Tras años de promesas incumplidas, el precario sistema de salud colapsó con el coronavirus

Primero faltaron barbijos, después las pruebas. Pronto fueron insuficientes las UTIS y se disparó la demanda de respiradores. Se precisaban médicos en todos lados y hasta faltó el oxígeno vital.
viernes, 25 de diciembre de 2020 · 10:09

Liliana Carrillo V. Periodista

El 10 de marzo, un día después de que se confirmaran los primeros casos de Covid-19 en el país, la Sociedad de Medicina Crítica lanzó la alerta: “Bolivia sólo tiene 490 camas de terapia intensiva, de las 1.160 que recomienda la OMS, y sólo 210 especialistas de los 500 que se necesitan. No estamos listos para responder ante una pandemia”. 

“Se venía una guerra que enfrentaríamos sin médicos suficientes, sin hospitales, sin equipos, sin pruebas”, rememora hoy el doctor Adrián Ávila Hilari, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. “Vaticinamos un escenario desolador y se cumplió”, dice y  nunca fue tan triste tener la razón. 

El enemigo llegó -nunca se fue- y atacó a un país indefenso-.  Bolivia tiene un precario sistema de salud y un presupuesto para el área que, tras largas luchas, apenas  llega al 10% del Presupuesto General de la Nación (PGN).

 En todo el territorio nacional hay  sólo 34 hospitales públicos de tercer nivel  cuando deberían ser al menos 149 para 11 millones de habitantes, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los ítems para el personal de salud llegaban a 1.200, menos del 50% de los  3.000   que mínimamente se necesitan.

En marzo, Bolivia ya enfrentaba una ola de dengue con 50.000 casos que a la fecha superan los 80.000 a nivel nacional.  Con la llegada del coronavirus, sobrevino una sindemia nacional.
 

En esas circunstancias estaba el sistema de salud del país  en marzo, cuando se reportaron los primeros casos de coronavirus. Siguió el colapso.
 
Bolsas de plástico y colectas

“En abril, la situación ya era grave. No nos daban insumos, teníamos que guardar las batas y reusar los barbijos desechables. Hacíamos colectas con las compañeras para comprar hasta guantes”, cuenta Fernanda  R., enfermera  del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, Cochabamba. Cuenta que tuvo que usar un gorro  quirúrgico desechable  hasta que se llenó de agujeros.

 “Así iba a trabajar cada día mientras los pacientes aumentaban. Encima esos meses de atrasaban en los pagos, nos debían meses de sueldo”, recuerda y con cada palabra se indigna: “Hemos pasado lo peor del coronavirus abandonados, atendiendo como podíamos a los enfermos”.

La carencia de insumos de bioseguridad fue latente también en   otros sectores de  trabajadores en primera línea .  “Desde el Comando  no nos han dado barbijos, alcohol en gel ni guantes. Hemos hecho una ‘vaquita’ para comprarnos una fumigadora. He tenido que comprarme con mis propios medios barbijos y guantes para protegerme”, lamentaba en abril un sargento de la Policía de que presta servicio en una Estación Policial Integral (EPI).
  
Cuando llegó la pandemia, el gobierno transitorio había prometido dotar de material de bioseguridad e ítems a los trabajadores de salud. Aseguró también la llegada de respiradores, reactivos para pruebas e implementación de más laboratorios.

A fines de marzo ya se registraban marchas de batas blancas en demanda de esos necesarios insumos.  El 6 de mayo, autoridades de la Gobernación de Santa Cruz demandaron al Gobierno nacional el cumplimiento de las promesas gubernamentales de   equipos de terapia intensiva y personal.  Al día siguiente, los otros ocho departamentos también alzaron la voz para demandar camas de hospitales para la atención y reactivos para  detectar el Covid-19.

“No tenemos barbijos, no tenemos protectores de mamelucos, no tenemos botas. Las enfermeras se ponen bolsas de basura para protegerse.  Esto es producto de la improvisación . Los   segundos niveles están enfrentando la pandemia con profesionales de primera línea pero en condiciones deplorablemente adversas, que arriesgan sus vidas y las de sus familias”, reclamaba entonces el doctor Carlos Nava,  dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de Cochabamba.

A principios de mayo, el comandante de la Policía de Chuquisaca, coronel Gonzalo Lazo, solicitó públicamente a las autoridades  que no descuiden la dotación de insumos de bioseguridad para los efectivos. 

“Tenemos una dotación pero no es suficiente, necesitamos equipos, overoles y otros elementos para proteger al funcionario policial”, remarcó. Para entonces la alarma en las filas de la verde olivo crecía por el número de efectivos contagiados que en dos semanas subió de 15 a 131.

Con el rápido incremento de casos de Covid-19 en todo el país subían también los requerimientos. Primero faltaron las pruebas, después los insumos. Pronto fueron insuficientes las unidades de terapia intensiva y se disparó  la demanda de respiradores. Se precisaban médicos en todos lados y poco después iba a faltar hasta el oxígeno vital para los enfermos.

Cruz: “La pandemia pudo ser peor sin las medidas oportunas”

 “Pese a  las limitaciones, aplicamos medidas oportunas que permitieron que los efectos de la pandemia en el país no fueran devastadores”, evalúa el exministro de Salud Aníbal Cruz.

 El 31 de diciembre de 2019, el  médico cochabambino asistió a una reunión de ministros de Salud convocada por la OMS, para alertar sobre los efectos del nuevo virus que había aparecido en China y amenazaba con expandirse. Hasta entonces, el geriatra que había sido dirigente del Colegio Médico no  había imaginado que la pandemia llegaría a Bolivia. Menos aún, que él sería el principal llamado a combatirla.

“Estábamos conscientes de la situación del país que arrastraba 14 años de  gobierno del MAS que relegó a la salud a un presupuesto mínimo, sin infraestructura, ni equipos. Y en esa situación era inminente la llegada del coronavirus”, recuerda.

 A fines de febrero se reportó el primer caso sospechoso importado de Covid-19 en suelo boliviano. Era un piloto que finalmente resultó negativo. Pero el alivio no duró mucho. 

El 8 de marzo dos mujeres llegadas de Italia presentaron los síntomas y se sometieron a las pruebas. El 10 de marzo, el gobierno confirmó oficialmente  que con ellas el coronavirus había llegado a Bolivia.

   Ambos casos procedían de Lombardía, Italia. Una de las señoras llegó a San Carlos (Santa Cruz), donde fue recibida con una parrillada y allí comenzó la expansión del virus. La otra paciente arribó  a su Oruro natal y contagió a sus familiares, entre ellos su hijo que,  con su trabajo de ingeniero, llevó la Covid-19 a Ivirgarzama, en Cochabamba.

 “Urgía romper la cadena de contagios y logramos hacerlo con medidas radicales, como la cuarentena rígida nacional”, asegura Cruz. Recalca que después de los primeros casos, Oruro guardó 28 días de silencio epidemiológico y que el virus no llegó a Beni si no 42 días después.

Pero pronto esa barrera sanitaria se iba a perforar. “Otro paciente proveniente de España participó en la fiesta de Patacamaya el 1 de mayo, pese a la pandemia   causó un brote importante. Paralelamente, nos llegaban repatriados desde Brasil, Argentina, Chile y diseminaban la enfermedad”, refiere el exministro.

Recalca que ante la carencia de laboratorios que procesen las pruebas, se sumaron al Cenetrop de Santa Cruz, el Inlasa de La Paz y el Sedes de Cochabamba. No fueron suficientes, pues hacia mayo la demanda de test en todas las regiones hizo que  los centros colapsen con el consiguiente atraso de semanas en la entrega de resultados.

 El 15 de abril, el entonces embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo Radji, informó que Bolivia contaría con 450 mil pruebas para Covid-19.  En junio, los test llegaba “a cuenta gotas” mientras crecía la demanda de los  nueve departamentos. Faltaban incluso insumos básicos, como hisopos, para tomar las muestras.
 
“El mercado internacional estaba colapsado por la alta demanda de todos los países; las compras de equipos e insumos no llegaban, aunque estaban pagadas, la pandemia era global”, justifica  Cruz. Añade que además el gobierno de transición debía afrontar “un boicot desde el Parlamento, orquestado por el masismo”, que no aprobaba los fondos necesarios para la atender la emergencia sanitaria.

    Durante los primeros meses de la pandemia, la imagen del ministro Cruz aparecía cada día en la televisión nacional dando los reportes diarios. Y así fue hasta el 8 de abril, cuando renunció al cargo por motivos personales. “Hay inseguridad jurídica y por entonces habíamos aprobado un decreto para la compra directa de insumos para la pandemia”, comenta y no abunda en  detalles.

Hospitales colapsados

Cruz fue reemplazo por el doctor Marcelo Navajas y durante su gestión se registró el caso de compra con sobreprecio de 170 respiradores españoles. Mientras la  presidenta Añez anunciaba “mano dura” con los responsables y se abrían procesos, el avance del virus no daba tregua.

 “Era impensable la situación, porque  urgían los respiradores para pacientes graves en todo el país. El proceso impidió la llegada además de otros equipos cuando más se los necesitaba”, lamenta el intensivista Ávila. Él lo evidenció personalmente cuando fue como voluntario a prestar su ayuda a Santa Cruz y Trinidad.

 Comenzó entonces el colapso en los hospitales. Primero en Santa Cruz, luego en Trinidad, Cochabamba y La Paz. En todos los departamentos la situación era la misma: falta de camas, carencia de equipos y médicos agotados y diezmados por los contagios entre sus colegas.
En Beni, la pesadilla se materializó en mayo, después de más de un mes de silencio epidemiológico en el departamento.  Trinidad concentraba el 95% de los enfermos con carencias en hospitales, equipos y el 70% del personal de salud contagiado. 

El cardiólogo Edson Gutiérrez asumió  la jefatura médica del Hospital Germán Busch y tuvo que luchar en desventaja no sólo contra el virus, sino también con algunos sectores de la población que atacaba a los médicos culpándolos por el virus.

En estos días  le tocó la difícil decisión de repartir los pocos respiradores que habían llegado, aunque no todos funcionan al 100%.  “Pido la comprensión de la población: es doloroso tener que decidir entre la vida de una persona mayor y la vida de una doctora que estuvo trabajando y luchando aquí, es doloroso pero había que hacerlo, no quedaba de otra”- dijo entonces el médico afligido-. “Necesitamos ayuda... ya no vamos a aguantar”.

Muertos en las calles
 
 Largas colas se formaban en las puertas de los centros de salud. Muchos pacientes no entraron en las estadísticas, murieron  en sus casas sin haber ido al hospital por miedo o porque se habían enterado que allí no encontrarían ni camas  ni medicinas  ni pruebas ni médicos.

En junio, los casos de Covid-19 se dispararon después de que se decretara   la cuarentena “dinámica” que levantó algunas de las restricciones de los meses pasados.  Entonces comenzaron los  levantamientos de cadáveres en las calles de las capitales.

En julio, la Policía  levantó  en sólo cinco días  420 cuerpos, 90% de los cuales se consideraron sospechosos de haber contraído coronavirus. Nunca se sabrá, pues no se hicieron las pruebas que lo confirmarían. Colapsaron también los cementerios.

Deuda histórica

En agosto, los bloqueos masistas de carreteras en demanda de  elecciones impidieron el transporte de oxígeno, vital para tratar a los enfermos. Ello sacó a luz la necesidad de plantas del gas vital de las que carecían todas las regiones, excepto Santa Cruz.

“Este es un tema que reclamamos hace mucho. En el Hospital de Clínicas, por ejemplo, no solo falta un generador de oxígeno, sino que no   hay ni siquiera un generador de electricidad. Es un  problema nacional pero nunca le importó a Ariana Campero,  Gabriela Montaño, ni a  Rocabado en la gestión del MAS. Este mismo pedido al gobierno transitorio, pero no cambió nada”,  reclama el dirigente del Sirmes La Paz Fernando Romero.

El bloqueo en plena crisis avivó la pugna política. “Si el gobierno de facto hubiese conseguido un respirador por cada juicio presentado en contra de dirigentes sociales y políticos, seguro que se habría podido afrontar mejor la pandemia. Criminalizando la protesta social no se resuelven los problemas”, escribió en sus RRSS Evo Morales, el 29 de julio, desde Argentina.

El mismo día, la entonces presidenta Jeanine Añez sostuvo en su cuenta de Twitter: “La crisis del sistema de salud es el resultado de décadas de descuido. Nos pusimos la meta de reactivarlo con la compra de equipos e insumos para mejorar la atención”.

El gobierno transitorio denunció ante la OEA que los bloqueos  que impidieron durante 10 días  el suministro de oxígeno medicinal a hospitales  habían  provocado la muerte de 31 pacientes con coronavirus. La cifra nunca fue corroborada cabalmente por los datos de los Sedes.  

“El MAS no entregó ni la mitad de los 49 hospitales que prometió y no equipó  los demás. Fueron 14 años que sumaron las falencias históricas del sistema de salud en todo sentido”, recalca el exministro Anibal Cruz.

“El sistema  Bolivia es de los más precarios del mundo. Basta ver las condiciones en las que trabajan los hospitales, con prácticamente nada. Los gobiernos tienen una deuda histórica con la salud”, resume Adrián Ávila.  El intensivista, que contrajo el virus y vio morir a decenas de sus colegas combatiendo en primera línea, teme por las consecuencias del rebrote. 

“La situación no ha mejorado, no hay suficientes UTI, no hay items ni equipos. Lo alertamos: no estábamos ni estamos preparados para la pandemia”. Nunca fue más triste tener razón. 

Cementerios  tuvieron que habilitar fosas comunes

En el pico de la pandemia, cuando los muertos eran cientos, los cementerios de todo el país colapsaron. Ante la emergencia se habilitaron campos santos Covid y en muchos casos se hicieron entierros en fosas comunes.

 Muchas familias tuvieron que  esperar varios días para que las funerarias retiren los cadáveres de sus hogares, al estar rebasados cementerios y crematorios.

En julio, el Cementerio General de Cochabamba y su horno crematorio ya no pudieron dar abasto para atender a la creciente demanda de entierros, tanto para personas que fallecieron por  Covid-19 o con síntomas como para las que murieron de forma natural u otras causas. 

Ante esta situación, los familiares, tras protestar con ataudes, optaron por buscar camposantos alejados de la ciudad para dar cristiana sepultura a sus seres queridos. Como en la Llajta, los camposantos proliferaron en otras regiones del país.

 A menos de ocho kilómetros de Trinidad  se habilitó rápidamente   un cementerio Covid, en un terreno en medio del monte, ante los decesos. Cuando se reportan cien muertos en la capital beniana  ese campo santo albergaba aproximadamente 200 cruces, algunas sin nombres, y la mayoría sin fecha.

En  La Paz, se habilitó dos sectores para los entierros de víctimas de coronavirus. Desde hace una semana, los familiares demandan la exhumación de los restos que fueron enterrados en los jardines David y Salomón del Cementerio General. Pese a que los cadáveres fueron identificados, los dolientes consideran que los sectores designados son como “fosas comunes”.

Estocada  a un sistema de salud olvidado

“La crisis del sistema de salud es el resultado de décadas de descuido. Nos pusimos la meta de reactivarlo con la compra de equipos e insumos para mejorar la atención. No es fácil, pero lo vamos a lograr. La salud y el empleo son lo que importa, el resto puede esperar”, escribió en su cuenta de Twitter la presidenta de transición Jeninne Añez en julio.

En medio de las críticas a su gestión por los casos de corrupción, la exmandataria apeló a un hecho constable: la salud en Bolivia recibe la importancia que merece desde hace décadas . Esta deuda histórica sacó factura en la llegada del coronavirus.

En 2017, una investigación de Página Siete evidenció el precario estado de los hospitales públicos del país por falta de inversiones. En el complejo de Miraflores de La Paz, por ejemplo, usaban taladros para cirugías, a falta de equipos, y criaban gatos para ahuyentar roedores. 

  Los principales nosocomios del eje central -Hospital de Clínicas de La Paz, Viedma de Cochabamba y San Juan de Dios de Santa Cruz- nacieron poco después de la República. Cuando se abrieron, respondían a las necesidades de pequeñas poblaciones que con los años se han multiplicado por miles. No con ellas, sin embargo, las infraestructuras, el personal  ni los equipos hospitalarios.

 Los ítems para hospitales públicos, que son responsabilidad del Ministerio de Salud, son pocos, por lo que los pocos especialistas y subespecialistas que trabajan en el sistema público lo hacen sólo por horas. Durante la pandemia, el anterior gobierno contrató con apoyo del Banco Mundial  a 7.000 profesionales, aproximadamente, para reforzar los hospitales y las brigadas móviles de salud. Esos contratos fenecerán a fin de diciembre, dejando desprotegido al sistema ante el riesgo de un rebrote.

 En   2015, el  entonces presidente Evo Morales anunció    la construcción de  47 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel  con una inversión de     1.624 millones de dólares. Sólo entregó 10 en su gestión.

Oxígeno, carencia común en hospitales

Sólo uno de 32 hospitales de La Paz tiene generador de oxígeno, el resto   depende de la planta  más grande del país que está en Santa Cruz. Esta carencia se evidenció durante los bloqueos de agosto que impidieron la llegada del gas medicinal que urgía para la atención de pacientes con Covid.

 Pese a la amenaza de un rebrote de coronavirus, el departamento está lejos de contar con su planta de oxígeno. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) todavía estudia la instalación de un generador en el complejo hospitalario de Miraflores o la habilitación de planta exclusiva para todo la región.

“La mayoría de los hospitales de La Paz no tienen un generador de oxígeno. Al no contar con este equipo, dependen de  una empresa que se encarga de llevar los tanques de oxígeno, tal como sucede hasta el momento”,  explicó  a Página Siete hace unas semanas  el presidente del Comité Científico de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Patricio Gutiérrez.

El especialista advirtió que en caso de no contar con una planta de oxígeno para abastecer a los hospitales públicos, privados y del seguro social , La Paz corre el riesgo de vivir una crisis como  la primera ola de la Covid-19.

En agosto, grupos masistas bloquearon las carreteras  e impidieron el paso del oxígeno y creando alarma en los hospitales.  El anterior gobierno denunció  que “al menos 31 personas fallecieron por la carencia de ese elemento vital”.

En La Paz solo el Materno Infantil  cuenta con un generador de oxígeno. El resto se abastece por medio de tanques  y cilindros.

Promesa de 49 hospitales que no se cumple

En   2015, el  entonces presidente Evo Morales anunció    la construcción de  49 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel  con una inversión de     1.624 millones de dólares.  A su renuncia al gobierno, en noviembre de 2019, sólo diez de ellos se habían entregado y no todos estaban equipados.

Una investigación de Página Siete reveló que en 2018 sólo seis de los nosocomios prometidos se habían entregado y estaban en funcionamiento. 

El entonces director de Servicios de Salud del ministerio del área Rodolfo Rocabado  admitió el retraso, pero apuntó al los gobiernos locales: “Como gobierno central impulsamos la construcción de los 47 hospitales comprometidos;  pero  lamentablemente no hay el mismo dinamismo en las autoridades municipales y departamentales”.

El “Plan Hospitales para Bolivia” planificaba 49 nosocomios: cuatro  de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel. Once estarían en La Paz, nueve en Santa Cruz, ocho en Cochabamba, siete en Potosí, cuatro en Tarija, dos en Oruro y tres en Chuquisaca, dos en Pando y dos en Beni.

 Para esta última región era un ansiado sueño contar con un nosocomio de tercer nivel. La obra hospitalaria en Trinidad se comenzó en 2016 y con sólo el 16% de avance se suspendió por problemas con la constructora. Después de tres años de abandono, el proyecto se retomó en julio de 2019 pero avanzó poco, casi nada.

En septiembre pasado, el exviceministro de Salud Álvaro Terrazas (MAS) denunció al gobierno transitorio de haber detenido la construcción de cuatro hospitales de cuarto nivel. La respuesta de la gestión de Añez fue que “el MAS no dejó nada” y que se debía empezar el trabajo de cero en plena pandemia por el coronavirus.

Hasta junio, 23 nuevos hospitales -entre centros de salud de primer, segundo y tercer nivel- no funcionaban por falta de equipamiento y recursos humanos; algunos eran parte del proyecto lanzado por el MAS en 2015. En tres casos, las edificaciones se paralizaron  hasta con un 80% de avance. 

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