Tras un año de viacrucis, viudas de Senkata reciben ayuda pero la justicia no llega

Cinco de las 10 víctimas dejaron viudas con hijos pequeños que sufrieron peripecias hasta recibir la ayuda. Familias piden apoyo para esclarecer las muertes e identificar a los autores materiales e intelectuales.
domingo, 22 de noviembre de 2020 · 00:04

Leny Chuquimia /  La Paz 

Tras un año de crisis para las viudas de la masacre de Senkata, la justicia no llega. Luego de arduas  gestiones lograron efectivizar la ayuda económica comprometida  por el Gobierno, pero su mayor anhelo -el esclarecimiento de los hechos- aún se ve lejano. 

“Vemos que en un año las víctimas de Senkata y Sacaba no han visto satisfechos sus derechos, no se actuó con la debida celeridad y no se les dio lo más importante... nadie puede vender la vida de un ser humano, esta no tiene precio. A lo que tienen derecho estas familia es a la verdad y la justicia. Que a un año  no la tengan, es algo que habla muy mal de nuestra democracia”, manifestó el ministro de Justicia Iván Lima.

Página Siete accedió a un documento  de  Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, que  señala que el pago de este apoyo humanitario  de 100 mil bolivianos  fue entregado  a la totalidad de los familiares de los fallecidos de El Alto y La Paz.  

Las  familias lograron hacer los desembolsos hasta  días antes del cambio de mando. Este dinero apenas cubrió las deudas adquiridas  por la muerte de las víctimas, la atención médica en el caso de quienes fallecieron días después, las deudas que estos dejaron o  incluso las que las familias adquirieron durante la cuarentena o porque se  contagiaron  de Covid-19.

El representante de la Asamblea Permanente  de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, aclara que conforme a lo acordado con el Gobierno de transición esta ayuda no es una indemnización. “Esa sólo puede ser determinada en un juicio  y no hemos llegado a esa instancia. Es sólo una ayuda humanitaria, aprobada en un decreto,  que no será cumplida hasta que no llegue a todas las víctima del país”.  

    
El dolor  aún embarga a los familiares de las víctimas.  
Foto: Freddy Barragán/ Página Siete

 Las viudas y los huérfanos

“Sin ellos, son las viudas las que se han vuelto padre y madre para los huérfanos de Senkata. Solas han  tenido que echarse  a la familia al hombro para seguir adelante por sus hijos,  por ellas y por sus finados”, afirma Gloria Quisbert, de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Senkata.

Devi Posto, Pedro Quisbert, Juan José Tenorio, Rudy  Vásquez, Calixto Huanaco, Edwin Jamachi, Milton Zenteno, Antonio Quispe, Joel Colque y Clemente  Mamani son las 10 víctimas mortales de los conflictos en Senkata, tras la intervención de los bloqueos que rodeaban la planta de YPFB. 

El menor de ellos tenía 21 años de edad y el mayor, 33. Cinco tenían esposas  e hijos, dos no llegaron a conocer a sus primogénitos que estaban en camino.

“Hasta ahora no sé qué pasó con mi esposo. Era costurero, salió de la casa cerca del mediodía a buscar cierres para un contrato de chamarras que teníamos. Después ya sólo lo vi en el hospital, agonizó por días”, cuenta Alison Ramírez, viuda de Calixto Huanaco.

Se ve pequeña y mucho más delgada que hace un año, cuando Página Siete la encontró en la morgue tratando de recuperar el cuerpo de su esposo. Aún aprieta fuertemente las manos como queriendo retener algo que ya se ha ido. Nadie le pudo explicar qué pasó con su esposo, así como tampoco ella pudo hacerlo con sus hijos. 

“La Fiscalía sólo me dice que yo tengo que buscar las pruebas y decirles qué pasó ese día. El menor de mis niños recién cumplió dos añitos pero el mayor ya tiene seis. Él se enteró por las noticias  y yo hasta hoy  no sé qué decirle”, lamenta la joven de 24 años.

 Como para las otras viudas,  este año no fue fácil. A su pérdida se sumaron las deudas, la falta de sustento, la cuarentena, el dolor de su pequeño hijo y el de ella. “Qué podía hacer, me dediqué a ambular con algunos productos... él era mi soporte”, afirma. 

“Ahora soy padre y madre. La cuarentena no ha sido fácil para nosotros. Él siempre me hará falta”, afirma Cristina Quispe viuda de Juan Tenorio.

Tiene 23 años y en la voz mantiene el enojo que la embargó hace un año pero que hoy también se convirtió en firmeza. 

“Nos han dicho terroristas, ignorantes, masistas... mi esposo era padre y como las otras víctimas era una  persona trabajadora. El sólo salió a pedir su sueldo de mecánico en La Paz porque ya no teníamos dinero. Hasta ahora no sé qué le  pasó”, relata mientras mece en sus piernas a un pequeño que sonríe con  una enorme gorra con orejas de conejo.

Por un año peregrinó con el resto de los dolientes   en busca de justicia. Recorrió  juzgados y oficinas gubernamentales sin encontrar respuesta a sus preguntas: ¿dónde?, ¿cómo?  Y aunque no encuentra respuestas, ha decidido no detenerse. Y no es la única. 

“La familia de mi hermano se  ha destruido. Mis sobrinos  (dos niñas y un niño) han quedado huérfanos y sólo puedo buscar  justicia  para que ellos sepan qué pasó con su padre”, dice Nancy Jamachi, hermana de Edwin Jamachi.

Gloria, que perdió a su hermano en los conflictos, tiene como meta   conseguir justicia. Por eso hace un llamado a todas las personas que tengan imágenes de  lo sucedido en Senkata ese 19 de noviembre. Como garantía el material  será recibido por el padre Guechi,  de la parroquia de la zona.

“Creo que ahora podremos avanzar.  Con la llegada de la CIDH por fin la Fiscalía empezó a  llamar a todas las víctimas  para tomar sus  declaraciones”, sostiene. 


Las viudasy madres    recorrieron las calles de Senkata donde aún quedan las huellas de las balas.
FOTO:Freddy Barragán/ Página Siete

CIDH trae expertos pero la justicia dará el veredicto

El ministro de Justicia Iván Lima manifestó que la alta comisión de la CIDH, que investigará los hechos luctuosos de 2019, tendrá acceso a toda la información  necesaria. Sin embargo -aclaró- la palabra final sobre lo ocurrido la tendrá la justicia boliviana.

“De este Gobierno, la investigación internacional tendrá la mayor amplitud y reconocimiento, sin perder nuestra soberanía. Abrimos las puertas a la comunidad internacional para que investigue y emita un informe, pero será eso: un informe. La palabra final sobre los hechos de Senkata y Sacaba la tendrán el  Ministerio Público y los jueces de este país”, manifestó la autoridad.

Según lo informado, esta comisión -encabezada por el presidente de la CIDH  Joel Hernández- arribará al país el 23 de noviembre. Estará conformada por cinco expertos internacionales, del más  alto nivel, como: los argentinos   Juan Méndez y Patricia Tappatá, el brasileño Marlon Weichert, la colombiana Magdalena Correa y el inglés Julian Burguer.

El representante  de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos  (APDH) de El Alto David Inca   señaló que esta delegación es experta en psicología forense, balística, acceso a la justicia, etc.

“Lo que más nos interesa  es la confirmación y ratificación de los 16 puntos emitidos en su informe preliminar. Eso nos ayuda a que a futuro no se repita lo mismo con otros gobiernos porque se  dejará un  antecedente. Eso, además de justicia,   es lo que más quieren las familias afectadas”, afirmó Inca. 

 Indicó que esta investigación servirá para iniciar procesos penales en contra de las autoridades involucradas. Aclaró que el juicio de responsabilidades  en contra de Jeanine Añez  dependerá de la Asamblea Legislativa, que debe aprobar esta medida con dos tercios. 

Lima manifestó que, bajo el entendido de que  justicia es un valor que se construye día a día, el país abrirá a la CIDH las puertas no sólo de los fiscales  y los expedientes,  sino de la Policía y el Ejército.

 Aunque se habló mucho  sobre Senkata y Sacaba, Lima explicó que el  periodo de investigación de la CIDH comprende desde  septiembre hasta diciembre de 2019. “Abarca todos los hechos ocurridos”, sostuvo.

“A un año de los hechos luctuosos es momento de la  reconciliación entre los bolivianos. Algo que va   a fortalecer este entendimiento y pacificación  será que logremos que haya justicia”, manifestó la autoridad.

Buscan juicio con Informe de la ALP

Víctor Borda, presidente de la Comisión Mixta de la ALP que investigó los hechos de Senkata y Sacaba, afirmó que los informes  entregados por las autoridades de Jeanine Añez al Legislativo confirman que en El Alto hubo una masacre y no movimientos terroristas.

“Nuestra investigación está hecha en base a documentos que son una parte de todo el informe. El señor Arturo Murillo manifestó que los alteños querían hacer volar la planta y por eso el Ejército  intervino. Pero un informe del Ministerio de Hidrocarburos nos dice otra cosa”, manifestó Borda.

La documentación a la que hace referencia fue entregada a las familias de las víctimas y autoridades. 

Parte de uno de los informes que no fue socializado por la ALP saliente, pese a que ya lo tenía en su poder,  señala: “Hasta la fecha 19 de noviembre de 2019, no cursa informes de Inteligencia de la Policía Boliviana o del Ejército respecto a que la planta de gas de YPFB de Senkata fuera amenazada de un posible atentado a las instalaciones”. Sin embargo no se tiene conocimiento del resto de este documento. 

Otro de los informes emitidos por el Ejército sostiene que en el operativo participó un camión patrulla, 14 instructores del Ejército,    nueve fusiles de asalto Galil con municiones  de 5,56 milímetros, tres  escopetas, tres pistolas lanzagranadas y dos pistolas nueve milímetros. Además de granadas y helicópteros.   

 “Esto coincide con los exámenes forenses que nos muestran que es necesario un juicio por genocidio”, dijo.

Violencia  y luto

 2019 El 15 de noviembre  Jeanine Añez promulgó el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a las  Fuerzas Armadas de Bolivia que actuaran ante las protestas.

19/11 El Gobierno intervino  los bloqueos de Senkata para sacar  combustible de  la planta de YPFB. El operativo terminó en un enfrentamiento por el que 10 personas perdieron la vida por impacto de proyectil.

20/11 El Gobierno oficializó la muerte de tres personas en hechos que denominó como terrorismo. Afirmó que los proyectiles no correspondían a las armas reglamentarias  usadas durante la intervención militar.

Origen El Gobierno justificó el operativo. Indicó que los movilizados intentaban ingresar a las instalaciones de YPFB para detonar la planta. Hubo siete personas detenidas  y hasta hoy las investigaciones continúan.

10/12 La CIDH presentó un informe preliminar de su visita de observación a Bolivia  y recomienda una investigación internacional de los hechos de violencia ocurridos en el país.

Resarcir En diciembre de 2019 el Gobierno emitió el decreto   4100 que establecía una indemnización  de 50.000 bolivianos a las familias de los fallecidos entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019.

Pago Tras varias negociaciones el monto del resarcimiento    fue doblado a 100 mil bolivianos que empezaron a  pagarse hace un par de meses a las cuentas de los afectados.

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