Matasuegra

¿Pandillas o pandillitas?

A partir de una descripción del poder de las maras salvadoreñas, el autor sostiene que cuantas más pandillas haya en Bolivia, es mejor.
miércoles, 20 de noviembre de 2013 · 11:53
Willy Camacho 
escritor
 
Un celular suena en el aula. El profesor continúa su materia, sin preocuparse de que un adolescente de 13 años atienda la llamada. Cuando cuelga, el muchacho hace señas a dos de sus compañeros y los tres se reúnen al fondo del salón. El profesor, algo nervioso, pues sabe que algo está por suceder, no dice nada. Al cabo de unos segundos, sucede lo que el maestro temía. Los tres muchachos se llevan a una de sus compañeras, sin que nadie -ni el profesor, ni los demás estudiantes ni la propia chica- haga algo para evitarlo.
La adolescente de 13 años, o niña si se quiere, será violada durante dos días en una casucha abandonada de un barrio pobre de El Salvador por los líderes de una mara que domina ese sector. La muchacha, como pocas veces ocurre, sobrevivirá para contarlo, pero no para denunciarlo, claro está, porque en los barrios pobres de El Salvador la única ley que vale es la de las maras, y éstas tienen un solo mandamiento, explícitamente expuesto en las paredes: "Ver, oír, callar”.
Historias como ésta pueblan las páginas de Sala Negra, una sección especial del periódico digital salvadoreño El Faro, que ha recibido varios premios internacionales por su labor. Este medio digital, el primero de su tipo en Latinoamérica, viene investigando desde hace 15 años las actividades de las pandillas más peligrosas del mundo, Mara Salvatrucha y Barrio 18, que también tienen fuerte presencia en Guatemala y Honduras, y que recientemente han sido catalogadas por  Estados Unidos como grupos delictivos transnacionales.
En Bolivia, hasta donde sabemos, estas maras no tienen influencia en las pandillas locales, aunque un "salvatrucho” cochabambino quiso iniciar su clica (como se denomina a las células de las maras) en la capital valluna hace algunos años, pero tras matar a dos personas se encuentra recluido en el penal de San Antonio.
No obstante, por los datos actualizados y presentados por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (ONSC), sabemos que en el país operan 762 pandillas, de las cuales el 60% se dedica a actividades delictivas. Según el ONSC, el número total de pandilleros bolivianos es de 25.219, lo cual significa que en nuestras calles hay aproximadamente 15.000 jóvenes cometiendo delitos que van desde el robo hasta el asesinato, pasando por tráfico de drogas, violaciones y secuestros.
Las cifras, a todas luces preocupantes, me remiten a la realidad salvadoreña, pues comparativamente podríamos pensar que estamos peor que ese país centroamericano, ya que allá sólo hay dos pandillas. Sin embargo, los contextos son distintos y la cantidad de pandillas no refleja, necesariamente, la magnitud del problema.
En mi opinión, mientras más pandillas haya, mejor. Obviamente, lo ideal sería que no hubiesen pandillas, pero ya que eso es una utopía, sobre todo en países con altos índices de pobreza, lo mejor es que éstas sean grupos reducidos, aislados unos de otros y, por ende, proclives a delatarse entre sí.
Por ejemplo, si se comete un delito en una zona de El Alto donde se sabe que existe siete pandillas, y se sospecha que alguna de ellas está involucrada en el hecho, tras detener a unos cuantos pandilleros, aleatoriamente incluso, la Policía puede dar con los verdaderos responsables, ya que las pandillas inocentes no querrán cargar con la culpa de sus rivales y, más temprano que tarde, ayudarán a los investigadores. En cambio, cuando una pandilla comete un delito en El Salvador (Honduras o Guatemala), nadie delata a los delincuentes, pues en una zona sólo opera una de las dos maras y, como se dijo, ésta impone su ley, no sólo a sus integrantes, sino a toda la comunidad.
Por otra parte, cuando las pandillas son grupos minúsculos (formados por amigos que viven en la misma cuadra, por ejemplo), no existe la posibilidad de un "ascenso”, es decir, la máxima aspiración del pandillero es ser líder de sus otros 10 o 15 amigos. En Centroamérica la situación es distinta, pues si bien las maras se estructuran en clicas (células con su propio líder o "palabrero”), todas responden a un comando nacional, por llamarlo de algún modo, que dicta órdenes desde la cárcel. Así, los mareros pueden desarrollar una especie de "carrera” en el seno de su pandilla, con la aspiración de lograr un poder inimaginable para un muchacho crecido en un barrio marginal.
Que en Bolivia operen 762 pandillas es preocupante, no hay duda, pero esto también implica que los grupos no cuentan con muchos integrantes y que, por lo tanto, ninguna representa un problema a gran escala; aunque, claro, sí causan malestar (y luto en muchos casos) en los reducidos espacios en los que desarrollan sus actividades. 
Más allá de lo que yo pueda opinar, es necesario que las autoridades asuman el problema con seriedad y estudien lo que ocurre en países donde las pandillas sí se han convertido en flagelo de la sociedad. De los errores y aciertos de otros se puede aprender mucho, y así evitaríamos caer en simplismos como el proyecto de ley presentado por el diputado Edwin Tupa, que, pese a la buena voluntad, reduce el problema al ámbito hogareño, endilgando la responsabilidad de las pandillas a los padres de familia.
Este proyecto incluye una medida que, además de ser inconstitucional, podría provocar carcajadas en los afectados: los padres de pandilleros no podrán acceder ni candidatear a cargos públicos. Las pandillas (la gran mayoría de éstas) están integradas por adolescentes que provienen de hogares pobres, muchos de los cuales enfrentan situaciones de violencia, desempleo, alcoholismo, etc. Entonces, poco o nada afectará esta amenaza a alguien que pasa sus días preocupado por conseguir unos pesos para comprar alcohol y no buscando empleo en las convocatorias del Gobierno. 
Dada la condición de las pandillas en Bolivia, en vez de criminalizar a las familias, lo conveniente sería destinar esfuerzos y recursos para proveer a los jóvenes de oportunidades de estudio y trabajo, a fin de que conciban la esperanza de, un día, tener un futuro distinto al de sus padres. Aun esto sigue siendo un simplismo. El tema merece más estudio.

 

En los barrios pobres de El Salvador la única ley que vale es la de las maras, y éstas tienen un solo mandamiento, explícitamente expuesto en las paredes: "Ver, oír, callar”.

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