Debate

Apolo

Según el autor, lo ocurrido en Apolo permite verificar la teoría de que recurren a la violencia aquellos que no forman parte del bloque en el poder.
viernes, 1 de noviembre de 2013 · 12:05
La voz de alarma suena cuando hay violencia.  Claro, la violencia en Apolo no puede, no debe menos que despertar alarma. Las trágicas muertes de cuatro personas a manos de campesinos cocaleros son una verdadera desgracia que enluta a los bolivianos. Sin embargo, lo grave del asunto, o lo más grave, no es cuando hay violencia. No, lo más grave es cuando no hay violencia.
Me explico: hay dos grandes modelos de despliegue del narcotráfico. Uno, que se enfrenta contra el Estado o modelo antiestatal, el otro que se apoya en el Estado o modelo estatal. En verdad, este primer modelo tuvo y tiene lugar en Colombia o México, mientras que en Bolivia primó el segundo modelo. En el primer modelo la violencia es recurrente, mientras que en el segundo modelo no, la violencia es marginal.
La explicación tiene que ver con una certeza: quienes manejan el Estado pertenecen a una determinada clase, además de a un grupo socioeconómico especifico. Podríamos decir que pertenecen a la clase media-alta o alta. Lo interesante es observar que la violencia ocurre cuando los narcotraficantes pertenecen a la clase media-baja o baja. Lo que significa que pertenecen a otra clase. Mientras que si los narcotraficantes pertenecen a la misma clase, es menos probable, o hasta es improbable, que ocurran sucesos violentos.
Ello demuestra que determinados sectores de la población, al sentirse excluidos de las decisiones políticas o económicas, van a recurrir a mecanismos no necesariamente legales para hacerse visibles. Los sectores tradicionalmente "invisibles” van a hacerse ver sea usando la ley de modo formal o sea usando la ley para incumplirla.
Los ejemplos sobran: importadores que contrabandean, comerciantes que evaden impuestos, informales que pagan sueldos bajos  sin seguridad social a sus empleados, etcétera. El caso extremo, claro está, tiene que ver con reducidas fracciones oligárquicas de la cocaína que añaden un elemento más de ilegalidad: el crimen. Ello sucedió, valga reiterarlo, en México o Colombia, donde amplios sectores marginales de la población decidieron hacerse visibles desplegando prácticas no sólo ilegales sino violentas. Lograron la anhelada movilidad social en espacios sociales tradicionalmente restringidos usando recursos coercitivos. El razonamiento es simple: "si ustedes no nos dejan ser parte de la fiesta, nosotros entramos a patadas”.
Pues bien, eso no sucedió en la Bolivia de los 70 a los 90 gracias a que muchas de las personas involucradas en el narcotráfico formaban parte del bloque dominante que controlaba el Estado. Resulta ejemplificador de lo que se comenta el recuerdo de Banzer-dictador en los años 70, dando créditos agrarios a "empresarios” que los usaban muchas veces para construir pistas de aterrizaje para las narcoavionetas. No hay que ser inteligente para constatar lo obvio: estos señores no se parapetaron contra el Estado. No, pues en cierta forma eran sus socios.
Hoy ocurre lo propio: el Estado favorece ampliamente el despliegue de actividades ilícitas. No hay que discutir mucho, como lo hacen los defensores de lo indefendible: el 90% de la coca del Chapare va al narcotráfico. Por tanto, el modelo boliviano se ha prorrogado, con otros actores beneficiados, es cierto, pero preservando el formato de modelo estatal.
Ello nos lleva a dos conclusiones. Por un lado, lo más peligroso no es que haya violencia, sino que no la haya. Eso quiere decir que el mal no es externo al Estado, sino que es parte de la estructura misma del Estado. Sería genial creer que los culpables son narcos extranjeros, pues en ese caso se los detiene y expulsa del país, y la cosa está solucionada. Pero no, lo cierto es que aun si eso sucede, no se ha resuelto el problema de fondo: la no-violencia. Y es éste el principal problema que tiene que ver con lo verdaderamente riesgoso: los lazos clandestinos pero efectivos entre el Estado y ciudadanos ligados al narcotráfico. Vale decir, y esto es lo más importante, que por cada hecho visible de violencia, por cada Apolo, deben haber mil casos de no-violencia que hacen que fluya el narcotráfico eficazmente, sin que nadie se alarme pero dando rienda suelta a la consolidación de este delito.
Por otro lado, lo ocurrido en Apolo permite verificar la teoría: recurren a la violencia aquellos que no forman parte del bloque en el poder. Efectivamente, los cocaleros que asesinaron no pertenecían al MAS. La federación local, afiliada al MAS, decide a quién da permiso de plantar y a quién no. Frente a este inescapable monopolio del poder, resultaba bastante previsible que los "invisibles” de aquella región del país acabaran por tornarse en la fracción más violenta.

Empero, reiteremos, la más violenta no es sin embargo la peor. Es solamente aquella que no tiene el apoyo del Estado. Lo que quiere decir que si en Apolo hay 20 familias violentas, hay otras 10.000 no-violentas, pero donde prospera promisoria y sobre todo secretamente el mismo negocio que los cocaleros de Apolo quisieron defender. Apolo es pues más bien la excepción a una regla oculta pero real de despliegue pujante del narcotráfico.

Diego Ayo
politólogo

Sin embargo, lo grave del asunto, o lo más grave, no es cuando hay violencia. No, lo más grave es cuando no hay violencia.

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