Narcotráfico y el tráfico de tierras entran con la deforestación a zonas indígenas

Imágenes satelitales muestran los casos de deforestación recientes en territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
martes, 20 de julio de 2021 · 05:04

Mongabay

 Desde marzo de 2020 hasta la fecha, 724.557 alertas de deforestación han sido detectadas en puntos específicos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La cifra muestra que la pandemia ha creado el escenario perfecto para el incremento de actividades ilegales, sobre todo en áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran casos emblemáticos de deforestación reciente con un impacto significativo en dos ecosistemas clave: la Amazonia y la Chiquitania. ¿Qué es lo que está pasando en los cincos puntos detectados por los satélites?

Las alertas de deforestación de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW) aparecen como puntos rojos en los mapas.  Detrás de esas ubicaciones encontramos las historias de comunidades indígenas amenazadas por el narcotráfico o que han tenido que cerrar sus fronteras frente al avance de taladores ilegales. También áreas protegidas invadidas por traficantes de tierras y vías clandestinas que avanzan en silencio para beneficiar a actores ilegales.

Mongabay Latam usó como punto de partida las alertas de GFW. Cada alerta representa la pérdida de un espacio de 30 x 30 metros en un bosque tropical -el equivalente a dos canchas de básquetbol-. Esta deforestación puede estar asociada a causas naturales o revelar una intención concreta por remover el bosque.

Un equipo de periodistas de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia buscaron las historias detrás de nuevas alertas de deforestación emitidas por los satélites en los últimos seis meses. ¿Qué encontramos esta vez? Actores ilegales -en su mayoría armados- que han ganado terreno y que empiezan a posicionarse y dominar los bosques. Se trata de narcotraficantes, disidencias de las FARC, acaparadores de tierra y taladores. A este escenario se suma, como en el caso de Colombia, un incremento importante en la apertura de vías ilegales para crear nuevas rutas que les permitan ampliar sus operaciones ilícitas.

Árboles derribados  en Bajo Paraguá, Bolivia.
Foto:Alcaldía San Ignacio de Velasco.

La violencia se agudiza 

El punto que conecta a las cinco historias es la afectación de territorios indígenas. En Perú, por ejemplo, las comunidades nativas de Flor de Ucayali, en la región amazónica del mismo nombre, y las de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku, en la región de San Martín, han tenido que renunciar a recorrer sectores completos de su territorio para no ser asesinados por narcotraficantes.

“Llegar hasta las chacras de coca significa ya no regresar”, narra un dirigente shipibo conibo de Flor de Ucayali. Mientras que un líder kichwa de Santa Rosillo denuncia que están rodeados por sicarios armados que no les permiten cruzar parte de sus tierras.

En la Amazonia de Colombia, la aparición de vías ilegales afecta a los parques nacionales Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y sobre todo al resguardo indígena Yaguará II. Este último está rodeado de nuevos caminos que han ido apareciendo de la mano de actores ilegales armados. Por otro lado, en Ecuador, las comunidades son afectadas por la extracción desmedida de la madera balsa, cuya demanda ha escalado a niveles preocupantes. En la cuenca de los ríos Bobonaza, Villano y Curaray, la explotación de esta madera ha traído invasiones, ilegalidad y ruptura del tejido social. Pobladores de la zona denuncian la aparición de negocios, la presencia de foráneos en sus tierras y el secuestro reciente de una niña wampís.

Por último, en Bolivia no se detiene el avance de los traficantes de tierras sobre un área protegida de la Chiquitania. Esto afecta directamente a las comunidades indígenas asentadas dentro. Expertos y líderes indígenas sostienen que estas invasiones o avasallamientos se dan con la venia del Estado. El Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco se ha convertido hoy en un territorio de disputa entre invasores y autoridades locales, con las comunidades indígenas en medio de este conflicto. 

Uno de los letreros  que sobrevive a los invasores de tierras. 
Foto: Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano

Traficantes de tierra invaden Bajo Paraguá

Habían pasado tres días desde la creación de una nueva Área Protegida Municipal en Bajo Paraguá, cuando los primeros episodios de ilegalidad aparecieron. Las invasiones y asentamientos humanos empezaron a abrirse paso en medio del bosque, y los árboles comenzaron a caer uno a uno. Los avasalladores o "colonizadores", como los llaman en la zona, son señalados como traficantes de tierra que actúan con total impunidad y con el aval del gobierno de turno. Este conflicto tiene como escenario una selva virgen que debería ser protegida, pero que va cediendo a las presiones y abriéndole paso a los primeros cultivos de soya.

“La gente que quiere meterse acá, nunca ha vivido acá. Nosotros somos nacidos acá, criados acá y aquí nos vamos a morir, y nosotros tenemos derechos”, exclama un poblador de la comunidad Picaflor, que es una de las cuatro comunidades indígenas establecidas en la zona protegida.

La nueva Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco, que tiene también el título de Reserva Forestal Bajo Paraguá, está situada en el distrito del mismo nombre, provincia de José Miguel de Velasco, departamento de Santa Cruz en Bolivia. Fue creada el 12 de febrero de 2021 para proteger casi un millón de hectáreas —983 000 para ser más exactos— de bosques primarios de la Chiquitania. El ecosistema chiquitano ha sido uno de los más afectados por los incendios forestales de 2019 y 2020, alrededor de 8 millones de hectáreas perdidas que hoy confirman la urgencia de proteger este espacio natural boliviano.

Cinco años esperó la población y las autoridades locales para que estos bosques sean protegidos y detener así el avance de la deforestación. Sin embargo, para Moisés Salces, exalcalde de San Ignacio de Velasco, municipio al que pertenece esta área protegida, sus planes de conservación no podrán ser efectivos mientras los invasores cuenten con el respaldo del Estado. Hasta la fecha, según la exautoridad provincial, y a pesar de las denuncias, no se ha abierto una investigación ni ordenado el desalojo de las personas que se han instalado ilegalmente dentro del área municipal.

“Es gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al Gobierno nacional, que da ofrendas partidarias otorgando terrenos, como ha hecho siempre. Son traficantes de tierras”, acusa Salces, quien también denuncia que los asentados son personas con bienes de lujo, como vehículos de última generación, y que no son parte de la zona.

La pérdida de bosque no se ha detenido. Entre marzo de 2020 y junio de 2021 Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, más de 698 mil alertas de deforestación sólo dentro del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco .

¿Qué extensión de bosque se ha perdido y se está perdiendo desde la creación del área protegida municipal en Bajo Paraguá? ¿De quién depende la conservación de esta área situada en una de las zonas más afectadas por los incendios en Bolivia?

Una carpa  instalada por los avasalladores.
Foto:Alcaldía de San Ignacio de Velasco

Invasiones legalizadas y deforestación en avance

Sectores afines al MAS son  identificados por expertos como Tito Arana, representante de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) en el municipio de San Ignacio de Velasco, como las organizaciones detrás del tráfico de tierras. Arana detalla que los invasores identificados dentro del área protegida son parte de sindicatos campesinos afines al MAS que lograron titular sus terrenos de manera rápida, algo que no pudieron lograr las comunidades indígenas que viven en la zona protegida.

Estos sectores son vinculados por expertos como Tito Arana, representante de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) en el municipio de San Ignacio de Velasco, como las organizaciones detrás del tráfico de tierras. Arana detalla que los invasores identificados dentro del área protegida son parte de sindicatos campesinos afines al MAS que lograron titular sus terrenos de manera rápida, algo que no pudieron lograr las comunidades indígenas que viven en la zona protegida.

Arana explica también que aunque algunos de los colonizadores se instalaron para trabajar las tierras ocupadas, este grupo es el más pequeño. La mayoría, según el experto de la FCBC, son “traficantes de la tierra” que invaden los terrenos para luego vender las parcelas a terceras personas. “Llegan con la documentación bajo el brazo directo a meterse a la tierra. Eso es lo preocupante, ya que hay comunidades chiquitanas desde hace 50 años que hasta ahora no pueden tramitar su documentación”, explica Arana.

Uno de sus colegas, Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la FCBC, confirma que existe “un movimiento de colonización permanente” con personas que “se instalan en los bosques, los desmontan y luego venden esas tierras”.

Los especialistas de la Fundación han sumado a su experiencia en campo el análisis de la pérdida de bosque en el área. Un reciente informe publicado al inicio de 2021 —con base en datos de un análisis satelital multitemporal— deja en claro que la deforestación empezó en noviembre de 2020, tras las elecciones presidenciales en Bolivia, y arrasó hasta el momento con 67 hectáreas ubicadas dentro de la zona protegida. Esta área afectada equivale a 77 canchas de fútbol reglamentarias.

Lo primero que detectaron fue la apertura de brechas o senderos con dirección al área municipal. Hasta el 7 de junio había tres brechas abiertas, así como tinglados o estructuras provisionales con techos rudimentarios que sirven para darle sombra a los trabajadores que han ingresado al área protegida de Bajo Paraguá. La primera brecha ha deforestado 67 hectáreas; la segunda se extiende a lo largo de seis kilómetros de forma lineal y la tercera abarca aproximadamente un kilómetro. La FCBC cree que el tinglado identificado podría ser el preámbulo a la apertura de una cuarta brecha.

Mongabay Latam detectó 698 606 alertas de deforestación desde marzo de 2020 a la actualidad, a través de la plataforma Global Forest Watch (GFW). El área deforestada se ubica dentro del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco y el pico de las alertas fue en la semana del 16 de noviembre, cuando se detectaron 460 143, el 65 % del total registrado.

En 2021, el pico de la deforestación se registró en enero, con 15 715 alertas de deforestación. Y solo en los primeros 15 días de junio estas alertas llegaron a 1209, lo que indica que la deforestación continúa vigente. Esta información coincide con la identificada por pobladores de la zona, autoridades locales y el trabajo de monitoreo de los especialistas de la FCBC.

Los colonos han tumbado árboles y abierto sendas que dañan el hábitat de Bajo Paraguá, confirman pobladores y expertos que han sido testigos de ello. Según habitantes de la zona también empiezan a verse cultivos de soya en algunos puntos y caminos que se abren para que ingresen vehículos y así puedan transportar la madera talada ilegalmente. Debido a la presión mediática y los reclamos de los habitantes, las invasiones han ido rotando de ubicación.

Los primeros espacios deforestados están ahora deshabitados y el 27 de mayo se volvió a registrar una nueva invasión aunque esta vez en la comunidad indígena Florida.

Avasalladores  colocan  letreros para adueñarse de parte de áreas. 
Foto:Alcaldía de San Ignacio de Velasco.

¿Qué es lo que se busca proteger?

Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco es un tesoro natural que resiste a las invasiones constantes dentro de su territorio. El bosque del área está tipi?cado como de transición entre el bosque seco y el bosque amazónico, llamado también bosque siempre verde estacional amazónico. Este tipo de bosque tiene una función importante para la región.

Las masas boscosas de esta reserva se consideran recursos estratégicos para la regulación del clima, la producción agropecuaria sostenible a pequeña escala  y para asegurar la calidad de vida de las comunidades y población en general. Una especie que crece en toda la reserva es el árbol de Asaí (Euterpe oleracera), que da el fruto del mismo nombre y que es una baya muy rica en antioxidantes, y a la que se le atribuyen propiedades contra el envejecimiento. Esta fruta nace de una palmera que puede llegar a medir 20 metros de altura y que crece en Brasil, Trinidad y Tobago, Surinam, Guayana Francesa, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. Además, existen árboles como el mara (Swietenia macrophylla), el roble (Quercus robur) y el cedro (Cedrela odorata) que son explotados ilegalmente.

Hasta 2012 se identificaron 79 especies de árboles, arbustos y palmeras de uso forestal y no forestal.

Estos bosques son habitados por el jaguar (Panthera onca) y los escurridizos perros de monte (Speothos venaticus), dos especies de mamíferos grandes que requieren de grandes extensiones de territorio. Además, en el área habitan otros tipo de animales como el cerdo de monte, reptiles y aves, como picaflores y loros, que habitan en las copas de los árboles de Bajo Paraguá.

Toda esta diversidad de fauna y flora es clave para la vida de las cuatro comunidades que viven dentro del área protegida: Piso Firme, Florida y Porvenir, que mantienen una cultura chiquitana viva; mientras que Picaflor resguarda su identidad guarasugwe, un pueblo indígena que habita entre Bolivia y Brasil. Estas comunidades consideran que la mejor forma de enfrentar las invasiones y la deforestación por el cambio de uso de suelo es proteger estos bosques con ayuda de los diferentes niveles de gobierno.

Por eso emitieron un pronunciamiento para denunciar el tráfico de tierras y avasallamiento en el área protegida municipal Bajo Paraguá. Los verdaderos dueños del territorio critican la inacción del Gobierno y también denuncian los saqueos que sufren en sus tierras.

“Somos víctimas de grupos organizados de traficantes de tierra que promueven el avasallamiento de nuestras áreas protegidas municipales y de nuestros territorios, y el saqueo de nuestros recursos naturales y que se siguen promoviendo asentamientos humanos ilegales y por ende expansión de la frontera agrícola”, dice el pronunciamiento.

Los pobladores indígenas señalan también que la integridad de su territorio está en riesgo y “con ello se atenta a los derechos de vivienda, trabajo, cultura, dignidad, salud, educación y la existencia misma de los pueblos indígenas, todos ellos enunciados en la Constitución Política del Estado”.

¿Quién debería frenar las invasiones?

Rosa Leny Cuéllar, coordinadora del consorcio de Ecorregiones Conectadas Conservadas Sostenibles (ECCOS) y directora técnica de la FCBC, señala que en Bolivia el Gobierno central se limitó solo a crear las 22 áreas protegidas nacionales que existen actualmente. Es por eso —relata— que los municipios ahora se enfocan en la creación de áreas protegidas municipales.

Sobre el Bajo Paraguá, Cuéllar precisa que la presión por el cambio de uso de suelo y la llegada de poblaciones de migrantes que se instalan en los bosques de la Chiquitania fueron los problemas que impulsaron la creación de las áreas protegidas municipales Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco y Bajo Paraguá Concepción.

“Bajo Paraguá fue visto como un potencial sitio de conservación de fuentes de agua y de especies en peligro pero, últimamente, el motor para su protección se debe a que es el único mecanismo para no ser avasallados por gente que llega de otros lugares”, relata Cuéllar, que explica que ECOSS es parte de un consorcio de seis organizaciones que se dedican a la conservación en la Chiquitania. Cinco de estas instituciones son bolivianas y una es brasileña.

Cuéllar añade que son “familias interculturales” las que ingresaron a la zona protegida a pesar de que el Bajo Paraguá tiene dos modalidades de cuidado: reserva forestal y área protegida.

“Todo el mundo sabe que hay asentamientos humanos ilegales en el Bajo Paraguá. Se solicitó al INRA que prohíba hasta quemas en la zona, pero hasta ahora no hay respuesta a las gestiones que se realizaron entre cívicos y autoridades locales”, destaca Cuéllar.

La entidad encargada de regular los asentamientos en Bolivia es el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El director de esta institución, Eulogio Núñez, no o respondió a Mongabay Latam sobre los asentamientos en Bajo Paraguá.

Pero, en declaraciones públicas, Nuñez dijo que las zonas que tienen el título de área protegida municipal deben ser atendidas por los municipios que las albergan, en este caso San Ignacio de Velasco. “Si es un área municipal, les corresponde a los municipios”, afirmó.

La que sí contestó nuestra llamada fue la senadora María Muñoz Rodríguez, que es parte de la estructura del MAS, quien admitió en una entrevista con Mongabay Latam que existen dirigentes sindicales afines a su partido que están involucrados en el tráfico de tierra. La legisladora fue dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”) y ahora como parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional afirma que solicitará información para detectar las invasiones no solo en Bajo Paraguá, sino también en otras áreas protegidas de la Chiquitania y la Amazonia.

“Sabemos que hay cuestionamientos sobre tráfico de la tierra, [sobre] otros compañeros que conforman comunidades y luego venden la tierra, pero no nos metemos en eso del tráfico. Haremos una solicitud para detectar estos casos”, detalla Muñoz, que es senadora del MAS y parte de la brigada parlamentaria del departamento de Santa Cruz.

Ciriaco Umaña es dirigente de la Central Sindical de Trabajadores de la Comunidad San Martín, una de las organizaciones denunciadas por estar involucrada en las invasiones. El dirigente, que prefirió no dialogar sobre el tema para este artículo, no es nativo de la zona del Bajo Paraguá y se le acusa de haber estado involucrado en el retiro de los letreros que indicaban que estaban prohibidos los asentamientos humanos y la deforestación en la zona protegida.

Son siete comunidades no originarias las que se han instalado dentro del área, asegura Salces. El exalcalde detalla que estas comunidades invadieron la zona y ahora no hay presencia humana, lo que confirma, según el exfuncionario municipal, que existe un interés de traficar la tierra.

Al respecto, Cuéllar afirma que en un inicio se instalaron 74 familias en el área protegida, pero que ahora ya son siete comunidades. El proceso acelerado de invasión pone en riesgo esta zona, ya que la mayoría de los asentados, según la directora técnica del FCBC, están sembrando soya en grandes cantidades. “Sería muy grave, muy grave si trabajan con soya, ya que eso representaría la presencia de la agroindustria y cuando se habla de esa actividad se requiere grandes cantidades de tierra. Estos suelos son de vocación forestal, no son para agricultura”, remarca.

San Ignacio de Velasco está hoy en pie de lucha para defender el Bajo Paraguá. En Bolivia los municipios tienen sus líderes cívicos que no son funcionarios del Estado, pero que son elegidos por los pueblos como sus representantes para la defensa de sus territorios y fiscalización de proyectos, entre algunas tareas. En el caso de San Ignacio de Velasco, su líder cívico, Dino Franco, resalta que le enviaron una comunicación al INRA para pedirle que ingrese al lugar y verifique los asentamientos humanos en el área protegida. El dirigente dice que hasta la fecha no tuvieron respuesta.

“Estamos atentos a lo que pasa y no permitiremos más asentamientos en nuestra área protegida. No queremos que la política dañe nuestras zonas. Los que tienen avales políticos ingresan a una casa ajena para destrozarla”, exclama el líder.

Ruddy Dorado es alcalde de San Ignacio de Velasco desde hace dos meses. Una de sus primeras acciones fue ingresar al sector donde están ubicadas las invasiones en la zona protegida de Bajo Paraguá. El burgomaestre comprobó la situación del área natural y pidió a las autoridades nacionales que desalojen a los invasores que se han instalado en varios puntos del área.

“Quiero decirle que asumo el compromiso como alcalde (de San Ignacio de Velasco) en la defensa del medio ambiente y estamos en contra de los avasallamientos”, resalta Dorado.

El alcalde explica que se tenía programada para el 6 de junio la visita del director del INRA, Eulogio Núñez, pero que esta visita fue suspendida porque el funcionario mandó una carta en la que se excusa de llegar a la zona debido a la pandemia.

El problema del área protegida de Bajo Paraguá ha tenido tal resonancia en Bolivia, que hoy se discute en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La diputada María René Álvarez, de la alianza Creemos, señala que ninguna autoridad les ha respondido “sobre el ingreso ilegal de asentamientos humanos y la construcción de brechas y caminos que se hicieron” y añadió que hicieron una inspección al lugar y mandaron peticiones al INRA, pero que “hasta el día de hoy el problema no ha sido resuelto ni respondido”.

En el MAS también existe preocupación. El diputado Rolando Cuéllar, que representa a Santa Cruz, pidió al INRA que verifique en la zona si es que existen los avasallamientos en una zona protegida. “Si hay avasallamientos ilegales, deben ser castigados”, dijo enfáticamente..

La llegada de una comisión

Pedro Pereyra es el primer gran capitán de la Nación guarasugwe, el único pueblo indígena que habita en Bajo Paraguá. El dirigente relata que los ‘colonizadores’ ingresan a la zona con el aval de entidades gubernamentales y siente pena que exista un comercio de la tierra donde vive.

“Se pidió al INRA que llegue a la zona para que verifique la invasión a nuestro territorio. No llegan hasta ahora. Nosotros vivimos de nuestra tierra, mi familia cultiva el asaí, es nuestro sustento de vida. Y no puede ser que vengan los colonos y quieran cultivar soya a gran escala con la complicidad del Gobierno”, reprocha Pereyra.

Fue el 9 de junio que el gobierno recién dio un primer paso. Ese día una comisión de la Autoridad de Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT) —que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y que está a cargo de las acciones de control de los sectores forestal y agrario— llegó al área protegida de Bajo Paraguá para paralizar los desmontes en la zona. Esta comitiva comprobó la presencia de los asentamientos y recalcó que no existe ninguna autorización para que se realicen desmontes en el área.

“Al no contar las personas con autorización correspondiente, ni del INRA y tampoco de la ABT, al momento de la inspección en el área de desmonte, la comisión de la ABT levantó un acta de citación de comparendo para los responsables de este hecho”, explicó Jesús Fuentes, funcionario de la ABT de Santa Cruz.

En los últimos días se vivieron días tensos en la Chiquitania boliviana, zona que se levantó en contra de la invasiones y el tráfico de tierras. La cacique de Piso Firme, Hortencia Gómez, exigió la presencia de las autoridades nacionales para que identifiquen a los avasalladores.

“Estamos dispuestos a defender con uñas y dientes nuestro territorio. Queremos pedir a todas las autoridades, y al presidente (Luis Arce), que nos escuche y que haga respetar nuestro territorio de los avasalladores, que están poniendo llantas para que se queme nuestro territorio”, denunció Gómez a orillas del río Bajo Paraguá, donde se concentraron las comunidades del área para protestar.

Asimismo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, opositor al partido de Evo Morales, anunció la conformación de una comisión departamental en defensa de los territorios de la Chiquitania. Y añadió que se realizará «una auditoría correspondiente a todos los avasallamientos, asentamientos y tráfico de tierras que se han puesto en conocimiento de la CAD (Comisión Agraria Departamental)”.

Los bosques de Bajo Paraguá, mientras tanto, van cediendo cada día. En la zona, las autoridades locales y comunidades indígenas permanecen alertas.  Al interior los invasores buscan defender las tierras ocupadas. Y el Gobierno central aún sigue en busca de una solución.

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