Corrupción en justicia perjudica procesos de mala praxis médica

Jueces procesados, apelaciones por ser denuncias tipificadas imprecisamente y “chicanería” se hacen recurrentes en los expedientes de los casos revisados.
jueves, 11 de junio de 2020 · 00:04

Carla Hannover y Carlos Quisbert  / La Paz

En 2018, cuando el proceso que siguió la familia de Francisco Poma contra tres médicos del Seguro Social Universitario (SSU) de La Paz —a quienes responsabilizan por dejarlo con severos daños neurológicos irreversibles luego de una cirugía laparoscópica— llegara al Juzgado Décimo de Sentencia y comenzara a avanzar, quedó estancado.

La jueza que entonces presidía el tribunal, Patricia Pacajes, fue suspendida de sus funciones en 2019 luego de que se filtraran unos audios en los que revelaba que otro médico, Jhiery Fernández, acusado por el delito de violación en el caso del “bebé Alexander”, de nueve meses, de un hogar de niños de La Paz, fuera  injustamente sentenciado a 20 años de presidio, siendo inocente. 

El juicio de Francisco se había iniciado dos años antes y pasó por una serie trabas que lo fueron alargando. Una de las observaciones recaía en la jurisdicción ya que la familia de Poma había interpuesto su denuncia en la Fiscalía de El Alto cuando el problema se dio en un centro médico de La Paz. A la fecha sigue estancado y existe la posibilidad de que prescriba.

En otra denuncia, la de la familia de la niña Luciana G. —quien falleció a los seis años en 2015 luego de un procedimiento durante una cirugía para cerrar una fístula al ingreso del pulmón izquierdo— afirma que su caso aún no logró la audiencia de juicio oral pese a que la justicia dictaminó que procedía en julio de 2018. De esa forma fue asignado al Tribunal Sexto de Sentencia. 

“En febrero de este año (2019) me dijeron que al fin todos habían logrado ser notificados. Pero cuando estamos por iniciar la audiencia nos informan que la misma se suspendía porque la secretaria pidió vacación justo a partir de ese día y que ni siquiera había tramitado la asignación de una suplente. Yo creo que fue planeado porque entre julio de 2018 y febrero de este año hubo mucha chicanería, esta era una más”, cuenta la mamá de la niña, Nancy H. 

Por otro lado, cuatro denuncias —de las 10 a las que hizo seguimiento este medio— le fueron asignadas a la fiscal Mónica de La Riva, quien en diciembre de 2019 fue enviada a la cárcel, con detención preventiva, acusada de favorecer al informático Sergio Martínez, uno de los principales acusados del fraude electoral que derivó en la salida de Evo Morales y que había escapado una semana antes de su detención. De la Riva era coordinadora de la División de Personas donde se atienden casos de asesinato o violencia y donde también entraron esas cuatro denuncias por mala praxis médica tipificadas como lesiones graves o gravísimas u homicidios culposos en los casos de pacientes que fallecieron.

 Esos procesos se vieron afectados y retrasados por la falta de un fiscal. Página Siete solicitó conversar con De la Riva sobre estos procesos pero ésta prefirió no hablar del tema. 

Procesos con  lenguaje técnico 

“Entre menos entienda el fiscal, el policía y la víctima, mejor”, esa es la forma en cómo los médicos encaran su defensa. A esa conclusión llegaron dos investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que en los últimos años indagaron denuncias por mala praxis médica. 

Para ellos, ese lenguaje técnico en el que los galenos se enfrascan, negándose a traducir sus acciones a un léxico entendible, para fiscales y jueces que no están especializados en medicina forense, es uno de los principales obstáculos a la hora de atender estos casos desde la justicia. El otro tiene que ver con la falta de una tipificación precisa para este tipo de procesos que terminan siendo tratados igual que otros delitos.

Los investigadores policiales participan de los procesos durante la etapa de la investigación que es guiada por la Fiscalía; es decir, en la etapa preparatoria y de sus pesquisas sale un informe conclusivo. En etapa de juicio los oficiales ya no pueden hacer actos investigativos, son relegados y sólo pueden ser llamados como testigos.

Al no haber una tipificación precisa para estos casos, la Fiscalía no tiene una base de datos sobre este tipo de denuncias porque éstas una vez admitidas son tipificadas como lesiones graves o gravísimas, u “homicidios culposos” cuando la víctima fallece. Es decir, entran en el mismo saco que las peleas, los asaltos, las agresiones o los intentos de asesinato. 

En la actualidad, diversas instancias manejan datos o registros de denuncias y procesos por mala praxis, pero ninguna da una idea clara de la magnitud del problema. Quizá las bases de datos que mejor reflejan los casos son las que manejan las asociaciones que aglutinan víctimas y la de la Defensoría del Pueblo. Estos son los datos recogidos por Página Siete sobre las denuncias de mala práctica médica que se manejan en diversas instancias. 

Repensar  tratamiento judicial

En todo este panorama, lo que muestran estos casos analizados en su conjunto es que las denuncias por mala praxis médica tienden a no ser atendidas por la Justicia de manera oportuna y a eternizarse en los tribunales en tanto no se hallen espacios especializados en la resolución de estos problemas o se tipifique de forma precisa el tema. Los vacíos legales son trabas que dilatan los procesos dejando a las víctimas y a los médicos en medio de un problema sin respuestas y acumulando daños y perjuicios para ambos. 

Las víctimas procesan a los profesionales y no así a los centros donde fueron atendidos. Debido a la negativa de los centros de hablar sobre el tema, poco se logró saber sobre cuál es la responsabilidad que asumen por estos casos. En los que sucedieron en hospitales de la seguridad social, dos de los 10 casos revisados, se sabe que estos centros aún corren en cierta medida con algunos gastos de atención de los pacientes.  

En la última década, en Bolivia se intentó elaborar normas para sancionar y contemplar la mala práctica médica al menos en cinco oportunidades y en algunos casos cuando las propuestas estaban a punto de ser aprobadas quedaron en nada debido a las presiones del gremio que se resiste a consensuar. 

Un ejemplo de ello se dio en 2017 cuando el gobierno de Evo Morales trató de sancionar la mala práctica médica, tras proponer una definición al problema, en tres artículos del proyecto del Código del Sistema Penal —promulgado el 20 de diciembre de 2017 y derogado el 25 de enero de 2018—. 

El Gobierno de ese entonces se enfrentó a masivas movilizaciones del gremio de la salud, quienes dejaron al país sin servicios en los hospitales públicos, salvo emergencias, por 47 días. Pese a ello, las protestas de los galenos tuvieron apoyo de diversos sectores de la sociedad civil que iniciaron una serie de acciones tanto en las calles como en las redes sociales. 

Durante las protestas de 2017, “lo que los profesionales médicos buscaban era que no se criminalice el ejercicio de la profesión. Considerar solamente los aspectos sancionatorios penales no es apropiado... Toda una vida de dedicación, sacrificio, prestigio profesional y social meritorios y bien ganados, pueden verse truncados por un simple descuido y esto tampoco es justo”, agrega Ramiro Asturizaga, responsable de la Unidad de Auditoría Médica y control de Calidad del Ministerio de Salud. ¿Simple descuido?

Qué dice  la norma

  • CPE El parágrafo II del artículo 39 de la Constitución Política del Estado indica:  La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica.
  • Ley 3131 En la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico se habla de derechos de los médicos y derechos de los pacientes. También se toca el tema de las auditorías médicas y de los auditores acreditados.
  • Código penal Los artículos 218, 219 y 220 del Código Penal boliviano versan sobre ejercicio ilegal de la medicina, tratamientos médicos inadecuados y de formas culposas en daños a la salud o muerte.
  • Auditoría Existe el “Manual de Auditoria y Norma Técnica” de 2008 que establece protocolos de acción.

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