Investigaciones de 13 escándalos de la transición avanzan en la justicia y la ALP

Al menos tres comisiones mixtas del Legislativo investigan estos casos. Ante la falta de información, solicitaron al Ministerio Público la remisión de información. Otros nueve casos aún no están claros.
lunes, 28 de septiembre de 2020 · 00:38

Leny Chuquimia /  La Paz

Las investigaciones de al menos 13 escándalos por corrupción durante el  gobierno  transitorio avanzan en el Ministerio Público, la Procuraduría y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Las causas abarcan desde  contratos lesivos  al Estado hasta sobreprecios en las compras para atender la emergencia. Otros nueve casos causaron aprehensiones y destituciones. Se preparan  denuncias penales.

“El ejecutivo del gobierno transitorio nos está poniendo trabas para que  no se sepa la realidad de los casos de corrupción en las empresas estatales. Nos vemos en la necesidad de acudir al Ministerio Público”, dijo la senadora Máxima Apaza.

La legisladora forma parte de una de las, al menos, tres comisiones mixtas que investigan los casos de sobreprecio en la compra de respiradores, contratos lesivos al Estado en la adquisición de municiones  antidisturbios no letales   y presunta corrupción y malos manejos en las empresas estatales BOA, Entel, YPFB y ENDE. 

“En muchos casos en los que estaba involucrado el MAS, su representación parlamentaria  se negó a conformar una comisión investigadora.  En los últimos años  se utilizó esta  representación para encubrir hechos de corrupción y ahora quieren hacerse los grandes paladines de la lucha contra la corrupción”, dijo el diputado  Tomás Monasterio.

  El nuevo procurador general del Estado, Alberto Javier Morales, -posesionado el  21 de septiembre- afirmó que dará continuidad a las investigaciones que se encuentran en esta entidad. Aseguró que actuará con independencia y en resguardo de los intereses patrimoniales del Estado.

Cuatro casos por atención de la Covid

        El 14 de mayo, la presidenta Jeanine Añez recibió 170  respiradores, según explicó eran un complemento adicional a  los 500 ventiladores  mecánicos para las nuevas  UTI que prometió al inicio de la emergencia. De inmediato se desató un escándalo  porque los aparatos no eran aptos para terapia intensiva y  había  un presunto sobreprecio.    

Según los contratos, estos  equipos fueron comprados en España en 28.000 dólares cada uno con un crédito del BID, pero otra empresa   los cotizó en 12.000. En fábrica el costo era de 7.128. El caso es investigado por el Ministerio Público y hay varios  detenidos, ente ellos el exministro de Salud  Marcelo Navajas, quien guarda arresto domiciliaria. 

   El senador Ciro Zabala, parte de la comisión mixta que investiga el caso en la ALP, señaló que la semana pasada se concluyó el informe y será presentado en estos días ante el pleno. “Se hallaron muchas irregularidades que fueron apañadas con alteraciones en los procesos que se constituyen  en  actos flagrantes de corrupción”, afirmó.

    Pero este es solo el primer caso.  El 29 de mayo, la DGAC autorizó, a pedido de la empresa ChexAir, la llegada de un  avión con miles de unidades de productos de bioseguridad adquiridos por 47 empresas. El 31 de mayo, el vuelo fue cancelado  cuando ya despegaba de China rumbo a Bolivia.  La determinación fue por  “órdenes superiores”.

Esa aeronave, según denunció el propietario de ChexAir y los dueños de parte de la mercadería,    transportaba una adquisición de insumos y respiradores  realizada por el Ministerio de Energías y que tenía un sobreprecio. Sin embargo, un comunicado de esta cartera negó tal información y dijo que dicha compra fue anulada. Transparencia anunció una investigación, pero no hay resultados.

Un tercer escándalo estalló el 7 de agosto, cuando  el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, denunció un presunto sobreprecio en la compra realizada por la Aisem de  pruebas PCR. La adjudicada era una empresa china  y el costo era de  25 millones de bolivianos, más que el cotizado por un laboratorio uruguayo.

 La proveedora es una intermediaria americana, propiedad del boliviano Rodrigo Méndez, quien tendría vínculos  con el Ministerio de Gobierno.  Justicia   afirmó que el proceso es transparente.

 
 Un cuarto hecho ocurrió en torno a la compra de 324 respiradores chinos que no funcionan o presentan fallas. El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, dijo que el precio por cada respirador en abril era de 18.500 dólares debido a la alta demanda. Pero hay documentos  que señalan que  el precio en abril de este año en realidad no pasaba de los 13.000 dólares, contando los gastos de envío. Este caso fue presentado ante la Fiscalía.    

 

 
13 casos y 9 denuncias   contra el gobierno de Añez

  • 1 Caso respiradores españoles 
  • 2 Caso compra de insumos y respiradores por  Ministerio de  Energía.
  • 3 Caso pruebas de Covid-19.
  • 4 Caso respiradores chinos. 
  • 5 Caso Entel I (finiquitos).
  • 6 Caso Entel II (Datacom).
  • 7 Caso mal manejo de BOA
  • 8 Caso YPFB I (Combustible).
  • 9 Caso YPFB II (Almuerzos).
  • 10 Caso YPFB III (Seguros).
  • 11 Caso Elfec-ENDE.
  • 12  Caso gases lacrimógenos.
  •  13 Caso DGAC. 
  • 14 Venta de cargos en Educación.
  • 15 Coimas en Comunicación
  • 16 Sobornos en Culturas. 
  • 17 Venta de cargos en Minería.
  • 18 Avión para una exmiss.
  • 19 Vuelo para un cumpleaños.  
  • 20 Avión oficial en Roboré.
  • 21 Polémica Jerjes Justiniano
  • 22   Polémica por la hermana de Murillo en una misión diplomática.

Demandas penales en Entel, BOA, YPFB y ENDE


El 8 de febrero se destituyó  a Elio Montes, el primer gerente de Entel nombrado por el gobierno transitorio. Huyó del país por las  denuncias de pagos de finiquitos  altos a 13  personas que trabajaron entre un mes  y nueve días. El daño asciende a 860 mil bolivianos.

   Un mes después, el nuevo gerente  Eddy Luis Franco informó que entre enero y febrero se habría generado otra afectación de 800 mil bolivianos por inconsistencias en la empresa Datacom, una operadora de Entel.

El 9 de marzo  los trabajadores de BOA denunciaron cifras rojas por malos manejos de la estatal y una disminución de frecuencia de vuelos. El entonces gerente  Juan Carlos Ossio fue  destituido, aunque se negaba  dejar el cargo. 

El 7 de mayo, el ahora expresidente de YPFB Herland Soliz fue destituido  por tres denuncias de irregularidades y sobreprecios en la compra de combustible, de  alimentos y de seguros. La primera denuncia corresponde a  cinco contratos para comprar diésel a 124 dólares el barril, cuando el precio fluctuaba entre los 30 y 40 dólares.

El 14 de septiembre, aniversario de Cochabamba, la presidenta Jeanine Añez devolvió a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) las acciones que fueran nacionalizadas en 2010 y que hasta ese momento eran administradas por ENDE.

Estos siete casos son investigados por una comisión mixta de la ALP que fiscaliza el manejo de las estatales. Se anunció demandas penales para los ejecutivos de BOA y Entel. Se espera una declaración virtual de la cabeza de ENDE. 

“Las autoridades de las estatales no se han presentado a la comisión. Lo que corresponde ahora es terminar el proceso y empezar las demandas penales  ante la Fiscalía General”, explicó la senadora Máxima Apaza.

 El nuevo Procurador señaló que en el caso de ENDE  se profundizará la investigación para saber si la  decisión del gobierno afectó o no  a los intereses patrimoniales del Estado. 
 

  Casos en Defensa y en la DGAC

El 31 de mayo se hizo público un  presunto caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos a la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions. El costo fue de dos millones de dólares más que  la cotización de la  brasileña Cóndor, la primera opción. 

“Esperamos a los ministros de Economía, Defensa y Gobierno, pero lamentablemente no asistieron a dar su informe”, manifestó la senadora (MAS) Plácida Espinoza.

Desde la Procuraduría se explicó que en junio se solicitó al Ministerio de Gobierno toda la información sobre el proceso de contratación, pero no hubo respuesta. El informe final de la comisión mixta de la ALP  será presentado al pleno el 2 de octubre. 

El 8 de septiembre, el jefe de la unidad de transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Omar Durán, denunció ante la Fiscalía una serie de hechos de corrupción. Señaló que hay  compras de  insumos de bioseguridad con sobreprecio y clonaciones  de matrículas de avionetas.

El Ministerio de Obras Públicas ordenó una auditoría. Adicionalmente, el jueves,  una comisión de Diputados realizó una inspección sorpresa en la que hallaron irregularidades.

otros 9

 cuestionamientos
Hermana de Murillo

El 24 de diciembre de 2019 se conoció que la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue nombrada como Cónsul de Bolivia en Miami (EEUU), lo cual generó críticas de parte del MAS. La flamante funcionaria había entregó su declaración jurada  cinco días antes.

Exministro
La primera polémica

  Semanas después de asumir el cargo, la presencia de Jerjes Justiniano en el gabinete causó la primera polémica para el actual gobierno. El entonces Ministro de la Presidencia  era el abogado defensor de uno de los acusados en el caso de violación grupal  conocido como La Manada. Activistas y fiscales lo denunciaron por tráfico de influencias  para favorecer a su cliente y desde adentro del gobierno se lo acusó de imponer una línea comunicacional política, motivos por los cuales fue destituido el 3 de diciembre. El exministro indicó que su alejamiento no fue por las acusaciones, sino como un cálculo para la candidatura de Jeanine Añez.

venta de cargos 
Ministerio de Minería

En enero, una denuncia sobre la venta de cargos enlodó al ahora exministro de Minería Carlos Huallpa. La Dirección de Asesoría Jurídica afirmó que los presuntos negociados correspondían a un exasesor de la entidad. Un funcionario fue aprehendido y se negó la participación de Huallpa.

por bs 10.000 
Educación en la mira

En febrero, un video sobre la venta de cargos  de la viceministra de Educación Alternativa y Especial  Yola Nery Mamani circuló por las redes sociales. En el material se escucha cómo la autoridad pedía 10.000 bolivianos por un contrato de seis meses. Fue destituida.

dos aprehendidos
 Coima en Comunicación

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen  aprehendió a dos ejecutivos del Ministerio de Comunicación, Henry M.D. y Eugenio H., quienes fueron sindicados de presuntamente pedir  el 10% a cambio de adjudicar publicidad en medios de comunicación escritos.

investigación
Soborno en Cultura

El ex Ministerio de Cultura y Turismo inicio una investigación por la denuncia de un presunto cobro como soborno por parte del funcionario Jorge M. La entonces titular de la cartera  Martha Yujra dijo que destituyó al acusado y no permitirá la corrupción.

aviones DE  la FAB
Vuelo a Roboré

El 26 de abril,  Carolina Ribera (hija de la Presidenta) llegó a Roboré  en una nave oficial de la FAB. Pese a que se argumentó que el viaje se debía a razones humanitarias, ni el alcalde ni los  dirigentes regionales sabían de  su arribo. Hubo susceptibilidad por el uso de  bienes del Estado.

 cumpleaños 
De Tarija a La Paz

Días después  un avión de la FAB  transportó a la diputada Gina Tórrez y a su hijo desde Tarija hasta La Paz,  días antes del cumpleaños de  Ribera,  evento al que los cuestionados asistieron. Elgobierno argumentó que la legisladora, “amiga de la Presidenta”, se  encontraba mal de salud.

Ayuda médica 
Una exmiss a bordo

Bajo el mismo rango de “humanitario”,   el 2 de mayo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, transportó en un avión de la FAB a la exmiss Rurrenabaque  Yarakoby Shiraishi. Como descargo presentó un certificado médico avalado de Defensa Civil. La autoridad lamentó el hecho.
 

 

 

 


   

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