Chuteros usan a indigentes de Chile como sus “testaferros ”

En la región de Tarapacá hay 676 indigentes; de ellos, 12 en Iquique entregaron su testimonio para esta investigación que los vincula a los “autos chutos”
jueves, 19 de diciembre de 2019 · 00:00

Es mediodía de un jueves de junio y Jorge, vestido tan solo con un pantalón deshilachado y un abrigo café, camina dos cuadras con la estructura de una cama encima de su espalda hasta una esquina de la calle Esmeralda en Iquique, Chile. 

Se aleja de ella unos segundos para buscar un colchón desgastado y lo pone arriba del armazón. Sentado allí, descansa su cuerpo de baja estatura y macizo, mientras su rostro de 32 años es un corredor de gotas de sudor. 

Durante seis años el suelo de Esmeralda ha sido su hogar. Es el corazón del popular “Barrio Boliviano” que recibe de día y noche la afluencia interminable de comerciantes de Bolivia. Pocas horas duermen el sector y Jorge, por los gritos de los vendedores y el bullicio de los buses con viajes hacia Oruro, Cochabamba y La Paz. La frontera está a escasas cuatro horas. 

El sector es conocido, además, por el acuerdo de bolivianos con indigentes que reciben dinero a cambio de facilitar su RUT (número de la cédula de identidad) y nombre para que bolivianos compren vehículos usados en la Zona Franca de Iquique (Zofri) como si fuesen ciudadanos chilenos. 

Como en Bolivia está prohibida la importación desde Chile de automóviles livianos con una antigüedad mayor a un año y de vehículos para el traslado de 10 o más personas y de mercancía con una antigüedad mayor a tres años, luego de un decreto presidencial, estos tipos de transportes son internados por pasos no habilitados de la extensa frontera chilena-boliviana. 

Pero antes, los autos deben pasar una primera frontera: la Aduana de la Zona Franca. Como un ciudadano boliviano no puede comprar un vehículo antiguo y llevarlo a su país, tiene que conseguirse un chileno como testaferro. Y ahí entran en el juego las empresas traspasistas. 

Uno de los pobladores  muestra la ruta  que usan los chuteros para internar autos a Bolivia.

Jorge aceptó el ofrecimiento de una de estas empresas este año a cambio de 30 mil pesos (43 dólares). “A mí me lo ofrecieron para comprar un auto de segunda mano a mi nombre. Lo hice una sola vez porque después no tengo cómo justificar tantos vehículos si soy de la calle, tampoco soy tonto”. 

Patricio, amigo de Jorge, ha vivido la mitad de su vida en la calle y la otra en la cárcel por robos y hurtos. Hoy tiene 43 años. Por los “autos chutos” ha tratado más de una vez con bolivianos: “Como tres veces me han ofrecido plata para pasar mi carnet y yo compro el auto a mi nombre. Me han dicho 100, 150 lucas (215 dólares) y hay varios que han aceptado por el maldito vicio, y si hay plata uno hace cualquier locura”.  Patricio es adicto a la pasta base de cocaína, el “maldito vicio” de gran parte de los indigentes en Iquique.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, en la región de Tarapacá hay 676 indigentes; de ellos, 12 en Iquique entregaron su testimonio para esta investigación que los vincula a los “autos chutos” o de contrabando, ya sea sacados de la Zofri o robados a particulares.

 “Yo me llevé cuatro camionetas Mitsubishi Katana robadas de Calama (Chile) a Uyuni (Bolivia) con mi amigo y dos choferes bolivianos que se saben todas las pasadas, no hay camino que no conozcan. Pasamos por un costado de Hito Cajón (complejo fronterizo chileno) y nos tuvimos que quedar en Bolivia hasta que vendieran las camionetas. Ellos pagan con dólares y drogas y nos regresamos en bus (…) Ahora en Iquique me han pedido sacar autos de Zofri, pero no lo he hecho porque es un riesgo”, contó C.A, quien es de Calama y vive en Iquique, ciudades distanciadas a cinco horas en vehículo. 

Tiene 35 años y es adicta a la pasta base. Cuando declaró para esta investigación, lucía un jeans azul ajustado, zapatillas blancas con manchas grisáceas y una polera café sin mangas. Sus manos oscuras por suciedad y las idas a una plazoleta utilizada por drogadictos, frente a un hogar de niñas y adolescentes vulnerables y a media cuadra de unos juegos infantiles que instaló el municipio de Iquique, delataban su indigencia.  

La Zona Franca de Iquique (Zofri), con la participación de más de dos mil empresas de distintos rubros, es un sector industrial y de comercio convertido en uno de los principales polos de desarrollo económico de la región de Tarapacá. El año pasado generó 4.079 millones de dólares en ventas. 

Zofri S.A, empresa que administra el sistema franco, entrega cada año el 15% de sus ingresos brutos a las 11 comunas de las regiones de Tarapacá y Arica -los dos territorios chilenos más cercanos junto a Antofagasta a Bolivia y Perú- para que los municipios realicen proyectos comunitarios. Este año la compañía distribuyó 5.660 millones de pesos chilenos (cerca de ocho millones de dólares). 

Esta plataforma de negocios ocupa un área de 206 hectáreas, donde genera cinco mil operaciones comerciales diarias en promedio. De acuerdo a datos de la Memoria Anual 2018 de Zofri S.A., el 21% del total de empleos en la región de Tarapacá, se relaciona directa o indirectamente con la Zona Franca de Iquique. Esto equivale a unos 36 mil puestos de trabajo. 

Un comercio clandestino se ha camuflado entre las operaciones legales de la Zofri: compradores bolivianos (“chuteros”) y trabajadores del sistema franco utilizan fraudulentamente el documento SRF (Solicitud Registro Factura), que permite retirar vehículos de la Zona Franca y deben ser usados solo en la región de Tarapacá. Sin embargo, la norma no es respetada y en pocas horas los vehículos son llevados ilegalmente por pasos no habilitados de la frontera chilena hacia Bolivia. 

“Se ha detectado que vehículos que están sujetos a un régimen de zona franca, son llevados a la frontera y trasladados hacia Bolivia fuera de los presupuestos legales en que se mueven. Hemos observado la utilización de ‘palos blancos’ para inscribir los vehículos, al menos para sacarlos y echarlos en camiones de contrabando”, dice el fiscal Maximiliano Mariángel de la Sección de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público.

Mariángel confirma que los “palos blancos” utilizados por bolivianos son indigentes y personas de bajos recursos: “Una persona en situación de calle puede tener 15, 20 o 30 vehículos inscritos y obviamente no está en condiciones económicas para inscribir esa cantidad de autos (… ) Por lo que hemos averiguado, a ellos les pagan por prestar su cédula de identidad”.

Colchane   un paso fronterizo con Bolivia, al pueblo de Pisiga.

El mercado negro 

En la Avenida Circunvalación, la principal del barrio industrial de Zofri, hay empresas, conocidas como traspasistas, que adulteran facturas para que bolivianos sin residencia en Tarapacá puedan comprar vehículos con RUT y nombres de chilenos y luego llevarlos por caminos irregulares a Bolivia. 

 El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó, por medio de un escrito firmado por el director regional de Tarapacá, Óscar Urdanivia, que en el Comité Regional de Hacienda, integrado además por el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería Regional, han abordado este comercio ílicito de vehículos y otros productos de la Zona Franca con destino dudoso a Pisiga Carpa, Pisiga Choque, Cariquima y Colchane. Lo que derivó, según el servicio, en la fiscalización y auditorías a dos empresarios de Zofri.

Respecto a la adulteración de facturas de vehículos por parte de «chuteros» y traspasistas, con el uso de RUT y nombres de chilenos, incluso de indigentes como testaferros, el SII respondió, sin ahondar en avances, que «actualmente, dicha materia está siendo analizada por una mesa de trabajo integrada por Aduanas, Tesorería General de la República, Zofri S.A. y el SII, a fin de explorar las distintas alternativas disponibles dentro del marco legal imperante». 

No descarta, además, seguir fiscalizando a los vendedores. Según Zofri S.A., son alrededor de 200 importadores que ofrecen vehículos.

Uno de ellos es un empresario pakistaní que hace 22 años ofrece automóviles. No quiso identificarse por miedo a perder el negocio y “ganarse enemigos”. Confiesa que el contrabando de los “autos chutos” en la zona franca es conocido por todos: “Todos saben que los vehículos que vendemos irán a parar a Bolivia, ilegalmente. Zofri sabe, Carabineros sabe, Aduanas sabe, nosotros (las importadoras) sabemos. Todo el mundo sabe. Encima nos llegan videos de que les quitaron o quemaron los autos en la frontera”. 

Un informe de la Contraloría General de la República de Chile, de mayo de 2019, concluyó lo siguiente respecto al servicio aduanero: “El Sistema de Servicios de Visación Electrónica no dispone de validaciones orientadas a mantener la consistencia de los datos ingresados por los usuarios adquirentes de mercancías, advirtiéndose datos de compradores de productos ingresados con RUT erróneo, RUT asociado a otro nombre en el sistema, y compradores que presentan situación tributaria irregular en el Servicio de Impuestos Internos (SII). 

Lo expuesto denota la falta de cumplimiento de los principios de control y de coordinación entre los organismos públicos, en cuanto a contar con convenios de interoperabilidad con el Servicio de Registro Civil e Identificación, para la correcta identificación de las personas, y con el SII para mantener información actualizada sobre la situación tributaria de los compradores”. 

El fiscal Eduardo Ríos, de la Unidad de Alta Complejidad de Tarapacá, dice que al menos en los últimos cinco años no ha recibido denuncias de los servicios públicos o de particulares por el negocio de los “autos chutos” en la Zofri, y eso, añade, dificulta sobremanera el desarrollo de una investigación y determinar responsabilidades por este comercio clandestino. 

Militares  bolivianos queman uno de los autos chutos.
Foto: Viceministerio de Control Fronterizo, Bolivia.

El gerente general de Zofri S.A, Claudio Pommiez, y el director regional de la Aduana, Cristian Molina, prefirieron no hablar para esta investigación. La policía, por su parte, investiga un reclutamiento masivo de indigentes de parte de una organización delictiva que opera en Iquique. La Fiscalía mantiene las diligencias en calidad de reserva. 
 

 

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