Cerca 20.000 venezolanos en Bolivia permanecen en situación irregular

Migrantes venezolanos en Bolivia, la diáspora indocumentada

Pueblan refugios y muchos están en situación de mendicidad. Algunos están de paso hacia otros países, pero la mayoría no tiene acceso a la salud ni a la educación por falta de documentos.
domingo, 27 de septiembre de 2020 · 00:22

Isabel Mercado / Página Siete

Déjame atravesar el tiempo sin documentos

Que lo haré por el tiempo que tuvimos

Porque no queda salida

Porque pareces dormida

Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida

La canción de Los Rodríguez resuena, una y otra vez en mi cabeza al conversar con Omayrú Hernández Bolívar, una economista de 48 años, oriunda del estado de Bolívar (este de Venezuela) que dejó su país hace casi cuatro años para probar suerte en Bolivia. Como gran parte de los migrantes venezolanos, Omayrú no tenía un plan al dejar su tierra. Lo hizo “después de años de persecución, inseguridad institucional y falta de dinero para cubrir lo básico”.

Lo suyo fue un éxodo por partes: primero partió su hijo, que encontró trabajo en la construcción en La Paz; y con el dinerito que este fue mandando, decidió enviar a sus dos hijos menores. Al final sólo quedó ella, que resistió la partida lo más que pudo: sus padres, ya mayores; el pequeño departamento que logró adquirir con una vida de esfuerzo y un auto, eran  lo que la anclaban a una vida cada vez más difícil. Un día, su hijo mayor le anunció que le había comprado un pasaje con fecha fija. Tuvo que empacar. Como muchos de sus coterráneos, Omayrú llegó a un país desconocido sin nada entre las manos: ni siquiera los documentos que le aseguraran una estadía.

Aunque no hay una cifra oficial del número de venezolanos que vive actualmente en Bolivia, las autoridades de migración calculan que son cerca de 20.000. La mayoría de ellos, producto de una oleada migratoria que se ha incrementado en los últimos dos años, no tiene documentación y están en condición irregular. Esto les impide no sólo acceder a un trabajo digno, sino a derechos elementales como la salud y la educación. Muchos de ellos viven en refugios y se dedican a actividades informales y a la mendicidad.

“Lo primero que vi a mi llegada fue la desorientación y la desprotección de mis compatriotas; sentir eso me ha cambiado la vida. Trabajar por ellos fue como una terapia para agradecer por estar acá”, cuenta Omayrú.

Como es una mujer de acción, no dejó que este sentimiento se quedara en palabras y a los pocos meses de su llegada ya se había contactado con varias familias venezolanas y había empezado a organizar un red de apoyo y ayuda a los migrantes de su país que ahora se ha extendido a varias ciudades bolivianas. A pesar de sus enormes responsabilidades con su supervivencia propia y la de los suyos, ha pasado a ser una especie de matriarca que acoge de brazos abiertos a la gran y diversa comunidad venezolana y la asiste en sus innumerables necesidades.

Comida, colectas para enfermos, búsqueda de casa y/o de trabajo, asistencia en trámites y papeleos (interminables), consejos, derechos y obligaciones.... La lista es imposible de reproducir. Bajo el estímulo de frases sencillas como "formar comunidad", "ayudarnos a crecer", "tenemos que estar unidos", y otras, ha creado el  Equipo Solidario Venezuela, uno de los más grandes del país.

Primero en La Paz -donde permaneció un año- y ahora desde Santa Cruz -adónde se mudó por el clima-, se ha convertido en una anfitriona ineludible de cuanto venezolano aterriza por estas tierras.

Es una tarea titánica, que no deja de crecer,  y Omayrú lo siente en sus propios brazos. "Cuando llegué, nos pusimos a colaborar con La Casa del Migrante que está en la ciudadela ferroviaria; entonces no eran más de 16 familias; casi no se veía un venezolano en la calle. Pero, ya nos imaginábamos lo que iba a pasar, la situación en Venezuela era y es insostenible".

Así fue, para 2018 la llegada de migrantes venezolanos a Bolivia se incrementó, y a pesar de las pocas facilidades que otorgaba el gobierno de entonces -especialmente por razones políticas-, la población venezolana fue creciendo y también sus necesidades y problemas.

En diciembre de 2019, la canciller Karen Longaric confirmó que el Gobierno,  junto con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pactaron dar refugio a 200 venezolanos incluidos en una lista facilitada por ese organismo internacional. De ellos, "una mayoría" -según la Canciller- están en el país desde hace dos años, pero el gobierno del expresidente Evo Morales les había negado ese beneficio diplomático. "Están en una situación irregular y muchos de ellos con permisos temporales de permanencia en territorio boliviano", precisó y acotó que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) boliviano de entonces tenía la instrucción de rechazar todas esas solicitudes.

Ángeles en tierra ajena

El trabajo de Omayrú se fue extendiendo más allá de sus capacidades. Se sumaron a ella otros venezolanos y activistas de derechos humanos como Guadalupe Montenegro, abogada de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz. Entre todos trataron de administrar una situación que a momentos lucía desbordada. Ya no decenas, sino cientos y luego miles de migrantes, arribaron a tierras bolivianas y con ellos sus penurias y necesidades.

"Salir de tu país por necesidad es algo que sólo lo entiendes cuando lo vives. No sólo dejas todo sin un plan que te oriente y dé esperanzas, sino que lo haces sin nada en las manos, ni siquiera tu identidad".

Omayrú se refiere al principal problema que atinge a los miles de migrantes de la diáspora venezolana: la indocumentación. En Venezuela el trámite de obtención de un pasaporte no sólo es inaccesible en precios, sino puede demorar hasta dos años. Tener un pasaporte es privilegio de pocos. Y, aunque para los países de la región es posible cruzar fronteras con cédula de identidad, esta no siempre es suficiente para acceder a una regularización migratoria. Es más, como todo trámite es difícil en Venezuela, muchos migrantes salen del país con cédulas vencidas, por lo que ingresan ilegalmente a los países de destino.

Una de las principales ocupaciones de Omayrú y el equipo Solidario Venezuela -que actúa en Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba e incluso en algunas de las principales fronteras de ingreso de migrantes al país como Desaguadero y Guayaramerín- ha sido, por tanto, orientar a compatriotas que llegan al país totalmente desprotegidos ante la ley, sin posibilidad de reclamar derechos y con escasas chances de encontrar un trabajo.

"Empecé a hacer contactos con compatriotas que llegaban sin ninguna documentación, con miedo incluso de hacer una compra, incapaces de arrendar un lugar para vivir, mucho menos de solicitar ayuda médica o llevar a sus hijos a una escuela. Muchos, con niños pequeños, sin documentos que pudieran siquiera probar que esos niños eran hijos suyos. Era como un círculo que día a día fue creciendo".

Guadalupe Montenegro ha trascendido su rol en la Defensoría del Pueblo cruceña y, como Omayrú, dedica recursos propios y tiempo a asistir a esta marea diversa y cuantiosa que ha llegado a sus puertas. "Siempre ha habido reclamos de migrantes por malos tratos de la policía, algunas actitudes xenófobas y pedidos de ayuda, pero esto es diferente, supera cualquier capacidad", comenta.

Gente en la calle, mendicidad, desalojos de vivienda, hacinamiento de los refugios temporales, abusos y extorsiones de la policía migratoria, y excesiva burocracia con altos costos. Estos son los factores que esta abogada y activista de los derechos de los migrantes señala como los más importantes y los que definen una situación de extrema vulnerabilidad de la población venezolana en Bolivia. Según ella, además de lo descrito, la situación se agudiza ya que Venezuela no tiene una representación diplomática que abogue por sus conciudadanos y que contribuya a facilitar la regularización de su situación.

En efecto, después de que la actual gestión rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, hubo una breve representación a nombre del presidente encargado Juan Guaidó, pero fue removida. Actualmente, el nuevo representante de la Asamblea Nacional Venezolana, José Gregorio Cumare, acaba de recibir el reconocimiento oficial de la Cancillería boliviana.

"No tienen quién pelee por ellos", dice Guadalupe. Por eso ella ha decidido armarse y hacerlo. "Es que hay situaciones inaceptables: jóvenes que no tienen para comer, hay algunos que están detenidos y no tienen como salir de la detención... todo esto se agrava y se origina en la indocumentación", sostiene.

En La Paz, un representante notable de la migración venezolana es Johnny López. Él ha echado raíces en el país hace muchos años, y dedica gran parte de su tiempo a asistir y orientar a compatriotas que llegan a esta ciudad. A través de grupos en redes sociales y actividades de solidaridad, mantiene contacto con la comunidad venezolana y sus problemas. "Bolivia es un país que para hacer trámites migratorios es muy costoso, por ende a las personas expatriadas o migrantes  les es muy difícil regular su estado migratorio. Por esa razón, en el caso de la diáspora venezolana se deberían implementar acuerdos con entes internacionales como están poniendo en práctica otros países, por ejemplo organismos como USAID o Human Rights Watch, para que se asuman los costos, se les pueda dar un tratamiento más humanitario y puedan ejercer sus derechos como cualquier ciudadano", sostiene.

Como muchos venezolanos que viven hace años en Bolivia, Johnny sufre con la situación de sus coterráneos en situación de calle: "estar indocumentados es un problema muy grave , son personas vulnerables a cualquier atropello y menosprecio por el hecho de no estar legales en el país; son presa fácil de la trata y tráfico de personas, además de sentirse aislados de la sociedad sin ningún tipo de protección ni seguridad jurídica que vele por sus derechos humanos fundamentales", señala.

Omayrú con el Equipo Solidario Venezuela.

Las dos oleadas

"Hay un antes y un después en nuestra diáspora", dice Omayrú. Se refiere a que hace algunos años, cuando las primeras familias venezolanas se asentaron en Bolivia lo hicieron por contratos de trabajo, algunas oportunidades que se abrían y con la intención de traer a sus familias y construir una vida en estas tierras. Fueron migrantes por opción, gente que planificó su salida y la de los suyos apostando por un futuro.

A raíz del recrudecimiento de la crisis económica y política en Venezuela, el éxodo se hizo masivo. En el año 2018 al entrar el país en una hiperinflación, 2,3 millones de venezolanos salieron de ese país; aproximadamente  el 7 % de su población.

Parte de este éxodo llegó a Bolivia. Esta es la que Omayrú define como una segunda oleada, "gente joven, mucha de ella sin instrucción... son chamitos (muchachos) que llegan a ´la buena de Dios´ y que acá no encuentran otra forma de vida que salir a la calle a vender caramelos o pedir centavos a la gente. Muchos vienen con niños pequeños, hay muchas mujeres embarazadas".

Esta es la población que ha llamado la atención de la sociedad boliviana por su presencia en las calles y es esta misma la que, según activistas como Omayrú, Johnny y Guadalupe, están expuestas a la vulneración de sus derechos y completamente inermes por la falta de documentación.

Bolivia, de paso

La tierra prometida no existe para el migrante venezolano. La precariedad de la vida y de la partida no permite albergar otros sueños que los de un techo, comida y algún oficio. La mayoría pasa de su lugar de residencia a algún punto de la frontera colombiana, y de allí en más el destino es ancho y ajeno. Perú fue un destino apetecido, pero muchos denuncian que la xenofobia que se instaló en buena parte de la población contra los venezolanos, expulsó a muchos de ellos hacia Bolivia. Otros fueron a Ecuador, otros a Brasil o a Chile, que es mirado con esperanza por su buena salud económica.

Con todo, el común denominador de estos migrantes de a pie, como se llaman a sí mismos, es la indocumentación y con ello, las posibilidades de encontrar un buen mañana se diluyen. La informalidad, la pobreza e incluso la delincuencia se convierten de pronto en una forma de vida.

Jelson, por ejemplo, llegó a finales de año, junto a su esposa y dos niños. Gracias a familiares que ya consiguieron ubicarse en Santa Cruz, se estableció en una casona en la Villa 1ero de Mayo, que alberga también a otras familias de migrantes, casi todos procedentes de Margarita (Venezuela). Su esperanza estuvo puesta en la solicitud de refugio, dado el anuncio realizado por el actual Gobierno. Sin embargo, antes de dar el primer paso la ilusión se extinguió: con el pasaporte vencido no le aceptaron el inicio de la solicitud.  "Mi familia y yo fuimos los primeros en intentar (la solicitud de refugio); mis amigos estaban esperando a que nos aprueben, pero como me lo negaron ya no lo intentaron, ahora estamos todos irregulares", cuenta.

Mientras tanto, además de la indocumentación que nos les permite encontrar un trabajo, están presionados por las multas (28 Bs por día) que se acumulan por la no regularización de su situación. Un callejón sin salida.

Es lo mismo que opina Esperanza (60 años) que llegó a Bolivia de paso, con la idea de ir a Chile o a Europa, donde vive un sobrino. Ella salió de su país cuando sólo pensaba en la jubilación. Sus opiniones políticas la pusieron en la mira. Primero, le quitaron el acceso a los tickets de comida y luego le cortaron el gas. "Nunca he sabido callarme", cuenta.

En Bolivia, la sedujo la posibilidad de tramitar la condición de refugio pero tampoco le fue posible. "Con el pasaporte vencido no me sirve", dice y comenta que ahora se encuentra ante la encrucijada de tener que volver a Venezuela para obtener un nuevo pasaporte, lo cual representan un gasto que no puede cubrir. "Soy ilegal acá, no podré viajar a otra parte y si quiero resolver me veré obligada a volver a Venezuela", relata. "Todo es un lío y todo es muy costoso, para la prórroga te piden legalizaciones y pago de multas que son inmanejables".

Por suerte, dice Esperanza, ha conseguido un trabajo: "Gracias a Omayrú y a Jesucristo nada me ha faltado".

Los refugios

Gualberto Ticona es responsable de los programas en favor de la población migrante dentro la Pastoral Social Caritas Cochabamba. Cerca de 900 personas reciben diferente tipo de asistencia del centro de refugio que él comanda junto a un grupo de voluntarios. Techo, comida, pero sobre todo asistencia en información y en la realización de los intrincados trámites que se exigen a los migrantes, es su labor diaria hace varios años. "Contribuir a garantizar una migración segura e informada y llenar los vacíos críticos en la asistencia humanitaria e integración de ciudadanos venezolanos vulnerables es una de nuestras principales tareas", comenta.

El equipo de Caritas Cochabamba.

Además de dar un hogar a decenas de familias diariamente, Gualberto dedica su tiempo a orientar a los migrantes para regularizar su situación. Observa que ha crecido enormemente la cantidad de migrantes venezolanos en Cochabamba en el último año y prácticamente todos están indocumentados. "Por un lado llegan sin ningún papel, pero también con muy poca información de lo que tienen que hacer. Antes no pasaban de 500 personas, ahora son cerca a 2000", señala y comenta que lo más preocupante es la condición de pobreza de estos grupos y el hecho de que hayan tantos niños con ellos, sometidos a labores de mendicidad pero también a peligros de trata y tráfico. "Además, por supuesto, que son vistos con desconfianza por la gente y con cierta xenofobia".

Un trabajo especialmente difícil que han tenido que cumplir los refugios de migrantes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en la pandemia ha sido contener y tratar los casos de coronovirus. Gualberto cuenta que uno de los refugiados de la casa de acogida que dirige apareció muerto en esos días y eso obligó a tomar medidas para toda la población albergada y reforzar la bioseguridad.

En Santa Cruz, la casa de acogida Monseñor Julio Terrazas atiende a cerca de un centenar de personas por día, y acoge a más de 50 cada noche. En La Paz la Casa del Migrante tiene una capacidad instalada para ayudar a 30 personas aproximadamente, pero junto al refugio municipal y los albergues de Caritas (el Norteño y el Carretero), se han visto rebasados en los últimos meses.

Un tiempo, sin documentos

Ana María y Lizbeth arman maletas. Ambas maestras de música, llegaron a Bolivia por Perú en octubre pasado cargadas del cuatro (la guitarra venezolana) y muchas ilusiones de trabajar dando recitales y clases particulares. Tenían los ahorros y la fe puesta en conseguir los papeles que les permitieran establecerse y trabajar.

Primero vino la crisis post electoral y luego la pandemia sin que pudieran avanzar en la tramitación de los documentos y los ahorros fueron menguando. Las clases son cada vez más escasas y no hay atisbos de reactivación de la actividad cultural, por lo que han decidido partir. Volverán a Ecuador, que fue su primer destino al salir de Venezuela. "No podemos seguir, tenemos que seguir buscando un lugar donde tengamos documentos para trabajar", sostiene Ana.

La diáspora se mueve incesante, no encuentra destino ni refugio seguro. Es duro dejarlo todo en pos de un destino incierto, sin otro equipaje que la esperanza, sin documentos que te habiliten como seres humanos con derechos.

Ana María, Lizbeth, Omayrú, Jelson, Yolvik, Johnny y tantas voces de acento dulce resuenan en mi cabeza con nostalgia y solidaridad. Bolivia no es el destino de los sueños para muchos, pero podría ser un hogar y un espacio desde el cuál contribuir con trabajo y esfuerzo. No lo está siendo, no hay puertas que acojan a estos seres que junto a otros millones de venezolanos peregrinan por el continente, pidiendo, rogando, como la canción de Los Rodríguez, que les permitan atravesar este tiempo... sin documentos.

 

Recuadro

Canciller Longaric: "Quienes solicitan refugio en Bolivia obtienen un estatus temporal que les permite acceder a todos sus derechos sin discriminación"

El Estado Boliviano promulgó la Ley Nº 251 de 20 de junio de 2012 de Protección a Personas Refugiadas y el Decreto Supremo Nº 1440 de 19 de diciembre de 2012; normativas que recogen los parámetros, lineamientos, plazos y procedimientos establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. La Ley N° 251 del 20 de junio de 2012, de Protección a Personas Refugiadas, en su Artículo 13, dispone que: “Toda persona refugiada y solicitante de tal condición goza de todos los derechos y libertades reconocidos en el Ordenamiento Jurídico Nacional, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, en particular los derechos reconocidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”. Desde la gestión 2018, se ha presentado un incremento en las solicitudes de refugio, siendo un gran porcentaje, solicitudes de extranjeros de nacionalidad venezolana.

 En la gestión 2020, hasta agosto, se han recibido 721 solicitudes de refugio de extranjeros de nacionalidad venezolana, y se ha otorgado refugio a 238 extranjeros de nacionalidad venezolana (esta cifra también corresponde a solicitudes de refugio de la gestión 2019, que estuvieron pendientes de decisión).

Cuando una extranjero se apersona a las Oficinas de la Secretaría Técnica (Ministerio de Relaciones Exteriores) a presentar su solicitud de refugio, conforme procedimiento se procede con su registro y entrega de un Documento Temporal, que le permite permanecer de manera regular hasta que la CONARE emita una decisión final. Es decir, quienes solicitan refugio en Bolivia obtienen un estatus temporal de solicitantes de refugio, que les permite acceder al derecho a la educación, derecho a la salud y derecho al trabajo sin discriminación, mientras la CONARE toma una decisión respecto a su petición de refugio en Bolivia.

La CONARE, pese a las trabas que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19 ha habilitado medios alternativos para mantener un contacto con los solicitantes de refugio, como el correo electrónico conare@rree.gob.bo y el numeró telefónico 73285679.

Igualmente, la CONARE viene reuniéndose mensualmente, a efectos de emitir una decisión respecto a las solicitudes de refugio. Asimismo, se debe tomar en cuenta que un gran porcentaje de los ciudadanos venezolanos que presentan su solicitud de refugio, abandonan dicha solicitud porque Bolivia para ellos viene a ser un país de tránsito, siendo que tienen como países de destino: Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

 

Recuadro

Tres Resoluciones favorecen la regularización migratoria

Se menciona que Bolivia es uno de los países más burocráticos para trámites migratorios, y además que no acepta condiciones de excepcionalidad como documentos vencidos y otros que podrían ayudar a regularizar el estatus de estas personas. Muchos migrantes se quejan además de lo oneroso que son las multas que se cobran diariamente a las personas que no tienen documentación.

Consultada sobre estos aspectos, la Dirección General de Migración informó que están en vigor tres resoluciones administrativas que facilitan la regularización de la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos en Bolivia.

Resolución administrativa N° 148, 5 de febrero de 2020

-              Aceptación de la fotocopia simple del certificado o del registro o de la partida de nacimiento de niñas, niños y adolescentes, menores de 18 años de nacionalidad venezolana, como documento supletorio al requisito del documento de viaje a efectos de ingreso y regularización.

-              Se autoriza ingreso y salida regular de ciudadanos y ciudadanas venezolanos que ingresen con menores de 18 años, excepcionalmente portando documentos de viaje y cédulas de identidad sin vigencia y para el caso de menores se aceptará certificado o registro de nacimiento legalizado, autenticado y excepcionalmente fotocopia simple.

Resolución administrativa N°242, 2 de marzo de 2020

-              Aprobación de permanencia transitoria por trabajo especial para ciudadanos de hasta 60 días para padres y madres de menores de 18 años.

-              Aprobación de permanencias transitoria por familia especial para venezolanos menores de 18 años de hasta 60 días

-              Costo cero para estas permanencias

En cuanto al costo las multas que se cobran diariamente a las personas que no tienen su documentación, la Dirección de Migración afirma que "depende del tiempo en el que estén irregulares, pero como se puede ver gracias a nuestras resoluciones a los menores y a los padres no se les cobrará nada por la condonación que pensamos hacer".

Resolución administrativa N° 274, 9 de marzo de 2020

-              Se reconoce como documento válido el pasaporte, documento nacional de identidad (DNI) y cualquier documento de viaje caduco de ciudadanos extranjeros venezolanos para el ingreso a territorio.

-              La duración máxima de la caducidad de los pasaportes de los ciudadanos venezolanos será de dos años.

 

Reportaje realizado con el programa Puentes de Comunicación de la Deutsche Welle y Efecto Cocuyo.

 

 


   

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