COP 25: Bolivia se abre al mercado de carbono y ONG alertan sobre consecuencias

Bolivia no participó en las negociaciones y tendrá una posición oficial recién para la COP 26, explicó el viceministro de Medio Ambiente, Carlos Rivadeneira. También se tendrían nuevas NDC elaboradas de manera participativa, dijo la ministra Pinkert.
sábado, 21 de diciembre de 2019 · 00:04

 Miriam Telma Jemio/  Guardiana desde Madrid

Sin participar con delegación oficial en las negociaciones de la Cumbre de Cambio Climático de las Naciones Unidas, Bolivia se abrió al mercado de carbono, después de 13 años de rechazar el mecanismo de REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). El anuncio lo hizo la ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, durante su escueta presencia en la sede de la COP 25, en Madrid, generando la alerta de las ONG bolivianas presentes en el evento.

El Gobierno de transición de Bolivia lleva algo más de un mes en el poder y no tuvo tiempo de fijar una postura sobre los compromisos asumidos por la gestión del expresidente Evo Morales, durante la cual se presentaron las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 °C.

Por esa razón Bolivia no participó en las negociaciones y recién para la COP 26 tendrá una posición, explicó el viceministro de Medio Ambiente, Carlos Rivadeneira. Y también se tendrían nuevas NDC elaboradas de manera participativa con todos los actores de la sociedad, de acuerdo al compromiso que asumió Pinckert durante una breve reunión con representantes de ONG bolivianas en la sede la COP 25. 

Aunque eso no impidió que la ministra formule la nueva postura boliviana, sin consensos dentro del país, y justo cuando los negociadores en la COP 25 debatían sin anuencia el cómo implementar ese mercado y que finalmente se postergó para la COP 26. 

Durante las dos semanas que duró la cumbre, ambientalistas, ONG, indígenas y jóvenes se han pronunciado en contra de los mercados de carbono porque consideran que es una falsa solución al problema del cambio climático. Las ONG de Bolivia no han sido la excepción.

Organizaciones como Diakonia, Christian Aid, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (Pbfcc), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia emitieron un pronunciamiento conjunto en el que manifiestan su preocupación por la nueva postura boliviana y han recomendado al Gobierno no tomar decisiones apresuradas y que vea también que existen alternativas al mercado de carbono.

Los bonos de carbono de Bolivia

La ministra Pinckert, además de pedir apoyo para la restauración de la Chiquitania, que fue abrumada por los incendios y de señalar al gobierno saliente como responsable de varios problemas ambientales, adelantó que se retomarán proyectos vinculados a “los bonos de carbono”.

“Con las mentiras que vivimos con el anterior gobierno (de Evo Morales) nunca quisieron ser parte de la venta de los bonos de carbono. Hoy queremos restituir lo que hemos perdido y estamos para que todos ustedes nos ayuden, y decirles que somos muy honestos y muy sinceros. Recibimos la ayuda de todos ustedes los científicos, profesionales, toda la ayuda internacional que nos puedan dar que sean capaces de ayudarnos para que podamos reconstruir nuestra amada Chiquitania”, dijo la autoridad ambiental de Bolivia.

 La ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, durante su escueta presencia en la sede de la COP 25, en Madrid.

- A la pregunta de Guardiana: ¿eso quiere decir que Bolivia se abre al mercado de carbono? 

- Pinckert  respondió: “Lo que yo estoy diciendo es de que Bolivia tiene que buscar con prioridad la restauración de sus bosques. Y lo que yo dije es que nosotros en el año 2004 - 2005, en el nivel municipal, teníamos un proyecto para venta de carbono, y que las políticas del gobierno que estuvo 14 años  no lo aceptaba”. 

“Por lo tanto, volveremos a recuperar esos proyectos, para poder poner en contexto de que si Bolivia puede vender y participar en los mercados de carbono (bonos de carbono), para que tengamos intervenciones de organismos internacionales y del mundo entero de que en Bolivia se está cuidando el medioambiente, pues tenemos que hacerlo. Porque este nuestro gobierno es transitorio, tiene que tener mucha responsabilidad y también tiene que ir a luchar contra el narcotráfico en nuestro país”, acotó.

Ariel Chávez, miembro de la ONG Diakonia, adelantó que el trabajo de incidencia sobre el tema lo harán en Bolivia no en Madrid, ya que la representación boliviana “ha participado por un par de horas en la COP 25”. 

De manera general, muchos países en vías de desarrollo están a favor de los mecanismos de carbono, dice Chávez, “si Bolivia va a adoptar ese camino es labor de la sociedad civil orientar esa transición para que se incluyan salvaguardas para los pueblos indígenas, para que no sean desplazados dentro de sus propios territorios, para que se cuide la integridad y territorialidad que tanto les ha costado a los indígenas lograr. Y también que sea más beneficiosa para los derechos humanos”.

Falsas soluciones 

El principal argumento que esgrimen las ONG y ambientalistas es que los mercados de carbono no comulgan con el objetivo del Acuerdo de París. “Es preocupante que Bolivia plantee retomar los proyectos de bonos de carbono, cuando su aplicación ha demostrado que no son una verdadera solución al cambio climático porque no han reducido las emisiones. Permiten evadir el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero nacionales al transferirlas a proyectos que se financian en otros países”, explica Martín Vilela, miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

Los representantes de ONG de Bolivia que se reunieron con la Ministra de Medio Ambiente en la COP 25.

Entre otras razones, los mercados de carbono, vetados en la gestión de Evo Morales porque la consideraban una mercantilización de la Madre Tierra, conllevan riesgos como la doble contabilidad o la piratería de bonos y, además, fomentan e impulsan el acaparamiento de la tierra y el desplazamiento de los territorios indígenas. Esto es precisamente lo que reclaman indígenas de varias regiones del orbe sobre todo porque sus derechos son vulnerados porque no se aplica la consulta previa e informada, como señala el Convenio 169 de la OIT.

Mecanismo de no mercado

Durante el gobierno de Morales, dentro las negociaciones en la Convención de Cambio Climático, Bolivia insistió en que se contemplará alternativas al mercado de carbono para bajar emisiones de gases de efecto invernadero y así lo establece el Acuerdo de París en su Artículo 4.

Con ese fin, el país elaboró e implementó el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de Bosques que está a cargo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), entidad estatal responsable de implementar las políticas sobre cambio climático en Bolivia.

Con fondos de la cooperación danesa, más de 14 millones de bolivianos (algo más de dos millones de dólares), inició la implementación de ese mecanismo con la ejecución de 11 proyectos (que incluyen la construcción de viveros, desarrollo de plantines, así como la reforestación y forestación) en nueve municipios de los departamentos de La Paz y Santa Cruz. 

Ese trabajo ha sido criticado por la pequeña dimensión de los proyectos comparado con el compromiso en las NDC de contar con 19 millones de hectáreas de bosques bajo manejo integral y sustentable y 4,5 millones de hectáreas reforestadas para el año 2030. 

Desde este año, el mecanismo tenía planificado la ejecución de tres proyectos (en 30 meses) con el apoyo de la Unión Europea y en coordinación con países como Perú, Panamá, Argentina, Paraguay y Brasil, para beneficio de las comunidades locales. No se conoce si los proyectos proseguirán tomando en cuenta que, hace apenas un mes, se cambió de Gobierno, que ahora está bajo la administración de la presidente Jeanine Añez.

 Las negociadores realizan  las consultas del texto.

Nuevas NDC

Las ONG, que conversaron con Pinckert y Rivadeneira, han ponderado la decisión del Gobierno de construir nuevas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que deben ser actualizadas hasta agosto de 2020. El compromiso de Bolivia, presentado en 2016, contempla metas a corto plazo como la deforestación ilegal cero para 2020 y la reforestación de más de medio millón de hectáreas boscosas para el próximo año.

Varias organizaciones ambientales ya habían alertado de que sería imposible para el país cumplir con esos compromisos voluntarios, más aún, por los incendios registrados este año en la Chiquitania, que terminaron con más cuatro millones de hectáreas de bosques y pastizales.

Sobre lo conversado con Pinckert, Sandra Bustamante, representante de la ONG We Effect, dijo: “Creo que es positivo que haya mostrado apertura para revisar y ajustar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Volverlas a trabajar con la participación de ONG, indígenas, la academia, con diferentes organizaciones que pueden dar un soporte técnico a la propuesta boliviana, como es el caso de la Plataforma Boliviana con la que trabajamos estrechamente estos temas”.

La indígena mosetén Wilma Mendoza, representante de las mujeres indígenas de Bolivia, dijo que toman la palabra a la ministra y contribuirán a la elaboración de los nuevos compromisos frente al cambio climático. Sobre los mercados de carbono, señaló que el proceso contra el cambio climático es de largo aliento y este Gobierno es de transición, por tanto, su propuesta no se la debe tomar como definitiva.

“Estuvieron muy abiertos a que la sociedad civil aporte técnicamente sobre las negociaciones. Se tiene que reforzar los conceptos de las NDC y sobre lo que significan los mercados de carbono. Valoramos que haya mencionado las salvaguardas en su discurso”, manifestó Liceette Chavarro, de la ONG Christian Aid. 

Fue bueno escuchar una posición sobre el proceso dentro del país como es la recuperación de la Chiquitania, pero está claro que no contemplaban pasar al nivel internacional y participar de las negociaciones en el seno la COP 25, dijo Chavarro. 

Subir la ambición climática

Un grupo de ONG que trabajan en temas relacionados al cambio climático ha pedido al Gobierno subir la ambición climática de Bolivia, lo que implica mejorar o cambiar la NDC actuales. La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático junto a CIPCA, Unitas, Fundación Jubileo, Soluciones Prácticas, Cejis, entre otras, señalan que las megahidroeléctricas y los biocombustibles son falsas soluciones al cambio climático, por tanto, no tienen que estar dentro las NDC de Bolivia. 

Martín Vilela, miembro de la Cpfcc, explicó que los NDC de Bolivia contemplan compromisos que plantean el cambio de la matriz energética con energías alternativas generadas por megahidroeléctricas (como los proyectos Chepete – El Bala y Rositas) para lo cual se deben construir grandes represas que se sabe son grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI), por tanto, no es una solución real al cambio climático.

Lo mismo sucede con la generación de energía a través de agrocombustibles. Para su producción en el país se requiere ampliar la frontera agrícola, lo que implica mayor deforestación y, en consecuencia, el aumento de las emisiones de GEI, entre otros problemas asociados a los biocombustibles, señala Vilela.

Para los miembros de la PBCC y otras ONG, las plantaciones comerciales de bosques, los agrocombustibles, las megarepresas y la energía nuclear también son consideradas falsas soluciones.

Fracaso de la COP 25

La vigésima quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas, realizada desde el 2 al 15 de diciembre (la más larga de la historia de esta convención) en Madrid, España, no logró su principal objetivo de elaborar las reglas bajo las cuales se implementarán los mercados de carbono establecidos en el Artículo 6 del Acuerdo de París.

La decisión final de la COP25 “reitera con gran preocupación la urgente necesidad de abordar la importante brecha entre el efecto agregado de los esfuerzos de mitigación de las partes en términos de emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero para 2020 (...)”, al tiempo que “subraya la urgencia de una mayor ambición para asegurar los mayores esfuerzos de mitigación y adaptación posibles de todas las partes”.

Los observadores (ONG, ambientalistas, indígenas y jóvenes) han insistido en que el Artículo 6 debe conseguir unas reducciones reales de emisiones que promuevan el desarrollo sostenible, aseguren la integridad ecológica y eviten la doble contabilidad, pero que al mismo tiempo debe incluir salvaguardas para proteger los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

Este tema ha sido mencionado por Bolivia. La Ministra de Medio Ambiente, durante su intervención en la plenaria de la COP 25, solicitó que se incluyan salvaguardas a los derechos humanos, pueblos indígenas y pueblos locales.
 

 

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