Un mes de la detención de Jeanine Añez y la reconciliación se hace más difícil

Hoy se cumple un mes de la detención de la expresidenta y el país está polarizado por la decisión del Gobierno de construir una versión única de los hechos de 2019 que terminaron en la renuncia de Evo Morales.
martes, 13 de abril de 2021 · 05:30

Luis Fernando Cantoral / Connectas

https://www.connectas.org/la-dificil-reconciliacion-boliviana/

La promesa del presidente de Bolivia, Luis Arce, de “reconstruir la patria en unidad” y “soñar juntos” quedó en entredicho al iniciar una persecución judicial a  exfuncionarios del gobierno de Jeanine Añez, quienes son acusados de haber realizado un inverosímil golpe de Estado en noviembre de 2019 al entonces presidente Evo Morales.

La madrugada del pasado 13 de marzo, aún cerrada la noche, una veintena de policías de civil fuertemente armados irrumperon en una vivienda de la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, y aprehendieron a Jeanine Añez, expresidenta de Bolivia. El día anterior, dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también fueron aprehendidos en la misma ciudad. 

En los operativos los efectivos -sin identificarse y sin orden judicial, según las denuncias-, tiraron puertas, allanaron casas y amenazaron a más de una decena de personas, con el propósito de hallar a las exautoridades. Los tres fueron trasladados a La Paz, en aviones de la Fuerza Aérea, en medio de un gran operativo de seguridad, para que respondan por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo. La Fiscalía cuenta con una lista de 10 personas y anuncia más detenciones.

Esta decisión política activó nuevamente la polarización -de un lado quienes afirman que hubo fraude electoral y del otro quienes defienden la teoría del golpe de Estado- en un país que intentaba curar sus heridas y construir confianza. Con las elecciones de octubre del año pasado se esperaba dejar atrás el enfrentamiento fratricida y el recuerdo aciago de días y noches de terror (noviembre de 2019) en las que grupos de gente exaltada afines al Movimiento al Socialismo (MAS) salieron a las calles, quemaron casas, buses, llantas y destruyeron unidades policiales tras la salida de Evo Morales. Las protestas terminaron con la muerte de 36 seguidores del exmandatario.

El cabildo  en la ciudad  de Santa Cruz el 15 de marzo, tras la detención de Añez.
Foto:El Deber

Concentraciones

Con los hechos del último mes, Luis Arce está demostrando que su gobierno será una reedición del de Morales. El 16 de marzo, tras el envío de la exmandataria a una cárcel de mujeres, ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz fueron escenarios de concentraciones convocadas por movimientos ciudadanos contrarios al gubernamental MAS. La tensión se volcó a las calles. Miles de personas de distintas edades y con el rostro marcado por la indignación se abrieron paso por diferentes avenidas, portando carteles y la tricolor nacional para exigir a voz en cuello: “¡Libertad para los detenidos!”. Acusaron al gobierno de Arce de inventarse cargos y utilizar el sistema judicial con fines políticos y querer hacer de Bolivia “otra Venezuela”.

En La Paz la manifestación fue convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que en 2019 encabezó las protestas contra el fraude electoral -confirmado por la OEA- en favor del entonces presidente y candidato a la reelección Evo Morales. Los manifestantes, que reclamaban “justicia” y “libertad”, aseguraron que en 2019 no hubo golpe de Estado contra Morales, como afirman el Ejecutivo y el partido oficialista, debido a que el gobierno de Añez funcionó 11 meses con un parlamento de mayoría masista que, incluso, prorrogó su mandato.

La concentración más grande se registró en Santa Cruz, donde miles de personas con banderas cruceñas y bolivianas rechazaron la detención de Añez y de sus exministros. En el mitin participaron autoridades locales y políticos de oposición como el ex líder cívico y gobernador virtual de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien ofreció ayuda a los presos y refugio a los “perseguidos políticos”. 

Camacho fue una de las caras más visibles de las protestas de 2019 e identificado por el Gobierno actual como uno de los principales artífices del supuesto golpe de Estado, pero hasta la fecha no ha sido citado por la Fiscalía.

Las marchas y concentraciones continuaron durante una semana de manera esporádica en diferentes zonas del país como Trinidad, Potosí y Tarija. Organizaciones sociales, plataformas ciudadanas, académicas, médicos, cocaleros opositores y esposas de policías, que denunciaron persecución a sus cónyuges, engrosaron las manifestaciones por “justicia y libertad”.

Al menos cinco organismos internacionales -Human Rights Watch, Unión Europea, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Organización de Estados Americanos- han expresado su preocupación por los acontecimientos en Bolivia y advirtieron la vulneración del debido proceso y el uso de la justicia para perseguir a opositores.

 Algunos  de los familiares de las víctimas  de Senkata de El Alto.
Foto:Archivo / Página Siete

La otra parte

Organizaciones indígenas, obreras y campesinas afines al MAS rechazaron los pronunciamientos a favor de Añez y defendieron los procesos judiciales en su contra por el presunto golpe de Estado. Exigían, además, juicio por las 36 muertes que dejó su gobierno al aplicar un plan de pacificación. En La Paz se produjo una masiva marcha que llegó hasta el centro de la ciudad después de recorrer varios kilómetros desde la vecina urbe de El Alto. 

 Los manifestantes quemaron muñecos que representaban a la exmandataria Añez y a sus exministros y expresaron su respaldo al “proceso de cambio” y al gobierno de Luis Arce. Exigen justicia por sus muertos. Por este caso aún no se inicia el proceso.

Sólo hasta el pasado 19 de marzo, el presidente Arce se refirió a los hechos que tienen convulsionado al país: “No nos mueve el odio  ni la venganza; lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia”, dijo en un acto de sus partidarios en el que tildó de “golpista” a Añez.

Iván Lima, ministro de Justicia, devenido en vocero e impulsor del juicio a la exmandataria, respondió a los cuestionamientos nacionales e internacionales señalando que en los procesos contra las exautoridades se respetó el debido proceso y que en Bolivia existe independencia de poderes para garantizar una justicia imparcial. Se trata de la misma justicia, desprestigiada y sin credibilidad, que hace un año, con los mismos jueces y fiscales, persiguió a los afines a Evo Morales, y hoy ofrece sus servicios al Gobierno de turno.

Procesos

De lo que quedan pocas dudas es de la singularidad del juicio contra Añez, del sabor a revancha por parte del gobierno del MAS. En lugar de iniciar un juicio de responsabilidades por todas las vulneraciones e irregularidades ocurridas en su gobierno, por medio del Legislativo, como corresponde, optó por iniciarle un proceso en su calidad de exsenadora, por la vía ordinaria, como organizadora del supuesto golpe de Estado, para poder aprehenderla y encarcelarla. El ministro Lima dijo que se optó por este camino al no contar el MAS con dos tercios de votos en el Legislativo para autorizar el juicio de responsabilidades y juzgar a Añez como “dictadora”.

El abogado Juan del Granado, quien impulsó el juicio de responsabilidades contra el fallecido dictador Luis García Meza, dijo que el proceso está basado en una “aberración jurídica” y su objetivo es atropellar a la expresidenta en sus derechos y encarcelarla ilegalmente. De esa manera se estaría eludiendo el juicio de responsabilidades que le corresponde.

Intentos de acercamiento

Por lo anterior, era de esperar que la reconciliación boliviana entre actores políticos y población en general fuera una ilusión. Los ánimos están crispados y no parece que haya mucho por hacer para calmarlos. El pasado 24 de marzo, el Comité Cívico de Santa Cruz, tratando de poner paños fríos a la situación, convocó a las autoridades electas opositoras al MAS y al presidente, Luis Arce, a una cumbre nacional cívico-política para llegar a un pacto nacional. El encuentro se suspendió debido a que muchas autoridades electas no confirmaron su participación. El Gobierno, tampoco.

Cinco días después, el líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, presentó una propuesta política dirigida al Gobierno para realizar un pacto nacional que permita superar la disyuntiva entre las visiones de “fraude y golpe”.

La propuesta de Mesa busca acuerdos en torno a la liberación de “los presos políticos” para superar la polarización política que “genera discursos antagónicos y acciones de confrontación y judicialización”. También propone la renovación del Ministerio Público y el Órgano Judicial para garantizar independencia, imparcialidad e idoneidad con miras a viabilizar “el juzgamiento de violencia en el período que va del 20 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2020 -últimos 20 días del gobierno de Morales y 11 meses de la gestión de Añez-, sin sesgos ni parcializaciones, derogando las normas que generen impunidad”. El Gobierno no respondió a la propuesta. Sus legisladores la rechazaron.

El ambiente político y social en Bolivia continúa encendido y tenso. El gobierno de Luis Arce persiste en imponer una verdad única con la narrativa de que lo acontecido en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado a un gobierno democrático, ignorando el repudio popular hacia Morales por sus abusos y angurria de poder, y pone al país en riesgo de una nueva descomposición política y social que puede llevar a Bolivia a un punto de gran incertidumbre. Una situación conocida por todos nosotros.

Luis Fernando Cantoral es periodista peruano residente en Bolivia. Miembro de la Comunidad Periodística de Connectas. Trabajó en radio Erbol durante cinco años y actualmente en la Agencia de Noticias Fides. 
 

Detención y prisión

En ocho días (del 13 al 20 de marzo), la expresidenta  Jeanine Añez  fue detenida en Beni, trasladada a La Paz, enviada primero a la cárcel de Obrajes y luego a Miraflores.

13   de marzo, efectivos policiales allanaron la casa de   la expresidenta en Beni, y la detuvieron en la casa de unos familiares, acusada de terrorismo y sedición en el caso del supuesto “golpe de Estado”.

14 de marzo, una jueza dictó cuatro meses de detención preventiva contra la exmandataria. “Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, tuiteó Jeanine Añez.

15 de marzo, la expresidenta ingresó a la cárcel de Obrajes, donde debía mantener una cuarentena de 15 días  por la pandemia, aislada e incomunicada, sin ver a sus hijos.

17 de marzo, Jeanine Añez presenta alteraciones en su presión arterial por lo que sus abogados y familiares piden que sea trasladada a una clínica para recibir atención especializada.

18 de marzo, se instalan grupos de protesta en las puertas del penal de Obrajes pidiendo atención médica especializada para Añez. Surgen versiones de que dejó de alimentarse.

19-20 de marzo, un juez instruyó que Añez fuera  internada en una clínica; el Gobierno interpuso un recurso que dejó sin efecto la decisión  y mandó a la exmandataria a una cárcel de mayor seguridad.

 

 

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