se constituye en el factor principal para que decidan abandonar el hogar. Esto debido a la violencia sexual sufrida en sus hogares por parte de sus padres, padrastros, hermanastros, tíos, etc.

La investigación Violencia a niñas y adolescentes en las calles de El Alto (2007) reveló que 29 muchachas, de un total de 50, se encontraban en situación de calle luego de sufrir violaciones. De esos 29 casos, 16 se registraron en el seno familiar y 13 en la calle.

Por otra parte, los psicólogos Marcela Losantos y Jorge Domic concuerdan en que vivir en la calle significa una pérdida paulatina de derechos. A ello se suma, afirma Domic, que quienes están en esa condición viven una especie de “muerte social”.

A su vez, el coordinador del programa Adolescentes Protagonistas del Desarrollo de Save the Children, Jaime Villalobos, afirma que quienes viven en la calle no deberían ser objeto de lástima, sino de derecho y oportunidad. “Se está tratando de volver a una situación de derecho y ahí hace mucho el espíritu humano y la resiliencia”, dice.

Se trabaja con lo que se tiene

La población compuesta por niñas, niños y adolescentes está especialmente protegida por la normativa boliviana, aunque ésta no es suficiente. De hecho, el modelo y el protocolo para gente en situación de calle con los que el país cuenta son específicos para ese grupo. El resto de las poblaciones, es decir adultos y adultos mayores, no tienen ninguna normativa explícita.


Los diferentes actores que trabajan con menores que viven en las calles ven como una ventaja contar con dichos protocolos. Están también aquellas organizaciones que desarrollan materiales propios con base en investigaciones especializadas. Para ello toman en cuenta los documentos citados. “Es un gran avance”, dice la directora de la alianza Maya Paya Kimsa, Janneth Pérez.

Para el director de Política Social del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Eugenio Vásquez, una de las debilidades en las labores de atención a la niñez y la adolescencia en situación de calle es el poco conocimiento que se tiene del protocolo. “Por eso es que la Gobernación está asumiendo como un reto el socializarlo en todos los niveles”, afirma.

Para los expertos en el tema sería más útil si se contara con un protocolo más general que abarque a toda la población en situación de calle y con modelos únicos de intervención. El primer punto es necesario porque en la actualidad deben adaptar el protocolo existente, hecho para trabajar con niñez y adolescencia, a poblaciones de adultos y adultos mayores. El segundo punto busca uniformizar el trabajo que se realiza para así “jalar todos para un mismo lado”.

“Lo que necesitamos en el país es un protocolo de modelo de intervención que te diga cómo trabajar. Eso no existe. Cada institución tiene un modelo y trabaja bajo lo que cree que es bueno, esa es una dificultad”, explica el responsable operativo de Personas en Situación de Calle de la Alcaldía de La Paz, Mirko Terán.

El censo no tiene datos precisos

Otra de las tareas pendientes, aseguran varios de los entrevistados, es la actualización del Censo de Personas en Situación de Calle de junio de 2015 que consigna 3.768 individuos en las nueve capitales de departamento, más El Alto. De hecho, una de las siete recomendaciones hechas en esa misma investigación señala que se debe realizar un censo de manera periódica.

Entre las observaciones realizadas a ese estudio censal está la supuesta inexactitud de los datos. Ello a partir de que pudieron interferir factores externos como, por ejemplo, batidas policiales y de movilidad urbana habitual de las personas que componen esta población. Otros elementos de “sesgo”, según el director de la fundación Munasim Kullakita, Ariel Ramírez, son que se basó en simple observación e ir sólo a puntos focales de las ciudades, pero no en áreas periféricas. Esto último por tema de escaso personal.

Para la jefa de unidad de Prevención Holística del Viceministerio de Defensa Social, Rosario Valenzuela, todas las críticas con fundamento son válidas, mientras más específicas, mejor. “Así será más fácil debatir y mejorar el documento, pues todo documento es perfectible”, sostiene Valenzuela.

En el mismo documento del censo se habla de elementos a mejorar en un futuro. Pese a ello, en una de las conclusiones se explica que al tratarse de un primer censo nacional es valorable que se haya logrado hacer visible la realidad de una “población oculta” a nivel sociológico.

“Hacer un censo con población en situación de calle es bien difícil, hay que elaborar una estrategia práctica y adecuada para esta población”, sostiene el presidente de la Red Nacional por la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familias en Situación de Calle, Denis López.


El Estado debe agarrar el timón

Un elemento de coincidencia entre los entrevistados fue la necesidad de que el Estado “tome la posta” y comience a generar políticas públicas específicas para este sector de la población. Una de las oficinas identificadas como número uno para hacerse cargo de esto fue el Ministerio de Justicia.

“Sí o sí tiene que estar (el Ministerio) de Justicia, le compete (…). (El Ministerio de) Salud es súper importante también”, comenta López. Comparten esta visión Eugenio Vásquez, de la Gobernación paceña, y el jefe de la Unidad de Atención Integral a la Familia de la Alcaldía de El Alto, Harry Suaznábar.

Pese a que este medio estableció contacto con la unidad de comunicación del Ministerio de Justicia hace varias semanas para conocer su versión, hasta el cierre de este dossier no se pronunció ninguna autoridad ni funcionario de esa repartición estatal.

Por su parte, Valenzuela considera que la “problemática calle” debe ser abordada necesariamente desde enfoques multisectoriales y no limitar su tratamiento a una sola entidad que encabece las acciones y políticas. “Me parece un poco inútil la discusión de remitirse a la ‘cabeza de sector’, no podemos minimizar la complejidad de la problemática. Si son varias cabezas de sector que se involucran en el tema y definen lineamientos claros, me parece genial”.

De momento, en el departamento de La Paz´ están más activos y vinculados de forma directa con esta problemática la Gobernación y los gobiernos municipales de La Paz y El Alto. Estas tres instancias cuentan con áreas que trabajan con esta población pese a, en algunos casos, limitaciones de tipo presupuestario o de personal asignado a tareas específicas.

Responsabilidad de la comunidad

¿Cómo responde la sociedad ante esta situación de gente en situación de calle? Mirko Terán, de la Alcaldía paceña, brinda una respuesta después de 15 años de experiencia trabajando con esta población: “La gente dice ‘así ha sido y así va a seguir siendo, qué interesante, pero háganlo ustedes’. Es un proceso largo de generar conciencia en el ciudadano. No hay soluciones mágicas. Es una comunidad que demanda que se los solucionen sus problemas cuando en realidad tiene que ser la comunidad la que lo haga”.


“Todos los días llega un niño nuevo a situación de calle. Si no trabajamos el antes, van a seguir llegando”, reflexiona Ramírez, de Munasim Kullakita (Quiérete Hermanita).

Documentos para la atención de esta población

  • Censo El Censo Nacional de Personas en Situación de Calle se trabajó entre 2013 y 2014. Este estudio toma en cuenta a población de las nueve capitales de Bolivia, además de El Alto.
  • Protocolo En la actualidad existe el Protocolo para la Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle, que fue publicado el 2016 entre el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Unicef.
  • Modelo Otro de los instrumentos de trabajo es el Modelo Integral de Prevención y Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle (2014). De igual manera, fue elaborado entre el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Unicef.
  • Normas El Código Niño, Niña, Adolescente es la norma que define de manera más clara la situación y acciones a tomar a favor de esa población vulnerable. Tanto la Ley de la Juventud como la Ley del Adulto Mayor y su decreto reglamentario versan sobre la problemática pero no a profundidad.
  • Ley Según diferentes actores vinculados a la temática, un nuevo proyecto de ley para esta población está en elaboración.