El ducto que se llevó la libertad de Felipe Moza y de José Vaca

Los dos chaqueños fueron enjuiciados por alzamiento armado luego de la explosión de la válvula en un gasoducto en 2008. En el caso de Vaca, el proceso no termina.
martes, 17 de septiembre de 2019 · 00:04

 Fátima López y Guadalupe Castillo /  La Paz

La explosión de la válvula 3 del gasoducto de Transierra en Yatebote-Palmar Grande, el 10 de septiembre de 2008, fue la chispa que encendió una persecución política virulenta contra los chaqueños José Vaca y Felipe Moza; en su trayecto vulneró derechos, sepultó la presunción de inocencia, las garantías judiciales y el debido proceso, en un giro jurídico inusual se convirtió en alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. 

La suerte estaba echada. A 11 años del suceso, Vaca sigue procesado y arraigado, esperando su próxima audiencia fijada para octubre de 2019. Mientras que Moza purgó una condena mayor a la establecida en el nuevo Código de Procedimiento Penal, por la  supuesta comisión del  delito de peligro de estrago. 

Tras cinco años y meses de reclusión en el penal de San Pedro, su natal Tarija los convertiría en héroes. Los fiscales y jueces que seguían la causa están presos y uno prófugo.

En septiembre de 2008, Villa Montes se convierte en el centro de lucha en defensa de la autonomía y el Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH). 36 días de paro empiezan a inquietar al poder. Los cívicos chaqueños no dan tregua, José Vaca y Felipe Moza son los nombres que destacan en esa lucha reivindicatoria.

La cruz de José

José Vaca se quiebra, revive su secuestro, los años de cárcel en San Pedro, abusos, humillaciones y amenazas de muerte, derrama lágrimas de dolor por un proceso injusto que lo obligó a purgar un delito que no cometió. Se lo acusa por la supuesta comisión del delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. En las audiencias, el Ministerio Público argumenta: “No hay pruebas contra José Vaca, dennos tiempo para elaborarlas”, afirma Vaca. Los denunciantes en 11 años no han logrado reunir elementos de acusación suficientes para dictar una sentencia. 

Como si quisiera hacerle una gambeta al destino, retoma su antigua actividad en la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), conserva la “Medalla al mérito cívico”, otorgado por los tarijeños y atribuye el milagro de esta libertad a medias y con arraigo a la Virgen de Chaguaya y San Roque.

Este ir y venir entre Tarija y La Paz lo han agotado, vive con temor. 14 audiencias suspendidas en 2019 forman parte de un plan no explícito para agotar al acusado y  para que se declare culpable y coopere con el “proceso de cambio”, como le dijeron en 2008. 

  

Vaca, tras cinco años y 11 meses de detención preventiva, obtuvo la libertad con medidas sustitutivas: pago de fianza y arraigo.

Su caso es un voluminoso prontuario de retardación de justicia, violación de derechos y vulneración de plazos procesales. 

El 10 de septiembre de 2008 se apertura ante el Juzgado Primero de Instrucción Cautelar en La Paz, el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). A pesar de haberse dictado en su favor el 19 de diciembre de 2008, el sobreseimiento; casi 10 años después, el 19 de julio de 2018 recién se inicia el juicio, el mismo que sólo avanzó hasta el planteamiento de incidentes y excepciones; luego, por falta de quórum del tribunal, se produjo un aplazamiento hasta la fecha.

Los fiscales del caso solicitaron autorización para el retiro de la acusación por la existencia del sobreseimiento, sin embargo, el Fiscal Departamental de La Paz rechazó esa solicitud. Vaca impugnó esa decisión ante el Fiscal General, sin que exista hasta la fecha una respuesta.

Alberto Morales Vargas, abogado defensor, calificó el caso de Vaca como un claro ejemplo de judicialización de la justicia.

 La cruz de Felipe

Felipe Moza, expresidente del Comité Cívico de Villa Montes, funge como Secretario Departamental de los Pueblos Indígenas en la Gobernación de Tarija. 

Atesora la Medalla de Oro Moto Méndez, otorgada por el Comité Cívico, cancela a su abogado gota a gota y prepara un libro para testimoniar su paso por la cárcel. Acusado por peligro de estrago fue recluido cinco años, ocho meses y seis días.

 

José Vaca aún enfrenta un proceso que se remonta a  2008. 

El 28 de noviembre de 2008, Moza, Fabricio Fuentes, Carlos Zeballos y los hermanos Guillermo, Gonzalo y Marcelo Salazar reciben la propuesta de Reynaldo Bayard, expresidente del Comité Cívico de Tarija, para viajar a Santa Cruz, presentarse a una comisión de fiscales, deslindar responsabilidades y retornar a Villa Montes. Oferta que culminó en un viaje sin retorno.

Bayard, a decir de Moza, traicionó al grupo cívico y también las demandas del departamento, negoció con Raúl García Linera y agentes del Ministerio de Gobierno su libertad a cambio de dar nombres de los dirigentes cívicos que promovieron el bloqueo indefinido en el Chaco.

Detenidos en Santa Cruz, iniciaron la travesía por tierra rumbo a La Paz a bordo de un jeep Land Rover, donde García Linera, que comandaba el grupo se identificó como hermano del Vicepresidente del Estado.

Tras cinco días en instalaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), los agentes montaron un simulacro de captura en un callejón sin salida en El Alto, brindándoles frazadas para cubrirse el rostro. Moza dio la cara desafiando a sus captores, mientras la prensa registraba el hecho. Reynaldo Bayard fue liberado siete meses después, pero el resto de los detenidos no corrieron la misma suerte.

Iglesia del municipio de Villa Montes, uno de los atractivos de esa población en el sur del país.
Foto: Infotarija.com

“Él tenía una lista negra, donde estaban impresos los nombres de gente de Tarija, del Chaco y de los cinco departamentos. Incluso había gente de los medios de comunicación (…). Esa lista la elaboró Bayard como presidente cívico en su momento”, recuerda Moza.

 El 24 de diciembre de 2008, el dirigente  fue recluido en San Pedro, donde recibió la visita del entonces Mayor Johnny Aguilera Montecinos, actual director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, oficial de élite que dirigía las investigaciones.

 El oficial, junto con dos colaboradores, ordenó sacar a Moza de su celda y conducirlo a otro ambiente para ofrecerle un pacto: inculpar a autoridades, cívicos de Tarija, del Chaco y medios de comunicación a cambio de libertad, trato que éste  se negó a aceptar. 

Esto provocó la ira de Aguilera que le dijo: “Esta es la última vez que vengo, nunca más voy a venir a obligarte o decirte cosas, te vas a podrir en la cárcel si no firmas. La libertad depende de vos”.

El plan gubernamental apuntaba a descabezar a los cinco prefectos de la denominada “Media luna”, Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca y Tarija acusándolos de un golpe cívico-prefectural para derrocar al presidente del Estado,  Evo Morales. 

Calvario judicial

A Moza no le alcanzan los dedos de la mano para contar las veces que sus derechos fueron vulnerados. En esa larga seguidilla de violaciones están las 95 audiencias suspendidas y un episodio de crueldad sin límites que marcó su vida: la muerte inesperada de su padre un 18 agosto de 2011 y la negativa del Sistema Penitenciario de permitirle despedirse de su procreador.

Las violaciones de derechos van de la A a la Z. Lo juzgaron en un tribunal paceño cuando el hecho sucedió en el Chaco tarijeño, hubo retardación de justicia y cumplió una condena mayor a su sentencia. Le fijaron una fianza de 50.000 bolivianos que no podía pagar, fue entonces que Tarija a través de la campaña Operación Libertad, cubrió los costos.

Sus juzgadores conformaban una red de extorsión y corrupción que bloqueaban las audiencias y se jactaban de haber encarcelado a más de 100 opositores: Fernando Rivera, Boris Villegas, Dennis Rodas, Isabelino Gómez, Edward Mollinedo (actor principal del caso Ostreicher) y el exfiscal Marcelo Soza, asilado en Brasil.

El caso fue denunciado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Defensoría del Pueblo. 

El Ministerio de Gobierno y la Policía guardaron hermetismo y se negaron a cooperar, por ello, la Defensoría se vio impedida de emitir una resolución conclusiva.
 

José Vaca, técnico

  • Perfil José Vaca Ortiz, 46 años, seis hijos, técnico en electricidad. Alto, de contextura fornida, cabello ondulado y mirada triste. Trabajó desde los 12 años, los callos en las manos testifican una vida sacrificada y de arduo trabajo. 
  • Empleo Vendió bolos, salteñas, pizzas y alfajores para ayudar a su familia y obtener un ingreso, actividad que le mereció el apodo de El tortero.
  • Convivencia Llegó a la cárcel a los 35 años, convivió con la población de San Pedro, sin privilegios, Se convirtió en el tío Vaca, apadrinó a 19 ahijados, cosechó menciones y reconocimientos que lo convirtieron en líder en la ciudadela, en pleno centro del poder.

 Moza, un dirigente 

  • Perfil Felipe Moza Segundo, 49 años, cuatro hijos, mediana estatura, ojos pequeños y rostro redondo, destaca por su brillante dentadura forrada en oro y la ausencia de la falangeta en uno de los dedos de la mano derecha. 
  • Estadía Llegó a San Pedro en víspera de Navidad, lejos de la familia y su natal Villa Montes. Orinaba en botellas y desde su celda respiraba por una ventana pequeña que lo conectaba con el mundo exterior.
  • Apoyo  En 2009, con la ayuda de Leopoldo Fernández, dejó Chonchocorito y se trasladó a la sección Posta, donde fue vecino de Santos Ramírez, exsenador y hombre fuerte del MAS y expresidente de YPFB.

Gelatinas, elaborar pan para sobrevivir

Para subsistir, José Vaca, aprendió a hacer gelatina, se convirtió en profesor de guitarra y baile de danzas chaqueñas. Ocupó la presidencia de la Asociación Central de Artesanos de San Pedro y administró la farmacia del penal, tareas que le permitieron costear sus gastos y contribuir a la reinserción de los reos, que motivó que  lo apodaran el Tío Vaca.

Fue  chantajeado por los reclusos, amenazado por el Gobierno y reprimido por los carceleros. También fue apuñalado por defender a una mujer víctima de violencia y, por si fuera poco en 2012, adolorido y recién operado de la vesícula, lo mantenían encadenado a una cama en el hospital de Clínicas en La Paz, escoltado por policías armados. “Para ir al baño que estaba al final del pasillo, tenía que cancelar a mis custodios 50 bolivianos”, recuerda.

El 20 de junio de 2014, Vaca se beneficia con detención domiciliaria sin custodio y cancela una fianza de 110 mil bolivianos. Permaneció un año y un mes en Sopocachi, en el tercer piso de un departamento de propiedad del Rvdo. Filippo Clementi. Un día recibió la tentadora oferta de huir rumbo a Perú. Sin embargo, rechazó la iniciativa y fue advertido por su abogado de que podría tratarse de una trampa.

Se mudó a Villa Fátima por ocho meses, vivió en un departamento de su excuñado. Allí intentó hacer pan, emprendimiento en el que malgastó un quintal de harina. Luego con la ayuda de una vecina aprendió a poner a tono el horno y a elaborar pan, que  vendía en el vecindario a la gente.
 

 

Confidencial

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