La pandemia golpea al colectivo Trans con violencia, desalojo y discriminación

Colectivos LGBT denuncian un retroceso en sus derechos con el actual Gobierno. La crisis empeora la situación de la que ya eran víctimas.
sábado, 20 de junio de 2020 · 00:04

María O. García  / La Paz

La vida de Luciana podría ser una muestra del impacto de la pandemia y el estado de emergencia sanitaria en Bolivia. Estudiante de la carrera de Instrumentación quirúrgica y secretaria de una empresa a tiempo parcial, los más de dos meses y medio de confinamiento la llevaron a engrosar las listas del desempleo, dejando atrás la situación laboral indefinida que tanto le había costado conquistar.

Su caso podría ser un ejemplo ilustrativo de no ser porque Luciana, además de paceña, es una mujer transexual: “Durante la cuarentena rescindieron mi contrato y tampoco pude ejercer mi otra labor, la de trabajadora sexual. En la actualidad estoy viviendo de mis ahorros mientras busco trabajo, pero es muy complicado porque hay mucha discriminación”, asegura desde el otro lado del teléfono.

“Normalmente no tenemos un acceso fácil al trabajo, la educación o la salud. Y ahora, con la cuarentena, peor, se nos cierran todas las puertas”, agrega Luciana.

La población Trans  no puede acceder a los bonos por la falta de documentos.

Virus de  discriminación

En el año 2013, el “trastorno de identidad de género”, como se denominaba la condición de las personas transgénero, fue retirado del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM, por sus siglas en inglés) de la Asociación Americana de Psiquiatría. En su lugar se aplicó “disforia de género”, que se refiere a la angustia que puede llegar a sentir una persona cuando su sexo no coincide con su identidad de género.  

Es decir, se determinó que el problema no era el transgenerismo en sí, sino el malestar que experimentan las personas trans producto de una sociedad que las discrimina por salirse del modelo social heteronormativo. 

Algo que en la sociedad boliviana aún se da a pesar de los múltiples intentos de prohibir y sancionar toda forma de discriminación fundada en razón de orientación sexual e identidad de género. La Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 045 Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación siguen siendo, al día de hoy,  un reto por cumplir en el país.

“Las personas trans son el rostro visible de su colectivo porque son las que están todos los días luchando, sufriendo la discriminación (…) Durante la pandemia, en muchos casos están siendo desalojadas, no están pudiendo acceder a un ingreso económico y algunas, debido a la paralización de los trámites para su cambio de identidad, no han podido cobrar el Bono Universal”, explica el presidente de la organización Colectivo TLGB de Bolivia, Rodolfo Vargas.

Según Vargas, pocas han sido las ayudas públicas que ha recibido este colectivo durante la pandemia. El bono Canasta Familiar dispuesto por el Gobierno como medida paliativa a los efectos económicos negativos de la cuarentena dejó fuera a las personas trans.

“Algunas alcaldías sí dieron canastas familiares, como la de El Alto o La Paz, pero no ha sido en todos los departamentos. No exigimos ser una prioridad, pero sí que se nos pueda otorgar los mismos beneficios que se da a la población en general”, reclama Vargas.

Y así lo refleja también Chantal Cuéllar, coordinadora del movimiento Trans Feminista de Bolivia: “Las compañeras trans no vivimos con familia porque, por lo general, nos hemos salido de nuestras casas o nos han echado. Las ayudas que hemos conseguido en esta crisis sanitaria  han sido, en su mayoría, de instituciones y organizaciones privadas”.

La marcha  de las diversidades este año se llevará a cabo de manera virtual por la pandemia.

Violencia social y estructural

Stefany, a quien la sociedad condenó a vivir del trabajo sexual durante casi media vida, ahora se ha visto obligada a renunciar a esa labor después de 15 años “por miedo” a contagiarse del coronavirus (Covid-19).

“Para las personas trans es casi imposible trabajar en una secretaría, en una entidad pública o en algún empleo cualificado. La sociedad nos obliga a trabajar en las calles”, asevera Stefany.

En la actualidad -cuenta- se ha vuelto una mujer “multifacética”, pues le toca ejercer de “niñera”, “lavandera”, “cocinera” y “limpiadora”. Cualquier cosa que signifique un ingreso para su supervivencia. Y la de su familia, con la que vive en un pequeño departamento alquilado en la urbe alteña.

“No ha sido fácil encontrar otro trabajo. Más bien un señor de buen corazón me da trabajitos así. Por ejemplo, ayer lavé ropa y me gané unos pesitos para poder pagar mi alquiler”, dice Stefany.

Otro de los denominadores comunes de las personas trans es el rechazo y la exclusión familiar, lo que las lleva a ser expulsadas o a abandonar sus casas para ampararse en la empatía y comprensión de otras compañeras. La mayoría de ellas también han vivido una historia similar.

Sin embargo, algunas  se han visto obligadas a permanecer encerradas durante días -y días- con familiares que no respetan su identidad de género, lo que ha hecho que las situaciones de violencia intrafamiliar se agraven durante el confinamiento.

Es el caso de Laura (nombre convencional), quien con impaciencia espera que pasen 15 días para irse a Chile con una de sus tías. Confía en que el país austral le dé la oportunidad de construir una nueva vida donde poder mostrarse como es y cumplir el sueño de lo que siempre quiso ser: comunicadora social.

“Estos meses los he pasado sola, triste y deprimida. Me dedicaba a trabajar en una librería, pero con la cuarentena dejé de trabajar y he estado encerrada en casa, donde he sufrido agresión física y psicológica por parte de mi padre. Siempre chocamos y muchas veces me agrade, me insulta y me trata mal”, manifiesta Laura.

Asegura que en varias ocasiones intentó denunciar esos hechos en la  EPI (Estación Policial Integral) más cercana a su casa en Cochabamba; sin embargo   la policía nunca  quiso tomar la denuncia.

“Muchas veces he buscado ayuda en las autoridades, pero nunca me han hecho caso. Intenté denunciar varias veces en la EPI, pero siempre me dijeron que no podían atender mi caso por ser transexual”, relata Laura.

No obstante, se muestra optimista con la oportunidad que ahora se le presenta, y con la que espera dejar atrás todas las barreras y estigmas que ha soportado: “Me voy a ir a Chile con mi tía a probar suerte (…) Allí quiero estudiar Periodismo porque me gusta mucho expresarme, hablar y comunicar a la gente. En un futuro espero poder salir en la tele”, confiesa esta joven de 19 años.

La discriminación  es la lacra diaria para la población Trans.

“La excluyeron por ser trans”

Las estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sitúan la esperanza de vida de las personas trans de América Latina en la preocupante media de 35 años. Esto se debe a la violencia y la exclusión social, política, económica, estructural y sistemática a las que son sometidas desde muy jóvenes por su identidad.

En medio de la emergencia sanitaria, una mujer trans de 32 años y su hermana peregrinaron durante varios días por diversos hospitales cruceños en busca de la atención médica que podría haberle salvado la vida. 

Pero, pese a la gravedad de su cuadro, las puertas siempre se le cerraron. Fue así que Fernanda terminó falleciendo la noche del 30 de mayo en casa de un familiar, donde se fue a vivir después de haber sido desalojada sin contemplaciones de su domicilio.

“Nuestra compañera Fernanda  falleció por la falta de atención médica (…) Ella no tenía coronavirus, se lo habían descartado, sin embargo en ninguno de los centros la quisieron atender. La excluyeron por ser trans”, sostiene la coordinadora departamental de la población trans en Santa Cruz, Vanina Lobo. 

En junio se celebra el mes del Orgullo LGBT y el Decreto Supremo (DS) 189 declara el día 28 como el Día Internacional de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero, una fecha en la que cada año se reivindica con colores su lucha por la igualdad de derechos.

El artículo 3 de la norma establece, en el segundo párrafo, que “los Ministerios del Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, coadyuvarán en la promoción de los derechos humanos de la población con orientación sexual diversa en Bolivia”, una sensibilización que -según denuncian-  el actual Gobierno de transición no está llevando a cabo.

“Actualmente está habiendo un retroceso en los derechos de las diversidades sexuales debido  al fundamentalismo que tiene este Gobierno, que es muy cercano a las iglesias Católicas y Evangélicas que rechazan la diversidad sexual. Esta situación  nos preocupa, porque estamos ante un retroceso en los derechos que tanto nos ha costado conquistar como colectivio”, lamenta Rodolfo Vargas.

Las mujeres Trans  exigen el respeto a sus derechos.

Población Trans sin “nada que celebrar” este 28 de junio

Diversos colectivos preparan ya la marcha del Orgullo LGBT que este año, con motivo de la pandemia, se llevará a cabo el sábado 27 de junio de manera virtual. No obstante, la población trans  manifiesta que no tiene “nada que festejar” debido a que son el único grupo de ciudadanos y ciudadanas en Bolivia a los que se les niega  derechos fundamentales  como poder casarse, adoptar hijos o ser candidatos y candidatas en los procesos electorales.

“Como población trans no tenemos nada que festejar. Como movimiento de mujeres trans a nivel nacional estamos en una alerta constante porque estamos en un abismo jurídico”, explica la coordinadora del movimiento Trans Feminista de Bolivia, Chantal Cuéllar.

El 21 de mayo de 2016 se promulgó la Ley 807 de Identidad de Género, lo que supuso una victoria para el colectivo trans. Esta norma facilitaba el cambio de identidad de género a las personas mayores de 18 años sin necesidad de sentencia o resolución judicial, sino únicamente a petición de la persona que lo solicitara ante los organismos administrativos correspondientes. 

Sin embargo, aquel logro jurídico recibió 18 meses después  un golpe certero.  Una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)  limitó los derechos conquistados y prohibió a la población trans las adopciones, la paridad política y la confidencialidad de estado anterior, entre otros.

El recurso fue presentado por tres diputados que argumentaron que la ley podría “distorsionar” el concepto de familia. Se sumaro las iglesias Católica y evangélicas  que también se oponían a la Ley 807.

“El Estado no ha cumplido con el trabajo de, a través de la Asamblea Legislativa, restituir los derechos que nos han quitado. Estamos en esa lucha”, afirma Cuéllar.

 

 


   

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