Anuario 2021

50 denuncias de infanticidios y 2.020 niñas embarazadas en un año violento para la niñez

Según el reporte de la Fiscalía, hasta noviembre hubo 40 asesinatos de niños y niñas, sin embargo, los registros de denuncias son más altos. La violencia se ensaña con los más vulnerables.
sábado, 1 de enero de 2022 · 00:31

Leny Chuquimia / Anuario 2021

Al menos 50 denuncias de infanticidios y 2.020 embarazos infantiles forzados marcaron un año muy violento para la niñez boliviana. Cada vez con mayor crueldad y frecuencia, los progenitores  -que deberían ser los principales garantes de resguardo de los niños y niñas- son sus victimarios.

De acuerdo con los datos oficiales  de la Fiscalía General del Estado, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, en Bolivia se registraron 39 infanticidios. Sin embargo, en una revisión de los casos reportados por las defensorías, alcaldías y la prensa, Página Siete     identificó al menos 50 denuncias en el mismo periodo de tiempo. Cabe resaltar que en ambos casos se trata solo de casos públicos, por lo que las cifras reales son  mayores. 

 Las 50 denuncias  muestran un realidad poco alentadora. En 16  casos las víctimas eran bebés de pecho. Solo cuatro llegaron a los cinco,  seis y nueve meses de vida. El resto eran recién nacidos y bebés de   un mes.   

Otras 24 de las víctimas eran infantes de uno a  cinco años de edad. Nueve tenían entre seis y 11 años. Aunque la tipificación de infanticidio solo toma en cuenta a niños y niñas  hasta los 12 años, en este recuento se adjuntó el caso de una niña de 15 años que fue agredida por su madre, ya que la víctima presentaba una discapacidad. En 21 de los casos las víctimas eran niñas y en 26, niños. En tres no se especificó.

Además, están los casos de maltrato considerados como intentos de infanticidio. Hace apenas unas semanas  se conoció el caso de Julián, de nueve años. El pequeño  fue quemado por su madre, quien le roció con alcohol y luego le prendió fuego.

Este hecho solo fue uno más de los tantos episodios de extrema violencia que vivió desde hace algunos meses, cuando la justicia le devolvió la tutela a su madre. Tiene quemaduras en más de una cuarta parte de su cuerpo y ya  fue sometido a tres cirugías.

En septiembre, en Cotoca, Santa Cruz, un niña fue amarrada  a un árbol por su abuela,  como una forma de castigo. El video del hecho se viralizó y se determino  la detención domiciliaria para la agresora.

Les quitaron el  hálito de vida

En 11 de los casos, las víctimas fueron estranguladas o asfixiadas. Así empezó el 2021. 

El 11 de enero, en La Paz,    los abuelos de una niña  de cuatro años  denunciaron que la madre de la pequeña les comunicó que esta había muerto a causa de tos. Sin embargo, los exámenes forenses evidenciaron que el cuerpo estaba lleno de moretones y que las lesiones encontradas coincidían con las de un estrangulamiento.

La misma suerte corrieron dos bebés de cuatro días y cinco meses que -en marzo y abril-  fueron estranguladas por sus padres en Chuquisaca y Achacachi. Casos como éste se repitieron en Tarija, donde un recién nacido, luego de ser asfixiado, fue arrojado a un barranco  ; o donde otra niña fue asfixiada por su madre, quien  denunció el caso como un robo, para  culpar a un tercero.

Pero, sin duda, los casos más  emblemáticos fueron los de Jaír en Apolo (La Paz) y el de Darling  en una localidad de Santa Cruz.

El 19 de abril, Apolo se consternó ante el hallazgo del cuerpo sin vida de Jaír debajo de su cama. Había sido estrangulado. Al principio, su progenitora negó saber lo que pudo haber pasado, sin embargo, en una posterior declaración apuntó  al padrastro del niño que días antes intentó matarla, según denunció.

El presunto autor se dio a la fuga y fue atrapado 10 días después, cuando indicó que  la madre conocía del hecho.  

El 16 de julio, Darling, una niña de cuatro años, desapareció  del parque que estaba fuera del negocio de sus padres, en la localidad de Hierba Buena, en Mairana, Santa Cruz. La familia y la comunidad entera comenzaron una búsqueda que solo logró la atención de las autoridades  luego que la queja llegara a las redes sociales y los medios de comunicación. Una semana después, el 23 de julio, su pequeño cuerpo fue encontrado a orillas de un río, presentaba  signos de estrangulamiento. En una de sus manos quedaron algunos cabellos, muestra de su victimario. 

Golpeados hasta morir

En otros 11  casos, los pequeños  fueron golpeados hasta morir. Todos fallecieron en manos de sus progenitores.

Uno de los casos que llamó la atención fue el de una pequeña de tres años, cuya violenta muerte fue revelada  por un accidente.

El 20 de noviembre, desde Guanay se reportó el embarrancamiento de un vehículo  a la altura de Challana. En el interior viajaban la menor de edad con su madre y padrastro,  se indicó que la pequeña había sido  arrastrada por las aguas.

Cuando se encontró el cuerpo, la autopsia advirtió que la niña no murió en el accidente. La pequeña presentaba “lesiones de los centros nerviosos superiores, edema cerebral y traumatismo craneoencefálico cerrado”. La data del deceso era anterior y no coincidía con la fecha del accidente, por lo que la investigación se hizo por infanticidio.

Degollados y apuñalados

 El 29 de enero, Jhon Q., de 21 años de edad, perpetró un macabro crimen en contra del pequeño Oliver, de    seis,  a quien degolló argumentando que se encontraba poseído.  El hecho se convirtió en el primer infanticidio de Cochabamba.

De enero a noviembre de 2021, se registraron cinco de estos casos. Todos fueron crueles.

El 22 de febrero, en un barrio alejado de Sucre, dos  hermanitos de tres y siete años de edad  fueron degollados por su progenitor. El victimario también asesinó a la madre de los niños y luego se quitó la vida.

El 17 de noviembre, en El Alto,  una niña de 10 años fue victimada junto a su padre por su primo, Agustín C. Este último visitó a  las víctimas para acordar la devolución de un monto de dinero que sustrajo, pero cuando su tío se negó a darle un nuevo plazo, el agresor  los apuñaló.

En Santa Cruz, un hecho de sangre movilizó a los vecinos del barrio Carlos Laborde. Una adolescente de 15  años pedía auxilio porque su madre la había herido con un cuchillo. Al llegar al lugar, los vecinos  se dieron cuenta que y había matado  a puñaladas a la  hermanita gemela, ambas eran niñas con discapacidad.

Envenenados  y maltratados

En ocho casos , los niños y niñas, en su mayoría bebés,  fueron envenenados. Los hechos ocurrieron dentro del hogar.

En seis casos fueron quemados  o victimados con un  explosión de dinamita. En el resto los pequeños fueron maltratados, víctimas de negligencia, abandonados en algún río o basurero,   o arrojados a un barranco.


2.020 casos: embarazos  infantiles por violación subieron a 7 al día
 
Producción  para la ilustración gráfica del   tema.
Foto:  Archivo
En octubre, el rostro más cruel de la violencia se mostró ante una niña de Santa Cruz, que a sus   11 años fue víctima de violencia sexual  primero por parte de su padre y  años después por el padre de la nueva pareja de su madre. Fruto de la agresión sexual se produjo una gestación  que abrió el debate sobre el acceso libre y seguro a una interrupción legal del embarazo, en especial en el caso de menores, ya que una maternidad forzada es catalogada como una forma  de tortura.

Aunque se determinó la interrupción legal del embarazo (ILE) y se inició el proceso, grupos religiosos se contactaron con  la víctima y su familia para frenar  el proceso. La pequeña fue llevada a un albergue dependiente de la Iglesia, en una violación  de sus derechos,   que fueron restituidos por medio de la justicia.

La Convención de Belém do Pará -organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer-, de la que Bolivia es parte, determina que todos los embarazos de niñas menores de 14 años deben considerarse  producto de violencia sexual. Establece que los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y garantizar  el acceso  a la interrupción del embarazo infantil.Su caso no es el único, en el país pasan de los dos millares.

Según  datos extraídos  del SNIS-VE, entre enero y  octubre de 2021, en el país se registraron 2.020 embarazos en niñas menores de 15 años (es decir, de 14 , 13,  11 o mucho menos)  fueron detectados en los diferentes centros de salud del país. El 34,8% de estas gestaciones  infantiles habían pasado el quinto mes, tiempo  que -por  falta de claridad de las leyes- es usado para  retardar o negar una interrupción legal.

El  dato advierte que, en promedio, cada día hay  siete niñas en estado de gestación, tres más que en 2020, cuando la cifra para similar período  era   de cuatro al día.

De estos casos, 817 (más de un tercio) se registraron en el departamento de Santa Cruz, que es la región con la mayor cantidad de embarazos infantiles, que por su naturaleza son  considerados como forzados.    Le siguen  Beni con 385 casos, Cochabamba con 253, La Paz con 189, Potosí con 94, Chuquisaca con 89, Pando con 87, Tarija con 66 y Oruro con 40.

No hay datos de cuántas  de las pequeñas dieron a luz, cuántos nacidos   vivos o muertos hubo o cuántas de ellas sobrevivieron al embarazo y parto. El sistema sobre mortalidad materna y neonatal sólo reporta públicamente los casos en los que las gestantes  son   adolescentes de 15 a 19 años y no  así los  de niñas más pequeñas.

Desde Plan Internacional se sostuvo  que la cifras expuestas muestran que las niñas del país enfrentan una realidad  alarmante. Se advirtió  que   estadísticamente  en embarazos infantiles aumenta la morbilidad materna.  Además,  trunca los proyectos de vida, el acceso y la conclusión de estudios; genera  exclusión y marginación.
 

Pena de presidio de treinta  años, sin derecho a indulto, a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus 12  años

Artículo 258, Código Penal

Los datos advierten   que en los hogares, espacios donde se les debe dar  protección, es donde la violencia se presenta con más frecuencia

Nadia Cruz, defensora

 

PUNTO DE VISTA 

Nadia Cruz Tarifa
Defensora del Pueblo 

“Se exacerbó la violencia”

Expertos y organismos internacionales  señalan que este periodo de múltiples crisis  contempla una crisis de los derechos de la niñez y adolescencia, ya que son la población que sobrelleva los efectos más perjudiciales.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son afectados de manera trasversal, porque   las medidas de prevención del contagio son de impacto negativo, especialmente respecto a su salud mental, porque se han transformado todos sus entornos, con el  cierre de escuelas y la reducción de interacción entre pares y entornos.

Los datos sobre violencia advierten que el confinamiento en los hogares -espacio donde deberían recibir protección- contrariamente nos sitúa en un escenario de exacerbamiento de la violencia en contra de la niñez y adolescencia; debido a que en el actual contexto, se suman factores como la crisis económica en la familia, falta de empleo,  clases en la modalidad virtual, estrés y otros.

Lamentablemente, sumado a esta situación de violencia, las demandas de la crisis de salud, el recorte de presupuesto y los conflictos sociales  derivaron en la reducción o debilitamiento de los servicios de denuncia y protección. La crisis económica agudizó  el trabajo infantil, que exponen a  niñas, niños y adolescentes a situaciones de explotación.

Sin embargo, no se cuentan con sistemas de información que nos permitan medir periódicamente esta situación; así también, frente a la reducción de atención especializada en servicios de salud sexual y salud reproductiva.
 

 

Huérfanos y víctimas
La cantidad de  niños que quedaron huérfanos por el asesinato de sus madres, por abandono u otros efectos de la violencia también causan preocupación.

88 niños y niñas quedaron huérfanos y huérfanas  producto del feminicidio de sus madres, en muchos casos los asesinos son los padres, por lo que  quedan en la indefensión.

El Alto entre enero y octubre al menos ocho bebés fueron abandonados  en basureros, calles y baños públicos, sin que sus padres aparezcan.

CIDH El organismo internacional pidió al Estado proteger  a las niñas de la violencia sexual y los embarazos forzados. Afirmó que en el país una de cada tres  sufre algún tipo de violencia.

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