Hidrocarburos y democracia, una relación complicada en la región

La bióloga boliviana Mirna Inés Fernández repasa los hechos del frágil vínculo de ciertos países de la región cuya economía depende de la industria extractiva.
martes, 10 de mayo de 2016 · 00:00
Mirna Inés Fernández Pradel* / Malasia

La democracia y la explotación hidrocarburífera tienen una relación complicada.  En algunos casos el tema de corrupción salta a la vista. En un sistema democrático, se espera que los gobiernos puedan rendir cuentas a los ciudadanos para mantener la confianza depositada en sus partidos. 
 
Es no sólo un derecho sino un deber de la ciudadanía exigir esta rendición de cuentas, pues las actividades del Gobierno se financian con sus impuestos. En un país cuya economía depende de la industria extractiva ese vínculo se debilita. Ello debido a que   los gobernantes pueden financiar sus actividades con las ganancias obtenidas por la industria extractiva y ya no necesitan tanto de los impuestos de los ciudadanos.
 
"Si juegas con extractivismo petrolero, la  corrupción te quemará”, menciona Eduardo Gudynas, investigador y analista político ecuatoriano. En Latinoamérica es común que gobiernos y empresas transnacionales hagan mal uso de las rentas hidrocarburíferas y que estas alimenten redes de corrupción de enormes proporciones. 
 
Es un problema común en la región que la información en cuanto a reservas probadas y probables de hidrocarburos sea sumamente variable;  esto puede derivar en  inversiones erróneas, teniendo como resultado más pérdidas socioambientales que beneficios económicos.
 
El panorama en Latinoamérica

En Venezuela, el petróleo constituye una de las claves fundamentales para la comprensión de la coyuntura actual. Si bien gracias a este recurso el país ha logrado un progreso innegable en los últimos 50 años, también la crisis actual se debe a la dependencia absoluta del mismo. 
 
El año pasado fiscales de Estados Unidos comenzaron a investigar a la petrolera estatal venezolana PDVSA por prácticas corruptas como el cobro de sobornos y el uso de cuentas corporativas para lavado de dinero.
 
El Lava Jato (lavadero de autos), como se conoce al caso de corrupción en la empresa estatal brasileña Petrobras, es probablemente la mayor investigación de corrupción en petróleo del continente en los últimos años e involucra el desvío de 8.000 millones de dólares. 
 
Como resultado de esta, el Ministerio Público de Sao Paulo pidió prisión preventiva para el expresidente Lula da Silva. La investigación fue dada a conocer en 2014, pero expertos estiman que las actividades delictivas fueron desarrolladas por aproximadamente 10  años. La Fiscalía actualmente también pidió investigar a la presidenta Dilma Rousseff. 

En Ecuador, a la declaratoria de la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní como prioridad de interés nacional, le sigue la crisis de la empresa pública Petroamazonas. 
 
Esta se debe principalmente al manejo inconsistente de la información técnica, la existencia de sobrecostos, inversiones incontroladas y un régimen de excepción para la contratación directa. Como resultado, los únicos que hacen grandes negocios en el Yasuní son las compañías de servicios, mientras que a Ecuador  le queda la tragedia ambiental y cultural.
 
En Bolivia

En Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos es definitivamente un paso adelante para el desarrollo de la economía nacional. Sin embargo, aun luego del paso de estos recursos a manos del Estado, los casos de corrupción se han hecho públicos en numerosas ocasiones. 
 
De este modo, los cinco presidentes que administraron la empresa estatal tuvieron que defenderse ante denuncias de sectores de oposición y medios de comunicación.   
 
El Instituto de Gobernabilidad de los Recursos Naturales, referente a nivel mundial en el tema, critica el hecho de que el Estado boliviano no publique los contratos que realiza en el sector hidrocarburífero -publicarlos es una práctica reconocida y cada vez más generalizada- y que no maneje la información de manera centralizada. 
 
Cuando esta información no es accesible para la ciudadanía se abren espacios para que los gobernantes tomen malas decisiones de inversión o, en el peor de los casos, incurran en actos ilícitos Cabe también mencionar que Bolivia ha decidido no participar en  la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en Inglés), propuesta del Banco Mundial que exige que los países hagan pública la información sobre el pago de impuestos, licencias, contratos, producción y otros elementos clave en torno a la extracción de recursos.
 
Es imposible la transición a un sistema basado en energías limpias si los Estados no comienzan a invertir seriamente en sistemas alternativos a la explotación hidrocarburífera. 
 
Daniel Kaufman, economista y exdirector del Instituto del Banco Mundial, analiza las tendencias en cuanto al control de la corrupción en países latinoamericanos con distintos niveles de dependencia de la industria extractiva.
 
Sus resultados demuestran que en general los países no ricos en industrias  extractivas están logrando un control de la corrupción más eficaz. Podemos entonces aventurarnos a decir que el cambio de matriz energética, con la descentralización de los fondos destinados a la explotación hidrocarburífera, implicará también mejoras en el control de la corrupción a nivel nacional.
 
*Es ingeniera ambiental boliviana y actualmente cursa la maestría en Biología de la Conservación en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, con la beca Rusell E. Train de WWF.

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