Ocho muertes olvidadas entre necropsias y procesos

El representante de DDHH de El Alto afirmó que la comisión de la CIDH investigará todos los decesos, incluidos los de los policías, pero no hay avances.
domingo, 22 de noviembre de 2020 · 00:04

Leny Chuquimia /  La Paz

Ha pasado un año y desde Quillacollo, en Cochabamba, hasta El Pedregal, en la zona Sur de La Paz, pasando por El Alto, el luto no termina. Ocho muertes -de las 35 que dejaron los conflictos poselectorales de 2019- se pierden entre necropsias, el olvido y procesos judiciales sin final.

Juan Pérez Taco, Beltrán Paulino Aruni, Percy Conde Noruega, Silverio Condori, Juan José Alcón Parra, Heyber Antelo Alarcón, Julio Llanos y Limberth Guzmán  no son nombrados en los homenajes, pero sus muertes que no dejan de doler. Fueron estudiantes, policías, sobrevivientes, padres, hijos y esposos.

 Cuatro muertos en la zona Sur 

“Estuve meses andando solo en busca de justicia para mi hijo. La semana pasada  recién conseguí hacer una necropsia... la bala le había entrado por un costado del cráneo y se quedó en la nuca… ¡mi hijo!”, lamenta Martín Pérez Huanca, padre de  Juan Martín Pérez Taco.

Juan tenía 18 años, pronto sería bachiller. Era el menor de los hijos de Martín, todos varones. Su benjamín fue herido el 11 de noviembre de 2019 en el puente Rosales, de El Pedregal. Su cuerpo fue llevado al hospital donde fue declarado sin vida.

“Le tomé una foto, pero me han hecho borrar ahí mismo. No pude sacar su cuerpo sino hasta 24 horas después. No había cómo seguir las investigaciones, nadie me hacía caso, por eso decidí buscar  a las familias de Senkata”, afirma cabizbajo.

La de su hijo es una de las cuatro muertes que se produjeron en la zona Sur de La Paz entre el 11 y el 12 de noviembre. Poco se sabe de esas víctimas, apenas lo que alcanzaron a declarar sus familiares ante algún medio.

“De ellos nadie habla”, afirma una  vecina de El Pedregal. Como muchos de los habitantes de esa zona fue testigo de  aquellas jornadas violentas.

    “Es un año, es muy duro de recordar que perdí a mi esposo. Yo me enteré de su muerte por un video que circulaba en redes. No sé cómo o en qué momento le dispararon... solo quiero que se esclarezca, justicia”, afirma la viuda de Percy Conde.   

Él tenía  33 años, una esposa y dos  hijos.  Aquella jornada, ante las amenazas de saqueos, Percy mandó a su esposa e hijos con sus suegros y se quedó solo en casa. Llamó a su hermana para contarle que los conflictos se agravaban y no se supo más de él, hasta que encontraron su cuerpo sin vida envuelto en una frazada.

Los exámenes forenses son claros. Presentaba siete lesiones por  proyectiles de carga múltiple, cinco destrozaron  sus órganos vitales. Un disparo de estas municiones catalogadas como antimotines   podría herir a cinco personas, pero todos los perdigones  entraron a su cuerpo. Para su familia  esa es la prueba de que el disparo no fue a la azar. Por la cercanía y la posición. Seguramente Percy alcanzó a ver a su agresor, pero no tendrá la oportunidad de identificarlo. 

“Mi nietita cumplió un año hace uno par de meses,  apenas pudo estar en los brazos de su padre por unos meses, antes de que lo balearan. ¿Qué va a ser ahora de ella y de su esposa”, dice Brigida, madre de Beltrán Paulino Aruni.    

Beltrán apenas pasaba los 20, fue asesinado en la calle 6 de Rosales. Aquel día, su madre intentó llegar hasta el cuerpo que yacía tendido en la calle. Recuerda como los policías y unos civiles de cascos blancos y amarillos -armas en mano- se la llevaron para que no alcance a auxiliar a su hijo.

 “Hay videos, queremos que se esclarezca. Las investigaciones no  avanzan”, lamenta Brígida.

 De la cuarta muerte en la zona Sur se desconocen los detalles. Se sabe que la víctima   se llamaba Silverio Condori  y tenía 57 años. Desapareció el 11 de noviembre durante los enfrentamientos ocurrido en Mallasa. Su cuerpo fue encontrado tres días después en el fondo de un barranco.

   El luto en el Verde Olivo 

Durante los conflictos, la Policía sufrió la pérdida de dos de sus efectivos. 

El 12 de noviembre de 2019, el comandante de la UTOP, Heybert  Chichi  Antelo, falleció en una sala del Hospital Obrero, luego de haber sufrido un accidente en la Autopista La Paz-El Alto, cuando trataba de controlar una manifestación. Algunos testigos aseguran que chocó su moto por esquivar un explosivo. 

  Seis días después, después de una semana  de agonía, el corazón del sargento Juan José Alcón Parra dejó de latir. El efectivo fue linchado durante el asalto  a la EPI policiales de El Alto. Era instructor de cientos de estudiantes de la brigadas escolares que hoy sienten su partida. 

  El representante de DDHH David Inca afirmó que ambas muertes serían investigadas por la CIDH, no obstante las pesquisas no avanzan.

 Guzmán y Llanos, primeras víctimas

Desde hace un año, en la vigilia  de los sobrevivientes de las dictaduras en El Prado,  alguien hace falta: el activista  Julio Llanos.

 El 29 de octubre de 2019, él fue una de las primeras víctimas en los conflictos poselectorales. Allí mismo donde por siete  años esperó una respuesta del gobierno a la solicitud de resarcimiento para más de 7.000 víctimas de las dictaduras, fue agredido   por un grupo del MAS que marchaba en respaldo a los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Tras reclamar a los movilizados, fue empujado y golpeado hasta caer al piso y quedar inconsciente. Ya no volvió a la vigilia y pasó sus últimos 31 días de vida en una sala de terapia intensiva, donde murió el 28 de noviembre.   

Aunque hay cuatro agresores  identificados , de los que dos eran funcionarios públicos, hasta hoy el proceso legal  no avanza. Los agresores son originarios de Llallagua y no han podido ser notificados. 

El 8 de noviembre, entre llanto y dolor, el cuerpo de Limberth Guzmán, de 20 años, fue enterrado en Cochabamba. Fue la primera víctima mortal de los conflictos entre quienes denunciaban el fraude y los que lo negaban.

 Días antes fue agredido por un grupo del MAS en un punto de bloqueo  instalado en Huayculli, Quillacollo, donde Guzmán reforzaba la medida que pedía la anulación de las elecciones. Fue golpeado con puños, piedras y palos hasta que su cráneo se abrió.  

Llegó al Hospital Viedma  con un diagnóstico grave de posparo cardiorespiratorio y muerte encefálica.

Aunque se logró identificar a algunos de  los perpetradores de la golpiza, el proceso está detenido.

 

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