«La pacificación se operó tras bambalinas»: la crónica en la que Añez basa parte de su declaración

“Al empezar mi declaración señalé que la narrativa sobre los antecedentes sucedidos antes de mi llegada a La Paz, y sobre los hechos que no estuve presente, se basan en el libro 'La Revolución de las pititas'", escribió ayer Añez.
martes, 15 de junio de 2021 · 05:04

Raúl Peñaranda U. / La Paz

Calles desoladas. Barricadas en todas las zonas de la ciudad. Basura acumulada en las aceras. Tensión. El viernes 22 de noviembre se cumplían 12 días de protestas organizadas por simpatizantes y grupos de choque del MAS, quienes habían causado temor entre la población civil de La Paz y El Alto. Los movimientos sociales proclives al expresidente Evo Morales bloqueaban varias carreteras en el país, impedían el ingreso de alimentos a la sede de gobierno y cerraban el paso a la salida de los camiones cisterna de gasolina y de transporte de gas licuado. La falta de gasolina hacía que el transporte público y privado hubiera caído a niveles mínimos, y ni carros basureros ni ambulancias circulaban por las calles. Desde Ciudad de México, donde se encontraba, Morales hacía llamamientos a acentuar la violencia y hablaba de las probabilidades de una guerra civil. No parecía haber luz al final del túnel.

Por eso fue tan sorpresivo que solo 24 horas después, el sábado 23, la Comisión de Constitución del Senado aprobara por unanimidad el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de convocatoria a elecciones. La norma establecía que el MAS podría participar de los comicios, pero sin Morales, ya que se buscaba cumplir a cabalidad el artículo 168 de la Constitución, que prohíbe a un mandatario que esté dos períodos en el gobierno a inscribirse nuevamente como candidato.

Ese mismo día la Cámara de Senadores aprobó el proyecto, que pasó a Diputados, que en esa jornada también la aprobó. Los legisladores lo hicieron por unanimidad, una rareza en la historia democrática de Bolivia. Esa noche, los movimientos sociales decidieron levantar sus bloqueos y pacificar el país, tras una maratónica reunión en el Palacio de Gobierno. Al día siguiente, la Presidenta promulgó la ley de convocatoria a elecciones.Pocas veces los hechos del país habían cambiado tan dramáticamente en sólo 48 horas.

La explicación a un cambio tan drástico de escenario fue la instalación de un diálogo reservado llevado adelante desde dos semanas antes por los principales actores políticos bolivianos, muchos de los cuales casi no tenían relación entre sí. Fue promovido por la Conferencia Episcopal, la Unión Europea, la embajada de España y las Naciones Unidas.

El Presidente anuncia su renuncia antes de la “sugerencia” de las FFAA

Domingo 10: Personas demudadas. Caras largas. Silencios sólo interrumpidos por interjecciones. Rabia. Impotencia. “¿Cómo puede ser? Almagro es un cabrón”, dice alguien. En el lujoso y enorme hangar que Morales se hizo construir en el aeropuerto militar de El Alto se vive un estado de pesar: quienes están allí saben que están viviendo días históricos, pero dolorosos e inexorables.

Un día antes, el sábado 9 de noviembre, la OEA le había hecho llegar a Morales su informe final sobre las elecciones. Es demoledor: hubo tal cantidad de “irregularidadesdolosas” que los comicios del 20 de octubre deben ser anulados y convocadas nuevas elecciones, con un Tribunal Supremo Electoral renovado. Ya no hay escapatoria posible. En la reunión, nadie quiere pronunciar la palabra “renuncia”, pero todos, seguramente, la piensan.

Es tan claro el reporte de la OEA, entregado cuatro días antes de lo anunciado, que le quitó al régimen toda posibilidad de maniobra. “¿Para qué mierdas propusimos que el informe fuera vinculante”?El expresidente intentó desesperadamente contactarse con el secretario general de la OEA, José Luis Almagro, para evitar la difusión del mismo. No lo logró, Almagro no le contestó el teléfono. Algunas de las llamadas las hizo Morales a las tres de la mañana del domingo 10.

Hay más: la Policía de Cochabamba lleva dos días amotinada y cada hora se rebelan más unidades, en todo el país. Pronto lo hará la de La Paz. Incluso el fiel general Williams Kalimán leeel sábado un comunicado en el que se señala que las FFAA no reprimirían al pueblo. El mismo mandatario no puede llegar a sus despachos de la Casa Grande del Pueblo ni del Palacio Quemado puesto que toda la zona tiene la presencia de miles de manifestantes opositores. En vehículo no puede acercarse, y si lo hiciera en helicóptero habría el riesgo de que la ira de la gente hiciera que se tomaran esas instalaciones. Así que Morales solo podía gobernar desde el hangar de El Alto y desde el Chapare.

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El domingo a las tres de la mañana, el informe de la OEA fue divulgado mediante las redes sociales y entre las cinco y las seis de la mañana los medios ya habían informado sobre ello. La noticia cayó como una bomba en la política nacional.

A las siete y media de la mañana, en el mismo hangar, Morales anunció su plan de pacificación: sin citar el informe de la OEA, propuso que se convocaran a nuevas elecciones. Se negó a afirmar si sería candidato o no. Y anunció su decisión de renovar el Tribunal Supremo Electoral. Un día antes también había propuesto iniciar un diálogo con representantes de los cuatro frentes o partidos que lograron representación legislativa tras las elecciones de octubre (MAS, CC, Bolivia Dice No y PDC).

La respuesta fue un sonoro rechazo del sistema político opositor, además de los movimientos cívicos y plataformas ciudadanas. Ya se había instalado en la opinión pública la idea de que Morales debía renunciar. Al conocer la unánime oposición a su oferta, estaba claro que el final se acercaba.

A eso del mediodía del domingo 10 ya no había capacidad de acción. Un día antesya se preveía el desenlace. El ministro Héctor Arce, en una conversación con el alcalde Luis Revilla, le dijo que la solución a la crisis era lograr un acuerdo constitucional e institucional. Arce veía imposible mantener a Morales en el poder una vez que se conociera el informe de la OEA.

En el hangar de El Alto, la reunión daba vueltas y vueltas sobre lo mismo. Evo finalmente habló.

-Compañeros, ha llegado el momento de decidir. Renunciaré a la Presidencia. Álvaro renuncia también. Adriana, tienes que asumir la presidencia y llamar a elecciones. El proceso de cambio sigue.

Adriana Salvatierra siente vértigo. Los ministros asistentes deciden testear si ella tiene respaldo de la oposición o si las manifestaciones contra Morales se la llevarán a ella también. Se le pide a Manuel Canelas, ministro de Comunicación Social, y a la propia Salvatierra, que acuerden una reunión con representantes de Carlos Mesa.

Pedido de reunión urgente

Ese domingo 10,José Antonio Quiroga recibió la llamada de Canelas después del mediodía. El ministro expresó que necesitaba reunirse con él con urgencia. Y deseaba que estuviera presente Ricardo Paz, jefe de campaña de la alianza Comunidad Ciudadana, que resultó segunda en los comicios.

En la acogedora oficina que Quiroga tiene en la editorial Plural, en la avenida Ecuador de Sopocachi de La Paz, fueron recibidos a las tres de la tarde los dos representantes del gobierno del MAS.

Con los dramáticos sucesos que conmovían a la política boliviana como telón de fondo, los cuatro asistentes hicieron esfuerzos por actuar con normalidad. La pregunta que Salvatierra y Canelas tenían era muy simple y directa para ambos miembros de Comunidad Ciudadana: ¿Estaba ese frente político dispuesto a aceptar a Salvatierra como presidenta interina del Estado ante las eventuales renuncias de Morales y García Linera? La senadora llamaría a elecciones con un nuevo tribunal electoral.

La consulta sorprendió a Quiroga y Paz, pero los llenó de satisfacción. Morales estaba a punto de caer. Casi 14 años de autoritarismo estaban llegando a su ocaso. 20 días de protestas de la gran insurrección democrática lo colocaron contra las cuerdas. Hasta ese momento no se había producido todavía la “sugerencia” de las FFAA de que renunciara a la presidencia y Morales ya consideraba esa posibilidad. Estos hechos demuestran que Morales dejó el gobierno no por un golpe de Estado, como él aduce, sino porque la revuelta social lo forzó a hacerlo.

Quiroga y Paz entendieron que la consulta de Salvatierra se basaba en un cierto realismo político del MAS. Sabiendo de la debilidad de un gobierno que se desmoronaba, y que sufría renuncias en todos sus niveles, el partido no deseaba colocar en el poder a una Presidenta que no tuviera cierto respaldo y que podría caer, igual que Morales, debido a la ola de protestas.

Con el paso de los minutos se hizo evidente que Salvatierra tenía muchas dudas sobre si debía o no asumir la presidencia.

-Si lo hago ya no tendré pisada en Santa Cruz. Si acepto ser Presidenta, quemarán mi casa-, dijo Salvatierra, visiblemente nerviosa.

Ni Quiroga ni Paz podían tomar la decisión de si Comunidad Ciudadana aceptaba a Salvatierra como presidenta interina. Por eso Quiroga llamó a Carlos Mesa con la noticia y así fue cómo éste se enteró también que la renuncia de Morales era inminente. Mesa le dijo a Quiroga que la Constitución establecía esa sucesión, y que debía darse, pero que seguramente la ciudadanía no la aceptaría. Que las protestas continuarían con ella en la presidencia.

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En un momento dado, la sola idea de poder asumir la primera magistratura, con todo lo que ello implicaba, hizo definitivamente que Salvatierra perdiera la calma. Se fue al baño y un integrante de la reunión escuchó que tuvo arcadas y vomitó como producto de los nervios. Al salir se recompuso y dijo que seguiría adelante en su plan de asumir el cargo de mandataria interina.

Horas más tarde, Mesa, en declaraciones a una radio, expresó con claridad que la senadora no podía asumir como Presidenta. Canelas llamó entonces a Quiroga, le comentó que había escuchado la entrevista y que Salvatierra no aceptaría la presidencia y que por lo tanto renunciaría a la jefatura del Senado. Antes había renunciado Víctor Borda, presidente de Diputados, como una manera de proteger a su hermano, que había sido secuestrado brevemente en Potosí por manifestantes contrarios a Morales. También su casa era asediada con fuego en las afueras.

Quizás Morales y su equipo no tenían claro todavía que pedir la renuncia de todos los sucesores podría servir para generar un vacío de poder y un enfrentamiento entre civiles que permitiera su retorno al país como un “pacificador”. O quizás ese fue el plan desde el principio.

Con la certeza de que faltaban pocas horas para que el Presidente presentara su dimisión, Quiroga y Paz se dirigieron en su vehículo hacia la casa de campaña que Comunidad Ciudadana tiene en la zona Sur de La Paz. Allí vieron en la oficina de Carlos Mesa, un poco después de las 16:50, el discurso en el que Morales y García Linera renunciaban a la presidencia y vicepresidencia en Chimoré. En todas las ciudades del país se lanzaron petardos y se oyeron bocinazos en señal de algarabía. Una hora antes, Kalimán había “sugerido” su renuncia al cargo.

Empezarían así 48 horas de vacío de poder. El júbilo por la renuncia se convirtió poco después en zozobra, cuando adherentes del MAS y miembros de grupos de choque sembraron terror en diversas zonas de La Paz y El Alto. Era la cruel estrategia de Morales: enfrentar a bolivianos contra bolivianos.

Una hasta entonces poco conocida senadora beniana, Jeanine Añez, llamó a los medios para hacer una declaración en Trinidad, ciudad en la que se encontraba. Como había renunciado también el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli, le correspondía a ella ejercer la presidencia de Bolivia.

Un viejo amigo llama desde México y ofrece asilo

En medio de los hechos que se sucedían de manera acelerada y angustiante, a Quiroga le llamó la atención recibir ese domingo pasadas las 10 de la noche una llamada de celular con el código 52. Al otro lado de la línea estaba el afamado columnista y novelista mexicano Pedro Miguel, con quien no había hablado en más de una década, aunque en el pasado habían mantenido una estrecha amistad. Tras un breve preludio, Miguelle dijo que llamaba a nombre del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De tendencia progresista, Miguel es integrante de Morena, el partido de AMLO, e incluso se le ofreció ser jefe de ese partido una vez que López Obrador accedió a la presidencia, cargo que rechazó.

-¿Tú crees que México puede ayudar en la crisis que está viviendo Bolivia?, lanzó Miguel. Luego explicó que ese país tiene una larga experiencia en diálogos y negociaciones, por ejemplo el de Contadora, que ayudó a la pacificación de Centroamérica.

Quirogaseñaló que en ese momento había poco que negociar ya que los sucesos estaban en curso, a lo que Miguel respondió, sorpresivamente, que el presidente AMLO deseaba ofrecerle asilo a Morales.

Le contó que había sido llamado a una reunión en el Palacio de Gobierno de México y que se le había pedido que hiciera esa gestión. Dijo que, por ser domingo y por los sucesos que vivía Bolivia, le había costado encontrar a la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, y que por eso lo llamaba a él. La Cancillería mexicana estaba haciendo otros contactos paralelos para lograr acceder a Morales y hacerle la oferta.

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Quiroga creyó que la salida del país de Morales serviría para avanzar en la pacificación, así que tomó la propuesta con entusiasmo y contactó a Miguel con el hasta entonces ministro Canelas.

Más tarde, el canciller mexicano Marcelo Ebrard emitió un mensaje de Twitter en el que señaló que “México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz”. Agregó que “de así decidirlo, ofreceríamos asilo también a Evo Morales”.

Dos días antes había salido de la cárcel, tras 580 días de encierro, el expresidente de Brasil Lula Da Silva, amigo personal de Morales. Ese agitado domingo, Lula le sugirió por teléfono a Morales aceptar la idea del asilo en México. Es probable que en la conversación entre ambos haya sobrevolado la idea de que podría volver al país a tomar el poder, como lo hizo el fallecido expresidente venezolano, Hugo Chávez, tras el golpe de Estado que lo afectó en 2002. La razón de fondo, sin embargo, era que Morales temía ser asesinado, como él mismo lo denunció.

Morales, desesperado por salir del país

Ese domingo en la noche, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, mantuvo intensas conversaciones telefónicas con los monseñores Eugenio Scarpellini y Aurelio Pesoa y los delegados de España, el embajador Emilio Pérez de Ágreda, el exembajador Carmelo Angulo y la agregada política Cristina Borreguero. De la Torre y su asistente llamaron a varios actores políticos bolivianos a una reunión que se realizaría al día siguiente, lunes 11, en la sala de reuniones del rectorado de la UCB. De lo que se trataba era de facilitar la transición.

Fueron convocados a la cita, por parte del MAS, Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero. Otros ministros no pudieron asistir a esas primeras rondas ya que se habían asilado en la residencia de la embajadora de México en La Paz. Por parte de la antigua oposición fueron llamados Jerjes Justiniano, como representante del movimiento cívico; Waldo Albarracín y Rolando Villena, por Conade; Oscar Ortiz, por Demócratas; Carlos Mesa y Ricardo Paz, por Comunidad Ciudadana; y Jorge Quiroga y Luis Vásquez.

Las tres delegadas masistas pusieron las cosas claras desde el principio: al mismo tiempo de pensar en la sucesión presidencial, debía garantizarse que Morales pudiera partir hacia México. Ya había aceptado la oferta de AMLO. Uno de los asistentes a la reunión incluso calificó como “ruegos” los que Salvatierra dio para lograr esa salida.

La reunión analizó la situación y Jorge Quiroga se propuso como el encargado de asegurarse de que algún avión militar mexicano pudiera atravesar espacio aéreo peruano y boliviano y llegara a Chimoré. Por tratarse de un avión militar extranjero, la DGAC no podía dar esa orden y, finalizada la reunión, Quiroga habló con los comandantes de la Fuerza Aérea para conseguir esa autorización. También se comunicó con el presidente peruano Martín Vizcarra.

El otro asunto a tratarse era todavía más delicado: qué hacer con la sucesión presidencial. Algunos argumentaron que lo mejor sería elegir como nuevo presidente del Senado a un legislador de experiencia para que sea después nombrado presidente. Mesa cortó la discusión de raíz. Expresó que lo que había que hacer era seguir al pie de la letra lo establecido en la Constitución y ello implicaba designar a Jeanine Añez. Comunidad Ciudadana, expresó, no cedería en hacer algo inconstitucional.

Se presentaron dudas, sobre todo respecto a saber si Añez realmente asumiría el desafío. Ricardo Paz propuso llamarla y lo hizo desde su celular. Puso el teléfono en altavoz y habló con ella.

-Jeanine, estamos reunidos viendo cómo proceder con la sucesión presidencial. Te estamos escuchando todos. ¿Estás dispuesta a asumir el cargo de Presidenta?

-Sí, lo estoy, y me corresponde, expresó.

Luis Vásquez dio entonces una clara explicación de cómo se debería actuar para lograr ese cambio de mando. Dijo además que estaba confiado en que el Tribunal Constitucional podría emitir una resolución avalando esa sucesión. Ello efectivamente se logró al día siguiente. Con eso se cerró esa reunión, pero ese día, y el siguiente, se produjeron tres encuentros más.

Las delegadas del MAS estuvieron de acuerdo con ello. El pequeño detalle era que Añez no podía llegar a La Paz. En medio del vacío de poder, además de la ausencia de vuelos comerciales, no había cómo pudiera trasladarse a la sede de gobierno. Finalmente, los cívicos lograron llevarla primero a Santa Cruz y luego, de ahí, a La Paz. Llegó a la ciudad el lunes 11 en la tarde.

La primera parte del acuerdo se cumplió. El avión militar Gulfstream G 550 de la Fuerza Aérea mexicana salió de Chimoré alrededor de las 22:30, hora boliviana, transportando además a García Linera y Gabriela Montaño, pero no de vuelta a Perú, por donde había ingresado, sino a Paraguay. Llegó a Asunción a las 00:15 (01:15 hora paraguaya) del martes 12. Para entonces, las autoridades peruanas habían reconsiderado el pedido de sobrevuelo. El avión mexicano, por ello, tuvo que bordear la frontera aérea peruana y ecuatoriana, hasta que se le permitió hacer un breve cruce hacia el Pacífico, por donde finalmente llegó a Ciudad de México tras 16 horas de periplo.

Y pese a su compromiso, la segunda parte, es decir la posesión de Añez, no fue cumplida por el MAS. El partido estaba en completo caos, es verdad, pero la idea dominante hasta ese martes era el no permitir el quorum necesario para instalar la sesión. Originalmente la idea era que el plenario analizara la carta de renuncia de Morales, siguiendo el artículo, 161, versículo 3, de la Constitución: La Asamblea Legislativa “debe admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado”.

Pero el MAS anunció que no daría quorum a la reunión y que recién el viernes 15 podrían llegar todos sus legisladores, con lo que hubiera habido cinco días de vacío de poder. Ello era imposible de aceptar, estando el país en total anarquía. Vásquez dio entonces otra solución: al haber abandonado Morales el país había hecho dejación de su cargo. Ya no era necesario que el plenario leyera su carta. Dice el artículo 170, entre otras causales: “la Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por (…) ausencia o impedimento definitivo”. Al haberse Morales ausentado a México, la sucesión podía ser automática, sin quorum. Como no asistió a la reunión parlamentaria del martes 12, el MAS facilitó al puñado de legisladores opositores que Añez se autoproclamara.

El “proto-diálogo” se dio en la residencia del embajador inglés

Dos cosas cruciales se habían logrado hasta el 12 de noviembre: la salida de Morales hacia México y la posesión de la presidenta Añez. Pero quedaba mucho por hacer. La violencia persistía, igual que los bloqueos en Sacaba, en el altiplano paceño y los ingresos a La Paz. El desabastecimiento se estaba agudizando, la falta de gas licuado implicaba un drama para miles de familias y la ausencia de gasolina era ya exasperante.

De allí que la mesa de diálogo que se inició en la Universidad Católica Boliviana era muy importante. Pero esta logró constituirse gracias a una iniciativa anterior, pergeñada por Manuel Canelas y el alcalde Revilla desde fines de octubre. El alcalde se comunicó en varias oportunidades con Canelas. Algo debía hacerse. Tenía que establecerse algún tipo de comunicación y contactos. Revilla propuso que ello ocurriera con presencia de diplomáticos de países amigos, que facilitaran los encuentros. En el MAS estuvieron de acuerdo.

Comunidad Ciudadana puso reparos, sin embargo. Mesa le dijo a Revilla que cualquier cosa que se dijera en esos encuentros podía filtrarse y ser mal utilizada. Por ello se definió realizar las reuniones por separado. El martes 5 de noviembre, cinco días antes de la renuncia de Morales, se produjo el primer encuentro. Asistieron Revilla y el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, a un almuerzo en la residencia británica. Acudieron también De la Torre, el embajador de Francia, Denis Gaillard, además del embajador anfitrión, Jeff Glekin. El embajador de Brasil, Octavio Henrique Cortes, no pudo llegar, debido a los bloqueos de calles y avenidas que organizaban los manifestantes antigubernamentales. Fue la semilla del diálogo que se produciría después, de manera más formal. Revilla y Pedraza dijeron que la manera que había de resolver la crisis era llamar a nuevas elecciones, con un nuevo TSE. Los mismos actores se reunieron después con delegados masistas.

El difícil consenso para lograr la ley electoral

Si las reuniones en la Universidad Católica sirvieron para garantizar el asilo de Morales y la asunción de Añez, quedaban todavía tareas muy difíciles por delante: lograr consenso para llamar a elecciones, renovar los tribunales electorales y lograr que se suspendieran las medidas de presión.

Los violentos sucesos del 10 y 11 de noviembre, cuando simpatizantes masistas y grupos de choque de ese partido atacaron casas, quemaron buses PumaKatari y generaron zozobra en las ciudades de La Paz y El Alto, hizo más evidente la necesidad de llevar adelante esas negociaciones.

Los monseñores Pesoa y Scarpellini, además de De la Torre, la delegación española, a la que se sumó otro diplomáticode ese país, Ramón Santos, y personal de las NNUU, mantuvieron el diálogo siempre vigente. Cuando parecía que una escalada de violencia era inevitable, la razonabilidad llegó de la mano de esos facilitadores, a los que se sumó el enviado del secretario general de las NNUU, Jean Arnault, y de los delegados de todos los partidos y movimientos sociales. Participaron de las discusiones por parte del MAS la senadora moderada Eva Copa, elegida el 14 de noviembre como sucesora de Salvatierra, de la denominada “ala radical”; los también senadores Omar Aguilar, Lineth Guzmán y Pedro Montes; y los representantes de movimientos sociales Segundina Flores, máxima dirigenta de las Bartolinas; Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB; Henry Nina, líder de la Confederación de Interculturales; y Rodolfo Machaca, de la CSUTCB. Por parte del oficialismo acudían los ministros Jerjes Justiniano, Arturo Murillo y Álvaro Coimbra, entre otros.

El diálogo buscaba tres cosas principales: convocar a elecciones lo antes posible, elegir a nuevos miembros del TSE y pacificar el país, lo que implicaba la suspensión de todos los bloqueos y manifestaciones de protesta de los adherentes del MAS. Los dirigentes de ese partido, a su vez, exigían que se les diera garantías de que no serían detenidos, que no habría persecución judicial contra ninguno de ellos y que Morales gozaría de algún tipo de inmunidad para poder retornar al país.

La pacificación parecía imposible porque Morales, desde México, atizaba la violencia. Como se dijo antes, incluso expresó que no podía descartarse una posible guerra civil. En muchas veces contradictorias declaraciones a los medios de comunicación, anunció que volvería al país y en general motivaba desde su exilio que los enfrentamientos persistieran. Nunca hizo un llamado a la normalización. Se ofreció a “pacificar” Bolivia y para ello quiso convertirse en la persona que podía controlar la violencia que él mismo estaba ayudando a provocar. ¿Cómo entonces negociar?

Dos factores salvan al cuasi defenestrado diálogo

El diálogo estaba cuasi defenestrado. Entonces sucedieron dos cosas que lograron empujarlo: primero, Eva Copa asumió de manera definitiva las riendas de la conducción del Senado. Segundo, entraron en escena los exministros del gabinete de Morales: Carlos Romero, Javier Zavaleta y Héctor Arce. Romero fue quien tomó el control de las conversaciones.

Copa había sido elegida debido a la revuelta interna que sufrió el MAS tras la caída de Morales y la renuncia de Salvatierra. En una agitada reunión en la oficina del ex Banco Minero, usada por los parlamentarios de ese partido, y ubicada a pocos metros del hemiciclo, los legisladores indígenas o de origen campesino de ese partido enrostraron a los de clases medias y tez blanca, que se habían convertido en las líderes dominantes: Salvatierra, Betty Yañiquez, Susana Rivero y otros. La reunión por momentos fue agria y hasta violenta. No faltaron las acusaciones de “racismo dentro del MAS” y de abuso de poder. Paradójicamente, la salida de Morales del gobierno les permitía a los representantes mestizo-indígenas tener mayor capacidad de decisión.

El jueves 14 de noviembre, 26 senadores, 22 de ellos del MAS, instalaron la sesión y Copa fue elegida como presidenta. A los pocos días Copa chocó con Salvatierra, a quien acusó de autoritaria, y dejó en claro que no recibiría órdenes desde México.

Para entonces la mesa de negociaciones, que ya no se reunía en la Universidad Católica sino en el despacho del embajador de De La Torre, en el edificio de la avenida Costanera de La Paz. La amplia oficina tiene una elegante sala de reuniones, en las que empezaron a encontrarse los delegados de los dos bandos. Zavaleta y Arce dejaban su refugio de la residencia mexicana en La Paz para acudir a las reuniones. Ante el temor de ser detenidos, los dos, además de Romero y el exprocurador Pablo Menacho, que no están asilados, eran transportados por vehículos diplomáticos, que no pueden ser requisados, por temor a eventuales detenciones.

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Con sus reconocidos dotes negociadores y su astucia, fue Romero quien logró avanzar hacia un acuerdo e hizo que el MAS entendiera que no podía oponerse a una ley de convocatoria a elecciones. Jorge Quiroga y Luis Vásquez habían anunciado que tenían lista la propuesta de un decreto supremo para convocar a elecciones mediante esa vía. Si el MAS no aceptaba aprobar la ley, se haría mediante decreto, una acción que respaldaba la opinión pública.

En esos momentos, Romero fue la vía de comunicación con Morales. Demostró ser uno de los pocos o quizás el único dirigente masista capaz de hablarle al expresidente de una manera horizontal y franca. Le dijo que había que ceder, que no se podía mantener la presión social porque los propios movimientos sociales mostraban signos de cansancio y de rebeldía contra la línea partidaria. Quedó claro entonces que el MAS tenía dos tendencias: la radical, ya mencionada, que representa Morales, de la que son miembros García Linera, Salvatierra, Sacha Llorenti y otros, y la moderada, representada por Romero, Copa, el presidente de Diputados, Sergio Choque, etc.

El entonces ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, fue el más importante dirigente oficialista en contraposición a Romero. Caracterizado por su paciencia y moderación, hizo un buen tándem como Romero. Creyó que la amenaza de que se podía llamar a elecciones mediante Decreto Supremo resultaría efectiva para presionar la aprobación de la ley de convocatoria, que en realidad era el mecanismo que él favorecía.

Junto con la ley de elecciones, el MAS pidió una de garantías constitucionales. La presidenta Jeanine Añez estuvo de acuerdo, con el resto de su gabinete, en ese toma y daca: ley de elecciones a cambio de ley de garantías. Poco después se vería que el MAS no tendría la fuerza suficiente como para hacer que ese acuerdo se cumpliera. Por otra parte, los legisladores masistas, hartos de la injerencia de Morales, dejaron poco después de presionar por ella.

En medio de las delicadas negociaciones sucedieron dos hechos espantosos. Primero, el viernes 15 de noviembre, la violencia explotó en Cochabamba, cuando nueve cocaleros que deseaban pasar el puente de Huayllani, a las afueras de Sacaba, murieron tras ser reprimidos por militares y policías. Varios miles de marchistas deseaban llegar a la ciudad de Cochabamba y el riesgo de que se produjera violencia contra los vecinos de la ciudad, hizo que los efectivos militares los repelieran.

Cuatro días después, el martes 19, se produjo otra matanza, esta vez en Senkata, donde murieron 10 personas, nuevamente por efecto de la represión de los uniformados. Los manifestantes que rodeaban la planta intentaron tomarla, usaron explosivos y quemaron vehículos de su interior, con el riesgo de que se produjera una tragedia, ya que ésta alberga millones de litros de carburantes. El gobierno ha señalado que los efectivos militares no usaron armas de fuego, pero un informe de la CIDH señala lo contrario.

El operativo militar realizado buscaba retirar de la planta cisternas de gasolina y camiones cargados de gas licuado, para distribuirlos entre la población. Se logró aquello por unas horas, pero en la confusión de los hechos, Senkata fue nuevamente bloqueada por los manifestantes tras el operativo.

Nueve días después de la renuncia de Morales, parecía no haber una solución a la vista.Se temía que la espiral de violencia podía salirse de control. Algunos personeros contrarios a Morales empezaron a preguntarse si no valía la pena llamar al expresidente de vuelta para que, como él mismo lo había dicho, pacificara el país. Pero el MAS recibió otro mensaje: el gobierno no estaba dispuesto a ceder y usaría la fuerza, aunque fuera de manera abierta, para evitar su caída y el retorno de Morales. Para ello aprobó un DS que les daba inmunidad a los militares por sus acciones. Los ejemplos de Senkata y Sacaba, si bien enardecieron a los simpatizantes de Morales, también los amedrentaron.

Para entonces, la triada Romero-Justiniano-Copa había hecho avances, pese al contexto tan difícil. Y desde México, ante la evidencia de que la estrategia de generar terror no estaba funcionando, se dio finalmente el visto bueno a la ley de convocatoria a elecciones. Aceptando además prohibir que Morales participara.

El “efecto Beller”

Entre los actores clave del país, dos son mujeres: la presidenta Añez y la jefa del Senado, Copa. Una tercera se sumaría como un rol crucial en la pacificación: Nadia Beller. Su sola presencia en dos reuniones en Palacio de Gobierno y acompañando a Luis Fernando Camacho en un viaje a Potosí, llenó las redes sociales de rumores y alusiones a su vida privada.

Beller es una mujer inteligente y perspicaz y pese a su juventud (tiene 26 años), muestra una madurez inusual. Se conectó muy bien con las autoridades del gobierno anterior. En una ocasión dijo haber tenido una relación de amistad con García Linera y escribió este año artículos en diarios nacionales defendiendo el derecho de Morales a reelegirse. Fue candidata del MAS en el quinto lugar para diputada plurinominal por el departamento de Santa Cruz, aunque enfrentó problemas con Carlos Romero, que era su adversario. La desacostumbrada facilidad que tiene Beller para conectar con quienes se relaciona ha hecho que logre la confianza de dirigentes campesinos, indígenas y del sector de los interculturales. Nada mal.

Hasta fines de octubre, apoyó a Evo Morales. Tres semanas después estaba sentada al lado de la presidenta Añez en Palacio, haciendo de “garante” de que los dirigentes sindicales no serían detenidos. También el oficialismo le pidió que ella garantizara que esos mismos dirigentes no se comportaran de manera violenta.

La misma Beller no ha podido explicar bien cómo es que, de manera tan rápida, hubiera logrado ser incluida en el círculo íntimo de la dirigencia del movimiento cívico cruceño y, con ello, poder ejercer como facilitadora del diálogo. Las reuniones del sistema político avanzaban gracias a Copa y Romero. Pero las protestas en el país persistían por decisión de los dirigentes sociales proclives al MAS.

Ahí es donde Beller empezó a trabajar. Angustiada porque la violencia parecía no cesar, en el momento que más se necesitaba que los movimientos sociales fueran escuchados, se puso manos a la obra. Ofreció que se realizara una reunión en Palacio de Gobierno entre la Presidenta y sus ministros de la Presidencia y de Gobierno, y dirigentes sociales. Nadie imaginó el éxito que tendría la reunión. Solo usando su teléfono celular, Beller llamó a todos los dirigentes que conocía, primero, y luego a los que éstos le recomendaron.

En la noche del sábado 23 de noviembre se dio la magna cita, que tuvo características únicas: en primer lugar, se realizó a puertas abiertas, con transmisión en vivo por el canal estatal, algo que nunca se había visto en los 14 años de Morales, en los que vapuleó o felicitó a esos dirigentes siempre a puertas cerradas. Segundo, esos dirigentes podían hablar sin temor a ser recriminados. Se sabe que Morales no toleraba ni la más mínima crítica. Pero esa noche, en las largas horas de reunión, pudieron decir todo lo que deseaban. Se desfogaron. Hablaron de los muertos de Senkata y Sacaba. Exigieron justicia. Y luego negociaron, ya con mejor predisposición, un pliego petitorio que incluía que las familias de los fallecidos recibieran indemnizaciones, que se derogara el decreto que le daba inmunidad a los militares, que se respetara el fuero de Morales como expresidente y se garantizaran los derechos de los dirigentes sindicales, entre otras demandas. Varios de esos puntos fueron cumplidos por las autoridades.

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La reunión fue inmejorablemente conducida por Justiniano, quien con una calma y paciencia únicas, lidió con los 56 dirigentes presentes. La reunión de Beller concluyó con una victoria para el oficialismo: a cambio de una promesa de aprobar una ley de garantías, finalmente rechazada porque supuestamente daba “impunidad” a Morales y García Linera, todos los movimientos sociales suspendieron sus medidas de presión. Se interrumpieron los bloqueos carreteros y Senkata fue despejada. Con ello y la ley de convocatoria a elecciones, se logró buena parte de la pacificación del país.

La Conferencia Episcopal, la Unión Europea y las NNUU, hicieron un último esfuerzo para completar la transición hacia una democracia plena: acompañaron con una mesa paralela la designación de los nuevos vocales electorales. Esa mesa logró que solo unos 30 candidatos, siempre que tuvieran las mejores calificaciones, pasaran a una ronda final en la elección del Legislativo. Los seis integrantes (Daniel Atahuachi, Rosario Baptista, Nancy Gutiérrez, Óscar Hassenteufel, Francisco Tarquino y Ángela Ruiz), todos ellos de credibilidad en sus respectivos sectores, se sumarán al delegado elegido por la presidenta Añez, Salvador Romero, que genera consenso sobre su trabajo eficiente y honesto, para convocar a elecciones en 2020.

Raúl Peñaranda es periodista, fundador de Página Siete. Ganó el premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el cuarto boliviano en obtenerlo en 80 años. Obtuvo la beca Nieman, que le permitió estudiar dos semestres académicos en la Universidad de Harvard.

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