Análisis

De vuelta al Estado minero

El autor se cuestiona si lo que ocurre actualmente no es una reedición del camino que condujo al desplome de la minería nacionalizada.
sábado, 23 de noviembre de 2013 · 19:07

Henry Oporto
sociólogo

La captura política y sindical puede llevar a la minería estatal a un nuevo fracaso. Los altos costos laborales y administrativos, junto a la caída de la producción y la baja productividad, conllevan el riesgo de colapsar las operaciones de Comibol.

Una mirada a la minería estatal
¿De vuelta al Estado minero? es la nueva producción de la Fundación Pazos Kanki, con los estudios de Henry Oporto, Jorge Espinoza, Dionisio Garzón, Rubén Ferrufino y Héctor Córdova. El libro se enfoca en la minería estatal, pasando revista a las vicisitudes de una política de gobierno empeñada en reimplantar el predominio del Estado en la minería; una segunda experiencia de esta índole, desde la nacionalización de las minas de 1952. 
El libro reclama la necesidad de un balance objetivo de lo que ha representado para el país el proceso de nacionalización de las minas de 1952, a la luz de sus resultados concretos.  Los datos recopilados demuestran el déficit crónico que envolvió a Comibol, fruto del agotamiento de yacimientos, la mala administración, la baja productividad de las operaciones mineras, los elevados costos labores, la desmedida presión tributaria sobre la empresa, su alto endeudamiento, la falta de inversiones en exploración así como  otros factores de naturaleza política. Además, Comibo fue víctima de disputas políticas y rentistas, que sometieron la gestión de la empresa a presiones gubernamentales y salarialistas agobiantes, hasta finalmente llevarla a la quiebra. Se plantea así la pregunta de si lo que ocurre actualmente no es una reedición del camino que condujo al desplome de la minería nacionalizada. Es casi obvia.
 
Huanuni: al filo de la navaja
 El libro examina el estado de la empresa estatal más importante: Huanuni, que en los últimos meses ha ocupado el centro de una polémica pública entre autoridades y trabajadores respecto de sus problemas laborales y financieros. Los datos confirman que Huanuni tiene una situación delicada por sus altos costos, derivados de un irracional aumento de trabajadores que, de la noche a la mañana, se multiplicaron en más de cuatro veces; lo que ha significado que la planilla laboral suba 10 veces más: de $us 800 mil a $us 8 millones, y que la carga laboral crezca de 34% en 2006 a 60% en 2012, sobre el valor de ventas.
Se corrobora, también, que la producción de Huanuni se mantiene estancada desde el año 2007 y con tendencia a disminuir, a pesar de que sus operaciones se han beneficiado de los altos precios del estaño. Un dato preocupante es que las utilidades registran una caída de 29% en 2006 a 9% en 2012, una cifra que sin embargo no es del todo confiable puesto que la información disponible no reporta todos los costos en que incurre la empresa. De esta manera, incluso es posible que actualmente Huanuni no genere utilidades, según advierte el autor. En cualquier caso, lo evidente es la vulnerabilidad de Huanuni ante una eventual disminución del precio del estaño; por debajo de los nueve dólares, su operación podría ser insostenible.

Comibol y las disputas rentistas
¿De vuelta al Estado minero? subraya la inestabilidad crónica que se ha apoderado de Comibol, con seis presidentes que se han sucedido en ocho años, desde   2006; tres de ellos en el último año. Asimismo, resalta las prácticas de cuoteo entre sindicatos, gremios y facciones del partido gobernante de las estructuras del Ministerio de Minería y de Comibol. En las empresas, como Huanuni, "manda” el sindicato, o al menos tiene un poder de veto sobre las decisiones de sus ejecutivos, señala uno de los estudios. Los problemas de gobernabilidad en la minería estatal son graves, lo mismo que la falta absoluta de transparencia en las empresas e instituciones estatales.   
La actual Comibol es otra vez un reducto de intereses corporativos. En su captura chocan y se anudan diversos intereses y proyectos: partidistas, sindicalistas, burocráticos y personales. Lo que se advierte es que este segundo proceso nacionalizador en la minería está atrapado por el fenómeno que denominamos "capitalismo político”, esto es, un sistema económico que funciona sometido a intereses políticos y bajo la lógica de la captura de ganancias y rentas, derivadas no de la libre competencia en el mercado, sino del control y posesión de los recursos naturales.
Comibol es apetecida por la renta minera. En ese sentido, la vuelta al "Estado minero” es un retorno a un modelo clientelar y corporativo que supedita los objetivos empresariales a presiones salarialistas, de empleo y de apropiación de áreas mineras. Los actores de hoy son otros pero sus modos de conducta son similares a los del pasado. El empoderamiento de los movimientos sociales, la desinstitucionalización y la erosión del Estado de derecho, de los últimos años, son condiciones que facilitan esa clase de captura. Comibol no es la autarquía estatal que debería ser; simplemente no hay espacio para que pueda desarrollarse como una empresa con gestión autónoma, profesional, eficiente y despolitizada.
¿De vuelta al Estado minero? dibuja un horizonte crítico para la minería boliviana. Si la primera nacionalización mató la gallina de los huevos de oro, que alguna vez fue la minería nacionalizada, el riesgo actual es que esta nueva nacionalización no tenga otro desenlace que socavar las posibilidades de construir una minería fuerte, moderna y competitiva.
El resultado paradójico de esta segunda nacionalización minera no es el potenciamiento de la minería estatal, sino la expansión del cooperativismo y, sobre todo, el crecimiento desbordado de la informalidad y la ilegalidad en las actividades mineras.

 "La inestabilidad crónica que se ha apoderado de Comibol, con seis presidentes que se han sucedido en ocho años, desde 2006”.

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