Instituto de conciliación y arbitraje no existe pese a Ley 3131 de 2005

jueves, 11 de junio de 2020 · 00:04

Gabriel Díez L.  / La Paz

“El instituto de conciliación y arbitraje existe en todos los países con diferentes nombres”, explica el exministro de Salud Guillermo Cuentas. Sin embargo, Bolivia no tiene aún  ese instituto pese a que, por Ley, debería haberse creado hace 15 años. Junto al país, Paraguay es otro estado que no ha instaurado un instituto. Este tipo de instancias sirve para que médicos y pacientes resuelvan sus diferencias —incluyendo las sospechas o denuncias de mala praxis— evitando así llegar a los tribunales.

En tanto que países como Argentina, Uruguay, Perú y Chile ya llevan tiempo implementando esquemas de conciliación y arbitraje sobre problemas entre médicos y pacientes que incluyen la mala práctica, entre otras temáticas. Sumado a ello, la experiencia mexicana es, a decir de Cuentas, un referente para Latinoamérica. En ese país norteamericano existe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) desde el año 1996. 

Cuentas explica que una institución de esas características en primer lugar se constituye en un escenario prejudicial; es decir, se agotan las instancias de diálogo y, en lo posible, se evita llegar a los tribunales. “Es una gran ventaja, no se corre el riesgo como en el caso de los médicos sean extorsionados por jueces y fiscales para pedir coimas y que salgan libres”, afirma. 

Si bien en Bolivia no existe de manera oficial un instituto, se dan casos en los que la parte denunciada por negligencia o mala práctica médica intenta negociar con las familias de las personas afectadas. “El médico dijo que podía reconocer la mitad del gasto de la primera operación”, contó a Página Siete R. A., una mujer de 60 años —quien solicitó reserva de su nombre— a la que le colocaron mal una prótesis de rodilla en 2019. Como en ese caso, cuando se dan estas situaciones, los ofrecimientos van desde pagar los gastos de las cirugías hasta montos económicos. 

Un instituto que jamás se creó

La Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico es del 8 de agosto de 2005. En su artículo 18 establece la creación de este instituto como regulador “de conflicto médico - paciente ocupándose de sus controversias”. En tanto que su decreto reglamentario, del 22 de diciembre de 2005, dispone que el ministerio de Salud es el “encargado de realizar los estudios necesarios para establecer la dependencia, estructura, organización y puesta en marcha del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, así como para asegurar su sostenibilidad jurídica, institucional y financiera”. Nada de eso ocurrió. 

A partir de ese vacío institucional, desde la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) se busca reformular su unidad de auditoría médica y crear la Unidad de Auditoría Médica y Conciliación y Arbitraje. “Lo que se pretende es tener incluso un abogado experto en conciliación y auditores médicos especialistas en lo que es conciliación para luego llegar a un arbitraje”, explica el director de la Asuss, Alejandro Reyes.

Pese a las miradas optimistas sobre esta alternativa, la representante de la filial La Paz de la Sociedad de Auditores Médicos, Heidy Arteaga, opina diferente. “Lo que hay que tomar en cuenta es que no se puede conciliar en temas médicos porque no se concilia en temas de lesiones o muerte de acuerdo al Código de Procedimiento Penal”, afirma Arteaga. Plantea que  sólo se podría llegar al arbitraje.

 

La experiencia  latinoamericana 

  • México En 2018 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico informó que en los fallos del período 1996-2018  se determinó  mala práctica médica en 596 oportunidades y que no hubo en 570. 
  • Perú Durante el primer semestre de 2019, el Centro de Conciliación y Arbitraje  resolvió 322 casos del sistema de salud; 100 eran de “responsabilidad médica”.
  • Brasil  Un consejo de expertos dirime si hubo o no error médico, pero no obra como ente conciliador ni de arbitraje. Se trata del Consejo Nacional de Medicina. En caso de determinar que hubo error médico las sanciones contra los profesionales son advertencias y suspensión temporal o definitiva de la licencia para ejercer,  informó a Página Siete un vocero de esa oficina.

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