Tras una década hay más irregularidades que soluciones para casos de mala praxis

La demora en la elaboración de las auditorías médicas y el acceso al peritaje son algunos obstáculos.
jueves, 11 de junio de 2020 · 00:04

Carla Hannover y Carlos Quisbert  / La Paz

Nieves Quispe perdió un riñón y quedó con varios órganos dañados luego de someterse a una cirugía con un ginecólogo que debía extirparle un nódulo del útero. Según relata, luego de esa primera intervención un urólogo intentó solucionar los daños ocasionados por el primero pero no lo logró y al no informar oportunamente de la situación que atravesaba arriesgó mucho más su salud y el estado de las partes afectadas. Todo eso le sucedió en 2008.

 Yolanda Miranda hoy vive con incontinencia urinaria luego de someterse a una histerectomía en 2012. Señala que la ginecóloga que la intervino lastimó su vejiga durante esa intervención, lo que causó, además de la pérdida de la funcionalidad de ese órgano, que en la actualidad corra el riesgo de perder sus riñones.

Sus historias son parecidas no solo en lo que se refiere a la atención médica que recibieron y las posteriores consecuencias, también son similares en el plano jurídico. Ambas decidieron procesar a los médicos que les causaron esos daños que denuncian mediante oficinas públicas de atención a las víctimas y ambas consiguieron sentencia contra los galenos, aunque éstas no se ejecutaron. En el caso de Nieves porque la sentencia contra los dos médicos fue anulada un año después; en el caso de Yolanda la sentencia que se dictó a mediados de 2019 contra la ginecóloga que la atendió está a la espera de los recursos de apelación y casación por parte de la defensa de la acusada. 

Sin embargo, otra es la historia del resto de los casos en los que las víctimas fueron con un abogado particular o de otras instancias de ayuda: quedaron  estancados y algunos, incluso luego de años de proceso, volvieron a foja cero. En todos hubo irregularidades tanto durante la investigación preliminar y la que estuvo a cargo del Ministerio Público y sus fiscales como durante el proceso en instancias judiciales. 

Como se mostró en el primer capítulo de esta investigación, la falta de acceso a  la historia clínica que —en ocho de las 10 denuncias— fue entregada en el mejor de los casos tres meses después de que se inició la investigación y en el caso más extremo hasta dos años después, cuando ese documento por norma debe ser de acceso y conocimiento inmediato del paciente y su familia; la demora en la elaboración de las auditorías médicas y en el acceso al peritaje son los primeros obstáculos que atraviesan quienes denuncian hechos de mala praxis médica.
 De los 10 casos a los que Página Siete hizo seguimiento, solo seis de las denuncias tienen un informe forense, cuando este documento permite saber qué pasó exactamente durante el procedimiento desarrollado por el médico. 

 

Cuando el proceso judicial se inicia, las irregularidades y hechos de corrupción son elementos comunes que, según el testimonio de las víctimas, van desde el pedido de dinero por parte de los investigadores o personal de juzgados para citar a diferentes personas, hasta acciones “desleales” de los abogados o el rechazo de la denuncia por parte de jueces o fiscales pese a todas las pruebas del daño causado al paciente.

Las víctimas o sus familiares que fueron patrocinados por abogados particulares denuncian que en varios de los casos tuvieron que cambiar al profesional porque éste les jugó en contra o porque debido a amedrentamientos de la parte acusada se alejaban del caso. Los médicos, en contraparte, indican que muchas veces las denuncias por una supuesta mala praxis o negligencia se dan por que se busca extorsionarlos.

Además, de lo mencionado, la corrupción en el aparato judicial, la inasistencia de los médicos a las audiencias, las continuas apelaciones de la defensa de los acusados, la falta de fiscales e investigadores especializados en medicina —que puedan comprender el lenguaje técnico utilizado por los galenos en sus argumentos— y  la falta de jueces contribuyeron a la retardación de justicia, sin considerar que al menos en la mitad de los casos, los denunciantes quedaron con la salud en contínuo deterioro. 

Seis años para  un veredicto

A Nieves le tomó seis años lograr una sentencia contra los dos médicos que según ella le causaron daños irreversibles a su salud. A Yolanda le tomó cinco. La primera fue patrocinada por abogados de los  Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) y la segunda acudió, luego de invertir casi todo su dinero en abogados particulares, al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). Ambas oficinas son dependientes del ministerio de Justicia.  

En el caso de Nieves, una vez admitida su denuncia, ésta se vio truncada porque los investigadores tuvieron dificultades para notificar de la misma a los médicos, según se lee en el cuaderno de investigaciones al que tuvo acceso Página Siete. Posteriormente y una vez notificados, los investigadores policiales volvieron a toparse con dificultades para citar a los profesionales, para que den su declaración informativa. Paralelamente, Nieves tuvo que lidiar con los continuos cambios de abogados en el Sijplu pues conforme las autoridades eran reemplazadas, entre 2011 y 2017, los funcionarios también eran removidos de sus cargos y sustituidos por otros nuevos que comenzaban con ella desde cero.

Según los expedientes del proceso, ambos galenos presentaron recursos. Primero, para que la Fiscalía no admita la denuncia. Luego, adjuntaron incidentes legales para afirmar que se vulneraron sus actos ante la falta de una valoración adecuada de las pruebas de descargo que presentaron.

En el caso de Yolanda, en cambio, su denuncia fue rechazada en primera instancia, cuando fue patrocinada por un abogado particular. Su caso cayó en manos del fiscal René Quispe Huanca quien, de manera irregular según la parte demandante, rechazó el caso en la etapa preparatoria; por esta razón Yolanda, con la salud deteriorada, tuvo que denunciarlo. En el memorial con el cual desestimó la querella de su caso, el fiscal afirmó que “el problema de la incontinencia urinaria, se debía a la avanzada edad de la paciente”, cuenta la denunciante, y no así a una mala práctica médica. A la denuncia de Yolanda, otras víctimas, de diferentes procesos, se sumaron y lograron que el fiscal Quispe sea enviado a la cárcel. “Quiero pedirle por favor, que se haga público todo esto, no podemos lograr justicia. No hay manera de calcular cuánto he gastado y todo lo que he perdido por ese ‘accidente’ que dice cometió la doctora”, lamenta Yolanda.


Una vez con los abogados del Sepdavi y admitido el caso en la justicia, entre los primeros antecedentes, existen informes de los investigadores en los que sugieren al fiscal emitir órdenes de aprehensión ante reiteradas evasiones a las citaciones por parte de los testigos allegados a la ginecóloga acusada de causarle daños y de la propia acusada. 

Su abogado, Julio Acarrafi, explicó que, al igual que en el caso de Nieves, la defensa de la doctora interpuso varios recursos para desvirtuar la denuncia. También, señaló que la mayoría de las suspensiones de las audiencias se debieron a la inasistencia de testigos que no podían ser notificados con las citaciones para las audiencias de juicio. Entre ambas partes tenían un listado de aproximadamente 30 testigos. 

Acarrafi resaltó que uno de los principales problemas a la hora de abordar este tema fue la negativa y temor de los médicos, colegas de la ginecóloga denunciada, que se excusaron de declarar en su contra “pues ella era ese entonces cabeza de una sociedad nacional de trasplantes”. 

Este hecho incluso repercutió en la negativa a realizar una pericia por parte de otros especialistas, por temor a represalias de la doctora, porque alegaba que había sido una de sus docentes en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Las sentencias

Nieves, luego de años de trajinar por juzgados y tribunales, creyó haber conseguido justicia en 2016 cuando se dictó la sentencia contra los dos médicos que la atendieron en el Centro Médico Adolfo Kolping. 

“El Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declara a —ambos médicos—, autores de la comisión del delito de lesiones gravísimas, previsto y sancionado por el artículo 270 del Código Penal, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, más costas a favor del Estado y de la víctima, así como la reparación del daño civil a favor de la última a ser calificados en ejecución de Sentencia”, señala parte del fallo emitido por la segunda instancia judicial que conoció el caso. 

En criterio de los jueces, el tratamiento médico y las cirugías practicadas posteriormente a Nieves tienen relación con las complicaciones relativas a la atención médica y las cirugías practicadas por los dos galenos acusados. 

Pero lejos de lograr que el fallo se ejecute y se pueda hacer una cuantificación económica del daño causado a Nieves y su familia, se vinieron las apelaciones a la sentencia. Los médicos condenados objetaron la misma con el argumento de una falta de valoración de pruebas y una incongruencia en la valoración del hecho que se cataloga como delictivo y de las operaciones que fueron practicadas con el consentimiento de Nieves quien, según su argumento, también fue informada de los riesgos que corría al someterse a las operaciones.

El elemento en el que los médicos basaron su apelación figuraba en la última parte de la sentencia en la que se señala que “no hay prueba suficiente para sostener que la (víctima) haya incumplido con las recomendaciones o tratamiento indicado puesto que la paciente tenía que realizarse el examen de urograma excretor como (le había solicitado) el urólogo”. 

Sin embargo, el mismo no se podía realizar a causa de las complicaciones post operatorias a las que no dieron solución los galenos y simplemente se limitaron a esperar que la paciente se haga el examen. “El actuar de los acusados ocasionó… la incapacidad permanente para el trabajo y el peligro inminente de perder la vida a causa de la lesión causada en ambas intervenciones quirúrgicas…”, señala el documento.

Ante ese argumento, los abogados de ambos médicos interpusieron memoriales en los que explicaban hasta en ocho incisos que en su criterio, el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto no había valorado varios aspectos e incurrió en contradicciones. 

Los vocales de la Sala Penal Tercera de La Paz definieron que no había dolo y consideraron que no se podía probar si la paciente cumplió o no con el tratamiento indicado, pero confirmaron la condena contra los galenos. El fallo dejó abierta la posibilidad de una anulación de la pena por haber emitido un concepto contradictorio que sería apelado en el nivel más alto de la justicia en Bolivia, el mismo que en 2017 dejaría sin efecto la sentencia contra los médicos.
 
Con ese fallo, los casi 10 años de lucha de Nieves quedaron en nada. Para los jueces, afirma Nieves, el haber firmado el consentimiento de esas operaciones parece haber dejado impune todo el dolor causado a su cuerpo y su familia. Su única salida es un trasplante de riñón pero si con la determinación final de la justicia ella termina siendo responsable de todas las complicaciones sufridas, ¿dónde puede acudir por ayuda? 

En el caso de Yolanda, para lograr un resarcimiento económico de daños, la sentencia en contra de la ginecóloga acusada de dejarla con incontinencia urinaria debe pasar a un juzgado especial y, por medio de una acción civil, calcular una cifra que pueda cubrir económicamente los daños causados.

 Yolanda solo busca una solución a su actual situación. Viuda, sin familia que la cuide, gasta a diario en la compra de pañales y medicamentos. En el horizonte visualiza lograr un resarcimiento de daños con el cual logre viajar a Argentina para consultar si es viable la implantación de una prótesis que sustituya las funciones de su vejiga.

 

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