Viviendas en el aire: 10 años de una misión habitacional en Venezuela que no se ve

El Estado venezolano gastó 95.000 millones de dólares en casas entre 2011 y 2016. ¿Cuántas? No hay una cifra precisa; datos oficiales hablan de estructuras que no se construyeron y de otras que no se culminaron.
martes, 18 de mayo de 2021 · 05:04

El Pitazo  /  Connectas

Ernesto Vizcaíno vivía en una casa de zinc y en extrema pobreza a escasos metros de la zona donde fue reubicado por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Pero la situación no cambió. Su nuevo hogar no cuenta con techo, baño ni tuberías.

A Brisas del Manantial, en el estado Anzoátegui, sólo se puede llegar a pie o en rústico. En el terreno polvoriento se observan ocho estructuras de hierro en abandono, tres casas a medio construir y siete viviendas cuyas fachadas no se asemejan a lo que revela su interior: paredes sin friso, casas sin ventanas ni puertas.

En el urbanismo  Ciudad Betania II  parte del estacionamiento se fracturó. 
Foto:Cortesía, vecino de Ciudad Betania II

En el mes de febrero de 2013, el fallecido Aristóbulo Istúriz, entonces gobernador de Anzoátegui, inauguró el urbanismo donde reside Ernesto. Istúriz informó, a través de una nota a los medios de comunicación locales, que ese día había reubicado a 89 familias al norte de Anzoátegui.

Alida Rojas, vocera de la comuna Brisas del Manantial, ofreció una versión distinta a la información oficial en una entrevista para esta investigación. Contó que la asignación de viviendas fue realizada con el urbanismo a medio construir. Les prometieron que regresarían a culminar la obra. Pero ocho años después los vecinos continúan a la espera.

Creada en Gaceta Oficial el 30 de abril del año 2011, la Gran Misión Vivienda Venezuela nació por el estado de emergencia nacional decretado en 2010, tras las fuertes lluvias que dejaron sin hogar a más de 35.000 familias. Más tarde se convirtió en bandera política del chavismo.

A 10 años de su creación, no se sabe con exactitud cuánto dinero ha gastado el Estado venezolano para la construcción de viviendas bajo este programa. El Gobierno no ha rendido cuentas al respecto y los montos conocidos se limitan a las declaraciones de voceros oficiales, cifras que no coinciden entre ellas, pero revelan que se tratan de las viviendas sociales más costosas de América Latina.

El Gobierno de Nicolás Maduro asegura que a través de la GMVV se construyeron 3.524.378 viviendas hasta el 23 de abril de 2021. Pero esta investigación de El Pitazo y Connectas, con apoyo del International Center for Journalist (ICFJ), no pudo ubicar esa cantidad de casas. Corresponsales y reporteros de El Pitazo registraron en una base de datos las viviendas construidas en el marco de la GMVV. 

Para ello, se revisaron publicaciones digitales de prensa oficial y páginas web de instituciones rectoras de la gestión de este programa. Se contactó a líderes sociales, exfuncionarios y especialistas. En algunos estados se revisaron documentos filtrados por las alcaldías o gobernaciones; en otros, los periodistas se apoyaron en la red de infociudadanos. La data construida y verificada por 34 periodistas de El Pitazo logró ubicar y contar sólo 5% de las viviendas que asegura el Gobierno ha construido a través de esta misión.

Este trabajo de reportería ofrece una aproximación a la realidad porque la falta de transparencia oficial sobre la gestión del programa y la dispersión en la ejecución de los recursos en más de un centenar de instituciones y empresas no permiten comprobar el número exacto de viviendas construidas ni verificar sus costos. Aún así, los números recogidos por El Pitazo coinciden con las denuncias que han hecho voceros del sector construcción y con el seguimiento del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). El cálculo más favorable apenas se acerca al 8% de la cantidad que asegura el oficialismo.

Interior  de algunas áreas del urbanismo Brisas del Manantial.
Foto:Giovanna Pellicani

Cada jueves

El Gobierno anuncia en transmisión televisiva todos los jueves la entrega de viviendas, pero no siempre queda claro si se tratan de casas nuevas. Además, el número de las que se informa su ubicación no siempre se corresponde con el conteo total de viviendas entregadas, como ocurrió en el urbanismo entregado por Istúriz. 

Ernesto, uno de los adjudicatarios de Brisas del Manantial, contó la misma versión de la vocera comunal. Junto a otras 67 familias, fue incluido como beneficiario de la GMVV después de que funcionarios de Protección Civil declararon en 2011 de alto riesgo la zona que habitaba, en el sector La Quebrada de Brisas del Manantial II. 

A finales de 2012, los posibles adjudicatarios, junto con maestros de obra contratados por representantes de la GMVV, comenzaron a ensamblar la estructura de hierro de cada una de estas casas, pero al llegar los bloques, cemento, arena, piedras y láminas de zinc los materiales comenzaron a desaparecer. La construcción era monitoreada por coordinadores comunales avalados por el Gobierno.

“A los materiales les salieron más dueños que cantidad de adjudicatarios y comenzó a faltar para culminar las casas. Sólo terminaron las que fueron vigiladas por quienes serían sus dueños, que dormían en el terreno baldío para cuidar de su material”, recuerda.

Seis meses transcurrieron antes de que  Ernesto fuera llamado a participar en el acto que daría por culminada la obra y ordenaría la ocupación de aquellas viviendas que les habían prometido, pero según cuenta, toda la transmisión fue realizada en la única casa que lograron terminar y frisar. “Al resto ni una foto le tomaron”, asegura.

Al otro lado del país, una contratista zuliana, que por temor pidió reservar su identidad, contó una historia similar.  

Veía por televisión, en el programa Jueves de vivienda que transmite el canal estatal venezolano, cómo entregaban casas que solo eran losas, es decir, las bases de las viviendas. Lo sabía de primera mano porque ella era la representante de una constructora que trabajó en la GMVV en el estado Zulia.

Cuenta que a los constructores los llamaban a reunión cada vez que se iban a hacer anuncios desde Caracas. “El Gobierno pedía que se pusieran las losas y eso lo contaban como una casa”.

Las paredes  de las construcciones están rajadas.
Foto:Connectas

“Las ganancias”

La contratista zuliana describe la corrupción dentro del programa como “gigantesca”. Para la construcción de casas, de apartamentos y el vaciado de las losas no se usaron los materiales que se necesitaban, sino menos. “Esa era la ganancia, pero yo no lo sabía”.

Comenta que había constructores que ya tenían claro cómo ahorrar material y quedarse con lo que les sobraba. “Por ejemplo, la plantilla tenía que llevar nueve sacos de cemento y tres metros de arena. Ellos le tiraban cuatro metros de arena y le echaban cinco sacos de cemento y se quedaban con el material que sobraba”.

Un día fue a pedir materiales al departamento de inspección de la obra y le preguntaron: “¿Dónde está la cerámica? A ti por cada casa te quedan 35 cajas de cerámica, también cemento y sacos de pego hasta para tirar para el techo”. No supo qué responder, ya había hecho casas y apartamentos con todo el material que le dieron.

Ese día la constructora se llevó 25 sacos de cemento, cajas de cerámica y nueve piezas sanitarias. Ya estaba de salida, la habían amenazado y le habían quitado el contrato. En ese momento dice que no tuvo miedo, porque asegura que tiene su conciencia tranquila. Si revisan lo que ella tuvo que pagar todo está justificado.

En este momento, vive en una casa pequeñita y dice entre risas y lamentos: “Con todo ese material –la ganancia que le correspondía en esta lógica de negocio–, yo hubiese hecho esta casa tres veces más grande”.

Costosa vivienda social

Hace ocho años, José Rondón se mudó al sector Los Sauces del urbanismo Ciudad Betania II, ubicado en la parroquia Santa Bárbara del municipio Lander, estado Miranda. Cada vez que llueve, se encomienda a Dios. 

El agua acelera el movimiento de la tierra donde está edificado su apartamento y aumenta la inestabilidad de la estructura. Rondón teme que su inmueble se derrumbe y ocurra una desgracia. Ciudad Betania es uno de los cinco urbanismos entregados en los Valles del Tuy en el marco de la GMVV. 

Durante su participación en la Conferencia Hábitat III de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en octubre de 2016, Maduro aseguró que en las 1.160.000 viviendas que se construyeron entre 2011 y ese año habían gastado 95.000 millones de dólares. Esos datos significan que cada vivienda construida en este periodo costó más de 81.000 dólares.

Casi cuatro años más tarde, en octubre de 2020, Maduro dio otra cifra y aseguró que cada una de las 200 mil viviendas de la misión construidas en medio de la pandemia por Covid-19 y de las sanciones aplicadas a su gobierno por Estados Unidos, costaron 60.000 dólares. El monto es más bajo y, aún así, duplica el costo promedio de una vivienda social en América Latina.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una vivienda de interés social –dependiendo del terreno y su ubicación, acceso a los materiales de construcción, necesidad de servicios, los metros cuadrados de construcción y la inflación del país donde se construye– puede costar entre 25.000 y 35.000  dólares cada una, muy por debajo de 81.896 dólares, que sería el costo de cada vivienda, según la cifra presentada por Maduro en octubre de 2016, y la mitad de lo que dijo el gobernante en 2020.

El expresidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Andrés Sosa, quien estuvo al frente del organismo entre los años 2016 y 2019, coincide con las estimaciones del BID y apunta: “De ser ciertas las cifras ofrecidas por Maduro en Ecuador, las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela están dentro de las más costosas de América Latina”.

 

Millones bajo un velo opaco

La reportería para este trabajo además identificó que 114 actores, entre personas, instituciones y organizaciones, participaron en la gestión de este programa. Un rastreo a través notas de prensa, memorias y cuentas y gacetas oficiales de los primeros seis años muestra que la misión involucró a 47 empresas del Estado venezolano, 15 privadas, además de 22 compañías extranjeras, cuatro ministerios y otras 13 instituciones públicas, y también incluyó cinco fondos presupuestarios, cinco programas sociales manejados por el Estado, dos bancos y una aseguradora.

 Esa dispersión y la opacidad que rodea al programa estatal de viviendas sociales hacen que conocer en detalle la gestión de la GMVV y de los recursos asignados sea una tarea que resulta imposible por la intrincada trama de entes que participan.

Entre esa multiplicidad de actores hay tres empresarios, dos funcionarios y 22 empresas  señalados de participar  corrupción vinculada con la GMVV.

Daniel Rosas, abogado especialista en políticas públicas y profesor en Gerencia Pública del IESA, explica que el uso de diversos fondos para el financiamiento de la misión es una estrategia política del Gobierno. “En teoría ninguno de esos fondos debería existir. Todo eso debería ir por el presupuesto nacional, pero usarlos asegura al Ejecutivo mayor discrecionalidad porque ninguno pasa por la Asamblea Nacional. Los ejecuta sin rendirle cuentas a nadie”. 

Un informe publicado por Transparencia Venezuela en el año 2014 indica que la información disponible sobre las fuentes de financiamiento de la misión es escasa, por lo que implica cierta complejidad y dificultad presentar las cifras y rastrear a los involucrados.  “Nos encontramos así con una compleja estructura presupuestaria para la GMVV, ya que son muchos los componentes involucrados y cada año varían las instituciones que participan en la logística del programa”, remarca el informe.

Del gran mar de actores, esta investigación contabilizó la participación de cinco empresas constituidas con fondos estatales para el desarrollo de la misión que no cumplieron.

 

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