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El derecho: ni más ni menos

El autor deja de lado, de momento, la reflexión cultural y se aboca a analizar la transformación jurídica que vive el país.
viernes, 13 de diciembre de 2013 · 21:48
Edwin Guzmán Ortiz

 Poeta y escritor

"Urge construir una nueva mentalidad en relación al derecho, tanto de parte de los administradores de justicia como de parte de una mayoría ciudadana”.

En lo que va de los últimos cinco años, la promulgación de leyes bolivianas se ha multiplicado exponencialmente. Desde la aprobación de la Constitución Política del Estado, de ella y por ella, se han ido desprendiendo normas y decretos supremos que van reconfigurando el orden normativo del país.
Desde 2010 se han publicado aproximadamente 454 nuevas leyes, tomando en cuenta sólo desde la conformación de la Asamblea Legislativa. A partir de febrero de 2009, el número de decretos emitidos sobrepasa los 1.800.
Según la Gaceta Oficial, hasta fin de año serán aprobadas al menos 30 leyes más. Bien vista, la Constitución viene cumpliéndose como la gran paridora del régimen normativo vigente.
Probablemente se trate de uno de los momentos de mayor encaje normativo en la historia del país. Se percibe una intelligentsia jurídica, en vuelo delirante, tejiendo y  destejiendo fervorosamente códigos, artículos e incisos, es más, con mirada estrábica, configurando lo específico, trasuntando lo vinculante.
De este modo, aquí, allá y acullá equipos técnicos, instituciones, organismos y actores sociales edifican -con mayor o menor coordinación y coherencia- el edificio jurídico en el que se va moviendo y se moverá el país.
Mas, la instauración del estado de derecho no implica exclusivamente la industria normativa, sino su materialización en la vida institucional, su puesta en práctica y, sobre todo, su internalización en la conciencia colectiva.
Es decir, la vida concreta del derecho y no sólo su potencia implícita desde la norma escrita. Cabe asumir que los textos legales no cambian la realidad automáticamente, no obstante su función constitutiva, tampoco son su única condición de justicia.
Con razón señalaba Fernández Sessarego: "Hasta no hace mucho tiempo se concebía que sólo eran conductas jurídicas aquellas a las que expresamente se referían las normas jurídicas de un determinado ordenamiento.
Esta concepción ha sido superada en tanto se ha demostrado que toda y cualquier conducta humana intersubjetiva es jurídica, sea o no contenido de una expresa norma jurídica…”.
Por tanto, se impone una mirada menos reduccionista y dogmática del derecho, ya que una fuerte gravitación kelseniana todavía marca este trajín, es decir, la incidencia normocéntrica, cuando se va imponiendo en el derecho actual como factor considerativo  "la dimensión coexistencial del ser humano”.
El derecho positivo como ciencia autónoma, en tiempos de complejidad, de epistemologías críticas y de la coexistencia de culturas de justicia diversas, resulta ser un anacronismo.
Una Bolivia que se quiere democrática, además del acatamiento responsable e informado de la norma, exige su permanente crítica para desvelar en la práctica su efectividad, posibilidades, vacíos, limitaciones, desviaciones y transgresiones, ya que ésta opera a partir de decisiones judiciales.
Las interpretaciones de la norma, en un marco hermenéutico diverso, no tienen precisión matemática, precisamente a causa del marco político en que se resuelve, el juego de intereses subyacentes o, lo que se ha dado en llamar, las condiciones sociales y políticas de juzgamiento del juez o magistrado.
A esto coadyuva una lógica jurídica tradicional, acostumbrada al respeto acrítico y reverencial de tratados consagrados de derecho; por ejemplo, el Diccionario de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, que funge como un verdadero celador del sentido textual, sirviendo de garantía y validez del lenguaje jurídico con que trabajan los magistrados, abogados y profesionales del derecho.
Con frecuencia, son obras cerradas a la creatividad y a los contextos específicos de ejercicio del derecho, terminan asfixiando realidades y problemáticas complejas dentro enunciados taxativos, al modo positivista. No se olvide que la verdad jurídica es también una construcción social y no un sacramento inviolable. "El imperio de la ley”: invento totalitario.
Así, los diferentes estratos sociales, las múltiples nacionalidades, el aparato institucional y el entorno medioambiental van siendo encapsulados por un delicado capullo normativo -¿por una telaraña?, dirá el libertario- para el consiguiente ejercicio de derechos y el cumplimiento de ineludibles obligaciones.
Mas este cambio de compleja significación social aún no termina de ser comprendido, demasiado discurso para una intersubjetividad anclada a lógicas jurídicas del pasado, para un país más acostumbrado a sufrir la ley que a disfrutarla, de entender la norma como horma, para una ciudadanía poseída por el contencioso, cuando la ley por supuesto también tiene su envés: posibilidad de convivencia, alternativa factible de respeto a los derechos individuales y colectivos. La educación crítica -¡no la indoctrinación!-, la llave maestra.
Este nuevo escenario hace que los profesionales del derecho empiecen a sufrir una mutación ontológica. El abogado tradicional que fluctuaba entre la materia civil y la materia penal, ahora debe enfrentarse a una vertiginosa dinámica de cambios históricos y epocales que sobredetermina su ejercicio, la transformación de las estructuras del Estado y parte de la arquitectura institucional del país, debiendo lucubrar la microfísica de gabinetes y juzgados con una mirada de este tiempo.
Por supuesto que abogados, jueces y magistrados están obligados a caminar a contrapunto con la Constitución Política del Estado, la sociedad que es parte del aparato jurídico, en el marco de esa revolución intelectual y moral que soñaba Gramsci.
Parte del desafío además es bajar la ley a escala ciudadana, no deificar su condición imperativa, no absolutizar su poder que es la vieja patraña de los sistemas de dominación.  "Esa ley como obra perfecta frente a la crónica imperfección de los hombres”.  Bajarla, junto a sus oficiantes, de ese pedestal de absoluto -que alguna vez me tocó observar en los ministros de la Corte Suprema de Justicia en Sucre- cuando ahíto, a sottovoce, me repetía aquel haiku de Tablada "Pavo real, largo fulgor, por el gallinero demócrata pasas como una procesión”.  
Por supuesto que este magma germinal no deja de moverse dentro una esfera infrajurídica que pulsa un arco de tensión frente a los mandatos de la ley. Ya sea el  fantasma del Leviatán que se agita bajo la mampostería del Estado, los insaciables gazuzos, los out-lawyers por convicción o los antihéroes de la inseguridad ciudadana.  
Por ello, urge construir una nueva mentalidad en relación al derecho, tanto de parte de los administradores de justicia como de parte de una mayoría ciudadana que, con frecuencia, asume las leyes como un designio que inunda y ordena arbitrariamente su vida cotidiana.
Acaso la ley más que un aparato represivo y coartante, también pueda ser entendida y promovida como un escenario de confianza y respeto colectivo. Es imposible entender los problemas jurídicos sin explicarnos antes cómo se concibe al derecho, qué pretende, su discurso y su práctica, que muchas veces infelizmente ha encubierto formas, veladas o no, de dominación.

Confidencial

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