Desde 2010 hubo 5 intentos de sancionar mala praxis con leyes

El documento más reciente está siendo elaborado por la Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica de Cochabamba y una diputada de esa región.
jueves, 11 de junio de 2020 · 00:04

Gabriel Díez Lacunza  / La Paz

“Mi mamá es médico y no una criminal”. Con esa consigna impresa en un cartel, una joven apoyaba a su madre el día de Navidad del año 2017. Cinco días antes, el 20 de diciembre, se había promulgado en Bolivia el nuevo Código del Sistema Penal que en su artículo 205 establecía de dos a seis años de prisión, además de sanciones pecuniarias, para el “daño a la salud o integridad física por mala práctica”.

Por este artículo, el Gobierno de Evo Morales se enfrentó entre octubre y diciembre de ese año a masivas movilizaciones y paros organizados por el gremio de la salud y estudiantes de medicina. Con esas medidas de presión finalmente consiguieron que se elimine el polémico artículo. Finalmente, el 25 de enero de 2018, se derogó la totalidad del Código del Sistema Penal.

Quizá este es uno de los antecedentes más importantes sobre esta problemática pues mostró que los médicos no están dispuestos a consensuar este tipo de sanciones bajo argumentos que también deben ser escuchados. Uno de ellos, el más contundente acaso, es que se sancione penalmente la labor de los médicos cuando no se les brinda las condiciones mínimas de trabajo; esto en los hospitales públicos. Pero ¿qué pasa con las clínicas privadas? Esto implica transformar todo un sistema de salud con muchas carencias y deficiencias.

En la última década se registraron al menos cinco proyectos de Ley para regular y/o sancionar la mala práctica médica. Sin embargo, en ninguno de los intentos se logró establecer una ley ya sea por protestas del sector médico o porque simplemente quedaron en el archivo.

“Benjamín Chincheros”

El 28 de enero de 2007 el menor de seis meses de edad Benjamín Chincheros Gutiérrez ingresó al Hospital Agramont de la ciudad de El Alto por una neumonía. Hoy, 13 años después, Benjamín presenta un cuadro de “multidiscapacidad”, según describe su madre, Rina Gutiérrez. Fruto de ello se trabajó un proyecto de Ley con el nombre del menor, normativa que nunca salió del Parlamento.

Sobre lo que le sucedió al menor las versiones son contrarias. El director de ese centro médico, Fortino Agramont, recuerda que el niño fue atendido por un especialista pediatra. “Por cuestiones económicas deciden llevarlo al hospital Boliviano - Holandés”, explica Agramont para la elaboración de este reportaje. Este profesional con especialidad en neumología se apoya en el informe de auditoría médica N° 42/2009 del entonces Instituto Nacional de Seguros de Salud, documento que determina que se cumplió con el “manejo integral clínico terapéutico” en este caso. 

En tanto que Gutiérrez afirma, en primer lugar, que hoy en día, a 13 años del hecho, no conoció los resultados de la auditoría externa. Añade que fue una cuestión médica originada en el Hospital Agramont el motivo del deterioro de Benjamín. “Mi hijo entró con neumonía y salió con sepsis. Después de la infección generalizada (sepsis) le hice un traslado al Hospital Holandés. Ahí le diagnosticaron meningitis producto de esa infección”, comenta. 

Tres años después de ese suceso, en 2010, Gutiérrez y representantes de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto presentaron el proyecto de Ley “Benjamín Chincheros”. Recuerda que en 2013 el documento fue aprobado en detalle pero no en grande en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ahí se quedó. Luego, en septiembre de 2018 trataron de reactivarlo pero no tuvieron éxito. 

En el anteproyecto de esta norma de 2018 se establecía responsabilidad civil y penal para consecuencias emergentes de “negligencia médica, mala praxis e incorrecta prestación de servicio”. Además, se incluía gastos “solidarios” que debieran correr por parte del centro médico hasta lograr la recuperación completa de los pacientes afectados. 

Proyecto de Ley 223/2011  

Como una secuela de esto, el 2011 también se propuso una nueva norma. Se trataba de la Ley 223/2011 que tampoco vio la luz. Como todas las propuestas relativas a esta temática, causó mucha polémica, más que todo en el sector médico que se opuso. Uno de los principales argumentos de rechazo, como fue recurrente a lo largo de los años, fue que no se incluyó a los galenos en la deliberación del proyecto. 

“En todo momento se ha querido lograr un consenso y participación del sector. Lo que se está haciendo es prevenir más casos de mala praxis que se ha incrementado en los últimos años”, explicó en ese entonces uno de los proyectistas, el diputado Richard Cordel. 

Proyecto contra la “mala praxis”

Otro de los proyectos de Ley que tuvo mucha visibilidad en la prensa fue el que propuso en 2014 la entonces diputada Betty Tejada. ¿El origen? La muerte de su madre. En abril de ese año denunció públicamente la situación. “He sido víctima de una negligencia absoluta y digo absoluta porque ingresé a mi madre con una infección menor y a los tres días la perdí. 24 horas sin atención, esperando que venga un administrador de una Caja Petrolera que no apareció durante toda la noche y al día siguiente me informan que tiene detención preventiva por un proceso también de negligencia”, explicó Tejada según consigna el periódico El Diario el 17 de abril de 2014. 

Una semana más tarde incluso se habló de un “pacto por la salud”, encuentro que debía aglutinar a distintos sectores como el Comité de Lucha contra la Negligencia Médica, legisladores e incluso algunos médicos, como reportó Página Siete el 24 de abril de ese año. Sin embargo, esta idea no prosperó. 

 Nueva propuesta del legislativo

Dos años después, en 2016, quien se animó a tomar el timón de un nuevo intento fue la diputada Claudia Mallón. Hoy, a cuatro años de ese acontecimiento, Mallón rememora por qué decidió hacerlo y cuáles fueron los resultados. “El proyecto de ley surge a consecuencia de casos que han quedado en la impunidad. Nuestra legislación no contempla una Ley específica para sancionar ese tipo de delitos”, explica. 

Recuerda que se presentó los primeros días de agosto de 2016 pero que no se trató porque no llegaron las respuestas desde el órgano Ejecutivo, concretamente del ministerio de Salud ni del ministerio de Economía. Afirma que en la actualidad el proyecto ley está archivado en la Cámara de Diputados.

El intento más reciente 

El más reciente intento de normar la negligencia y mala práctica médica surgió desde la Asociación de Víctimas de Mala Praxis de Cochabamba. La diputada Cira Castro, de Unidad Demócrata, aceptó trabajar en ello y en conjunto están elaborando una normativa. 

Desde inicios de 2019, a partir de las denuncias recibidas, Castro y otros dos diputados miembros de la comisión de Derechos Humanos están trabajando en el tema. “Este proyecto de Ley lo queremos presentar como un trabajo de coordinación entre la asociación de médicos, que es lo importante. Nos interesa tener una parte procedimental donde se pueda definir cuándo se va a tomar en cuenta como mala praxis. Ojalá podamos llegar a este tipo de coordinación con todas las instancias que tienen que estar porque algo es cierto: que existe el delito de mala praxis”, explica Castro.

Sobre ello, el asesor jurídico de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis de Cochabamba, Benjamín Jiménez, considera que a través de esta norma la Fiscalía debiera crear una unidad especializada que maneje este tema de negligencia médica.

Anoticiada de este último intento, Rina Gutiérrez, la madre de Benjamín Chincheros, ve con buenos ojos lo que pueda salir.
 

 

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