Guadalajara, una zona de exterminio y desaparición

Hombres desnudos aparecieron en la vía pública de Guadalajara en 2019. Escaparon de casas donde estaban secuestrados; allí la Policía halló más cautivos y cuerpos mutilados.
miércoles, 28 de octubre de 2020 · 00:04

Jonathan Ávila, Francisco Campos, Darwin Franco, Dalia Souza / Connectas (https://www.connectas.org/especiales/guadalajara-zona-de-exterminio-y-desaparicion/)

Pedro "logró escapar del cautiverio y huir hasta donde su cuerpo torturado le permitió aquella madrugada. Unas 30 horas después de la fuga, la policía dio con el sitio de exterminio en el que había sido secuestrado, tras detectar algunos escapes posteriores y similares al suyo.

El sitio de exterminio en Río Bravo evidenció la irrupción del terror en la vida cotidiana de Guadalajara. Esa mañana las patrullas suspendieron la tranquilidad de una colonia común en el centro de la ciudad, sellaron los accesos y entraron a la casa. Los vecinos, según sus testimonios, nunca se dieron cuenta de lo que realmente ocurría en el interior de aquella vivienda.

La casa está en pleno corazón de la ciudad. Frente a un taller mecánico y a unos pasos de una fonda, a 10 minutos del Centro Histórico y a poco más de 200 metros de una base de la policía. La propiedad “parecía normal”, con muebles y aparatos comunes de cualquier casa de la zona, como relataron familiares de personas desaparecidas que pudieron conocer el lugar.

Aunque la palabra “exterminio” tiene una carga jurídica, antropológica e histórica relacionada con las prácticas masivas de tratamientos de cuerpos en contextos bélicos, como la Segunda Guerra Mundial, las familias de personas desaparecidas han resignificado este concepto para dar cuenta del nivel de violencia que se vive en el país, como señala Carolina Robledo, coordinadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense: “Cuando las familias hablan de exterminio no se están refiriendo a este concepto jurídico e histórico, sino que están dando cuenta de la multiplicidad de mecanismos de eliminación y tratamiento de los restos humanos y cuerpos que hay en México”.

Para realizar estas labores de exterminio debe haber una logística, explica el ex director del Servicio Médico Forense de Jalisco, Eduardo Mota Fonseca. El terror que se genera en estos sitios requiere de un espacio idóneo, ya sean casas o bodegas, instrumentos, transporte y un destino final para ocultar los cuerpos.

El caso de Río Bravo es paradigmático, ya que esa casa es la única en donde confluyen todas las modalidades de exterminio que se describen en este trabajo: cautiverio, tortura, asesinatos e inhumación clandestina bajo el mismo techo.

911, llamados por la desaparición

El día en que “Pedro” huyó de la casa de Río Bravo, los teléfonos de los Servicios de Emergencia del 911 en Jalisco sonaron 31 veces para reportar diversos incidentes ligados a la desaparición de personas en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, tal como se detalla en una base de datos obtenida a través de solicitudes de información. Ocho de esas llamadas habían sido por incidentes registrados como “privación ilegal de la libertad”.

Al día siguiente, el 3 de mayo, los teléfonos sonaron otras 13 veces. Una de esas llamadas al 911 fue para reportar la desaparición de “Víctor”, nombre cambiado para mantener su anonimato. La mañana de ese día, él estaba en casa con su familia cuando hombres armados llegaron en vehículos para llevárselo. “Víctor” se opuso a la desaparición, pero eso le costó caro, pues los hombres comenzaron a disparar y una de las balas alcanzó a su pequeña de tres años.

Horas después, “Víctor” fue localizado en un sitio de exterminio en la colonia El Paraíso, en Tlajomulco, un municipio al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Había estado cautivo con otras decenas de personas. De nuevo, el móvil del descubrimiento del sitio fue porque los desaparecidos lograron escapar del lugar. Un patrón similar al de Río Bravo.

Los vecinos dijeron que en el sitio habían metido hasta 20 personas a la fuerza, pero cuando las autoridades llegaron ya muchos habían huido porque sus captores se habían ido y solo se localizó a 12 personas: cuatro mujeres jóvenes y ocho hombres adultos que estaban atados y con huellas de tortura, según la autoridad.

El caso de “Víctor” muestra la forma en la que se han llevado a cabo múltiples desapariciones en el último año. Este patrón de desaparición se repitió con Iván Armando, estudiante de derecho de Tlaquepaque quien fue sacado por la fuerza de su casa la noche del 13 de agosto de 2019 por sujetos armados que antes se habían presentado como policías. Presuntamente entraron a otras casas para robar por la zona antes de llegar a su domicilio, lo encañonaron y se lo llevaron. Su madre creyó que luego la buscarían para pedir algún rescate, pero nunca le llamaron.

Dos meses después también pasó lo mismo con Dulce Vázquez, desaparecida la mañana del 19 de octubre del mismo año y por quien también hubo un reporte al 911. Ella estaba en su casa en Tlajomulco cuando dos sujetos armados derribaron su puerta, mientras gritaban que eran agentes de la Fiscalía de Jalisco, como narraron los vecinos. Se había escondido en una de las habitaciones desde donde la sacaron y dijeron a sus dos pequeños que “les regresarían a su mamá”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha evidenciado que muchas de las desapariciones ocurridas en los últimos años se han realizado bajo un patrón, como se describe en la recomendación 25/2019.

El mismo modus operandi ocurrió en el caso de Efrén Hernández, un joven policía de Zapopan que fue desaparecido el 25 de junio de 2019 cuando sujetos armados llegaron hasta su domicilio mientras estaba en su día de descanso. Lo interceptaron en una camioneta cuando llegaba en su coche a casa, le apuntaron con armas y se lo llevaron. Los familiares de Efrén también llamaron al 911.

Registros de 2019 evidencian que durante ese año hubo más de 7,400 reportes por incidentes ligados a la desaparición de personas al 911, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Según su Catálogo Nacional, existen varios términos que refieren a la desaparición, incidentes denominados como “menor extraviado”, “persona no localizada”, “privación ilegal de la libertad” y “tentativa de privación”.

De acuerdo con Alan López, de la organización México Evalúa, “la base de datos del 911 permite conocer un número importante de hechos que pueden constituir un delito, pero que no llegan al sistema de justicia a través de una denuncia o una investigación, y que por tanto no se registran en la incidencia delictiva”.

Estos reportes son realizados al momento de la desaparición o cuando se conoce de la desaparición de una persona. A través del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Jalisco, son pasados a las policías más cercanas para que las personas que reportan denuncien ante la fiscalía, pero no todos los casos llegan hasta la denuncia.

De los registros de 2019 en la Zona Metropolitana de Guadalajara se desprende que 1,400 llamadas fueron por incidentes de privaciones ilegales de la libertad, relacionados a la presencia de hombres armados o bajo un contexto de violencia. Una quinta parte fueron menores extraviados; niños, niñas o adolescentes que desaparecieron bajo circunstancias desconocidas, como se describe textualmente en el catálogo del 911. Mientras, otros 278 incidentes fueron intentos de privación, es decir, crímenes en los que sujetos armados buscaban desaparecer a una persona, pero no fueron consumados.

Otra de las casas del terror en Guadalajara.

Cuerpos en la vía pública

Las desapariciones en las que se reportó la participación de hombres armados son relevantes porque muestran patrones de violencia y una lógica de exterminio, pero también diversas formas de utilización de los cuerpos. Efrén desapareció y su familia reportó el hecho al 911 y ante la Fiscalía de Jalisco; su cadáver fue localizado al aire libre, en un terreno sin construcción a 20 minutos de su domicilio.

Del mismo modo, otras 466 personas asesinadas fueron localizadas en la vía pública durante 2019 en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. De éstas, 137 mostraban huellas de tortura y 70 estaban atadas, igual que lo reportado por las autoridades sobre las personas cautivas y asesinadas en los sitios de exterminio.

Según las investigaciones de Carolina Robledo, este tipo de mecanismos de administración de cuerpos y el exceso de exposición de los crímenes de exterminio “revela signos de una enorme crueldad que no solo se ejerce sobre los cuerpos, sino que se ejerce sobre la población entera gracias a la instalación de terror”.

En el caso de algunos inmuebles, personas cautivas vivas han tenido que cohabitar con los cuerpos de personas asesinadas. Un ejemplo de esto sucedió en una bodega en la calle De Las Palmas, colonia Ciudad Granja, en Zapopan, al norte de la zona metropolitana. Ahí, la mañana del 12 de agosto de 2019 se encontraron los cuerpos sin vida de cinco personas y una excavación de metro y medio de profundidad donde se cree que iban a ser inhumados. En el interior de la finca, los perpetradores tenían a un perro de raza pitbull para intimidar a sus víctimas.

El reporte policial señala que el hallazgo se dio por “patrullaje de la autoridad estatal”. Sin embargo, los vecinos refieren que esa mañana un hombre “en calzones” salió corriendo de la bodega y se metió entre los puestos de un tianguis a pocos metros del lugar. Los comerciantes llamaron a los servicios de emergencia y se descubrió que en su interior estaban otras cinco personas torturadas y con vida, cohabitando con restos humanos.

Ese mecanismo se repite como en otros espacios: prácticas de tortura, asesinatos con un alto nivel de violencia y testimonios de personas de la zona que refieren nunca haber visto signos de la violencia al interior.

Las fachadas de las casas no evidencian las atrocidades que ocurren al interior de las viviendas. Es el caso de una vivienda de la calle George Bizet de La Estancia, al norte de la metrópoli, donde se localizó a una persona con vida, un cadáver y tres cabezas.

Por los trabajos periciales se sabe que, además de ser un sitio de exterminio donde se torturó y asesinó personas, la casa sirvió como un lugar de paso en el que estuvieron personas reportadas como desaparecidas y que luego fueron trasladadas a otros puntos inciertos. La vibra es tan pesada al interior que, incluso, el sujeto que permitió el acceso a la finca se negó a entrar.

“Imagínate la estructura criminal que hay detrás de una desaparición”, señala Mónica, integrante del colectivo Por Amor a Ellxs. Apunta que cada familia cuenta con alrededor de cinco años para saber del paradero de su ser querido porque las dinámicas criminales, los modus operandi y las técnicas de exterminio cambian con el tiempo.

Las viviendas  se ven normales.
 

Fosas y sitios: la conexión del extremo

Además de las fincas de exterminio, hay fosas clandestinas que completan el paisaje. Un ejemplo de ello es la bodega en Toluquilla, del municipio de Tlaquepaque, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Fue desmantelada el 6 de noviembre de 2019 y las investigaciones llevaron a la localización de dos fosas clandestinas en donde se ocultaron los cuerpos de personas asesinadas.

En el interior encontraron a nueve personas: una adolescente y seis hombres mexicanos que habían sido desaparecidos horas antes y llevados al inmueble, además de un hombre colombiano y una mujer venezolana que dijeron haber sido torturados desde al menos 11 días previos.

Cerca de la bodega de Toluquilla se encontró la fosa más grande que hasta ahora se ha hallado en Jalisco: una finca conocida como El Mirador II y de cuyos cimientos se extrajeron 826 restos anatómicos o fragmentos de víctimas que pertenecían a 106 personas fallecidas: “4 mujeres”, “71 hombres” y “31 desconocidos”, según la fiscalía. Debido a este hallazgo existen 56 carpetas de investigación por desaparición de personas. Una de esas personas era Wiliams Omar Salinas Flores, joven de 28 años que había desaparecido dos semanas antes de que se localizara el sitio de exterminio en Toluquilla.

Los informes periciales demuestran que los asesinatos de las personas en la bodega se realizaban pocos días después de desaparecerlas. Ello concuerda con los informes de descomposición de los cuerpos y cambios en el terreno de las fincas utilizadas para ocultar los cadáveres, ya que estuvieron operando entre los meses de octubre y diciembre de 2019.

Los restos de las víctimas de ese sitio están resguardados en bolsas plásticas; en su mayoría son fragmentos que no permiten identificar a qué persona pertenecen. “Yo siento que tardaré más de un año en recuperar por completo a mi hijo”, señala Cecilia, madre de Wiliams.

Guadalupe Aguilar, líder de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, relata que cuando encontraron los restos del Mirador II pensaba en que los trabajos solo implicarían la reconstrucción de los cuerpos en cada bolsa, pero se descubrió que había segmentos de víctimas en esa fosa y en otra nombrada como El Mirador I, a 100 metros de distancia. “Imagínate el problema tan tremendo de la identificación de esos cuerpos. Esto es muy serio”, dice en entrevista.

Un hecho así no puede pasar desapercibido: eliminar un cuerpo es complicado y requiere dispositivos especiales para poder llevarlo a cabo, señala Camilo Vicente Ovalle, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México especializado en desaparición de personas.

Eso depende del grupo criminal en cuestión, agrega Eduardo Mota Fonseca, ex director del Servicio Médico Forense de Jalisco. Para él, es básico que la organización criminal cuente con una casa, instrumentos, transporte y un destino final. La zona del destino final será clave, pues debe ser un lugar controlado por el grupo criminal. Agrega: “una zona donde no va a haber ningún problema y que está controlada por ellos”.

¿Por qué el terror se ha extendido en Guadalajara?

Desde 2018, tras la versión de las autoridades por la desaparición de tres estudiantes de cine que causó una crisis en el anterior gobierno, se ha señalado que en Guadalajara existe una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el llamado Cártel Nueva Plaza, una escisión que surgió desde las filas del primero.

La historia de Marco, Daniel y Salomón, alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales, se remonta al 19 de marzo de 2018 cuando fueron desaparecidos tras filmar para una tarea en una presunta finca de grupos criminales donde los confundieron con rivales y los llevaron a casas de exterminio para asesinarlos por la confrontación criminal, según el relato oficial.

El cártel más peligroso para el gobierno mexicano y estadunidense en este momento es el CJNG, que se encuentra en medio de un importante conflicto en su centro de operaciones. Para lograr su hegemonía en Guadalajara, ha dividido en siete zonas de control cuatro municipios de los cuales se pelea el dominio con Nueva Plaza en Tlaquepaque y Tonalá.

Los análisis revisados para este trabajo apuntan a que las desapariciones en este territorio están atravesadas por este conflicto de control territorial. Para la CEDHJ, esto implica considerar a las personas como productos o servicios, lo que tiene como finalidad ser usados para el lavado de dinero, protección, sicariato y trata de personas con fines sexuales o de reclutamiento forzado, como lo expuso en la recomendación 11/2020.

El objetivo es sembrar el terror, expone Falko Ernst, senior analyst de Crisis Group. El terror es esencial para controlar a competidores, al Estado y paralizar a la sociedad civil para que no colabore con los enemigos. La técnica de la desaparición pasó de ser un insumo para obtener recursos, como lo era antes con el secuestro, a una estrategia bien definida de control.

Edgardo Buscaglia, estratega internacional en materia de crimen organizado, señala que “las redes criminales tratan de aliarse en lugares donde ya han venido operando y uno de esos puntos para disminuir los costos de transacción de la economía criminal es Guadalajara”. No obstante, el control territorial de esta zona es más complejo de lo que parece, ya que no solo implica la disputa de dos grupos criminales por los mercados locales, sino la reconfiguración de todas las células delictivas que operan y trafican ahí.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía de Jalisco, las desapariciones de la casa de Río Bravo estaban motivadas por el reajuste territorial. La mayoría de las personas en cautiverio tenían antecedentes como vendedores de droga o consumidores a los que se les citó para definir a qué bando se alineaban.

Las cifras preliminares de Crisis Group muestran que en Jalisco operan alrededor de 50 grupos criminales y con capacidad armamentística activa. Un 70% de estos tienen sus actividades en Guadalajara, epicentro económico del crimen y el lavado, como lo evidencian las entidades sancionadas en México por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ya que 54% de estas tenían como dirección de sus actividades ilícitas esta zona.

Para dimensionar las implicaciones, Falko Ernst explica que es el mismo número de grupos criminales que operan en Guerrero, el estado que ellos consideran como el de mayor dispersión criminal por la cantidad de actores armados. En ese sentido, agrega que no solo hay más grupos en confrontación, sino mayores líneas de choque territorial y una multiplicación de los puntos violentos.

A lo anterior se suman estudios como el de la organización Insight Crime, el cual señala que, de cara a las disputas de control territorial, también se vuelve necesaria la adquisición de mayores recursos humanos a través de mecanismos como la desaparición, ya sea atrayendo personas a sus filas para incomunicarlas o por medio del reclutamiento forzado de jóvenes con falsos anuncios de trabajo, como ocurre en Guadalajara desde 2017, según información de la fiscalía.

Las casas están  en pleno corazón de la ciudad mexicana.

Desapariciones

Jalisco fue catalogado por las autoridades federales como el estado con el mayor número de personas desaparecidas, en 2019, a nivel nacional. Los primeros cuatro meses, los reportes de personas desaparecidas incrementaron 227% con respecto al mismo periodo del 2018, como evidencia el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por las autoridades federales de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Al incremento en la incidencia de reportes se sumó el descontento social. El 2 de mayo, las orquestas municipales realizaron una manifestación pacífica a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir la búsqueda y localización de Ángel García Trejo, joven violinista desaparecido desde el 24 de marzo de 2019 cuando se dirigía a la central de autobuses de Zapopan.

El gobierno estatal atravesó una crisis importante en materia de personas desaparecidas que movilizó a miles de familiares hasta Casa Jalisco, la residencia oficial del mandatario. La concentración se llevó a cabo el 17 de mayo, luego de varias presiones al gobierno local por la desaparición de Karla y Nayeli, en pleno Centro Histórico.

Como medida de contención, diversas fuentes consultadas para esta investigación aseguran que, entre abril y junio de 2019, desde la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) se llevó a cabo una operación para borrar cifras de personas desaparecidas. Las motivaciones refieren a la alta incidencia de casos y la necesidad de mostrar resultados ante la llegada de un nuevo gobierno.

La orden para llevar a cabo esta operación fue dada por el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, a la fiscal especial Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, designada en enero de ese año, y quien lo delegó a la directora de Análisis y Contexto, Mercedes Pascual. Así lo revelan ex funcionarios de la FEPD y otros funcionarios del actual gobierno de Jalisco, quienes pidieron que se omitieran sus nombres por seguridad. Desde la llegada de Solís Gómez a la cabeza de la institución se había puesto sobre la mesa el tema de las cifras cuando, luego de tomar protesta en el Congreso de Jalisco, declaró que su plan de trabajo incluía “depurar el padrón que existe de personas desaparecidas”. Dos meses después, cuando Blanca Trujillo fue designada como fiscal especial, Solís Gómez declaró ante medios locales que su principal reto sería “homologar la cifra de desaparecidos”.

Bajar la incidencia también implicaba incrementar la cifra de personas localizadas para mostrarlo en el siguiente corte del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), plataforma controlada por la Fiscalía de Jalisco, y dar un mensaje de eficiencia. Desde la Dirección de Análisis y Contexto dos personas se encargaron de cambiar el estatus de las personas reportadas y realizaron “operativos de llamadas” a través de los cuales, si nadie respondía a la llamada, automáticamente se recatalogaba a la persona desaparecida como “localizada”.

La Fiscalía de Jalisco ha utilizado la plataforma estatal para destacar presuntas localizaciones, reiterándolo en el discurso público. “No está ahí plasmado el universo de asuntos que se hubieran iniciado año con año de carpetas de desaparecidos porque hay localizados con vida, sin vida e incluso remisiones a otras entidades”, dijo Blanca Trujillo en mayo de 2019 cuando una periodista manifestó que había años que no se contaban en la plataforma estatal.

Un audio al que se tuvo acceso confirma la versión de las fuentes al interior. En él, la directora del Protocolo Alba, Ruth Morán Flores, instancia de la Fiscalía Especial destinada a las desapariciones de mujeres, expresó en una reunión privada que desde abril se habían realizado “operativos de llamadas” para “dar de baja” las carpetas donde se registraban los datos de la persona reportada como desaparecida.

Sobre estas denuncias, en diferentes ocasiones se solicitó entrevista con el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, la fiscal especial Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, la directora de Análisis y Contexto, Mercedes Pascual y la directora del Protocolo Alba, Ruth Morán Flores. Sin embargo, se señaló que no se haría ninguna entrevista sobre el tema de desaparición sino hasta después del informe que prepara el Gobierno de Jalisco a finales de octubre.

La plataforma estatal se mantuvo en suspenso durante los dos meses de la operación, ya que no se actualizó de manera mensual como lo prometió el gobernador Alfaro, en un evento donde también se comprometió a que su gobierno “hablaría con la verdad” ante las familias de personas desaparecidas.

Un análisis que compara los datos del registro nacional con la plataforma estatal, realizado por este equipo de periodistas, muestra que hay una diferencia promedio del 18% en los datos de las personas reportadas como localizadas.

El SISOVID es una mentira”, dice tajante Mónica. Ella atiende a los familiares de personas desaparecidas que llegan desde las redes sociales del colectivo Por Amor a Ellxs y señala que son un promedio diario de 10. Las fichas de los casos se actualizan a cada momento en su página de Facebook. Sin embargo, denuncia, desde la Fiscalía de Jalisco les piden a las familias que no hagan públicos los casos bajo el pretexto de la seguridad. “No les gusta que suban sus estadísticas para mal”, recalca.

Por otro lado, el gobierno de Jalisco ha asumido un discurso público que minimiza la problemática de la desaparición. Ya que luego de la eliminación de cifras en la plataforma estatal se redefinió a las personas como “desaparecidas” y “no localizadas”.

Desde la titularidad de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas se ha señalado que la mayoría de las personas ausentes en Jalisco son “no localizadas” y no “desaparecidas”, para minimizar la idea de que se dan en contextos violentos.

Sin embargo, se trata de un acto ilegal en virtud de que la Ley General de Desaparición señala, en su artículo 89, que luego de 72 horas de haber interpuesto la denuncia, todas las personas reportadas deben ser reconocidas como “desaparecidas” y su caso puede constituir un delito porque las personas no han regresado con sus familias.

La justicia mexicana es insuficiente. En Jalisco hay menos de 10 sentencias que condenan la desaparición de personas. Mientras tanto, las autoridades rechazan un alza en las cifras de desaparecidos, declarando que se trata de “parámetros normales”, como lo hizo Blanca Trujillo el pasado 15 de junio, al rechazar una “oleada de desapariciones” en un municipio de Jalisco.

Durante 2019, cada semana, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se dio un promedio de 66 personas reportadas como desaparecidas, de acuerdo con datos del registro nacional. Por eso, los colectivos de búsqueda en Jalisco han hecho un llamado a la sociedad para que, de manera anónima, denuncie la violencia y se localicen más sitios de exterminio. “Porque sabemos que se pierde la posibilidad de que [la persona desaparecida] esté viv[a], y lo único que queremos es que regrese en las condiciones que sea, pero saber dónde está”, sentenció Mónica.

Los sitios de exterminio en Guadalajara se han convertido en una nota del día a día. Están entre sus calles, cerca de las avenidas más transitadas y a centímetros de un vecino que del otro lado del muro podría escuchar los gritos de dolor ante la tortura o frente a una casa que asoma la violencia desde la ventana. Estos lugares, paradójicamente, también significan una luz de esperanza para quienes buscan a sus desaparecidos, pues ahí podrían hallar a sus seres queridos, con o sin vida.

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